MÉXICO,
D.F. (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio
inicio a una investigación sobre presuntos abusos sexuales y robos
cometidos por efectivos del Ejército destacamentados en Tamaulipas
contra una adolescente de 15 años.
En un comunicado la CNDH
informó que por instrucciones de su presidente, Raúl Plascencia
Villanueva, visitadores adjuntos, una médica y una psicóloga se
trasladaron a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para atender a la menor,
presuntamente abusada sexualmente por dos miembros de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) y robada por otro elemento de la misma
dependencia.
Basado en notas periodísticas, el organismo señala en
su comunicado que la menor fue agredida el pasado 10 de julio en un
hotel de la ciudad fronteriza, por lo que Plascencia Villanueva ordenó
abrir una investigación de oficio.
Según el organismo, una vez que
se atienda a la menor, solicitará información a la Sedena y recabará
información sobre lo sucedido para después tomar una determinación que
podría derivar en una recomendación.
No es la primera ocasión en
que miembros del Ejército se ven involucrados en casos de abuso sexual
contra mujeres, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.
Los
casos más emblemáticos son los de dos mujeres indígenas del estado de
Guerrero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes
fueron abusadas sexualmente por miembros del Ejército en 2002.
Las
agresiones se registraron en la montaña de Guerrero, donde se extendió
la presencia militar con el argumento de la lucha contra el
narcotráfico.
Ambas mujeres mantuvieron vivas sus denuncias y las
llevaron hasta el máximo tribunal del continente americano –la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)– con las que lograron dos
condenas para el Estado mexicano por su responsabilidad internacional en
las violaciones cometidas contra las mujeres indígenas.
De
acuerdo con una solicitud de información ciudadana dirigida a la Sedena
en la que se pide el número de averiguaciones previas abiertas por
violaciones a derechos humanos contra civiles del 2000 al 2012, la
dependencia reconoció 36 víctimas, entre ellas dos hombres.
Según
esa documental pública, las entidades donde se cometieron los agravios
son: el Distrito Federal siete casos, en Guerrero cuatro; en Tabasco,
Veracruz y Baja California tres; en Sinaloa, Jalisco y Baja California
Sur dos, en Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Chiapas, Estado de México,
Sonora, Morelos, Colima y San Luis Potosí una.
La relación no
incluye el caso de 13 bailarinas abusadas sexualmente en Castaños,
Coahuila, en julio de 2006 y al menos cinco casos más durante una
incursión militar en Michoacán, en mayo de 2007.
De acuerdo con
el informe de la Sedena –folio 0000700071812 emitido por su unidad de
enlace– en los 36 casos se implicó a al menos 43 miembros del Ejército,
por parte de la Procuraduría de Justicia Militar, pero no indica cuál
fue el destino de los presuntos responsables de los abusos.
Tampoco incluye los casos emblemáticos de Rosendo Cantú y Fernández Ortega, por los que supuestamente se procesó a 120 soldados.
/ 5 de agosto de 2013)
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