Juez de Tamaulipas ordena a Gobernación desconocer
cualquier relación de la empresa de los ex funcionarios de Segob con la
permisionaria de casinos Emex. Cerrarían 19 casinos en el país, dos de ellos en
Monterrey
César Cepeda
Un juez propinó un
golpe a la mafia de ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación que
traficaron con permisos falsos de casinos durante el sexenio encabezado por el
ex presidente Felipe Calderón.
La resolución
judicial vendría a confirmar el despojo de permisos de centros de apuestas que
orquestó la red criminal integrada por Juan Iván Peña Neder, Guillermo
Santillán y Roberto Correa, ex funcionarios de la Segob en la pasada
administración federal.
El pasado 26 de
marzo, el Juzgado Segundo Civil de Tamaulipas reconoció a Juan Manuel Pérez
Bustos como representante legítimo de la operadora Producciones Móviles.
Esta sentencia
permitió a Pérez Bustos celebrar un convenio judicial con la empresa
Entretenimiento de México para dar por concluido el convenio que reconocía a
Producciones Móviles como una operadora de Emex ante la Secretaría de
Gobernación.
Este convenio quedó
inscrito en el expediente 338/2012, y el fallo según el representante legal de
Producciones Móviles, tiene carácter de cosa juzgada.
El juez notificó de
esta resolución a la Secretaría de Gobernación para que deje sin efecto legal
la relación contractual que existía entre Emex y Producciones Móviles y
requirió a la Dirección de Juegos y Sorteos para que actualice esta información
en sus archivos.
En la página de
internet de la Dirección de Juegos y Sorteos aparece Producciones Móviles como
una de las operadoras de casinos reconocidas de Emex, propiedad de los hermanos
Juan José y Arturo Rojas Cardona.
Sin embargo, en el
mismo reporte oficial Producciones Móviles aparece como una empresa con permiso
para instalar 40 centros de apuestas en México, gracias a una resolución
administrativa que se concretó en los últimos minutos del gobierno de Calderón.
Este fallo judicial
en contra de la mafia casinera se suma a la suspensión que otorgó hace dos mes
un juez federal en el juicio de amparo 1151/2012, promovido en el Juzgado
Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León.
El juez de
Tamaulipas obligó a la Dirección de Juegos y Sorteos a suspender los 40
permisos para instalar casinos que maneja Producciones Móviles en el país.
En entrevista, Juan
Manuel Pérez Bustos, representante legal de Producciones Móviles, señala que esta
sentencia judicial desvincula completamente a su empresa con Entretenimiento de
México dejando sin efectos legales el convenio de asociación que celebraron
ambas compañías.
Pérez Bustos afirma
que tras este fallo la Secretaría de Gobernación tiene que cerrar los centros
de apuestas que operan con este permiso ilegal, que suman 19 en todo el país.
“Los debe de cerrar.
Son ilegales. No puede sostener una ficción jurídica la autoridad respaldando
la colusión que pudo haber tenido Santillán, Correa y Peña Neder con el sexenio
anterior con Segob”, señala Pérez Bustos.
“La Secretaría de
Gobernación debería de cerrarlos primeramente porque quienes están
desarrollando las actividades de casinos en cualquiera de las ciudades de la
República Mexicana no lo hicieron con la persona que tenía la legitimidad”.
El representante
legal de Producciones Móviles asegura que detrás de la ficción jurídica que se
montó para darle carácter de permisionaria a su compañía de manera ilegal están
Juan Iván Peña Neder, Fernando Santillán y Roberto Correa.
Estos personajes han
sido denunciados ante Reporte Indigo por Talía Vázquez, exesposa de Peña Neder,
quien está actualmente preso acusado de violación en el estado de Michoacán.
“El permiso como tal
no debió de haberse expedido porque para empezar, quienes promovieron e
hicieron toda esta situación, está Guillermo Santillán, Juan Iván Peña Neder y
Roberto Correa, buscando valer derechos de una operadora, hacen a un lado en la
Secretaría de Gobernación y pasan por alto y le otorgan y le reconocen esa
facultad a diversas personas que nunca tuvieron esa representación.
“Un juez, un
tribunal, un juez, un tribunal, todos han concluido que tu servidor es el
representante legal de Producciones Móviles, que ellos lo que hicieron fue una
ficción jurídica para hacer y prevalecer derechos que tuvo como operadora
Producciones Móviles”.
El día de ayer Pérez
Bustos publicó un desplegado donde denuncia que este fallo judicial confirma la
colusión que existió entre las personas que se apropiaron ilegalmente de
Producciones Móviles con funcionarios de la Segob del pasado sexenio.
Como parte de esta
colusión, el representante legal de Producciones Móviles denuncia que la
documentación que ha ingresado en la Dirección de Juegos y Sorteos entre escritos,
quejas y denuncias ha desaparecido de la dependencia federal.
“No hay nada en el
expediente, ni como Producciones Móviles, como operadora, ni como
permisionaria. La información ha
desaparecido hasta antes del 1 de diciembre”.
AFIRMAN QUE JUICIO
ESTÁ INCONCLUSO
El litigio entre las
empresas Producciones Móviles y Entretenimiento de México aún no ha concluido,
aseguran en un escrito los supuestos representantes de Promovil.
Esta afirmación es
una respuesta al comunicado de Juan Manuel Pérez Bustos, donde aseguró que el
juicio mercantil número 338/2012, se resolvió el pasado 26 de marzo.
El firmante también
denunció que durante dos años la Secretaría de Gobernación protegió a un
presunto defraudador, a Lino Armando Vázquez Mata, y a otras personas para que
operaran casinos a nombre de Producciones Móviles.
En respuesta a esta
acusación, la contraparte asegura que el juicio, promovido ante el Juzgado
Segundo Civil de Matamoros, aún no se resuelve.
“Es falsa su
afirmación de que existe una red de protección en Segob”, se lee en el escrito,
firmado por René Ramírez Romero, quien se ostenta como apoderado de
Producciones Móviles.
ste asegura que
Pérez Bustos no es socio ni representante legal de la empresa en referencia,
sino un “defraudador y golpeador a sueldo” de Entretenimiento de México,
propiedad de los hermanos José y Arturo Rojas Cardona.
“Mienten en todo lo
que han afirmado, pretendiendo con su desplegado generar especulación,
desinformación y confusión en la opinión pública un infame ataque a la
integridad y rectitud de las autoridades”.
Ramírez Romero
afirma que el juicio mercantil fue dejado “sin efecto” por el Primer Tribunal
Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la reposición del procedimiento
bajo el número de expediente 49/2013.
(REPORTE ÍNDIGO/César Cepeda/ Viernes 10 de mayo de
2013)
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