LAS PATALETAS DE LA DEA

Raymundo Riva Palacio

En los 40 años de operaciones secretas en México, este es el mejor momento para darle un golpe a la arrogancia y las actividades delictivas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, conocida por su acrónimo DEA. 

 

El gobierno mexicano ya cerró la puerta a la intromisión galopante que tuvieron en la administración de Felipe Calderón, con el respaldo del presidente Barack Obama, que dijo a su colega Enrique Peña Nieto que apoyaría cualquier decisión que tomara, porque la seguridad en México, subrayó, corresponde decidirla a los mexicanos. 

 

La DEA debe estar revolcándose de la rabia, según se puede colegir por la información que filtró a los medios de Estados Unidos tras el encuentro presidencial de la semana pasada.

Es tiempo no sólo de pararlos y controlarlos. Durante varios sexenios pretendieron dirigir la lucha contra las drogas en México, pero fueron frenados en seco. Exigieron que se les permitiera portar armas, pero no se les autorizó. 

 

El acotamiento legal no impidió que enviaran agentes encubiertos para penetrar a los cárteles de la droga, y uno de ellos, Enrique Camarena Salazar, les dio sentido a su misión.

 

 Al “Kiki” Camarena, como lo llamaban sus compañeros, lo mandaron matar los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca en febrero de 1985, menos de tres meses después de que se descubriera el rancho “El Búfalo”, en Chihuahua, donde se decomisó el mayor volumen de marihuana en la historia del narcotráfico.

Su asesinato dio origen a la “Operación Leyenda”, la mayor investigación que haya montado jamás la DEA, que apoyada años después por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que le permitía a la justicia de esa nación la extraterritorialidad, secuestraron en México en 1990 al doctor Humberto Álvarez Macháin, quien afirmaban mantuvo con vida a Camarena mientras lo torturaban. 

 

Detrás de esa cacería desatada en México se ocultó que el agente de la DEA, de acuerdo con funcionarios mexicanos de la época, en realidad era un doble agente, que al ser descubierto por los jefes del cártel, lo mandaron a asesinar por traición.

La “Operación Leyenda”, sin embargo, fue lo que necesitaba la DEA para imponerse a otras agencias de inteligencia que operaban en México, en poder, influencia y presupuesto. 

 

No le importó cruzar la línea y mentir para obtener beneficios, como la acusación contra Manuel Bartlett, secretario de Gobernación cuando el asesinato de Camarena, fincada en un testigo protegido, Víctor Lorenzo Harrison, quien después de dos años de acusaciones contra funcionarios mexicanos, aceptó en una corte de Los Angeles que había mentido.

El fiasco no inhibió a la DEA, que volvió a utilizar testigos protegidos. Con uno de ellos incubó la idea que el hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas, estaba involucrado con el narcotráfico. 

 

Ese testigo, ex capitán de la Marina, fue rechazado por la DEA por la magnitud de mentiras –aunque la agencia nunca lo desautorizó-, ofreció contar su dicho a periodistas a cambio de 500 mil pesos. Varios lo rechazaron por no fiable, aunque finalmente logró que uno de los periódicos importantes de México le creyera.

La historia de las arbitrariedades de la DEA y del cruce permanente de la línea entre lo legal y lo ilegal –su vinculación en México con algunos cárteles, o en Colombia con el de Cali-, no fue motivo de alerta cuando la PGR, en el gobierno de Calderón, le abrió la puerta para que utilizaran armas, participaran en operaciones y, gradualmente, ganaran sus agentes prioridad para entrevistar a detenidos antes del Ministerio Público federal. 

 

La ex procuradora Marisela Morales deportó a cuantos criminales querían, a cambio de que les dieran acceso a información como la de “Jennifer”, el testigo protegido de la DEA más famoso en la historia del narcotráfico en México, y razón del desmoronamiento de una parte importante de la lucha contra las drogas en el gobierno pasado. 

 

Si hay responsabilidades que los mexicanos tendrán que enfrentar, la DEA no es inocente. En muchos sentidos es la gran culpable del desastre que vive la procuración de justicia mexicana, por lo que no debería quedar impune.

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