MÉXICO, D.F.
(apro).- Artículo 19 censuró la indolencia mostrada por el gobierno de Enrique
Peña Nieto ante las agresiones a periodistas, además de que, añadió, mantiene
cooptados algunos medios de comunicación y la opacidad en la difusión de la
información continúa firme.
Durante la
presentación del Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la
Información (INOGDAI), creado por Artículo 19 y México Infórmate, Darío
Ramírez, director para México y Centroamérica de la primera organización,
sostuvo que aun cuando han disminuido actos extremos de violencia contra la
prensa, han crecido otro tipo de ataques que mantienen en alerta a los medios.
En entrevista con
representantes de los medios de comunicación, Ramírez admitió que en 2013
disminuyeron en 80% los casos de homicidios y desapariciones de periodistas. La
reducción es significativa tomando en cuenta que “la media que veníamos
manejando en los últimos 10 años era de nueve a 10 periodistas asesinados”,
apuntó.
Añadió:
“Lo que ha crecido
en 43% es el número de otra violencia contra la prensa: intimidaciones,
amenazas, violencia física y ataques cibernéticos a los medios de
comunicación”.
Asimismo, reprobó
que los instrumentos creados para proteger a periodistas no estén funcionando
adecuadamente, dado que, subrayó, “hay una indolencia del Estado mexicano hacia
la prensa. No le importa que los mismos periodistas tengan que buscar refugio
porque el Estado mexicano está ausente y porque las medidas que ha tomado son
ineficaces”.
Criticó que a siete
años de la creación de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra
la Libertad de Expresión (FEADLE), aún no hay resultados efectivos en términos
de combate a la impunidad, y en cuanto al Mecanismo de Protección a Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación
(Segob), “no toma en serio la protección a periodistas”.
Al citar como
ejemplos la incursión de un comando armado en la casa de la periodista Anabel
Hernández y los ataques a Carmen Olsen, reportera de Baja California, Ramírez
señaló que ocurrieron “por negligencia del Mecanismo de Protección, y
evidentemente ello preocupa gravemente”.
Tras recordar que
fue el propio Peña Nieto quien se comprometió a establecer reglas claras en la
distribución de recursos del gobierno para adquirir publicidad y evitar el
condicionamiento de los medios, Ramírez resaltó que con el regreso del PRI al
poder también volvieron las tradicionales prácticas de control de la prensa.
“El mecanismo
priista pasa por la cooptación de los medios, por la relación comercial entre
medios y autoridades, por la presión de controlar (…) No hay víctimas ni
victimarios, lo que hay es una relación perversa en términos de opacidad entre
algunos medios de comunicación, no todos, y autoridades a través de la opacidad
en los contratos comerciales”, sostuvo.
En cuanto a la
revisión de las oficinas de acceso a la información, durante la presentación
del INOGDAI se destacó que 81% de los órganos estatales de transparencia no
garantizan ese derecho, siendo San Luis Potosí el estado más opaco, con un
índice de 20.1%, seguido por el Estado de México, con 39.2%. El mejor
calificado fue Puebla, con apenas 70.2%.
(PROCESO/ GLORIA LETICIA DÍAZ /8 DE ENERO DE 2014)
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