MONTERREY, N.L. (apro).- El juez federal Ricardo Hiram Barbosa Alanís y tres de sus secretarios fueron denunciados hoy penalmente por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante la Procuraduría General de la República (PGR) por recibir sobornos y otorgar amparos indebidos a casas de apuestas entre las que figura Entretenimiento de México (Emex), propiedad de Juan José Rojas Cardona, El zar de los casinos.
Otra
de las empresas favorecidas es Atracciones y Emociones Vallarta (AEV),
que operaba con un permiso clonado del casino Royale, donde fueron
asesinadas 52 personas el 25 de agosto del 2012. Una más fue Cervezas
Modelo de Nuevo León.
Al funcionario y a personas allegadas a él
se les han detectado ingresos por más de cinco millones de pesos que no
han sido justificados, dice el órgano federal en un boletín.
De
acuerdo con el comunicado que publica hoy el CJF en su página, a Barbosa
Alanís, quien era titular del juzgado Tercero de Distrito en Materia
Administrativa, en Nuevo León, y a sus secretarios Héctor Fernando
Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González
González, se les acusa de probable otorgamiento indebido de suspensiones
provisionales y definitivas a casas de apuestas.
A todos se les
investigaba desde el 2011 y el 5 de marzo se les inició un procedimiento
administrativo mientras se investigaban sus actos deshonestos.
El
CJF explica que Barbosa Alanís y Monterrubio Pontigo conocían,
tramitaban y resolvían juicios de amparo “en detrimento de los
principios y funciones que se encuentran obligados a cumplir”.
Al
juez se le detectaron ingresos a sus cuentas bancarias, de origen
desconocido, por un monto de 597 mil pesos. Además, dice la Judicatura
que fueron investigadas personas cercanas a él y se les encontraron
ingresos en sus registros bancarios por cinco millones 123 mil pesos,
“de origen inexplicable”.
A Monterrubio Pontigo se le detectaron
abonos a su saldo sin justificación por un millón 572 mil pesos,
mientras que a sus allegados se les descubrieron ingresos por 946 mil
pesos de supuesta procedencia ilícita.
Tovar Álvarez recibió sin
causa legal 859 mil pesos. Personas cercanas a él incrementaron sus
cuentas en dos millones 466 mil pesos sin justificación.
González
González gozó de movimientos favorables en su cuenta por un millón 464
mil pesos, mientras una persona relacionada con ella obtuvo
indebidamente un bono de un millón 558 mil pesos.
El Consejo de la
Judicatura federal señala que con esta denuncia presentada ante el
Ministerio Público federal concluye la fase de investigaciones
administrativas a partir de las quejas recibidas y de su conocimiento
sobre conductas públicas irregulares de estas personas, en su relación
con casas de apuestas.
Pese a que ya fueron presentadas denuncias,
el CJF continúa sus procedimientos administrativos para detectar más
faltas entre sus funcionarios.
La instancia también está abierta a
recibir quejas de personas afectadas por estos servidores públicos en
relación con las presentes indagatorias.
Concluye el comunicado:
“El CJF actúa con todo rigor y transparencia en contra de funcionarios
públicos que privilegiaron sus intereses a los de la Constitución y a la
sociedad a la que se deben”.
El 19 de mayo un juez negó una
suspensión provisional promovida por los abogados de Emex, para que se
le permitiera abrir los casinos clausurados.
Dos días después, la
Secretaría de Gobernación publicó en la página de la Dirección General
de Juegos y Sorteos que retiraba los permisos de operación a las 26
casas de apuestas que tiene El zar de los casinos en todo el país y a
otras seis de su empresa filial, Exciting Games.
Hasta ahora son
10 funcionarios del poder judicial en México que han sido procesados en
años recientes por favorecer a casineros (Proceso 1960).
/29 de mayo de 2014)
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