Familias
cabeñas protestan por la apertura del casino La Fortuna en la conocida Plaza
Sendero, misma que desde un principio fue avalada por el gobierno perredista
del alcalde José Antonio Agúndez Montaño
Gerardo Zúñiga Pacheco
Cabo San Lucas, Baja
California Sur. Desde un principio, el gobierno del alcalde del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), José Antonio Agúndez Montaño, supo de la
instalación del casino La Fortuna en este destino de playa, cuando la compañía
Doblecar, S.A. de C.V. solicitó y tramitó una licencia de construcción para
registrar una obra de remodelación en la Dirección General de Planeación,
Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos.
En el formato de
solicitud quedó registrado debidamente el nombre del usuario, la descripción de
la obra, ubicación y teléfono; se entregó constancia de carta de posesión,
constancia de no adeudo de agua y de Impuesto Predial, así como la copia del
plano de la construcción, constancia de deslinde y autorización de uso de
suelo.
En el rubro de
descripción, quedó asentado que la obra de remodelación era de una casa de
juegos y apuestas, detallando el plano
estructural, instalaciones y arquitectónico de esta compañía originaria de
Monterrey, Nuevo León.
Datos recabados por
ZETA exponen que a principios de abril de 2013, el Departamento de Licencias de
Construcción fue el responsable de elaborar el trámite y revisar que se
cumplieran las necesidades técnicas, de seguridad y orden de una manera global,
en cuanto al diseño, construcción, reparación y ampliación de obras en base al
plan y programa de desarrollo urbano.
Terminó la obra y la
compañía Doblecar, S.A. de C.V. todavía tuvo tiempo de introducir mesas,
sillas, sillones, escritorios y todas las máquinas de juegos al azar, y hasta
colocar decoraciones en el interior de las instalaciones.
Peor aún, la casa de
juegos y apuestas puso el anuncio exterior con la leyenda La Fortuna, en cuyo
logotipo sobresale la figura de una máquina de juegos con iluminación
fluorescente.
De manera oficial,
nadie se había dado cuenta de esto, hasta que el 27 de julio, la presidenta de
la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monge, apareció
cerca de las diez de la mañana y, tras una convocatoria, protagonizó una
manifestación en contra de la apertura del casino La Fortuna en la conocida
Plaza Sendero de Cabo San Lucas.
Durante la protesta,
donde participaron padres de familias y niños, condenaron la puesta en marcha
de esa casa de juegos, sobre todo porque, recordó, “el Congreso local había
prohibido el 26 de marzo la instalación de más casinos en el estado, y
pareciera que fue todo lo contrario”.
Según el dictamen de
la XIII Legislatura, publicado en el Diario Oficial, los diputados aprobaron
por unanimidad reformar los artículos 14 y 148 de la Constitución Política del
Estado, donde quedó establecida la prohibición a las autoridades estatales y
municipales de otorgar permisos para uso de suelo y licencias de construcción a
empresas denominadas casinos, salas de sorteos, casas de juego o similares.
En su momento el
dictamen fue avalado por las comisiones de Enlace Legislativo y de Puntos
Constitucionales y de Justicia, quienes en su pronunciamiento conjunto,
expusieron que “no permitirán más casinos” por los problemas sociales y
económicos que estaban generando y el incremento de “jugadores problema”.
El caso desató una
serie de comentarios, como los del presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez,
quien analizó la situación desde la perspectiva jurídica y social.
En entrevista con
ZETA, consideró que el destino necesita orden, ya que el crecimiento
desordenado no solo genera problemas políticos, sino también sociales.
“Los empresarios
estamos obligados a respetar las leyes y normas, pero si alguien no está
haciendo caso, la autoridad tiene la obligación de hacerlas valer, basado en el
marco jurídico, porque se está sentado un precedente de desorden, el cual se
puede repetir con otras empresas en un futuro”, dijo Castillo.
El empresario señaló
que los diputados -quienes prohibieron la instalación de más casinos- también
están obligados a revisar que las leyes que aprobaron se ejecuten, e incluso la
Secretaría de Gobernación debe revisar este caso, porque ya se está generando
un problema social en la localidad.
La presión social
obligó a la Dirección de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Los Cabos a
tratar de emendar el error y pretender clausurar el casino cuatro días después
de la inauguración -29 de julio-, pero no pudo.
El representante
legal de la compañía exhibió el amparo 2412/2012/6Y, expedido el 2 de julio de
2013 por el Juez Segundo de Distrito en materia Civil y del Trabajo en el
Estado de Nuevo León, que a la letra dice:
“Se concede la
suspensión provisional para que se mantengan las cosas en el estado que se
encuentran, es decir, para que no sean desalojados, desposeídos, ni se lleve a
cabo el decomiso, sustracción, aseguramiento, incautación, secuestro o embargo
de bienes propiedad de la quejosa, siempre y cuando así lo acredite; ni su
ejecución con uso de la fuerza pública, cateo, rompimiento de caraduras, ni
tampoco se lleve a cabo la ejecución de proveídos, autos, socorros y
resoluciones señaladas tendientes a una violación a la privacidad domiciliaria,
allanamiento del centro de trabajo relacionada en la ubicación antes
mencionada. Todo lo anterior, no provenga del procedimiento administrativo que
en su caso se estuviera siguiendo”.
Cuando el
Ayuntamiento de Los Cabos pretendió clausurar el local con la fuerza pública,
todos fueron sacados del lugar y, expuestos al ridículo, el representante
amenazó con llamar a las fuerzas armadas si no se retiraban del lugar, al
violentar “un amparo federal”.
Sobre estos hechos,
el gobierno de José Antonio Agúndez Montaño aseguró que “como autoridad actuó
estrictamente apegado a la Ley, y clausuró jurídicamente el casino”. No
obstante, reconoció que La Fortuna opera ilegalmente porque carece de permiso
de apertura, operación y licencia de alcohol, y todos los días recibe a más de
300 personas en sus instalaciones.
Para concluir, el
alcalde citó que el casino no debe operar, porque lo cual “se está revisando
jurídicamente el caso para actuar en consecuencia”, ratificando su compromiso
con la legalidad, el Estado de Derecho y con la ciudadanía.
(SEMANARIO ZETA BCS / agosto
5, 2013 12:00 PM)
El infortunio de un casino en Los Cabos
Posted
agosto 5, 2013 12:00 PM by Gerardo Zuniga Pacheco
Familias cabeñas protestan por la apertura del casino La Fortuna en la conocida Plaza Sendero, misma que desde un principio fue avalada por el gobierno perredista del alcalde José Antonio Agúndez Montaño
Cabo San Lucas, Baja California Sur. Desde un
principio, el gobierno del alcalde del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), José Antonio Agúndez Montaño, supo de la instalación
del casino La Fortuna en este destino de playa, cuando la compañía Doblecar, S.A. de C.V.
solicitó y tramitó una licencia de construcción para registrar una obra
de remodelación en la Dirección General de Planeación, Desarrollo
Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos.
En el formato de solicitud quedó registrado debidamente
el nombre del usuario, la descripción de la obra, ubicación y teléfono;
se entregó constancia de carta de posesión, constancia de no adeudo de
agua y de Impuesto Predial, así como la copia del plano de la
construcción, constancia de deslinde y autorización de uso de suelo.
En el rubro de descripción, quedó asentado que la obra
de remodelación era de una casa de juegos y apuestas, detallando el
plano estructural, instalaciones y arquitectónico de esta compañía
originaria de Monterrey, Nuevo León.
Datos recabados por ZETA exponen que a principios
de abril de 2013, el Departamento de Licencias de Construcción fue el
responsable de elaborar el trámite y revisar que se cumplieran las
necesidades técnicas, de seguridad y orden de una manera global, en
cuanto al diseño, construcción, reparación y ampliación de obras en base
al plan y programa de desarrollo urbano.
Terminó la obra y la compañía Doblecar, S.A. de C.V.
todavía tuvo tiempo de introducir mesas, sillas, sillones, escritorios y
todas las máquinas de juegos al azar, y hasta colocar decoraciones en
el interior de las instalaciones.
Peor aún, la casa de juegos y apuestas puso el anuncio exterior con la leyenda La Fortuna, en cuyo logotipo sobresale la figura de una máquina de juegos con iluminación fluorescente.
De manera oficial, nadie se había dado cuenta de esto,
hasta que el 27 de julio, la presidenta de la Asociación de Padres de
Familia de Los Cabos, Adriana López Monge, apareció cerca de las diez de
la mañana y, tras una convocatoria, protagonizó una manifestación en
contra de la apertura del casino La Fortuna en la conocida Plaza Sendero de Cabo San Lucas.
Durante la protesta, donde participaron padres de
familias y niños, condenaron la puesta en marcha de esa casa de juegos,
sobre todo porque, recordó, “el Congreso local había prohibido el 26 de
marzo la instalación de más casinos en el estado, y pareciera que fue
todo lo contrario”.
Según el dictamen de la XIII Legislatura, publicado en
el Diario Oficial, los diputados aprobaron por unanimidad reformar los
artículos 14 y 148 de la Constitución Política del Estado, donde quedó
establecida la prohibición a las autoridades estatales y municipales de
otorgar permisos para uso de suelo y licencias de construcción a
empresas denominadas casinos, salas de sorteos, casas de juego o
similares.
En su momento el dictamen fue avalado por las comisiones
de Enlace Legislativo y de Puntos Constitucionales y de Justicia,
quienes en su pronunciamiento conjunto, expusieron que “no permitirán
más casinos” por los problemas sociales y económicos que estaban
generando y el incremento de “jugadores problema”.
El caso desató una serie de comentarios, como los del
presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio
Castillo Gómez, quien analizó la situación desde la perspectiva
jurídica y social.
En entrevista con ZETA, consideró que el destino
necesita orden, ya que el crecimiento desordenado no solo genera
problemas políticos, sino también sociales.
“Los empresarios estamos obligados a respetar las leyes y
normas, pero si alguien no está haciendo caso, la autoridad tiene la
obligación de hacerlas valer, basado en el marco jurídico, porque se
está sentado un precedente de desorden, el cual se puede repetir con
otras empresas en un futuro”, dijo Castillo.
El empresario señaló que los diputados -quienes
prohibieron la instalación de más casinos- también están obligados a
revisar que las leyes que aprobaron se ejecuten, e incluso la Secretaría
de Gobernación debe revisar este caso, porque ya se está generando un
problema social en la localidad.
La presión social obligó a la Dirección de Inspección
Fiscal del Ayuntamiento de Los Cabos a tratar de emendar el error y
pretender clausurar el casino cuatro días después de la inauguración -29
de julio-, pero no pudo.
El representante legal de la compañía exhibió el amparo
2412/2012/6Y, expedido el 2 de julio de 2013 por el Juez Segundo de
Distrito en materia Civil y del Trabajo en el Estado de Nuevo León, que a
la letra dice:
“Se concede la suspensión provisional para que se
mantengan las cosas en el estado que se encuentran, es decir, para que
no sean desalojados, desposeídos, ni se lleve a cabo el decomiso,
sustracción, aseguramiento, incautación, secuestro o embargo de bienes
propiedad de la quejosa, siempre y cuando así lo acredite; ni su
ejecución con uso de la fuerza pública, cateo, rompimiento de caraduras,
ni tampoco se lleve a cabo la ejecución de proveídos, autos, socorros y
resoluciones señaladas tendientes a una violación a la privacidad
domiciliaria, allanamiento del centro de trabajo relacionada en la
ubicación antes mencionada. Todo lo anterior, no provenga del
procedimiento administrativo que en su caso se estuviera siguiendo”.
Cuando el Ayuntamiento de Los Cabos pretendió clausurar
el local con la fuerza pública, todos fueron sacados del lugar y,
expuestos al ridículo, el representante amenazó con llamar a las fuerzas
armadas si no se retiraban del lugar, al violentar “un amparo federal”.
Sobre estos hechos, el gobierno de José Antonio Agúndez
Montaño aseguró que “como autoridad actuó estrictamente apegado a la
Ley, y clausuró jurídicamente el casino”. No obstante, reconoció que La Fortuna
opera ilegalmente porque carece de permiso de apertura, operación y
licencia de alcohol, y todos los días recibe a más de 300 personas en
sus instalaciones.
Para concluir, el alcalde citó que el casino no debe
operar, porque lo cual “se está revisando jurídicamente el caso para
actuar en consecuencia”, ratificando su compromiso con la legalidad, el
Estado de Derecho y con la ciudadanía.
