Los
hijos del expresidente Alberto Fujimori, Kenji y Keiko, están en
aprietos: Pretenden que el gobierno peruano excarcele a su padre, de
quien dicen que está gravemente enfermo, pero un caso recientemente
descubierto de contrabando de drogas apunta a una empresa de la que
Kenji –actual integrante del Congreso de Perú– es socio. El escándalo
mina también la pretensión de Keiko de ser candidata presidencial dentro
de tres años. Pero a estas alturas nadie se sorprende: El gobierno
fujimorista tiene un largo historial de corrupción y de estrechas
relaciones con los cárteles sudamericanos de la cocaína.
Angel Páez/ Proceso
LIMA
(Proceso).- La noticia del hallazgo de un alijo de 100 kilos de cocaína
en un almacén propiedad del congresista Kenji Fujimori llegó en el peor
momento para el hijo menor del expresidente Alberto Fujimori (quien
gobernó Perú de 1990 a 2000), pues aquél y su hermana Keiko mantienen
una campaña de presión para que el gobierno peruano indulte al
exmandatario.
Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión
por crímenes de lesa humanidad y corrupción, y sus hijos luchan por
excarcelarlo aduciendo que el expresidente peruano está gravemente
enfermo. Sin embargo un reporte médico oficial señala que no padece una
enfermedad terminal.
El caso de Kenji Fujimori desempolvó las viejas acusaciones de vinculación entre el narcotráfico y el fujimorismo.
El
pasado 28 de febrero agentes antidrogas de Panamá encontraron en el
puerto Coco Solo, provincia de Colón, 28 kilos de cocaína escondidos en
un contenedor que había salido del puerto del Callao, Perú, con destino a
México. La policía panameña dio aviso a su contraparte peruana, que
comenzó la búsqueda de otras exportaciones sospechosas.
El 11 de
marzo los agentes peruanos descubrieron otro contenedor listo para
embarcarse a Manzanillo, Colima. El cargamento de 100 kilos de cocaína
estaba oculto en un almacén de la compañía Limasa, propiedad de Kenji
Fujimori.
La empresa Limasa no era desconocida para las
autoridades. José Begazo Ramos y Marco Ynaba Reyna la fundaron en 2009
luego de deshacerse de otra compañía que también administraba almacenes,
Licsa, a la que desactivaron pues estuvo implicada en varios casos de
narcotráfico.
El 27 de octubre de 2005 la policía de Manzanillo
descubrió mil 396 kilos de cocaína camuflada en un cargamento de
condimentos que había salido del almacén de Licsa.
El 2 de febrero de
2006 en el puerto alemán de Bremerhaven agentes antinarcóticos
detectaron 325 kilos de droga en sacos de café que estuvieron
almacenados en Licsa.
El 25 de julio del mismo año, policías
antinarcóticos de Valencia, España, hallaron 513 kilos de cocaína en una
exportación de piñas peruanas. El cargamento estuvo previamente
guardado en almacenes de esa empresa.
Begazo e Ynaba crearon Limasa, pero esta vez incorporaron como socio a Kenji Fujimori.
Si
bien la fiscalía no pudo probar la complicidad de Begazo e Ynaba en los
despachos de droga que salieron de Licsa y archivó el expediente que
había abierto contra ellos, el hallazgo de cocaína en un almacén de la
nueva compañía de los socios de Kenji Fujimori obligó a las autoridades a
investigarlos otra vez.
Los 100 kilos de droga encontrados en el
almacén de Limasa complicarán el buscado indulto para el expresidente y
pondrán en riesgo la carrera política de Kenji Fujimori y la ansiada
candidatura presidencial de su hermana Keiko en 2016.
Empresa boyante
Kenji
Fujimori reaccionó con el argumento de que le parecía “sospechoso” que
la policía antidrogas descubriera cocaína en el almacén de una empresa
de su propiedad “justamente cuando esperamos que el gobierno responda a
la petición de indulto humanitario para mi padre, que se encuentra muy
enfermo”.
Lo que llamó la atención de la opinión pública fue que
el hijo de Fujimori aceptara ser dueño de Limasa pues durante su campaña
electoral, en 2011, dijo otra cosa.
Cuando un ciudadano peruano
busca un cargo público debe firmar una declaración bajo juramento ante
el máximo tribunal –el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)–, donde
informa sobre sus bienes e ingresos, estudios y antecedentes policiales y
judiciales, entre otros rubros.
En esa oportunidad Kenji Fujimori
no registró que es accionista de Limasa. La prensa descubrió que había
ocultado la propiedad. En respuesta, Fujimori alegó que había vendido
sus acciones a su compañero de partido Miguel Ramírez, quien también era
candidato.
Ahora que se sabe del hallazgo de cocaína en los
almacenes de Limasa, Fujimori tuvo que admitir que todavía es dueño de
21% de las acciones. Es decir que le mintió al JNE. Sin embargo Fujimori
rechazó que lo investigaran y repitió el guión de que el operativo
antidrogas en su empresa era una conspiración diseñada para dañar la
campaña a favor del indulto de su padre.
El expresidente del Congreso y diputado oficialista Daniel Abugattás cuestionó la afirmación de Kenji Fujimori.
“No
quiero adelantarme a acusar al congresista Fujimori, pero negarse a una
investigación ante un caso tan grave como narcotráfico no lo beneficia
de ninguna manera. Creo que para su propio bien, como para su partido y
la política peruana, el caso tiene que aclararse y él debe ser el
primero en pedir que se investigue”, dice Abugattás a Proceso.
Uno
de los motivos por los que las autoridades antidrogas investigaron a
Limasa es el sorprendente incremento de su capital en un tiempo muy
corto.
Según el historial de la compañía –que consta en la
Superintendencia de Registros Públicos–, comenzó sus actividades el 12
de agosto de 2009 con un capital de 14 mil dólares.
Tres meses después,
el 2 de noviembre del mismo año, los accionistas aumentaron el capital a
110 mil dólares. Luego de un año, el 30 de diciembre de 2010, lo
elevaron a 381 mil 238 dólares.
El 28 de junio de 2012 subió a 544 mil
626 y el 22 de noviembre de ese año ya era de 1 millón 100 mil dólares.
De
acuerdo con fuentes de la División de Investigación de Lavado de
Activos de la Policía Antidrogas, el paulatino incremento del capital de
Limasa es suficiente motivo para emprender una investigación.
“Si
hablamos de personas que son propietarias de almacenes en los que en
varias ocasiones se encontró droga, la lógica más elemental indica que
amerita una revisión de sus bienes y rentas para comprobar si son
lícitos”, dicen a Proceso fuentes policiales.
Para el vocero de la
bancada parlamentaria fujimorista, Julio Gagó Pérez, Fujimori no tiene
ninguna responsabilidad por ser accionista de Limasa: “Es totalmente
injusto investigarlo porque a Kenji Fujimori no se le ha encontrado ni
droga ni nada. Él es accionista minoritario de Limasa, no tiene ningún
cargo directivo, tampoco es el gerente general y mucho menos es el
representante legal. Las empresas como Limasa sólo almacenan
temporalmente los contenedores que llegan sellados, no pueden revisar su
contenido. No se les puede responsabilizar por algo que desconocen”,
explica a este semanario.
El hijo pródigo
Kenji
Fujimori es un caso excepcional de empresario exitoso. Nacido el 19 de
mayo de 1980, cuarto y último hijo del expresidente, se graduó como
agrónomo por la Universidad Estatal de Kansas en 2004. En 2006 fundó la
empresa de seguridad Mak Force con exmilitares que fueron parte del
régimen de su padre. En 2009 se hizo accionista de Limasa. No ha
declarado hasta el momento de dónde obtuvo el capital. En la declaración
jurada que presentó ante el JNE dijo que obtenía como ingreso mensual 4
mil dólares.
Sin embargo las autoridades tienen una pista sobre el posible origen del dinero que maneja Kenji Fujimori.
Para
financiar los estudios de Kenji en Kansas, en 1998 Alberto Fujimori
vendió un inmueble y le giró a su hijo un cheque por 83 mil 687 dólares.
Peritos de la Contraloría General de la República comprobaron que el
hijo del expresidente en vez de destinar el dinero a su preparación
académica lo depositó en una cuenta en la sucursal de Panamá del Banco
do Brasil a nombre de su tío Víctor Aritomi Shinto, exembajador de Perú
en Japón (1990-2000).
Aritomi está prófugo. Los tribunales lo
requieren para que responda por varias acusaciones de corrupción. Hasta
ahora Kenji Fujimori no ha explicado por qué le entregó los fondos a su
tío.
Desde que se graduó en Estados Unidos en 2004 hasta su
elección como congresista en 2011, Kenji Fujimori sólo ha trabajado en
empresas de su propiedad, lo mismo que su hermana Keiko, también
salpicada por escándalos de narcotráfico.
En 2006, durante la
campaña electoral en la que participó como candidata al Congreso, Keiko
Fujimori recibió 10 mil dólares como donativo de las hermanas Ana y
Mariana Martínez Moreno, hijas del empresario pesquero Eudocio Martínez
Torres, en una de cuyas embarcaciones se encontró droga. En 2000
Martínez y sus hijas habían sido acusados de narcotráfico y encarcelados
mientras esperaban juicio.
Las hermanas Martínez recurrieron a
Keiko por conducto de un amigo en común para denunciar que su padre era
víctima de una extorsión de Vladimiro Montesinos (funcionario de
seguridad de Alberto Fujimori). La hija del entonces presidente creyó la
versión.
Como lo ha reconocido la propia Keiko Fujimori, aun sin
conocerlas personalmente intercedió por las hermanas Martínez ante su
padre –cuando era presidente– para que las dejara en libertad. En 2000,
poco antes de terminar su gobierno, Fujimori usó la figura del indulto
para excarcelar a Ana y Mariana Martínez antes de que fueran juzgadas.
En 2002 una comisión investigadora del Congreso concluyó que la acción
de Fujimori fue ilegal.
No debe sorprender que la sombra del narco
persiga a los hijos del exmandatario Alberto Fujimori, si se tiene en
cuenta que durante la década del régimen de éste las mafias penetraron
hasta el Palacio de Gobierno.
El 16 de agosto de 1996, extraditado
de Colombia, el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, Vaticano,
declaró ante un tribunal que le pagaba 50 mil dólares mensuales al
asesor de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, para que lo
dejara despachar vuelos de cocaína desde la localidad selvática de
Campanila. Vaticano también dijo que cuando se negó a pagar un aumento
de 100 mil dólares, Montesinos lo amenazó de muerte, por lo que tuvo que
huir del país.
La mayoría fujimorista que controlaba en ese
momento el Congreso se negó a investigar a Montesinos, el jefe real de
los servicios secretos. De haberlo hecho podría haber descubierto sus
millonarias cuentas secretas en Suiza.
En la misma ocasión
Vaticano también acusó de recibir sobornos al número tres del régimen,
el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y jefe del
Ejército, el general Nicolás Hermoza Ríos, quien hoy purga condena por
varios delitos de corrupción.
El 1 de abril de 1999 la policía
incautó 2.3 toneladas de cocaína de la organización Los Camellos,
liderada por el panameño residente en Lima, Boris Foguel y Suengas. El
narcotraficante escapó a su país, donde declaró a las autoridades que
pagaba sobornos de 100 mil dólares a Montesinos para trasladar la
cocaína en helicópteros del ejército y para franquearle la salida de
contenedores de droga al exterior por el puerto del Callao.
Perseguido
por las acusaciones de vinculación con el narco, el 21 de agosto de
2000 Alberto Fujimori organizó una conferencia de prensa en el Palacio
de Gobierno para anunciar una exitosa acción de inteligencia de su
asesor Montesinos: La captura de una banda internacional de traficantes
que había usado falsamente el nombre del ejército peruano para comprar
100 mil fusiles Kalashnikov a Jordania y desviarlos a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia.
Las investigaciones
posteriores revelaron que los organizadores del contrabando, los
hermanos Luis y José Aybar, actuaron por órdenes de Montesinos. También
se determinó que los Aybar vendieron cocaína para financiar la
operación.
/ 2 de mayo de 2013)
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