La regidora
perredista, Sofía Mendoza Martínez, pareja del dirigente del PRD asesinado,
Arturo Hernández Cardona y la viuda de Armando Chavarria Barrera, Marta Obeso
en el velorio de los activistas en la sede del ayuntamiento.
EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
IGUALA, Gro.
(proceso.com.mx).- “El dolor no se calma
nunca, es un daño para siempre”, dijo la regidora perredista Sofía Mendoza
Barrera, quien a pesar de que desconfía del trabajo de las autoridades
ministeriales, exigió el esclarecimiento del crimen de los tres activistas
–entre ellos su pareja, el dirigente del PRD Arturo Hernández Cardona– quienes
ayer fueron encontrados asesinados a tiros en los límites de la zona norte y la
región centro de la entidad.
Mendoza Barrera
reprochó la falta de solidaridad de la dirigencia estatal de su partido y los
calificó de ingratos debido a que su pareja fue fundador del PRD en el estado.
También, dijo que
hasta el momento ninguna autoridad estatal se ha comunicado con ella para
informarle sobre algún indicio que permita esclarecer el triple crimen, que
ocurrió en un contexto de confrontación entre los activistas asesinados y el
alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Ayer fueron
localizados los cuerpos de Hernández Cardona y de Ángel Román Ramírez y Félix
Rafael Bandera sobre la carretera federal que conecta a las ciudades de
Chilpancingo e Iguala, en las inmediaciones del poblado Colonia Valerio
Trujano, municipio de Tepecoacuilco.
De acuerdo con los
dictámenes forenses, los activistas presentaban impactos de bala en la cabeza y
diferentes partes del cuerpo, además de huellas de tortura. Dos de ellos fueron
ejecutados al menos dos días antes del hallazgo, según los documentos oficiales
consultados.
También, en la
escena del crimen dejaron el siguiente narcomensaje: “Esto me pasó por
chaquetero. Vengan a recoger su basura. Atte. La Garra de Guerrero Leonor Nava.
Los Rojos”.
Al respecto, Sofía
Mendoza sentenció: “El crimen de los compañeros es político porque su actividad
era pública y no vamos a permitir que se les pretenda involucrar con el crimen
organizado”.
En entrevista, Sofía
Barrera demandó que el caso sea atraído por la PGR ante la desconfianza hacia
las autoridades ministeriales estatales y reprochó la falta de certeza de la
administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Ello debido a que
desde que reportaron la desaparición de los ocho activistas el viernes 31 -tras
una protesta realizada un día antes en Iguala para exigir obra pública y
fertilizante al alcalde perredista y una audiencia con el gobernador- no hubo
una respuesta oportuna de las autoridades estatales, afirmó Barrera Mendoza.
Por ello, consideró que
el triple crimen se pudo evitar si las autoridades ministeriales hubieran
implementado una estrategia de búsqueda adecuada, que incluyera el rastreo
satelital de los teléfonos móviles de las víctimas.
Durante el
transcurso del día, dirigentes perredistas y personas vinculadas con la
izquierda arribaron a la sede del ayuntamiento de Iguala, donde desde ayer
están velando los cuerpos de los tres activistas asesinados.
Por segundo día
consecutivo se suspendieron las labores y servicios administrativos en el
edificio que ayer fue destrozado por familiares y amigos de las víctimas tras
enterarse que habían sido encontradas asesinadas.
El ambiente en la
ciudad es de zozobra debido a que esta mañana se rumoró que había sido
encontrado el cuerpo de otro activista, pero la información fue rechazada por
autoridades ministeriales.
En tanto, los
comerciantes del centro abrieron sus negocios con incertidumbre, pues temen que
las acciones de protesta de los miembros del Frente Unidad Popular se
radicalicen.
Se espera que el
sepelio se realice a las 16:00 horas en esta ciudad donde el incesante sol
refleja el coraje e impotencia de los familiares de los activistas ejecutados.
Al respecto, la
regidora perredista Sofía Barrera señala que primero está la demanda de justicia
y después los integrantes del movimiento social, denominado Frente de Unidad
Popular, determinarán si se retiran del ayuntamiento o permanecen ahí como
medida de presión.
En este sentido,
dijo que las investigaciones ministeriales determinarán si el acalde de Iguala,
José Luis Abarca Velázquez, tiene responsabilidad en los hechos o si se le
deslinda del caso.
(PROCESO/ EZEQUIEL
FLORES CONTRERAS/ 4 DE JUNIO DE 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario