Distrito Federal— El
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que a partir de la investigación
del periódico El Universal sobre la relación del magistrado de circuito del
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Nuevo León, Eduardo Ochoa, y Francisco
Salazar, apoderado del llamado “zar de los casinos”, y un posible tráfico de
influencias, iniciará formalmente una investigación.
El CFJ se
comprometió a continuar investigando con firmeza los casos en los que se han
visto involucrados funcionarios judiciales federales en actos irregulares
relacionados con la actividad de los casinos y que ha derivado en diversas
acciones contra éstos en los últimos meses.
Este periódico
difundió audios en donde se exhibe el nexo de este magistrado, quien ofreció ayudar
con otros jueces, con el apoderado del “zar de los casinos”.
Con la nueva
investigación se busca recabar todos los elementos que permitan esclarecer
conductas contrarias a la administración de justicia. Y para ello exhortó a los
ciudadanos a presentar denuncias o quejas ante la institución para facilitar la
indagatoria.
“Adicionalmente a
las facultades que este órgano tiene para investigar, exhorta a las autoridades
locales y federales, así como a los ciudadanos que puedan verse afectados con
este caso y que cuenten con mayores elementos, a presentar denuncias y/o quejas
ante esta institución, a fin de dar curso a los procedimientos internos que el
CJF cuenta para sancionar y erradicar actos contrarios a la sociedad”, se
expresa mediante un comunicado de prensa.
El Consejo de la
Judicatura Federal, sus integrantes, expresan de manera contundente su rechazo
y voluntad para combatir, como lo ha venido haciendo en este tipo de casos,
actos comprobados que son contrarios al derecho de los ciudadanos a contar con
una justicia federal imparcial, profesional y de excelencia.
Se puntualizó que el
CJF tiene convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, además de que cuenta con sólidas instancias
como la Contraloría y las áreas de Vigilancia, Información y Evaluación, para
indagar sobre la situación bancaria y patrimonial de los servidores públicos, a
fin de obtener datos pormenorizados acerca de probables beneficios ilícitos que
se pudieran haber obtenido.
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ El Universal( 06 DE MAYO 2014 | 22:16)
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