Tuvieron
que pasar nueve años –siete de ellos bajo presidencias panistas– para
que el gobierno federal notara que los centros de apuestas de Juan José
Rojas Cardona operaban de manera irregular. También descubrió que el
llamado Zar de los Casinos había sido protegido por funcionarios del
Poder Judicial, y si bien ya emprendió la defenestración de jueces y
magistrados y la clausura de centros de juego, no ha tomado acciones
contra el empresario, que sigue impune.
MONTERREY, N.L.
(Proceso).- Al menos 10 funcionarios del Poder Judicial federal han sido
castigados por favorecer ilícitamente a Juan José Rojas Cardona, El Zar
de los Casinos, aunque él sigue en la impunidad.
Ante las
evidencias exhibidas en los medios, el Consejo de la Judicatura Federal
(CJF) se vio obligado a acusar públicamente a jueces, magistrados y
secretarios, a quienes dice investigar por haber dado trato de
privilegio al dueño de la empresa Entretenimiento de México (Emex), la
cual maneja 26 casas de apuestas en el país.
Pese a ello, el
magnate de los juegos sigue alejado de los reflectores, viendo crecer el
imperio que construyó durante más de una década amparado –según
reiteradas acusaciones– por gobernantes panistas a los que presuntamente
apoyó con dinero en sus campañas políticas.
Pero este sexenio la
suerte comenzó a cambiarle a Rojas Cardona: la Secretaría de Gobernación
(Segob) arremetió en su contra, acusándolo de haber obtenido
ilícitamente los permisos para abrir sus casinos. Diversas fuentes han
sostenido que en el sexenio de Vicente Fox El Zar no presentó toda la
documentación indispensable para que le autorizaran la apertura de 50
casas de apuestas.
En esta ciudad, sede de Emex, se han externado
acusaciones públicas de que Rojas Cardona ha vivido amparado por la
alcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes.
Aldo Fasci
Zuazua, dirigente del PRI en esta capital, apunta: “Cada día es más
evidente que El Zar de los Casinos manda en Monterrey y que sus
tentáculos se extienden hacia el Poder Judicial”.
Alega que el
gobierno federal dejó sin efecto los permisos de operación de todos los
establecimientos de Rojas, pero el ayuntamiento de Monterrey no ha
emprendido ningún procedimiento para revocar el uso de suelo de los
cinco negocios que tiene Emex en esta ciudad.
El pasado 24 de
abril la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de la Segob
clausuró siete negocios de Rojas. Éste, a su vez, cerró otros 19
casinos. Pese a ello, el miércoles 21 Gobernación decidió poner los
sellos de clausura en esos 19 centros.
A estas 26 clausuras se suman otras seis: la de los establecimientos de la empresa Exciting Games, filial de Emex.
Juan
José Rojas Cardona casi nunca aparece en público. Después de las
primeras clausuras de sus establecimientos, se dejó ver ante los medios
en una aparición supuestamente casual.
El pasado 28 de abril fue a
comer a un restaurante del municipio de San Pedro Garza García y al
salir se encontró rodeado de cámaras y micrófonos de reporteros que
buscaban una declaración, que no dio.
Su vocero, Eduardo Campos Sémeno, dijo que su jefe está en paz y respondiendo jurídicamente los embates del gobierno federal.
Cuatro
días antes se habían clausurado siete de los casinos de Rojas Cardona
en el país, pues Emex no tenía permisos en regla. La autorización para
la operación de todas sus casas de juego fue revocada.
Los
permisos de Emex fueron expedidos en 2005, cuando Vicente Fox era
presidente y Santiago Creel secretario de Gobernación. Transcurrió el
último año del gobierno foxista, todo el sexenio de Felipe Calderón y
dos años del de Enrique Peña Nieto antes de que se revisaran esas
licencias.
El 25 de marzo de 2005 Entretenimiento de México S. A.
de C. V. (Emex) se constituyó en sociedad, en un acto protocolario en
Monterrey.
El 25 de mayo de ese año fue expedido el permiso
DGAJS/SCEVF/0543/2008 a favor de Emex para la instalación, apertura y
operación de un hipódromo-galgódromo y 50 centros de apuestas remotas
con salas de sorteos de números. El permiso es por 25 años y caduca el
25 de mayo de 2030.
Como titular del permiso aparece Arturo Rojas,
hermano del Zar de los Casinos, quien ubicó su domicilio en San Nicolás
de los Garza. Firma Manuel Ignacio Fierro Evans, entonces titular de la
DGJS.
El 15 de octubre de 2008 la DGJS autorizó a Emex, junto a
la sociedad mercantil Producciones Móviles, S. A. de C. V., la
explotación de 40 de 50 establecimientos autorizados. El 1 de febrero de
2006 se le permitió ampliar su permiso para tener hasta 100 casas de
apuestas.
Primeras clausuras
En 2012 aparecieron las primeras señales de acciones del gobierno federal contra el magnate de las apuestas.
En
distintos documentos enviados a Arturo Rojas, presidente del Consejo de
Administración de Emex, la Segob le informa que tiene prohibido operar
por lo menos tres casinos: el Bet & Win de San Miguel de Allende,
Guanajuato (oficio fechado el 24 de septiembre de 2012); el Río, en Boca
del Río, Veracruz (oficio del 9 de noviembre de 2012) y otro en la
plaza ELB de La Piedad, Michoacán (oficio del 9 de noviembre de 2012).
Éste último era un establecimiento de Emex en sociedad con Exciting
Games.
El 20 de enero de 2014 se desechó una demanda de amparo
promovida por los abogados de Emex y el 1 de abril la Segob emprendió el
procedimiento administrativo AJP/0126/13-XI, por no acreditar el legal
funcionamiento de la empresa y por incumplimiento en las condiciones del
permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005.
Por ello, según el dictamen oficial, la empresa se hizo acreedora a una multa y la revocación del permiso.
Emex
tiene 26 casinos en el país. El pasado 24 de abril la Segob ordenó que
fueran clausurados siete: Bet & Win (en San Miguel de Allende), Live
(en Boca del Río), Palmas Aguascalientes (en Aguascalientes), Palmas
Cumbres y Palmas Miravalle (en Monterrey), Palmas Playboy (en Cancún) y
Sportzone (en San Juan del Río).
La familia Rojas decidió cerrar
sus otros 19 casinos ubicados en Quintana Roo, Nuevo León, Sonora,
Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, el Distrito Federal, Jalisco e
Hidalgo.
Campos, vocero del Zar de los Casinos, dijo que tras la
clausura “arbitraria” de sus establecimientos, la familia Rojas decidió
cerrar el resto “para evitar que la clientela fuera afectada por alguno
de esos operativos sorpresivos de la Policía Federal”.
Según un
reporte de sus estados financieros, oficialmente Emex tuvo ingresos
netos por 59 millones de pesos en 2011, aunque un año después la cifra
cayó a 22 millones.
El 31 de enero de 2013 un juez de Distrito en
Materia Administrativa desechó un amparo promovido por Emex para pedir
que los derechos adquiridos por esta empresa fueran trasladados a
Exciting Games, demanda que no prosperó por ser considerada
inconstitucional.
El permiso de Exciting Games actualmente es
insubsistente ante la DGJS. Esta empresa tiene tres casinos, llamados
Kash, en Villahermosa, Puebla y el Distrito Federal, ya clausurados. Los
otros tres de esta filial y que fueron cerrados son Master Tournament,
en Huixquilucan; Palmas Cuernavaca y Palmas Naucalpan.
Jueces y magistrados, protectores
Los
días recientes han sido agobiantes para el CJF. Uno de sus consejeros,
Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, exprocurador general de la
República y actual encargado de la Comisión Administrativa, fue ubicado
en medio de una red de favores para beneficiar al Zar de los Casinos.
El
diario Reforma dio a conocer el martes 6 la grabación de una llamada
telefónica en la que se afirma que Francisco Salazar Arreozola, abogado
de la familia Rojas Cardona, se comunicó con el magistrado José Manuel
Rodríguez Puerto, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, para
pedirle que hablara con Mario Alberto Prado Rodríguez, secretario de
Cabeza de Vaca.
Según la nota, el interés de Salazar era que
Rodríguez Puerto, adscrito a Tamaulipas, consiguiera que Cabeza de Vaca
lo trasladara a Quintana Roo, donde sería útil a los Rojas Cardona.
Ese
mismo día el CJF anunció la separación del cargo de Prado Rodríguez, a
quien ya se investiga. Pero antes el órgano había emprendido acciones
contra otros funcionarios que protegieron y ayudaron a Emex. El pasado 5
de marzo le inició procedimiento de responsabilidad administrativa al
juez de Distrito Ricardo Hiram Barbosa Alanís por haber otorgado
suspensiones provisionales definitivas a propietarios de casas de
apuestas de Nuevo León, entre ellos Juan José Rojas Cardona.
Por
el mismo motivo también fueron castigados los secretarios de Barbosa:
Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia
González González.
Barbosa, juez tercero de Distrito en Materia
Administrativa, fue denunciado en 2011 por el entonces alcalde de San
Pedro, Mauricio Fernández Garza, bajo la acusación de haber entregado
indebidamente un amparo amañado a Emex para que los hermanos Rojas
Cardona retiraran los sellos de clausura del casino Sportzone.
El
juez fue suspendido el 1 de junio de ese año, pero no fue sino hasta
2014 cuando se le abrió un procedimiento. A los cuatro funcionarios se
les indaga por enriquecimiento ilícito.
El caso de Barbosa, según
el órgano federal, está ligado al de Luis Armando Jerezano. El 23 de
enero el CJF anunció que había iniciado una diligencia disciplinaria
contra este funcionario, separado de su puesto en 2011 al habérsele
encontrado “elementos que presumen conductas irregulares durante su
desempeño como juez primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima
Región en Saltillo, Coahuila”.
Con él estaba suspendido Gerardo Tiscareño Mercado, su secretario.
Jerezano
fue suspendido el 20 de septiembre de 2011, cuando se detectó que había
entregado indebidamente un amparo a Emociones y Atracciones Vallarta,
de Raúl Rocha, para operar casas de juego en el país.
Esta empresa manejaba el casino Royale, donde el 25 de agosto de ese año fueron asesinadas 52 personas en un atentado.
Jerezano
es también mencionado en una indagatoria que sigue la Procuraduría
General de la República (PGR) por delitos federales cometidos por
operadores del casino La Fortuna, en la capital nuevoleonesa,
establecimiento que actualmente está clausurado.
Un fiscal del
condado de Hidalgo, Texas, lo investiga por contrabandear y depositar
por lo menos 108 mil dólares en el banco IBC de McAllen. Las
investigaciones posteriores arrojan que pudo haber manejado millones de
dólares de manera ilícita.
Pero hubo más funcionarios sancionados.
El jueves 8, los magistrados Eduardo Ochoa Torres y José Manuel
Rodríguez Puerto, y el juez Javier Rubén Lozano Martínez fueron
suspendidos por el CJF mientras se les investiga por acciones que
irregularmente emprendieron también para favorecer al Zar de los
Casinos.
En un comunicado el órgano señala, sin hacer referencia
al empresario, que los tres fueron separados del cargo, sin derecho a
percepción, luego de que se dieran a conocer “hechos públicos
presuntamente constitutivos de delito” relacionados con casas de
apuestas.
Ochoa Torres es presidente del Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil, con sede en Monterrey; Rodríguez Puerto es magistrado
del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede
en Tamaulipas, y Lozano Martínez era titular del Juzgado Segundo de
Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey.
En principio los
tres fueron procesados administrativamente en relación con los audios
que dio a conocer el diario Reforma. Sin embargo el miércoles 14 el CJF
los denunció ante la PGR junto con Prado Rodríguez, secretario de Cabeza
de Vaca.
Zar casinero… y de Monterrey
Fasci Zuazua sostiene
que Rojas Cardona controla a la alcaldesa Arellanes y al municipio de
Monterrey. Da un ejemplo: asegura que el espectacular desfile de globos
gigantes que organizó el ayuntamiento el pasado 8 de diciembre fue
financiado por El Zar de los Casinos.
La evidencia está, dice, en
que para realizar ese espectáculo fue contratada la empresa American
Show Latin, propiedad de José Serrano Montoya, socio de los Rojas en
otra empresa: Medios México S. A. de C. V.
Además fue designado
dirigente del PAN en Monterrey Iván Garza Téllez, amigo de Serrano y su
excompañero en la Universidad de Monterrey. En el municipio regiomontano
también es regidor José Salas, exsocio de Serrano.
El pasado 9 de
febrero, en la asamblea municipal en la que fue elegido Garza Téllez,
desconocidos distribuyeron en el exterior de la sede del acto volantes
con la portada del número 1819 de la revista Proceso, del 10 de
septiembre de 2011, con la imagen de Rojas Cardona y el título: El Zar
del Juego, una historia siniestra, donde se hace una narración de las
relaciones de Rojas Cardona con panistas, entre ellos Gustavo Madero.
En
el mismo volante se ve una foto publicada también por este semanario en
la que aparecen juntos Garza Téllez, Rojas Cardona, el arzobispo
primado Norberto Rivera Carrera y el arzobispo de Yucatán, Emilio
Berlie.
Para Fasci las acciones de la Segob contra Rojas Cardona
se deben a que detectó que trabaja con permisos irregulares. Lo
inexplicable es que el ayuntamiento regiomontano no haya actuado aún.
“Donde
vemos algo raro es en Monterrey, porque el municipio cierra a toda la
competencia de Rojas, menos a él. Luego vienen las clausuras federales y
no inician los procedimientos de revocación de uso de suelo”, dice.
También
considera insólito que a Rojas lo empiecen a clausurar hasta ahora, al
detectarse inconsistencias en los permisos que le expidieron nueve años
antes. “Ves campañas políticas, fotografías, eventos y se empieza a
observar la red de poder que fue tejiendo Rojas con los alcaldes
panistas, y eso nos preocupa a todos, porque no puede ser que este señor
sea el que mande en Monterrey. Y si a esto se agrega la red en el Poder
Judicial federal, debe ser muy inquietante”.
El dirigente
considera que por ahora El Zar de los Casinos parece intocable, porque
las autoridades han procedido sólo contra jueces, magistrados y
secretarios. Pero cree que en una etapa posterior de las investigaciones
Rojas puede ser llamado a comparecer ante la justicia por la red de
corrupción en la que, dice, está implicado.
/29 de mayo de 2014)
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