Los socios
cetemistas de una ruta de camiones aseguran que el grupo de su líder de la CTM,
Ismael Flores, los despojó de los derechos que tienen sobre la empresa
operadora, cuyo valor asciende a más de 20 millones de pesos
Javier
Estrada
Hace más de 25 años
la ruta 326 fue fundada por choferes y obreros que la vieron consolidarse en
una importante flotilla de camiones.
Pero ahora, la mitad
de los socios fundadores acusan públicamente que quieren separarlos de la
empresa que opera la ruta, por pedir cuentas claras a un grupo vinculado con el
líder estatal de la CTM, Ismael Flores Cantú.
Éste lo encabeza el
transportista Javier Pérez Silva, a quien denuncian de fraude y de contar con
la protección del dirigente cetemista y del secretario de la Federación Estatal
de Auto Transportes (FEAT) Juan Méndez Domínguez.
La pugna dentro del
gremio sindical se desata en medio del conflicto que sostiene el secretario
general de la central obrera con el Gobierno del Estado.
Diferencia que,
incluso, se trasladó a la discusión por la revisión de las tarifas del
transporte y que por ello ha pegado en los bolsillos de los usuarios.
Los accionistas
aseguran que con la protección de Flores Cantú, el transportista obtuvo
ilegalmente un poder general de dominio sobre la empresa.
Porque lo hizo sin
la aprobación de todos los socios.
Y que con ese poder,
Pérez Silva realizó operaciones financieras irregulares y ruinosas.
Entre los 24
camiones de la flotilla, dos edificios y la concesión con la que opera la
empresa, el valor de la ruta supera los 20 millones de pesos y tiene un ingreso
promedio de 1.5 millones mensuales.
Sin embargo, los
denunciantes dicen que el presunto defraudador quiere liquidarlos a cada uno
con 30 mil pesos porque supuestamente la empresa está quebrada, a pesar de que
algunos han trabajado en la ruta durante más de dos décadas.
Seis de los 12
accionistas aseguran a Reporte Índigo que Pérez Silva obtuvo el poder de la
sociedad “Unión de Propietarios de Microbuses Infonavit-Moderna-Centro, Ruta
326”, mediante una fraudulenta asamblea extraordinaria de socios.
El supuesto acto se
llevó a cabo el 19 de abril de 2005 y, entre las decisiones que aparentemente
se tomaron, fue la de otorgar esas facultades a Pérez Silva.
El notario público
número 116, Ramiro Garza Ponce, protocolizó la asamblea que quedó inscrita en
la escritura pública número 6 mil 993, en la que se supone comparecieron todos
los socios.
Aún así, la mitad de
ellos asegura que nunca fueron convocados a esa presunta asamblea.
Además, señalan que
se realizó en la “Casa del Obrero”, donde se encuentran las oficinas centrales
de la CTM en Monterrey, cuando debió celebrarse en el domicilio de la
concesionaria, en San Nicolás de los Garza.
Macario Mendoza Rodríguez,
uno de los que inauguraron la ruta y que luego fundó en 1997 la empresa que
ahora la opera, es uno de los que desconocen esa asamblea.
El socio ha exigido
cuentas de los malos manejos administrativos de Pérez Silva y su grupo pero,
según él, el transportista lo amenazó con separarlo de su cargo si continúa con
sus demandas.
“Javier Pérez fue el
que consideramos que nos ha hecho fraude por malos manejos que ha habido. Él en
realidad nunca nos ha dado cuentas, siempre nos ha dicho que no hay ganancias.
“(El año pasado)
acudimos a la Federación con el señor Juan Méndez para cambiar de
administración, pero Juan Méndez no quiso cambiarlo, manifestando que este
señor era colaborador de Ismael Flores”, cuenta.
Recuerda que desde
enero pasado han querido contactar al líder sindical para plantearle la
situación, pero que no ha habido respuesta, a pesar de que la ruta está
afiliada a la central obrera y que en ella se dirimen estas controversias.
“No hemos tenido una
respuesta del señor Ismael Flores”, recalca Mendoza Rodríguez, “siempre he sido
cetemista y no tengo nada en contra de la CTM, lo que tengo en contra es a
Javier Pérez, porque él está haciendo mal”.
Los socios afirman
que la ruta fue fundada con 65 permisionarios, pero que ahora sólo quedan 12
socios.
Muchos de ellos,
según los inconformes, han sido liquidados por el propio Pérez Silva o
disuadidos para que no continúen en la empresa.
Los hermanos
Servando y Benjamín Alvarado Zapata también están en contra de los malos
manejos y hacen un llamado al líder cetemista para que atienda el conflicto
obrero.
“Quieren vender la
ruta sin consentimiento de nosotros”, dice Servando, quien durante 14 años se
ha desempeñado como operador y despachador de salidas de camiones.
“Queremos una cita
con Ismael, para que nos haga justicia y oiga nuestros reclamos”.
El socio fundador
Carlos Alberto Zavala Campos, acusa que el otro 50 por ciento de los
accionistas son prestamistas de Pérez Silva.
Este grupo, de
acuerdo con él, es el que les exige pagar una supuesta deuda de cerca de 15
millones de pesos.
“Supuestamente son a
los que les debemos y ahora en la junta (de accionistas pasada) que hicieron,
dan a entender que se quieren adjudicar la mitad de la ruta como pago.
“Cada vez que un
socio se quería ir nosotros teníamos que aportar, hemos liquidados socios,
ahora que somos 12 todos nos han costado, imagínate nada más el dinero que
hemos estado pagando”.
Excesos sobre ruedas
La ruta 326 resultó
ser una mina de oro para el grupo vinculado con los líderes sindicales de la
CTM y la FEAT.
Los accionistas
inconformes ofrecen como pruebas de los malos manejos los estados financieros
de marzo y abril de este año, los únicos a los que han tenido acceso.
El despilfarro en
esos dos meses hizo que la sociedad cerrara en números rojos.
Por ejemplo, en
marzo percibió ingresos por 1 millón 396 mil pesos, pero los egresos
ascendieron a 1 millón 494 mil pesos.
Abril cerró con
ganancias por 1 millón 518 mil pesos y con gastos que sumaron 1 millón 636 mil
pesos.
Los concesionarios
sostienen que las pérdidas se deben a gastos innecesarios y personales de Pérez
Silva y sus colaboradores.
Entre ellos, señalan
pagos por comida para perro, convivios del propio Juan Méndez Domínguez, shows
de comedia, eventos deportivos, abonos de préstamos que desconocen los socios,
desayunos y rentas de inmuebles ajenos a la operación de la empresa.
“Si no hay dinero,
si la empresa no está dando utilidades, ¿para qué hace pachangas? Tiene un
departamento que rentó y cada semana tiene pachanga”, cuestiona Mendoza
Rodríguez.
En los estados
financieros también se pueden encontrar compras de boletos para peleas de box,
recargas de tiempo aire para celulares, gastos relacionados con futbol y viajes
de pesca.
Los socios dicen que
el grupo que se apoderó de la empresa no reparte utilidades y exigen una
auditoría externa a las finanzas.
Armando Alcocer
Juárez y José Eliuth Mendoza Rodríguez, quienes tienen 20 años de experiencia
en la ruta, se unen a esa exigencia.
“Nunca nos ha
entregado ingresos y egresos, siempre se ha hecho valer por los compañeros de
la CTM”, comenta José Eliuth, hermano de Macario.
DESCONOCE FRAUDE, ACEPTA VÍNCULOS
El transportista
Javier Pérez Silva evadió dar explicaciones en torno a las acusaciones de
fraude y malos manejos administrativos en la ruta 326, pero no negó su
vinculación con los líderes sindicales Juan Méndez e Ismael Flores.
“Bueno, la ruta
pertenece sindicalmente a la FEAT y de filiación pertenece a la CTM”, se limitó
a decir el transportista vía telefónica.
Tajante y parco en
sus respuestas, el apoderado de la sociedad aseguró que la asamblea que los
accionistas señalan como fraudulenta, en verdad fue consentida por todos los
socios.
“¿Qué le puedo
decir? Mire, ahorita ando fuera de la ciudad, pero volviendo déjeme checar bien
ese asunto, pero en todas (las asambleas) han firmado”.
También se negó a
responder sobre el despilfarro financiero en la ruta y la supuesta deuda de 15
millones de pesos que rechaza la mitad de los socios.
“Desconozco yo todo
eso, yo creo que mejor cuando llegue hablamos”, sostuvo, “debería sentarme a
ver en realidad las cuentas”.
(REPORTE
ÍNDIGO/ JAVIER ESTRADA/ Martes 4 de
junio de 2013)
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