EL NEGOCIO DE LOS CERESOS

Los principales proveedores son de Comondú

Hay irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios por concepto de la compra de pan, agua, tortillas y alimentos perecederos en las penitenciarías del estado

La Paz, Baja California Sur.- Comenzó la cuenta regresiva del cuatrienio del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y empezaron a brotar excesos e irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios por concepto de la compra de pan, agua, tortillas y alimentos perecederos en las penitenciarías de Baja California Sur.

Los contratos que van desde los 441 mil 668 pesos con 25 centavos hasta 10 millones 522 mil 050 pesos, prácticamente han favorecido a empresarios originarios del municipio de Comondú, y donde dicho sea de paso, es la tierra del gobernante de Partido Acción Nacional (PAN).

Según el resultado de una investigación iniciada desde el 21 de agosto del 2013 por ZETA, a raíz de algunas denuncias de presunta corrupción y favoritismo por parte del coordinador de la Unidad de Apoyo Administrativo y Financiero de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), Juan Pablo Ramírez Arzola, quedó plenamente comprobado que la totalidad de los contratos fueron asignados de manera directa, y sin previa licitación pública estatal o nacional, a pesar de rebasar por mucho el tope tipificado de los 12 mil 821 veces el salario mínimo vigente en el estado, según el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado.

La lista de los empresarios que –según documentos en poder de este Semanario– acapararon los jugosos contratos para surtir de alimentación a todos los reos de las cárceles de San José del Cabo, La Paz, Ciudad Constitución, Loreto y Santa Rosalía, son los siguientes.

1.-María Guadalupe Pérez Magaña, con domicilio fiscal en Nicolás Bravo S/N en la colonia 4 de Marzo en Ciudad Constitución.

2.- Nora Alicia Collins Atondo, con domicilio fiscal en Valentín Gómez Farías No. 269 esquina Ignacio Ramírez en la colonia Valle Paraíso en Ciudad Constitución.

3.- Francisco Muñiz Rocha, con domicilio fiscal en Nayarit No. 88 entre Belisario Domínguez en la colonia Pueblo Nuevo en La Paz.

4.- José Manuel Osuna Álvarez, con domicilio fiscal en Istmo de Tehuantepec No. 142 en la colonia Santa Fe en La Paz.

5.- Alberto José Castro Mendoza, con domicilio fiscal en calle Los Mares, manzana 198, lote 9, colonia Lienzo Charro en Los Cabos.

6.- Marcial Flores Castro, propietario de Distribuidora de Productos y Servicios Servicabo, S.A de C.V, con domicilio fiscal en calle Felipe Ángeles entre Cuauhtémoc y Calle Sin Nombre en la colonia Centro en Ciudad Constitución y Distribuservis, S.A de C.V, con domicilio fiscal en calle Lerdo de Tejada No. 183 esquina Galeana en la colonia Centro, en Ciudad Constitución.

Las millonarias operaciones de compraventa entre la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública y este reducido grupo de empresarios comundeños –según un documento de análisis de partidas de alimentación de personas y reos en los cuatro centros de reinserción social— tuvo una derrama económica que se ejerció de la siguiente manera.

1.- 44 millones 595 mil 021 pesos en el 2012.

2.- 16 millones 022 mil 525 pesos de enero a agosto del 2013.

No obstante las evidencias, el coordinador de la Unidad de Apoyo Administrativo y Finanzas de la SESP, Juan Pablo Ramírez Arzola –y responsable de todas las compras de los penales— no quiso siquiera dar la cara, cuando reporteros estuvieron el pasado 30 de abril en su oficina, por lo que el oficial mayor del gobierno estatal, Rafael Gallo Rodríguez, tuvo que salir al paso y ofrecer una explicación en torno a los hechos.

Durante una entrevista con ZETA, Gallo, rechazó de entrada que la asignación discrecional de contratos sea irregular, en virtud de que “la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios en el estado, permite la adjudicación de contratos de manera directa, y sin obligación de licitarse, cuando se trata de alimentación básica o semiprocesada”.

Y efectivamente, de acuerdo a un abogado consultado por este semanario, el Artículo 52 de la citada Ley, contraponiéndose al Artículo 53, establece a la letra lo siguiente: “Las dependencias, entidades y órganos autónomos, bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en el siguiente caso”.

1.- Cuando se trata de adquisidores de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos y semiprocesados.

Desde el punto de vista del abogado, la adjudicación de contratos jurídicamente procede, a pesar de que moralmente es irregular, porque –de acuerdo a su dicho—, el responsable de haber asignado dichos contratos, benévolamente aprovechó las contradicciones en la Ley y favoreció de manera directa a un grupo de empresarios con jugosos contratos.

LOS CONTRATOS

En el análisis de la información y pruebas documentales obtenidas por ZETA, durante poco más de 5 meses de investigación, se logró establecer que tan solo en el 2013, el proveedor más favorecido fue la propietaria de la tortillería “Tzitzi”, María Guadalupe Pérez Magaña, y quien se agenció 12 contratos de compraventa por el orden de los 5 millones 210 mil 305 pesos con 15 centavos, y quien surte de pan, tortillas y alimentos perecederos a los penales de Loreto y Santa Rosalía.

La empresaria nacida el 26 de abril del 1967 en Puruandiro, Michoacán se encuentra registrada desde el 11 de septiembre del 2009 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo el Registro Federal de Contribuyente (RFC), PEMM670404Bl1 y registrada en el padrón de proveedores a partir del 2012 con el número BCS-OMDRM-P294-06-12.

Los otros comerciantes, registrados en el padrón de proveedores en el 2012 y en el 2013, son los siguientes:

1.- José Alberto Castro Mendoza, quien fue favorecido con dos contratos que juntos suman un total de 6 millones 376 mil 860 pesos para entregar alimentos perecederos en las penitenciarias de La Paz y San José del Cabo. El empresario originario de Hermosillo, Sonora, actualmente está registrado en la SHCP, bajo el número de contribuyente CAMA871005-7M9, el cual aparece identificado como el proveedor BCS-0MDRM-P247-02-12.

2.- Nora Alicia Collins Atondo, quien sin un local comercial –según una inspección en su domicilio fiscal—, trabaja desde su domicilio particular, la cual entrega agua a los penales de La Paz y San José del Cabo, cuyo contrato, es quizá el menor de todos pues apena alcanza los 441 mil 668 pesos con 25 centavos. La comerciante originaria de Ciudad Constitución y nacida el 1 de julio de 1980, tiene el número de RFC: COAN800211SK7, y quien tiene el registro de proveedor BCS-OMDRM-P288-06-12.

3.- José Manuel Osuna Álvarez, el cual recibió dos contratos que amparan compras por un millón 47 mil 422 pesos con 50 centavos para surtir de tortillas al Centro de Reinserción Social de La Paz. Nacido el 28 de febrero de 1977, es originario de Puerto Adolfo López Mateos, quien tiene el registro OUAM770130-MH9 y es el proveedor BCS-OMDRM-P460-03-13.

4.- Francisco Muñiz Rocha, quien fue favorecido con cinco contratos para distribuir pan y tortillas en las cárceles de La Paz y San José del Cabo, el cual recibirá 4 millones 586 mil 736 pesos. El empresario nació el 4 de marzo de 1969 y es originario de Torreón, Coahuila, teniendo el número de contribuyente MURF690301-UC5, y está identificado como el proveedor BCS-OMDRM-P452-02-13.

Un caso por demás especial es el del conocido comerciante de frutas y verduras, Marcial Flores Castro, identificado públicamente como “El Pitayo” y propietario de la cadena de negocios “La Canasta del Valle”.

Con tres negocios en Ciudad Constitución –según documentos en poder de ZETA– dos de ellos son proveedores de los penales de La Paz y San José del Cabo hasta donde envía alimentos perecederos, como si en las ciudades más grandes del estado no hubiera negocios o comercios de este tipo.

El comerciante –quien públicamente se sabe que respaldó la campaña del actual gobernador— es el proveedor que más dinero obtuvo, bajo los siguientes contratos:

1.- 10 millones 522 mil 050 pesos para abastecer de alimentación al Cereso de La Paz,  donde aparece con el nombre de proveedor “Distribuservis, S.A de C.V”, representado por el propio comerciante.

2.- 8 millones 962 mil 800 pesos para suministrar de alimentos perecederos al Cereso de San José del Cabo, bajo el nombre del proveedor “Distribuidora de Productos y Servicios Servicabo, S.A de C.V”, representado por Omar Enrique Beltrán Llamas.

En suma, 19  millones 484 mil 850 pesos, cuyos contratos no entraron a licitación pública estatal o nacional, a pesar de que las dos compañías del comerciante comundeño, no reunían los requisitos establecidos por el Artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado, que a la letra establece:

“Que en los procedimientos de contratación, las dependencias o entidades autorizadas, deberán optar en igualdad de condiciones por la utilización de bienes y servicios propios de la región que sean ofertados por proveedores locales, con domicilio fiscal y residencia permanente de una antigüedad no menor a 12 meses y que cuenta con licencia municipal”.

Y es que –de acuerdo al acta constitutiva obtenida por este semanario— la compañía Distribuservis, S.A. de C.V. fue jurídicamente constituida el 12 de marzo del 2013, según el acta 2456 y protocolizada por el Notario Público No. 5, Félix Enrique Ortega García, quedando inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Comondú, bajo el número 195, volumen IV-AC, sección C04, con fecha del 2 de abril, es decir, justamente un día después de haberse firmado el primer contrato de compraventa.

La segunda empresa de nombre Distribuidora de Productos y Servicios Servicabos, S.A de C.V, fue registrada un día después, es decir, el 13 de marzo del 2013, según el acta 2476, firmada y avalada por el mismo Notario Público No. 5, Félix Enrique Ortega García, en cuya empresa aparece como su Representante Legal, Omar Enrique Beltrán Llamas.

Avalando toda la serie de irregularidades, y negocios bajo el amparo del poder, aparece estampada la firma de los contratos la siguiente lista de funcionarios del gobierno de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.

1.- Adonaí Carreón Estrada, entonces encargado del despacho de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, y hoy actual titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje).

2.- Juan Pablo Ramírez Arzola, coordinador de la Unidad de Apoyo Administrativo y Financiero de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública.

3.- Miguel Álvarez Rivas, director de Recursos Materiales de Oficialía Mayor.

4.- Armando de la Toba Polanco, director general de Ejecución de Prevención y Reinserción Social.

5.- Los directores y subdirectores administrativos de los penales de San José del Cabo, Jesús Rahgner Torres Moreno y Bárbara Elizabeth Moreno Salgado, respectivamente; Noé Real Lizardi y Raymundo Flores Aguilar de La Paz; Rosalía Romero Aguilar y Jesús David Yee de Loreto; Enrique Rigoberto Garaizar Asiain y Óscar Martínez Aguiar de Santa Rosalía.

EL MODUS OPERANDI

El negocio de las compras de alimentación de los reos de los penales, no es solo lucrativo para los proveedores, sino también para algunos funcionarios, como el coordinador de la Unidad de Apoyo Administrativo y de Finanzas de la SESP, Juan Pablo Ramírez Arzola, según expuso uno de los directores.

Durante esta investigación, ZETA, habló con uno de los directivos penitenciarios, quien pidió fuera omitido su nombre por posibles represalias, el cual terminó por develar cómo y de qué manera es el modus operandi para sacar raja de los recursos económicos presupuestados para el desayuno, comida y cena de los internos.

De acuerdo al director, la operación consiste en facturar el excedente de comida. Es decir, en el caso del penal de La Paz, actualmente existe una población aproximada de 900 reos, de los cuales, entre 700 y 800, consumen diariamente tres comidas, derivado de que el resto, prefiere la alimentación llevada por sus familiares.

Tomando como referencia el presupuesto establecido en el contrato de compraventa de 54 pesos con 6 centavos por desayuno, comida y cena de cada preso, según en análisis financiero elaborado por el propio directivo penitenciario, la comida que se cobra de más, sin ser servida, es de aproximadamente 10 mil 812 pesos por día, cuya facturación hasta el fin de mes deja una ganancia de 324 mil 360 pesos únicamente en el Cereso de La Paz.

La utilidad por año es de 3 millones 892 mil 320 pesos, los proveedores se ven obligados a regresar ese dinero para que el contrato esté vigente y todos ganen en el negocio de la alimentación de los reos.

Lo anterior sin tomar en cuenta la alimentación que también se factura y que supuestamente consumen los custodios y a veces hasta el personal administrativo, cuando se tienen que quedar a trabajar más de 12 horas.

El mismo modus operandi aplica en las cárceles de San José del Cabo, Loreto, Ciudad Constitución y Santa Rosalía, y cuyos proveedores, son los mismos que surten en una penitenciaria y en otra.

ZETA solicitó una entrevista con el coordinador de la Unidad Administrativa y Finanzas de la SESP, Juan Pablo Ramírez Arzola, misma que no fue concedida. No obstante, personal de la SESP, quedó de comunicarse para concertar la entrevista, lo cual al cierre de esta edición, tampoco se dio.

Las explicaciones

Durante una entrevista con el director general de Ejecución de Prevención y Reinserción Social en el estado, Armando de la Toba Polanco, de entrada se lavo las manos y dijo que “la institución a mi cargo solo entrega el pedido del alimento que se requiere para el desayuno, comida y cena de los reos, y la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, se encarga de comprar y surtir a todos los penales del estado”.

El funcionario fue tajante: “Nosotros no manejamos dinero ni compramos la alimentación”, y agregó que “mi responsabilidad es solo preparar y darle de comer a los internos y mantener la tranquilidad y seguridad dentro de las cárceles”.

Sin embargo, el oficial mayor del gobierno del estado, Rafael Gallo Rodríguez, dijo que “como parte de sus facultades está la de conseguir proveedores, y en este caso, nosotros solicitamos tal y como establece la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios, tres presupuestos por cada uno de los conceptos, es decir, agua, tortillas, pan y alimentos perecederos, y adjudicamos a quienes nos ofertaron el mejor precio”.

El funcionario rechazó que sea “una causalidad” que los proveedores sean de origen comundeño, porque al final de cuentas “son quienes nos dieron el precio que salió de un estudio de mercado elaborado y el cual arrojó que el precio que debíamos de cubrir por la alimentación de cada reo es de alrededor de los 54 o 55 pesos”.

— ¿No cree que hay mucha más compañías, como para lanzar una licitación pública?

“La Ley establece que podemos hacer adjudicación directa, porque se trata de alimentos perecederos, y quiero comentarles que el gran problema aquí no es que no haya compañías, sino que no cualquiera se anima a ser proveedor del gobierno, porque tienen que hacer una serie de trámites que en ocasiones termina por enfadarlos”.

Y efectivamente, uno de los proveedores de la lista de los CERESOS expuso a ZETA que en ocasiones ha tardado hasta en tres meses en recibir un pago, y el cual muchas veces solamente da vueltas por el grave problema del  papeleo.

Sobre estos hechos, el oficial mayor del gobierno estatal, Rafael Gallo Rodríguez, dijo que “nosotros solo vimos lo de los contratos con los proveedores”, pero las compras, facturación y todo lo concerniente a la operación de compraventa ya es directamente entre el proveedor y la Unidad de Apoyo Administrativo y de Finanzas de la SESP.

El funcionario expuso que por el momento “no hemos recibido información de que alguien esté haciendo negocio con la comida de los reos”, no obstante, reconoció que “no estamos exentos de que pudiera suceder”, porque ni el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, mete las manos al fuego por nadie ni siquiera por mí”.

De tal manera que se comprometió a investigar lo que está sucediendo en torno al caso, porque “no se vale que alguien este haciendo negocio a costillas de la alimentación de los reos”, incluso presumió que cuando se elaboraron los contratos metieron una cláusula, como especie de candado de que por cada pedido entregado tenían que firmar de recibido el cocinero, administrador y director de cada penal.

LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS EN LOS PENALES

CERESO	Número de Reos	3 Alimentos por Día	Costo de Alimentación
San José del Cabo	550	1,650	$84,630.00
La Paz	900	2,700	$49,140.00
Ciudad Constitución	172	516	$9,391.00
Loreto	43	129	$2,347.00
Santa Rosalía	240	720	$13,104.00
Total	1,905	5,715		$158,612.00

Fuente: Dirección General de Ejecución de Prevención y Reinserción Social

Los costos de la comida

Costo por Reo	Costo por Día	Costo por Mes	Costo por Año
$54.06	$158,612.00	$4,758.360.00	$57,100,320.00

Fuente: Dirección General de Ejecución de Prevención y Reinserción Social

(SEMANARIO ZETA BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 06 de Mayo del 2014 a las 12:00:00)