El
seguro de desempleo recientemente aprobado por la Cámara de Diputados
será una gran ayuda… para los banqueros y grandes empresarios, empezando
por quienes en 1992 crearon un entramado institucional que ahora los
beneficiará: Pedro Aspe, entonces titular de la Secretaría de Hacienda, y
Guillermo Ortiz Martínez, subsecretario en la misma dependencia. En
contraparte, los trabajadores tendrán menos posibilidades de acceder a
un crédito Infonavit.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace 22
años, el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, y el
subsecretario de esa dependencia, Guillermo Ortiz Martínez, hicieron
mancuerna desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para modificar
todo el esquema de retiro y jubilación del país. Ahora sus caminos se
cruzan nuevamente, pero como empresarios favorecidos por el “seguro de
desempleo”.
Autor intelectual de la individualización del Sistema
de Ahorro para el Retiro (SAR) en el sexenio salinista, Pedro Aspe pasó
de “creador” de las afores a beneficiario de ellas, pues su empresa
Evercore-Protego tiene capital invertido en la firma Servicios
Corporativos Javer, el mayor promotor y constructor de vivienda social
en México, industria que crecerá por las modificaciones legales.
Guillermo
Ortiz Martínez, presidente de Grupo Financiero Banorte, espera que su
compañía capte la mayor cantidad de aportaciones para la vivienda que el
patrón otorga a sus trabajadores.
La historia que Pedro Aspe
inició en febrero de 1992 con la creación del SAR tuvo su más reciente
capítulo el pasado martes 18 en la Cámara de Diputados. Ese día y
gracias a los votos de 46 legisladores del PRD, el coordinador del grupo
parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones, cumplió un compromiso
que Enrique Peña Nieto asumió ante los empresarios: quitar a los
trabajadores 3% de su fondo de vivienda, ponerlo en manos de la
iniciativa privada –lo que fortalecerá a bancos y constructoras– y
“achicar” el Infonavit.
Ese mismo día, el pleno de San Lázaro
aprobó con 205 votos del PRI, 26 del PVEM, 10 del Panal y 46 del PRD la
creación del seguro de desempleo. Sin embargo, a diferencia de lo que
Peña Nieto aseguró en su mensaje a la nación del 8 de septiembre –que
los recursos saldrían del gobierno, lo que explicaba el aumento de
impuestos–, el dinero provendrá del ahorro del trabajador.
Actualmente
el patrón aporta a sus empleados 5% del fondo de ahorro para la
vivienda. Ese monto “se registra” en algunas de las 12 afores bancarias
que existen, pero lo administra el Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). Ese 5% forma parte del
patrimonio del Infonavit y son los recursos que usa para financiar
créditos.
La ley del instituto establece que las aportaciones del
patrón al trabajador son recursos propiedad del empleado y forman parte
de su salario, por lo cual nadie puede disponer de ellos. Sin embargo,
Peña Nieto y los diputados federales cambiaron la norma para permitir
que los empresarios “tomen” tres de los cinco puntos porcentuales que
aporta el patrón. Con eso se creará un “fondo mixto” que alimentará al
seguro de desempleo.
Lo anterior implicará que el Infonavit reciba
3% menos recursos y, por lo tanto, tenga menos presupuesto para otorgar
créditos. Así que los trabajadores deberán conseguir empréstitos de
otro lado si quieren una casa: La opción será pedir un crédito al banco.
Miles de millones
De
acuerdo con el Plan financiero 2014-2018 del Infonavit, el instituto
obtendrá este año 157 mil 660 millones de pesos. Esa cantidad provendrá
de cuatro fuentes: “recuperación de cartera, fuentes alternas de
financiamiento, otras entradas y aportaciones patronales cotizantes sin
crédito”. Este último rubro es el mencionado 5% que los patrones
entregan a los casi 51 millones de trabajadores formales que hay en
México.
Traducido, ese 5% representa 57 mil 399 millones de pesos.
La diputada de Movimiento Ciudadana y abogada laboral Luisa María
Alcalde –quien votó en contra del seguro– detalla que cada punto
porcentual equivale a 11 mil 479 millones de pesos.
“Lo anterior
significa que el 3% suma 34 mil 439 millones de pesos”, y amplía: Lo
aprobado por la Cámara de Diputados permite que esos 34.5 mil millones
vayan a parar a las afores que hoy existen.
Así las cosas, de los
57 mil 399 millones de pesos que el Infonavit recibirá en 2014, para el
siguiente año –cuando la ley ya esté en vigor– sólo obtendrá 22 mil 960
millones de pesos.
Actualmente existen 12 afores bancarias: Afirme
Bajío, Azteca, Banamex, Coppel, Inbursa, Invercap, Metlife,
Pensionissste, Principal, Profuturo GNP, Sura y XXI Banorte.
De
acuerdo con el cuarto Informe Trimestral de 2013 que la Comisión
Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) envió a la
Cámara de Diputados, la afore XXI-Banorte es la que concentra el mayor
número de cuentas de trabajadores: 17 millones 923 mil 276. Esto
representa 35.22% del total. Le sigue Banamex de manera muy lejana, con 7
millones 774 mil 485. La tercera es Sura, con 6 millones 140 mil 956
cuentas. Y el resto se distribuye entre las nueve afores restantes.
La
diputada Luisa María Alcalde explica que así como sucedió en la
transición del SAR a las afores, hoy ese 3% del fondo de vivienda puede
ir a parar a cualquiera de las 12 afores bancarias. “Esto es así porque
las afores son muy seductoras. En 1992 Pedro Aspe determinó que se
individualizaría todo ese dinero en cuentas”.
Ahora, delinea, uno podrá
decidir que ese 3% lo siga manejando el Infonavit o que pase a una
afore, pero como éstas son tan seductoras por ofrecer mayores
rendimientos –aunque no siempre lo cumplan– la gente tenderá a trasladar
su dinero.
La “suerte” de los exfuncionarios
Banorte
tiene 35.22% de las cuentas de quienes cotizan en el Instituto Mexicano
del Seguro Social. Cuando la reforma entre en vigor, es lógico esperar
que sus trabajadores autoricen que Banorte también administre el 3%
mencionado.
Lo anterior implicaría dinero fresco para ese banco
por 12 mil 129 millones de pesos. Así, Guillermo Ortiz Martínez
recibiría la millonaria cantidad en el banco que hoy preside.
El
gran cúmulo de cuentas que dicha institución bancaria administra se debe
a que en diciembre de 2011 compró la cartera de afores del gobierno
–llamada Siglo XXI– y en enero de 2013 adquirió la de Bancomer.
Luisa
María Alcalde insiste: “Ese 3% forma parte de las conquistas logradas
por el trabajador. Ahora, cuando vaya a pedir un crédito al Infonavit,
la lista de espera para que se lo autoricen será mayor, porque el
instituto tendrá 34 mil 439 millones de pesos menos. Así, habrá menos
créditos y ello llevará a un empleado a que acuda a un banco para que le
dé lo que le falta en crédito; por ser clientes cautivos la tasa de
interés que el banco les cobre será siempre mayor que lo que cobraría el
Infonavit”, enumera.
El hecho de que el Infonavit preste menos
dinero y los empleados tengan que irse a constructoras y bancos, abunda,
hará que varias empresas adquieran fuerza financiera. “También para
ellas será dinero fresco”, y así como en los sexenios panistas crecieron
Urbi, Casas Geo, Sare, Ara y Homex –las cuales están hoy en quiebra y
han tenido que ser “rescatadas” por el gobierno– ahora serán otras
compañías las que se capitalicen gracias a un dinero que no debería
tocarse.
Una de las firmas que podrían beneficiarse es
Evercore-Protego, propiedad del creador de las afores, Pedro Aspe. Y es
que Evercore tiene “capital comprometido” en nueve empresas, entre las
que destacan Volaris, Más Pharma, Grupo Axo y Servicios Corporativos
Javer, “el mayor promotor privado de la vivienda en México”, según
anunció el 18 de junio de 2013.
En el portal de internet de Javer
se anuncia que ayuda a “encontrar la mejor opción de financiamiento” y
para ello se vincula con Infonavit, Bancomer, HSBC, Scotiabank, Casa
Mexicana, Santander Serfín… y Banorte.
El que paga
En
contraste con los 34 mil millones de pesos que “se le quitarán” al
Infonavit, el seguro de desempleo sólo le costará al gobierno 9 mil
millones de pesos, y eso “sólo si no se alcanza a pagar el seguro con el
dinero del trabajador”, asevera la diputada Alcalde.
El
presupuesto gubernamental provendrá de un esquema bautizado como “fondo
solidario”, el cual equivaldrá a 0.5% de un salario mínimo.
La
legisladora puntualiza que para tener derecho al citado seguro un
trabajador necesita tener 45 días desempleado. Se le pagará sólo durante
seis meses y podrá pedirlo cada cinco años únicamente. Otra restricción
es que para acceder a la prestación deberá haber trabajado de manera
ininterrumpida al menos 114 semanas.
A lo largo de esos seis
meses, pormenoriza, al desempleado se le dará en el primer mes 60% de su
salario base cotizado en su último trabajo; el segundo mes se le
entregará 50% y, los cuatro meses restantes, 40% en cada uno.
En
caso de que lo ahorrado por el trabajador en su “fondo mixto” no alcance
a cubrir los seis meses del seguro, el gobierno completará de su “fondo
solidario”, y si con esto tampoco se cubriera, entonces el dinero se
tomaría del presupuesto de la Federación, aunque no se ha especificado
de cuál partida.
Ningún empleado pagará el seguro de otro, sino
que será el propio despedido quien lo haga, aclara la integrante de MC.
Comenta que si alguien ya pidió su crédito Infonavit, “al quedar
desempleado deberá decidir si con el seguro de desempleo paga la
mensualidad que debe al Infonavit, si paga la renta o si paga la
comida”.
Concluye: El esquema ideado es “una burla” en la que colaboró la izquierda.
La
tarde del 18 de marzo pasado el PRI, el Panal y el PVEM sólo juntaban
241 votos cuando se debatía el seguro en el Congreso. La cantidad no les
alcanzaba: se quedaban cortos por 10 sufragios.
En ese momento,
los perredistas cercanos a la fracción de Los Chuchos entregaron mucho
más que los 10 votos que faltaban: 46. Entre los que dieron su aval
destacan Silvano Aureoles, Amalia García y el presidente de la Comisión
de Seguridad Social, Javier Salinas, quien dos días después de entregar
su voto pidió “revisar las pérdidas de las afores”: Ocurre que en el
último año las afores perdieron 300 mil millones de pesos debido a
operaciones fallidas de los bancos que las manejan.
La Ley de
Seguro de Desempleo deberá discutirse todavía en el Senado de la
República. Los legisladores priistas y líderes gremiales Carlos Romero
Deschamps, dirigente del sindicato petrolero; Joel Ayala, de la FSTSE;
Armando Neyra, de la CTM), e Isaías González, de la CROC, ya dijeron
que los “senadores obreros” la rechazarán, pero eso no significa nada:
los 39 “diputados obreros” terminaron votando a favor.
/3 de abril de 2014)
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