LA PERSISTENCIA DE LA NACIÓN YAQUI: ENTRE ANHELOS Y DESPOJOS

Primera de dos partes

Tonatiuh Castro Silva / Dossier Politico

Cuando un gobierno sonorense diga que ha logrado acuerdo con 9 de los 11, o con 11 de los 14 gobernadores yaquis, o mejor aún, cuando anuncie que la población de la etnia respalda las conversaciones entabladas, estaremos ante el inicio de la conformación de una sociedad sonorense cultural y políticamente armoniosa.

 Mientras tanto, la referencia a diálogos con "la mayoría de los gobernadores yaquis" –sean “legítimos” o no–, e inclusive, las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación basadas en ese tipo de alegatos, serán simple demagogia o expresiones viles de la judicialización de la democracia.

Procurando cabalidad, las autoridades deben plantearse la necesidad de actuar por encima de las diferencias gubernamentales internas, siendo incluyentes, si la concordancia de las partes se basa efectivamente en la justicia social. 

Suponer que los yoreme o yaquis viven en ocho pueblos, y que por lo tanto han de ser ocho los gobiernos a considerar, es torpe en términos de acciones de gobierno y de administración y procuración de justicia, ya que en algunos pueblos tradicionales desde hace más de veinte años han existido o existen dos o hasta tres gubernaturas.

 Por ello, aún cuando resultase momentáneamente cierto y franco el diálogo que las autoridades presumen en estos días, es imperativo sentenciar: mientras Sonora no reconozca su multiculturalidad y, como consecuencia, no se reconozca a los pueblos originarios la posesión legal y el derecho al usufructo de sus territorios, continuarán los conflictos culturales, económicos y políticos intrarregionales, ya sea de forma latente, o como expresión abierta y hasta sanguinaria, como ya ha ocurrido.

Sin asumir una voz profética, sino desde una perspectiva analítica, es posible anticipar que el próximo conflicto yaquis-sonorenses habrá de ocurrir en diez o quince años. 

Con base en los antecedentes históricos, y analizando el presente con ecuanimidad y no a partir de sesgos políticos, es inevitable advertir una posibilidad que, a juzgar por el tipo de política indigenista que continúa, seguirá siendo latente: la irrupción yaqui.

A través de los siglos, los yaquis se han sublevado intermitentemente, registrándose rebeliones en los años de 1740-41, 1764-67, 1825-27, 1832-33, 1840, 1867-68, 1889-91, 1902, 1912-13, 1918-19 y 1927-28. 

Si posteriormente no ha ocurrido un levantamiento armado, ha sido gracias a la restitución territorial cardenista; sin embargo, desde la década de 1970 y, principalmente, desde la última década del siglo XX, ha existido una constante inconformidad tanto entre la población, como entre los grupos de poder respecto a cómo los “yoris” han violentando sus derechos e ignorado sus necesidades. 

Hay que acotar además, que también han desdeñado su carácter de pueblo indómito.

Los yaquis son una de las etnias del mundo poseedoras de rasgos socio-estructurales que les dotan de nacionalidad, la cual ha llegado a tener un vigor económico tal que ha funcionado como motor de la región. En el periodo colonial, su economía fue el sostén de la evangelización desde Sonora hasta California. 

En el siglo XIX, incluso, hubo un momento en que los yaquis aplicaron un bloqueo económico al naciente Estado de Sonora, que carecía de la fortaleza que ellos ya habían logrado.

Hacia el final del periodo colonial, los yaquis se encargaron de dirigir su propia economía; disminuyeron su producción de trigo, maíz, garbanzo, lenteja, frijol y de ganado que les habían impuesto los jesuitas, puesto que lo producido se destinó básicamente al autoconsumo, pero, al igual que durante la Colonia, se mantuvieron intercambios con casi todos los distritos de Sonora. 

Con base en una sencilla tecnología, desarrollaron una industria textil que producía sarapes de lana, telas de lana y algodón, petates, sombreros de palma y escobas. 

Además, sus salinas abastecían a Sonora, Ostimuri y al norte de Sinaloa. Tras la sublevación de 1832, los yaquis suspendieron el abasto de sal a Sonora y Sinaloa, teniendo los sonorenses de la época que recurrir a Baja California.

Durante el periodo de la Reforma se alteró la economía autónoma yaqui; en un primer momento, se intentó colonizar su valle por su mano de obra, pero posteriormente, la ambición se dirigió principalmente a sus tierras. 

De ahí en adelante, los territorios sagrados pasaron a ser simplemente "terrenos baldíos" y, por lo tanto, susceptibles de colonización, política que continuó hasta el periodo posrevolucionario.

Lázaro Cárdenas reconoció legalmente a la etnia gran parte de su territorio del sur de Sonora, así como su autonomía política, el día 27 de octubre de 1937. 

Gracias a esto, miles de yaquis que durante el Porfiriato habían sido vendidos como esclavos a los hacendados del sureste mexicano, regresaron con su descendencia. 

Se asentaron en Hermosillo, principalmente en los barrios de El Coloso y La Matanza mientras se regularizaba la situación de sus tierras, y al ocurrir la anhelada regularización, en el año de 1940, la mayoría se trasladó a su territorio ancestral.

A pesar de poseer legalmente el territorio y, en consecuencia los recursos naturales ahí encontrados, así como el derecho de hasta el 50% del agua de la presa La Angostura, los yaquis viven en la pobreza. 

Si bien tal condición no es particular de la etnia –puesto que la tercera parte de los sonorenses la padecen–, en el caso de los pueblos originarios el factor de la etnicidad agudiza la profundidad y persistencia de los rasgos de la miseria. 

La “gente de razón”, entre la que predominan desde luego los terratenientes, pero que es un sector que también incluye a pequeños propietarios, ejidatarios y población rural en general, ha usurpado las tierras y el agua pertenecientes al pueblo yaqui.

Se le condicionó el usufructo del recurso hídrico conforme avanzara su agricultura, pero el estado jamás se ha ocupado de crear la infraestructura necesaria, ni de dotarlos de los factores indispensables para la producción, con base en una política económica intercultural, que parta del reconocimiento de la capacidad laboral de los miembros de la etnia, probada históricamente, para lograr su revitalización cultural y económica ¿Será que existe conveniencia en ese letargo?

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(DOSSIER POLITICO/ Tonatiuh Castro Silva / 2013-07-05)