Amenazados por la nueva Ley Antilavado, que los obliga a investigar
el origen del dinero con el que se crean sociedades mercantiles, los
notarios reciben ahora una advertencia del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos, que la semana pasada incluyó al fedatario
sinaloense, José Antonio Núñez Bedoya, en la lista de cómplices del
cártel de Sinaloa, incluso, adjudicándole la protocolización de empresas
que nunca pasaron por su despacho.
Para José Antonio Núñez Bedolla ese martes hubiera sido un día más en
los 44 años que tiene como notario público, salvo porque esa mañana, en
Washington, el Departamento de Tesoro emitió un boletín donde lo
incluye en la selecta lista de “criminales” ligados al cártel de
Sinaloa.
Así, de un plumazo y bajo una argumentación vaga y hasta errónea, una
de las dependencias con más poder de la más grande potencia del mundo,
lo hizo parte del crimen organizado.
La información del comunicado, que involucra también a dos mujeres culichis, madre e hija, como parte de una red de lavado de dinero del narcotráfico, le dio la vuelta al país en unas horas.
En la mayoría de las notas publicadas en México, los portales de
Internet destacaron el nombre de Núñez Bedoya, por tratarse de la
primera vez que un fedatario era, por causa de su trabajo, inculpado en
actos criminales.
El notario reaccionó rápido. Ese mismo día, por la tarde, ofreció en
su propio despacho, rodeado por sus hijos, colaboradores de la notaría,
una rueda de prensa donde negó pertenecer a algún grupo criminal y,
concretamente, nunca haber dado fe pública sobre cuatro de las cinco
empresas cuya creación el Tesoro de los Estados Unidos le atribuye, como
compañías “fachada” para lavar dinero del narcotráfico.
De acuerdo con el comunicado del Tesoro emitido a través de la
Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en
inglés), Núñez Bedolla ayudó a crear las empresas Estancia Infantil Niño
Feliz, el Establo Puerto Rico, Nueva Industria de Ganaderos de
Culiacán, Parque Acuático Los Cascabeles, Rancho Agrícola Ganadero Los
Mezquites y Centro Comercial y Habitacional Lomas. Todas estas empresas
incluidas en lo que el Tesoro de los Estados Unidos llama “red de lavado de dinero” de Ismael Zambada García, el Mayo, proveniente del narcotráfico.
En el mismo comunicado del martes 30, la OFAC incluye a la señora
Tomasa García Ríos, viuda de Lamberto Verdugo Calderón y a su hija
Mónica Janeth Verdugo García.
Lamberto Verdugo era un narcotraficante buscado y boletinado por la
DEA y murió a manos del Ejército mexicano en enero de 2009, cuando
presuntamente hizo caso omiso a una señal de alto en un retén, muy cerca
del casco urbano de Culiacán.
“El cártel de Sinaloa —dijo Doug Coleman, agente especial de la DEA—
no puede esconderse detrás de compañías de fachada como un parque
acuático o negocio agrícola… Estamos trabajando con la OFAC para exponer
empresas de fachada de estos traficantes de lo que realmente son —las
empresas ilegales que alimentan el tráfico de drogas, la violencia y la
corrupción. A medida que continuamos a seguir el rastro del dinero, nos
morimos de hambre estos traficantes de sus activos y, finalmente, poner
sus redes criminales globales de los negocios”.
En un organigrama que se añade al boletín del martes 30, aparece una
fotografía de Núñez Bedoya y dos flechas apuntan de su imagen a
recuadros donde se encuentran señaladas las cinco compañía que
presuntamente pertenecen a Ismael Zambada.
Entrevistado por Ríodoce, el notario público no solo se dijo
difamado y afectado en lo moral y en lo profesional, sino que advirtió
que podría tomar medidas legales contra el Gobierno de los Estados
Unidos, que lo incluyó en una lista de “cómplices” del cártel de Sinaloa
a través del Departamento del Tesoro.
Visiblemente molesto, Núñez Bedoya dijo que nunca su despacho notarió
la constitución de empresas “fantasmas”, empezando porque todas las
señaladas en el boletín del Tesoro existen, todo el mundo las conoce,
generan empleo y algunas hasta riqueza para Sinaloa y para el país.
Pero además, aclaró, él no participó como fedatario del Centro
Comercial y Habitacional Lomas S.A. de C.V., que se constituyó en 1976
frente al notario Óscar López Castro y efectivamente tiene como socios a
varios miembros de la familia Zambada.
Tampoco participó en la constitución de la empresa Rancho Agrícola
Ganadero Los Mezquites, S.A. de C.V. el 12 de abril de 2000, cuyo
notario fue Enrique Ibarra Rico.
Nunca participó, según documentos mostrados a Ríodoce, en la
constitución de la compañía Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán
S.A. de C.V. (Lechera Santa Mónica), formada en los años ochenta.
Acepta el notario, haber protocolizado la constitución de la empresa
Parque Acuático Los Cascabeles S.A. de C.V., pero no aparecen en el acta
los apellidos relacionados con las personas boletinadas.
Los socios, de acuerdo con el documento a la vista de Ríodoce,
son: Germán Ponce Mendívil, Irrael Ontiveros Sarabia, José Alejandro
Velásquez Rojo y Samuel Lemus Vázquez. La empresa se constituyó en
febrero de 2006.
La otra empresa que el notario reconoce haber protocolizado su acta
constitutiva, es Estancia Infantil Niño Feliz y detalla que acudió a su
despacho a solicitar los servicios la señora María Teresa Zambada
Niebla.
El acta dice que fue protocolizada en la escritura 10131, del 2 de
agosto de 2001, “y hasta donde tengo conocimiento la señora no tenía
entonces ningún problema legal y no sé si lo tenga ahora. Yo creo que no
—añade— porque la estancia está ahí trabajando, eso cualquiera lo puede
corroborar”.
“Ahora, si usted me viene a solicitar un servicio yo voy a
prestárselo, yo no voy a investigar de dónde viene. Ahora, la hija yo
supongo que no tiene problemas legales y si viene y nos solicita un
servicio nosotros se lo proporcionamos”.
Ahora con la nueva Ley Antilavado, agrega, tendremos que tener más
cuidado porque ha puesto ciertos límites y ahí sí, nosotros tendremos
que tomar medidas para confirmar que una sociedad de cierto nivel de
capital, se esté conformando con dinero legal.
Los Cascabeles: lo del agua al agua
Aunque siempre fue en Culiacán vox pópuli que el balneario Los
Cascabeles había pertenecido a Lamberto Verdugo Calderón y que a su
muerte se habían quedado con la propiedad su viuda y su hija,
oficialmente nunca se supo nada al respecto.
De hecho, hasta marzo de 2011, es decir, más de dos años después de
la muerte de Lamberto Verdugo, la propiedad pasó legalmente a manos de
su familia.
Según escritura 16803 que Núñez Bedoya protocolizó el 4 de abril de
2011, este dio fe de una acta de asamblea de la sociedad Parque Acuático
Los Cascabeles, donde se acordó la venta del total de las acciones de
los socios fundadores: Germán Ponce Mendívil, Irrael Ontiveros Sarabia,
José Alejandro Velásquez Rojo y Samuel Lemus Vázquez, en favor de
Santiago García Pereda, Mónica Janeth Verdugo García (hija de Lamberto),
María de los Ángeles Ríos Campos y María Delia Cárdenas Morelos.
Quedando esta última como administradora única de la sociedad.
Núñez Bedoya sostuvo en su defensa que el boletín del Tesoro de los
Estados Unidos está girado sobre datos falsos que manchan sus 44 años de
trabajo como notario y que ya habló con abogados de Norteamérica que le
han sugerido que se puede demandar por daño moral y profesional al
Gobierno de los Estados Unidos.
El boletín menciona que Núñez participó en la constitución, como
notario, de la empresa Establo Puerto Rico S.A. de C.V. y lo reconoce,
pero dice que esa empresa fue conformada por otros empresarios, no por
los Zambada, y que lo que ocurrió después ya no es problema de él, sino
de las autoridades.
Sobre la sociedad Nueva Industria de Ganaderos, que produce la marca
de lecha Santa Mónica, afirma que se constituyó en 1988 y el notario fue
Matías Astengo.
Sobre la advertencia del Gobierno estatal de investigar el boletín
del Tesoro y en su caso tomar medidas en su contra, incluso
suspendiéndole el fíat, dijo que está dispuesto a que la Secretaría
General cumpla con su trabajo y haga lo que le corresponde.
El secretario general de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas
Landeros, había anunciado ese mismo día que dio instrucciones para
revisar la sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en
contra del notario público José Antonio Núñez Bedoya, y que, de
comprobarse algún ilícito, podrían hasta retirarle el fíat.
La acción del Tesoro, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas
Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), prohíbe en general a los
ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o
comerciales con los designados y congela cualquier activo que puedan
tener bajo jurisdicción de EE.UU.
El Gobierno de los Estados Unidos ya había nombrado a Ismael Zambada
García y el cártel de Sinaloa como narcotraficantes extranjeros conforme
a la Ley Kingpin en mayo de 2002 y abril de 2009, respectivamente,
involucrando a familiares y empresas.
A raíz de estas designaciones, tanto el rancho Puerto Rico como la
empresa Santa Mónica y la estancia Niño Feliz, fueron afectadas por las
autoridades mexicanas, pues sus cuentas bancarias fueron congeladas, lo
cual dio pie a un litigio que todavía se encuentra en los tribunales.
Ismael Bojórquez/ agosto 4, 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario