MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
condenó el asesinato de Gregorio “Goyo” Jiménez, periodista de los
diarios “Notisur” y “Liberal del Sur”, cuyo cuerpo sin vida fue
encontrado ayer en el municipio Las Choapas, Veracruz, luego de que el 5
de febrero fuese violentamente sacado de su casa por cinco sujetos
armados.
El comunicado de la ONU-DH señala: “el fatal desenlace trae una vez
más el luto a Veracruz, entidad en la cual desde el año 2011 hemos
lamentado las sucesivas muertes violentas de Regina Martínez, Esteban
Rodríguez, Gabriel Huge, Irasema Becerra, Guillermo Luna, Víctor Manuel
Báez, Chino Noel López Holquin, Miguel Ángel López Velasco, Yolanda
Ordaz y Agustina Solana. La ONU-DH suma su sincera expresión de
condolencias a la familia del señor Jiménez y a sus colegas.
“Las autoridades locales han reportado haber alcanzado resultados
luego de la detención de cuatro personas, las cuales habrían confesado
su participación en el asesinato del señor Jiménez e incluso señalado el
lugar donde se ubicó su cadáver y el de otras dos personas.
“Combatir la impunidad que rodea muchos casos de agresiones contra
las y los comunicadores sociales, así como los múltiples ataques a las
instalaciones de los medios, es un deber indelegable e irrenunciable de
las autoridades, pero urge además atender el evidente clamor del gremio
periodístico por que se diseñen e implementen medidas eficaces de
prevención ante la vulnerabilidad creciente en la que desarrollan sus
labores”, declaró Javier Hernández Valencia, Representante de la Oficina
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
La ONU-DH “insta a las autoridades federales y estatales a utilizar
todos los recursos a su alcance para hacer una investigación diligente,
completa e imparcial para enjuiciar y castigar a los responsables con
sanciones acordes con la gravedad de sus actos, respetando en todo
momento los principios del derecho a un juicio justo, la presunción de
inocencia y la prohibición de tortura y malos tratos, y alienta al
Estado mexicano a implementar y fortalecer las medidas necesarias para
garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad de
expresión de los periodistas”.
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