MÉXICO,
D.F. (apro).- México se encuentra bajo presión de organizaciones
ambientales y agencias estadunidenses por no impedir la muerte
accidental de tortugas caguama o amarilla y se arriesga a enfrentar
represalias comerciales desde Washington.
A partir de 2013 han
arreciado los señalamientos contra México, mientras el país y Estados
Unidos negocian medidas para proteger a la especie. Ello sucede pocas
semanas antes de que esos reptiles empiecen a arribar a las costas de
Baja California Sur (BCS).
El capítulo más reciente se relaciona
con una carta de dos páginas enviada el 13 de diciembre de 2013 por 13
congresistas del Partido Demócrata a Penny Pritzker, secretaria de
Comercio, y Kathryn Sullivan, administradora interina de la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en
inglés) para indagar sobre las acciones realizadas por México para
atender el fenómeno.
“Nos gustaría pedir una actualización del
estado de las consultas de la NOAA con el gobierno mexicano para abordar
este problema creciente”, cita el texto, consultado por Apro.
La
misiva enfatiza que la amenaza principal a la supervivencia de las
tortugas es la pesca mar adentro frente a las costas de México, y
expresa preocupación porque “la creciente captura incidental es
insostenible y podría acelerar el decaimiento de estas especies
protegidas” al encontrarse en peligro de extinción.
En enero de 2013 el Departamento de Comercio envió al Congreso el reporte bianual Mejorando el manejo de las pesquerías internacionales,
en el cual el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS, por sus
siglas en inglés) identificó por primera vez a México por actividades
pesqueras que implican la captura incidental de recursos marinos
vivientes protegidos (PLMR, por sus siglas en inglés).
En total,
NMFS, adscrita a la NOAA, nombró a 10 naciones involucradas en pesca
ilegal y no regulada durante 2011 y 2012, basada en violaciones a la
conservación internacional y medidas de manejo. Además de México
aparecen, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, España, Italia, Corea
del Sur, Tanzania y Ghana.
Por eso, los congresistas preguntaron
sobre la respuesta de México a ese informe, incluyendo “cualquier
correspondencia oficial sobre el tema, qué soluciones están siendo
consideradas por las partes, qué negociaciones se han llevado a cabo
hasta ahora y la perspectiva y calendario para la resolución” del
problema.
Captura incidental
La tortuga caguama (Caretta caretta)
anida y desova en las costas de Japón y cada año nada hasta el litoral
del suroccidente de Estados Unidos y la Península de Baja California. Su
arribo se incrementa de mayo a agosto, cuando los quelonios más jóvenes
maduran y emprenden el regreso a playas niponas.
Entre 15 mil y
20 mil ejemplares llegan a aguas mexicanas. Para éstos la mayor amenaza
es la captura incidental por el uso de redes de arrastre y otros equipos
marinos. A pesar de ser un fenómeno bien conocido, el país se ha
demorado en aplicar las medidas correctivas.
En 1990 México
prohibió expresamente la captura directa e intencional de tortugas
marinas. Además, la caguama se encuentra entre las variedades protegidas
por los riesgos que penden sobre ella.
En Estados Unidos esa
tortuga fue originalmente enlistada como “amenazada” bajo la Ley de
Especies en Peligro en 1978. En respuesta a una petición del Centro para
la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) y de la Red de
Restauración Turtle Island (TIRN, por sus siglas en inglés), NMFS agregó
en 2011 cuatro poblaciones, incluyendo la caguama del Pacífico Norte,
al status “en riesgo de extinción”.
NMFS ha reconocido nueve distintas poblaciones de tortugas caguama, incluyendo la del Pacífico Norte.
“Las
estadísticas de tortugas muertas en México nos preocupan. No creo que
haya habido protecciones serias para la tortuga, ni cambios sustanciales
en la situación. Tememos que se repita el fenómeno de otras
temporadas”, cuando docenas de animales aparecieron varados sin vida en
playas de Baja California Sur”, dice a Apro Sara Ulehmann, directora del Programa Internacional de CBD.
Esa
organización, TIRN y el Centro Mexicano de Derechos Ambiental (CEMDA)
han emprendido una intensa campaña para obligar a las autoridades
mexicanas a proteger esta especie.
En mayo de 2013, CBD y TIRN
solicitaron la imposición de sanciones comerciales, como veto al ingreso
de productos marinos mexicanos a Estados Unidos y la pérdida de
beneficios portuarios, para que el país se vea obligado a cuidar a la
tortuga amarilla.
“Solicitamos formalmente que NMFS insista para
que México adopte un programa totalmente comparable e igualmente
‘eficaz’ al de Estados Unidos, incluyendo vedas temporales y cierres de
áreas marinas, especificaciones para equipos marinos, monitoreos y
cumplimiento de la ley. Pedimos también que si México recibe una
certificación negativa de PLMR, NMFS debe aplicar completamente las
sanciones requeridas, incluyendo prohibiciones de importación y la
denegación de privilegios portuarios”, demanda la solicitud de los
ambientalistas.
Éstos consideran que México incumple la Convención
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas, vigente desde 2001, y en la cual el país se comprometió a
reducir la captura incidental de las especies.
“Este problema
lleva ya más de 10 años y ni el gobierno pasado ni el actual han tomado
medidas efectivas para detener la captura incidental. Han negado causas
de mortandad y tememos que ésta se repita esta temporada”, señala a Apro Alejandro Olivera, representante de la oficina del noreste del CEMDA.
Esa
organización y varios científicos estiman que más de dos mil tortugas
mueren al año debido a las prácticas pesqueras en Baja California Sur,
la mayor mortalidad documentada en el mundo. CEMDA indica que al menos
siete mil ejemplares de tortuga caguama murieron durante el sexenio
2006-2012 en las costas de ese estado.
El Instituto Nacional de la
Pesca (Inapesca) reportó pruebas con redes de arrastre realizadas en
julio de 2012 y documentó la captura de 88 tortugas en sólo ocho días.
En
su informe de enero de 2013, NMFS señaló que 438 tortugas caguama
aparecieron muertas a lo largo de la costa de Baja California Sur
durante el verano de 2012. Esa agencia ha determinado que la matanza de
entre 37 y 92 tortugas caguama del Pacífico Norte incrementaría el
riesgo de extinción de la población y finalmente amenazaría la
existencia futura de la especie.
En Estados Unidos los pescadores
deben cumplir con una variedad de vedas y modificaciones obligatorias de
equipo para limitar la captura incidental. Por ejemplo, desde 1994 la
pesca de arrastre ha estado prohibida en las aguas de California.
En
su reporte de 2013 presentado ante la Convención Interamericana, México
reconoció que la actividad pesquera repercutía en la captura
incidental. Ante ello, citó la ejecución del Programa de Vigilancia para
la Protección a la Tortuga Amarilla, la utilización de dispositivos de
exclusión de tortugas en las redes utilizadas en la pesquería comercial
del camarón y de tiburón y la imposición de vedas a la captura de
ciertas especies.
“Es necesario incrementar las inspecciones
durante las actividades de pesca del camarón”, plantea el documento de
104 páginas de extensión.
NMFS contactó al gobierno mexicano luego
de enterarse de la aparición de tortugas muertas en 2012 con el
propósito de solicitar más información del suceso y sobre el programa
regulatorio para el manejo de la captura incidental en la pesca de
arrastre.
Ante el reporte de Estados Unidos, México respondió que
esos señalamientos estaban bajo investigación, pero no entregó
información adicional. Eso sí, envió una respuesta detallada sobre el
manejo de pesquerías, pero no incluyó información explícita sobre las
medidas para abordar la captura incidental en concreto. NMFS considera
que las regulaciones transmitidas por México no son equiparables en
efectividad a las de Estados Unidos en el Pacífico norte.
Las
autoridades norteamericanas identificaron al menos 15 navíos que
violaron la normativa existente por prácticas como botar restos de
tiburón en el mar, bolsas de sal o desechos plásticos. De ellos, cinco
incumplieron las medidas de mitigación de captura incidental de
tortugas, al no liberarlas.
Desde 2013, ambos países entablaron negociaciones para abordar el tema, aunque se desconoce la marcha de esas pláticas.
“No
se sabe mucho de las reuniones. Hemos tenido problemas para obtener la
información. Es frustrante y decepcionante”, lamenta Ulehmann, cuya
organización presentó en septiembre último una solicitud de información
pública al gobierno de Estados Unidos, misma que se encuentra en
proceso.
El 9 de julio de 2013 la Secretaría de Medio Ambiente y
el Comité de Participación Social, formado por trabajadores de la pesca,
de la zona del municipio de Comondú, firmaron un convenio de Programa
Temporal de Empleo para beneficiar a 990 productores de las comunidades
San Juanico, Puerto López Mateos, Ciudad Insurgentes, Santo Domingo y
María Auxiliadora. Se destinó un monto de 159 mil 390 pesos a la
construcción de artes de pesca y su monitoreo.
Además, comisionó el Estudio sobre las causas de muerte de la tortuga amarilla en la costa occidental de Baja California Sur (Golfo de Ulloa), que inició en julio de 2013 y concluirá en marzo próximo, a un costo de un millón 400 mil pesos.
Enrique
Alejandro Gómez Gallardo, jefe del Departamento Académico de Biología
Marina de la Universidad Autónoma de Baja California Sur comanda la
pesquisa, pero no respondió a la consulta de Apro.
Además
participan otros 14 científicos de esa casa de estudios y de los centros
Interdisciplinario de Ciencias Marinas, del Instituto Politécnico
Nacional, y de Investigaciones Biológicas del Noreste.
La dura senda
El
tema se suma a lista de asuntos sensitivos entre ambas naciones, como
la migración indocumentada, la llamada “guerra contra las drogas” y el
tráfico de armas desde Estados Unidos.
Además, ambos países ya tienen antecedentes, incluso no resueltos, de embargos comerciales por cuestiones ambientales.
En
1990 Estados Unidos impidió el ingreso de atún mexicano por el riesgo
que implicaba su captura para el delfín. Levantó la sanción 10 años
después, pero desde 2006 aplica el sello ecológico Dolphin Safe, asunto que México aún ventila ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En
2011 un panel de ese órgano resolvió que el etiquetado restringe el
intercambio, aunque no lo consideró discriminatorio. Estados Unidos
apeló en enero de 2012 y a inicios de este año la OMC formó un panel
para revisar si el vecino del norte se ha apegado al fallo inicial.
En
marzo de 2010 Estados Unidos decidió bloquear la entrada de camarón
mexicano capturado en alta mar por amenazar a las tortugas marinas, pero
anuló esa medida en octubre de ese mismo año luego de inspeccionar la
flota camaronera nacional.
Olivera no apoya un embargo. “Está en
manos del gobierno mexicano impedirlo, porque ya hay una advertencia. Es
preferible que se tomen medidas por la conservación y no de carácter
político”, plantea.
En enero de 2015, NMFS debe enviar otro reporte bianual.
Para
los congresistas demócratas autores de la carta de diciembre, la brecha
temporal existente puede arriesgar la supervivencia a largo plazo y la
recuperación de las poblaciones de la caguama.
A menos que México
resuelva el problema, Ulehmann está dispuesta a recorrer la dura senda.
“Creemos que Estados Unidos tiene toda la autoridad para imponer
sanciones”, afirma y pide al país revelar los resultados de las medidas
tomadas.
“Queremos que reconozca que es un problema serio, que
adopte regulaciones serias para sacar las redes (de pesca) de las áreas
más expuestas. Queremos un buen resultado de conservación”, reclama.
Olivera
está en esa sintonía. “La solución no es difícil, porque la zona donde
se captura es bien conocida. Si se conoce la zona, la temporada y el
tipo de redes, es muy fácil atacar el problema. No hablamos de cerrar la
pesca, sino sólo prohibir la captura en ese lugar y con esas artes de
pesca y en esa temporada”, aconseja.
/7 de febrero de 2014)
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