Este
jueves, 1 de agosto, el presidente de España, Mariano Rajoy, deberá
comparecer ante el Senado, instancia que domina el partido donde milita,
el Popular. La oposición política y un sector importante de la sociedad
peninsular esperan que el gobernante aclare su presunto involucramiento
en una trama de corrupción y de financiamiento ilícito al PP. Las
evidencias que han ido conociendo estos días los españoles tienen a
Rajoy contra la pared; pero, cobijado por su partido, el jefe del
gobierno podría salirse por la tangente y no rendirle cuentas a sus
gobernados.
MADRID (Proceso).- Mañana jueves, cuando Mariano Rajoy
comparezca ante el Senado español, aún no se conocerá el desenlace
judicial del caso Bárcenas –que sigue en fase de instrucción–; sin
embargo el presidente del gobierno acude a la cita forzado por la crisis
política y con escaso margen para explicar la trama de corrupción y
presunto financiamiento ilegal del Partido Popular (PP), que ha
gobernado España en tres legislaturas desde el regreso de la democracia.
Durante
dos décadas, grandes constructores y empresarios dieron sobornos
millonarios al PP a cambio de recibir contratos de obras y servicios en
las administraciones de ese partido, confirmó Luis Bárcenas en su
declaración ante el juez Pablo Ruz, el lunes 15, y en las cuatro horas
de conversación que antes sostuvo con el periodista Pedro J. Ramírez,
director del diario El Mundo.
Vinculado con el manejo financiero
del PP durante 20 años, primero como gerente y desde 2008 como tesorero,
Bárcenas entregaba periódicamente parte de ese dinero como sobresueldos
a la cúpula del PP, incluidos Mariano Rajoy (más de 320 mil euros entre
1997 y 2008, más 33 mil euros por otros conceptos) y posiblemente el
expresidente José María Aznar (Proceso 1893).
Es el mismo
mecanismo que el PP de la era de Aznar utilizó en los noventa con los
tesoreros Roberto Naseiro –a quien la justicia también le abrió una
investigación por financiamiento ilegal, que fue bloqueada
judicialmente– y Álvaro Lapuerta, antecesor de Bárcenas.
Bárcenas
puso en manos de Ruz nueve carpetas con amplia documentación y una
memoria electrónica con la información de los ingresos y movimientos de
por lo menos 8.3 millones de euros que entraron ilegalmente a las arcas
del PP.
Además el extesorero confirmó que dentro del PP funcionó
una comisión secreta que delineaba las políticas de infraestructura en
España a conveniencia de las grandes constructoras, líneas de acción que
luego eran plasmadas en su plan de gobierno y ejecutadas en los
ayuntamientos y comunidades autónomas o en el gobierno central.
De
acuerdo con esa declaración de Bárcenas y con un primer indicio
aportado el pasado 29 de mayo en declaración judicial por el empresario
Antonio Vilella, apoderado de la constructora Rubau, en dicha comisión
secreta participaban él y otros constructores y dirigentes del PP, como
Lapuerta y Bárcenas.
Entre 2007 y 2012 dicha comisión fue
presidida por Manuel Núñez Pérez, presidente del Tribunal de Cuentas de
España, la entidad pública responsable de fiscalizar los presupuestos de
los partidos políticos.
Las rogatorias que España giró a Suiza
revelaron que el tesorero, en prisión provisional desde el 27 de junio,
tenía 48 millones de euros en cuentas bancarias en el país helvético,
aunque aún no ha quedado claro si ese monto es sólo de su propiedad o
fondos del partido.
Aún falta por indagar, igualmente, sobre las
supuestas cuentas que Bárcenas tiene en Estados Unidos y en Uruguay
–país al que Ruz pidió investigarlas y bloquearlas– o sus inversiones en
Argentina, según los abogados de la acusación particular, Enrique
Santiago y Antonio Segura.
Tampoco este jueves 1 de agosto se
sabrá aún si las pruebas aportadas hasta ahora serán suficientes para
alcanzar a Rajoy, pero conforme se desarrolla la investigación de la
Audiencia Nacional y cotidianamente se publican las explosivas
revelaciones de Bárcenas, el presidente español está cada vez más
atrapado y va quedando clara su responsabilidad política en ese desaseo.
El
presidente del gobierno aún no termina las reformas que inició con su
llegada a La Moncloa en diciembre de 2011 para reforzar la economía en
recesión. Por eso Antonio Hernando, secretario de Relaciones
Institucionales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se
preguntó: “¿Con qué cara se va a dirigir a las instituciones alguien a
quien todos reconocen como el presidente de la corrupción?”
En
entrevista con la revista Tiempo, Hernando añadió en torno a la moción
de censura con la que su partido amagó al ejecutivo para obligarlo a
comparecer: “Ésta lo que pretende es recuperar la dignidad de la Cámara
(de los Diputados) para evitar que el PP, con su mayoría absoluta, se
dedique a rodearla. Queremos desbloquear el Congreso de forma que el
presidente tenga que dar explicaciones”.
“¡Que se vayan ya!”,
“Barbacoa de chorizos” (como llaman a los rateros), escribían en sus
pancartas los cientos de ciudadanos que protestaron con indignación en
días pasados en las inmediaciones de la sede del PP, en esta capital.
Las manifestaciones se extendieron a 30 ciudades.
En un país donde
las reformas de Rajoy han depauperado aún más a la población y no
muestran su prometida efectividad para recuperar el empleo, el
descontento ciudadano ya es evidente en las encuestas. El Mundo, diario
que ha desvelado información toral en el caso, publicó el domingo 21 que
83% de sus encuestados cree que el PP recibía dinero negro y repartía
sobres a sus líderes.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1917 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/31 de julio de 2013)
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