El
gobernador poblano Rafael Moreno Valle esgrime las palabras
“modernidad” y “progreso” para defender su nuevo proyecto vial: un
puente que de edificarse dañaría la zona arqueológica de Cholula,
protegida por decreto. Como ocurrió con su plan de construir un
teleférico en la zona donde se libró la Batalla del 5 de Mayo, su actual
proyecto ya concitó el repudio generalizado de académicos y
organizaciones civiles. Sin embargo el mandatario estatal sigue adelante
con su idea e incluso compromete a la directora del INAH, Teresa
Franco, su exempleada.
SAN
PEDRO CHOLULA, PUE. (Proceso).- Uno de los paisajes emblemáticos de
Puebla, la Gran Pirámide de Cholula con el volcán Popocatépetl al fondo,
podría verse alterado por la insistencia del gobernador de Puebla,
Rafael Moreno Valle, de construir un distribuidor vial a menos de 500
metros de la zona arqueológica, advierten académicos y organizaciones
urbanas.
Como ocurrió con su planeado teleférico, los opositores
al proyecto confían en que sean los juzgados federales los que, en
respuesta a cinco amparos interpuestos, pongan un alto a esta obra
morenovallista iniciada el pasado 9 de febrero aun sin autorización del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Moreno Valle
invertirá 196 millones de pesos para construir un puente de 500 metros
de largo por 20 de alto que desembocará en las estrechas calles de San
Andrés Cholula y San Pedro Cholula, zonas arqueológicas protegidas.
Docentes
del INAH advirtieron en una carta abierta publicada el domingo 9 que el
subsuelo de la zona en la cual se construye el distribuidor vial tiene
vestigios arqueológicos, como se comprobó en 2009 cuando se dañaron
estructuras palaciegas y murales policromados en unas excavaciones en
San Pedro Cholula.
El gobernador comenzó la construcción sin
respetar el decreto de 1993, que declara Zona de Monumentos
Arqueológicos a San Pedro y San Andrés Cholula y el cual asienta que por
ningún motivo se puede obstruir “la visual” de la Gran Pirámide,
catalogada como la más grande del mundo y coronada por el Santuario de
la Virgen de los Remedios.
Los mismos docentes denunciaron además
que el gobierno poblano inició este distribuidor vial sin tener permiso
del Consejo de Arqueología del INAH y sin estudios de prospección
arqueológica, obligatorios según el decreto de 1993.
El Comité
Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, la
Fundación Manuel Toussaint y el Colectivo de Ciclismo Urbano Cholula en
Bici se unieron para lanzar la campaña Pueblo mágico sin tráfico, la
cual además denuncia que la obra en vez de resolver problemas creará
nudos vehiculares en las estrechas calles de los Cholulas.
A la
campaña se sumaron la Asociación de Carnavaleros y los representantes de
los barrios que subsisten desde épocas prehispánicas en Cholula, pues
señalan que una estructura de esa naturaleza aislaría los de Jesús
Tlatempa, Santiago Mixquitla y San Matías Cocoyotla, y atentaría contra
tradiciones religiosas que los unifican y contra la forma de vida de sus
habitantes.
Reunida en Puebla del miércoles 26 al viernes 28, la
Asamblea de Arquitectos y Restauradores del INAH firmó un desplegado en
el que le exigen a la directora general de la institución, Teresa
Franco, suspender la obra y fincar responsabilidades a los implicados en
su presunta autorización.
También le exigen a Moreno Valle
respeto a la normatividad federal en la materia y que deje de agredir al
patrimonio cultural de Puebla con “proyectos absurdos e innecesarios”.
Los reveses
Las
organizaciones agrupadas en la campaña Pueblo mágico sin tráfico
interpusieron cinco amparos para tratar de parar la construcción.
El
año pasado dos de los grupos participantes en esta lucha lograron
detener la instalación de un teleférico que iría de la Zona de los
Fuertes, donde se libró la Batalla del 5 de Mayo, hasta el Centro
Histórico de Puebla, luego de comprobarse que el gobierno había iniciado
el proyecto sin permiso del INAH.
Lo que no pudieron evitar fue
que las autoridades estatales demolieran una casona protegida, del siglo
XVII, lo cual afectó drásticamente el paisaje del Barrio del Artista,
uno de los paseos tradicionales de la capital poblana.
Ahora el
gobierno está obligado a reconstruir el inmueble, aunque los académicos
reconocen que el daño al patrimonio cultural de Puebla ya es
irreparable.
Tampoco lograron detener la intervención del gobierno
morenovallista en la Zona de los Fuertes, que más que una restauración
ha sido calificada como una “remodelación” del patrimonio histórico.
Grupos
de la sociedad civil también propinaron un revés a Moreno Valle cuando
evitaron que instalara una “megarrueda observatorio” en el Centro
Histórico. Finalmente este atractivo turístico tuvo que instalarse en el
área comercial Angelópolis, en la periferia, donde ahora presenta
problemas de hundimiento.
El gobernador trata de minimizar las
protestas. Asegura que los inconformes son “los mismos” que se opusieron
al viaducto Zaragoza, una de las obras iniciales de su sexenio.
“Lo
vamos a construir. Los demás tendrán derecho a expresar su
inconformidad. Sin embargo la decisión está tomada, está apegada a
derecho y así como lo hicimos con el viaducto Zaragoza, vamos a concluir
este proyecto en beneficio de los ciudadanos”, dijo.
Incluso en
el caso del viaducto Zaragoza, fueron las presiones de los activistas
las que hicieron al INAH obligar al gobierno estatal a modificar dos de
los puentes de su proyecto que impactaban zonas históricas.
Moreno
Valle insiste en que el puente de Cholula tiene permiso del INAH, pero
el único que se conoce hasta ahora fue emitido por el delegado del
centro INAH-Puebla, Francisco Ortiz Pedraza.
Ante la presión de
trabajadores del propio instituto y de las organizaciones civiles, el
delegado acabó por asegurar que lo firmado no fue un permiso, sino una
“preautorización”, que no faculta para iniciar la obra.
El 17 de
febrero el gobierno de Puebla aseguró a medios locales que tenía el aval
del Consejo de Arqueología del INAH, pero la organización civil Con los
Ojos Abiertos, formada por la Universidad Iberoamericana-Puebla y el
portal e-consulta, confirmó que en los archivos del INAH y del consejo
no existe ninguna autorización de ese tipo.
“En los expedientes
INAH/CI/010/14, INAH/CI/011/14 e INAH/CI/012/14 quedó asentada la
inexistencia de permisos, licencias o autorizaciones o de
prefactibilidad para la construcción del distribuidor vial de Cholula”,
afirmó esa organización.
Pese a ello, el contrato
OP/ADF/SI-2013243 para la ejecución de la obra fue otorgado a Productos y
Estructuras de Concreto (PYECSA), de Gustavo Cavazos Marroquín,
considerado cabeza del grupo nuevoleonés Allende.
Hasta la semana
pasada PYECSA continuaba las excavaciones para la cimentación de los
pilotes del distribuidor vial en el tramo final de la recta a Cholula.
Sin embargo las organizaciones de la campaña Pueblo mágico sin tráfico
confiaban en que de un momento a otro un juzgado federal dictamine la
suspensión de la obra.
Investigadores del INAH relacionan la
pasividad de la Dirección General del Instituto con la cercanía que ha
tenido Teresa Franco con el gobierno de Moreno Valle.
Al inicio
del sexenio Franco González fue asesora de la Presidencia del Consejo
para la Cultura y las Artes de Puebla y del Comité Técnico para el
Rescate de la exfábrica textil La Constancia Mexicana.
En la
supuesta “preautorización” de la obra, el INAH nombró supervisores a los
peritos arquitectos Sergio Vergara Berdejo y Jorge Salgado Tlahuis,
quienes aparecen en otros proyectos polémicos del gobierno de Moreno
Valle.
El pasado 24 de febrero Vergara fue nombrado gerente del
Centro Histórico y Patrimonio Cultural del municipio poblano por el
alcalde Antonio Gali Fayad, quien como exsecretario estatal de
Infraestructura estuvo a cargo de la mayoría de los proyectos
cuestionados.
La antropóloga Anamaría Ashwell habla abiertamente
de la posibilidad de que Moreno Valle haya ejercido presiones políticas
para que el INAH le firmara un permiso “a todas luces a modo e ilegal”.
“Sólo
puedo asumir que el gobernador ejerció presiones políticas sobre la
Dirección General del INAH y la Sección de Monumentos aquí en Puebla
para proseguir a gastarse 200 millones de pesos del dinero público en
una obra innecesaria para resolver el tráfico de automóviles o para dar
ala a sus ambiciones políticas”, manifestó Ashwell en conferencia de
prensa.
De igual forma la historiadora Rosalva Loreto, presidenta
del Comité del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, ha
señalado que la actuación del INAH debe ser cuestionada por permitir que
en México se violente la normatividad de conservación internacional.
La Gran Cholollan
Ashwell
advirtió que de llevarse a cabo, el puente destruiría suelos
arqueológicos de las culturas indígenas del valle de la Gran Cholollan,
cuya extensión geográfica no se limita a las inmediaciones de la
pirámide y ha sido parcialmente explorada desde 1969.
La zona,
destacó, es de gran valor cultural pues en su subsuelo se encuentra la
historia de cómo se edificaron asentamientos prehispánicos, como la Gran
Cholollan, que en el clásico mesoamericano (600 d.C.) rivalizó con
Teotihuacan y a la cual Paul Kirchhoff la llamó “gran ciudad sagrada”.
Explicó
que los terrenos donde actualmente se hacen perforaciones son
circunvecinos al manantial de San Juan, a menos de 500 metros en la base
de la pirámide, y ahí está la historia de cómo los mesoamericanos
construían las grandes ciudades a partir del almacenamiento del agua.
“Especialmente
en estas tierras bajas se drenaban y compactaban tierras para usos
agrícolas dando lugar a los primeros asentamientos desde el preclásico
temprano en Cholula: en estas tierras fangosas bajas hubo 2 mil años de
habitación antes de la llegada de los españoles”, mencionó la
antropóloga.
“Puede ser que este subsuelo no contenga la
monumentalidad de la pirámide, pero tiene las primeras construcciones
sedentarias, los primeros instrumentos agrícolas, tiene los fabulosos
sistemas de riego y diques. ¿Vamos a perder toda esa historia de los
pueblos anteriores a los toltecas-chichimecas del siglo XII para que se
suban coches a un viaducto?”
El distribuidor vial no sólo ha
desatado protestas entre académicos. El Colectivo de Ciclismo Urbano
Cholula en Bici promoverá también un amparo por el impacto que tendría
en el derecho de movilidad de peatones, ciclistas y usuarios del
transporte urbano.
Giovanni Zayas, representante del colectivo, ha
dicho en distintas ocasiones que mientras en otros países este tipo de
estructuras están siendo removidas, el gobierno de Puebla las presenta
como símbolo de modernidad y progreso. “Esto los urbanistas ya lo
consideran obsoleto, no es una solución de este siglo, es del siglo
pasado”.
Aunque la agrupación ha pedido al gobierno estatal
información sobre la obra, hasta ahora la Secretaría de Infraestructura
no ha probado que tenga estudios que la sustenten ni una manifestación
de impacto ambiental.
El consultor en movilidad Jesús Sánchez
también ha señalado que la propuesta del gobierno de construir un
distribuidor vial en esa zona de Cholula no parece sustentarse en ningún
estudio serio de ingeniería vial y más bien parece basarse en
“ocurrencias”.
En contraparte Cholula en Bici presentó un proyecto
alternativo consistente en un sistema de tres “turbo-rotondas” que
agilizarían el paso de unidades y tomaría en cuenta a peatones,
ciclistas, motociclistas y transporte urbano.
/Reportaje Especial/ 8 de abril de 2014)
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