MÉXICO,
D.F., (proceso.com.mx).- Dirigentes sociales denunciaron una andanada
represiva que incluye encarcelamiento, sujeción a procesos judiciales,
agresiones físicas y represión.
Lo mismo en el Distrito Federal
que en Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí y el Estado de México, los
liderazgos históricos de izquierda que no tienen filiación con los
grandes partidos políticos han denunciado que la criminalización de la
protesta social tiene como fondo la renovación de prácticas
autoritarias, represivas y violatorias de derechos fundamentales, cuyo
objetivo es conseguir la desmovilización.
Desde 2012, las
denuncias y pronunciamientos de organizaciones sociales están en aumento
y los gobernadores y autoridades locales, sin distingo de partidos, son
señaladas como responsables de la andanada represiva.
De acuerdo
con el Foro de Izquierda Proletaria (FIP), donde convergen numerosas
organizaciones populares, la criminalización es uno de los rostros que
el Estado manifiesta para encausar una reactivación de “guerra sucia”
que, con la presencia cómplice del crimen organizado, ha derivado en
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y prisión a quienes
se oponen al régimen.
“Esto no es casual. En el país hay una
situación de guerra y el gobierno se vale de eso para reprimir en
distintos niveles”, sostiene Rubén Sarabia, conocido como “Simitrio”,
poblano fundador de la Unión Popular de Comerciantes Ambulantes “28 de
Octubre” (UPVA), que desde hace años ha enfrentado cárcel y
persecuciones en esa entidad.
Simitrio sostiene que los gobiernos tratan de evitar la protesta social, de “generar un ambiente de disuasión por miedo”.
Preso
durante años en las cárceles de alta seguridad de Almoloya y Puente
Grande, ahora es acusado de despojo de tierras que, afirma, ni siquiera
conoce. Se trata de un predio ubicado en Tlaxcala en donde nunca ha
estado.
Pero su principal preocupación radica en que a uno de sus
hijos lo han vinculado con el narcomenudeo. A la par, el secretario de
Gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas, ha declarado que en el
Mercado Hidalgo, donde tiene presencia su organización, hay venta de
drogas, armas, objetos robados y personas. Con ese pretexto, los
patrullajes del Ejército son intimidatorios, pues las tropas llegan en
vehículos artillados y toman fotografías de los oferentes.
Además,
asegura que la policía estatal arriba con frecuencia al sector y compra
coronas de muerto, mientras vehículos de civiles armados recorren el
mercado de manera impune.
La historia es ya conocida por el
dirigente social, quien estuvo preso entre 1989 y 2001, acusado de
posesión de mariguana y arma de fuego, privación ilegal de la libertad,
robo de automóvil, daños en propiedad ajena, entre otros que en
acumulación de penas sumaban 80 años de prisión. Según el dirigente,
todo fue producto de la represión del entonces gobernador Mariano Piña
Olaya y, una vez libre por preliberación, el gobierno de Melquiades
Morales lo forzó a mantenerse en el exilio de la entidad.
Ahora,
con los desalojos de los miembros de la UPVA de la plaza Loreto y
Guadalupe, entre otras acciones, reflexiona sobre la obsesión de los
gobiernos, en su caso, de Rafael Moreno Valle, por “atraer inversiones” a
costa de los menos favorecidos, pero privilegiando a franquicias
trasnacionales.
“El gobernador Moreno Valle sólo entiende un lenguaje: obediencia ciega”.
Gobernadores arbitrarios
El
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es señalado como represor,
luego de haber encarcelado en abril a tres de los dirigentes de los
pueblos del volcán que se oponen a la instalación de un gasoducto que
forma parte de un megaproyecto energético en Morelos.
Además, las
comunidades indígenas en la Sierra Norte han denunciado las cargadas
policiales enviadas por el mandatario para proteger los intereses de las
compañías mineras extranjeras y nacionales que proliferan en la zona.
Pero
no es el único. El pasado 27 de marzo fue detenido en San Luis Potosí
Miguel Ángel Wong Soto, dirigente de la Coordinadora del Movimiento
Amplio Popular, organización que también forma parte del FIP. De acuerdo
con la versión difundida por mandos policiacos anónimos a través de
diferentes medios de comunicación locales, Wong manejaba en estado de
ebriedad e intentaba abusar de una joven trabajadora de un bar.
Al
ser detenido, se le habría encontrado mariguana y 43 mil pesos.
Liberado el 2 de abril bajo caución, Wong aseguró a reporteros que le
habían sembrado la droga y que el dinero era para realizar diferentes
pagos.
Para Omar Garibay Guerra, vocero del Partido Comunista de
México Marxista-Leninista (PCM-ML), la detención de Wong Sánchez se
inscribe en la persecución que contra él ha emprendido el gobernador de
San Luis Potosí, Fernando Toranzo.
Garibay Guerra subraya que en
la historia del PCM-ML se acumulan los episodios de desaparición,
asesinato, prisión con motivación política y ataques de todo tipo. Lo
mismo que en el caso del Frente Popular Revolucionario (FPR), que ha ido
incrementando su presencia en al menos 15 entidades del país.
PCM-ML
y FPR han tenido un papel protagónico en los movimientos de la APPO en
Oaxaca en 2006, en el movimiento popular guerrerense y en diferentes
universidades. Esa presencia le ha ganado la animadversión de gobiernos
locales y federal, que en fechas recientes han encarcelado a otros
comunistas.
Por ejemplo, el pasado 20 de marzo fue detenido en
Cuernavaca, Morelos, Gustavo Delgado Salgado, dirigente en la entidad
del FPR, acusado de resistencia de particulares y faltas a la autoridad.
La detención de Delgado ocurrió cuando participaba en una marcha contra
la Ley de Ingresos del Estado de Morelos, impulsada por el gobernador
perredista Graco Ramírez.
A Graco Ramírez se le ha señalado como
responsable de las cargadas policiales contra los comuneros nahuas que
se oponen al Proyecto Integral Morelos, una obra que implica la
construcción de dos termoelétrcias en Huexca, comunidad de Yecapixtla,
donde se pretende conducir el agua del Valle de Cuautla para el
enfriamiento de turbinas. Entre golpizas y un herido de bala caído en
Amilcingo el 13 de abril, han surgido denuncias por tortura contra
dirigentes sociales que participan en la oposición al proyecto.
También
se le ha señalado por el clientelismo con que condujo una pretendida
consulta en Tepoztlán sobre la ampliación a cuatro carriles de la
autopista “La Pera-Cuautla”, a la que se oponían diferentes grupos
ambientalistas, intelectuales y comuneros de ese municipio, que
posteriormente acusaron represión.
El FPR bajo la mira
Los
miembros del FPR, que también forma parte del FIP, han resistido en los
meses recientes una serie de acciones que consideran represivas. Además
del caso de Gustavo Delgado en Morelos, un miembro de la organización
fue asesinado en Oaxaca el 1 de abril.
De acuerdo con Omar
Garibay, Saúl de los Santos Torres, mototaxista de Oaxaca capital, fue
asesinado durante un enfrentamiento con taxistas de sindicatos
oficiales.
Garibay asegura que el ambiente represivo ha sido
motivado por el gobernador Gabino Cué, quien ha dado la espalda a los
movimientos sociales que lo llevaron al poder.
Además, el vocero
del PCM-ML observa que algo similar está ocurriendo en el Distrito
Federal, donde con frecuencia los integrantes de la Unión Juvenil
Revolucionaria de México (UJRM) son señalados por servidores públicos y
autoridades universitarias que los detienen a partir de marcaje personal
en los operativos desplegados contra la protesta social del último año.
Y
en el Distrito Federal, el también integrante del FIP, Frente Popular
Francisco Villa Independiente (FPFVI), mantiene el reclamo por el
encarcelamiento de su dirigente Raúl Trejo Pastrana, detenido el 20 de
marzo pasado acusado de robo y resistencia de particulares.
Durante
la marcha del 1 de Mayo por el Día Internacional del Trabajo, el
contingente del FPFVI desplegó numerosas pancartas exigiendo la libertad
de su líder y, en entrevista con Apro, Gabriel Ramírez, vocero de la
organización, asegura que el predio por el que se le mantiene preso no
está ocupado por ellos.
A diferencia de otras ocasiones en que sí
han reivindicado la ocupación de inmuebles, esta vez se trata de una
fabricación y no existe voluntad del gobierno de Miguel Ángel Mancera ni
del Poder Judicial capitalino para dejar en libertad a Trejo Pastrana.
Omar Garibay concluye:
“Seguimos
peleando por mejores condiciones de vida y la respuesta es lógica: nos
tiran a la cárcel o nos asesinan, como lo han hecho históricamente”.
/ 5 de mayo de 2014)
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