Marco Appel
BRUSELAS
(apro).- El panorama de los derechos laborales en México ha generado
tal grado de preocupación que sindicatos internacionales han decidido
movilizarse para denunciar al gobierno mexicano y apoyar a los
trabajadores del país.
Como parte de esa movilización mundial, una
delegación del sindicato global IndustriALL, con sede en Ginebra,
Suiza, prepara un viaje a México para entrevistarse con el presidente
Enrique Peña Nieto y exhortarlo a que cumpla con las convenciones
internacionales en la materia y con las recomendaciones dirigidas a las
autoridades del país por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
Más aún, esa asociación sindical —que dice contar con 50
millones de trabajadores adherentes de la industria minera, energética y
de la manufactura en 140 países— está en pláticas con la OIT para que
representantes suyos se unan a la delegación, afirma el brasileño
Fernando Lopes, secretario general adjunto de IndustriALL en Ginebra,
quien prevé que esa visita a México se realice “en julio o agosto”.
En
declaraciones a Apro, Lopes cuestiona la nueva Ley Federal del Trabajo
—promulgada el 1 de diciembre de 2012— que, a su juicio, empeoró todavía
más la situación de los derechos laborales de los mexicanos.
“No vemos
ningún indicio de que haya una intención seria en el gobierno de Enrique
Peña Nieto de cambiar las cosas, que hoy permiten la subsistencia de un
‘sindicalismo charro’ que acepta contratos de protección empresarial”,
denunció el dirigente sindical.
IndustriALL exige que se derogue
tal legislación, pues fomenta el despido de activistas sindicales,
aumenta la subcontratación y conduce a la expansión masiva del empleo
precario.
El gobierno de México —acusa Lopes— no ha cumplido hasta
ahora con la implementación de las recomendaciones que emitió la OIT
hace dos años, y que derivaron de una queja que el 5 de febrero de 2009
presentó, a nombre de varios sindicatos, la Federación Internacional de
Trabajadores de la Industria Metalúrgica (IMF, por sus siglas en
inglés), que es miembro de IndustriALL.
Esa queja fue la primera
que se introdujo ante la OIT —específicamente ante su Comité de Libertad
Sindical— contra el gobierno mexicano. En ella se solicita a la OIT
“condenar la violación sistemática del derecho de asociación; emplazar a
las autoridades del país a adoptar correctamente la Convención 87 de la
OIT dentro de la ley nacional, y promover las relaciones democráticas
en las relaciones industriales en México”, según explicó en ese momento
el presidente de la IMF, Jürgen Peters, presidente también del poderoso
sindicato alemán IG Metall.
El 29 de marzo de 2011 el Comité de
Libertad Sindical de la OIT emitió un informe en el que recomendó al
gobierno del entonces presidente Felipe Calderón que sostuviera un
“diálogo social constructivo” con los sindicatos para examinar
cuestiones relativas a las cláusulas de seguridad sindical y de
representatividad mínima de los sindicatos para poder negociar
colectivamente, así como las alegaciones sobre la falta de imparcialidad
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la excesiva duración de sus
procedimientos.
Ese diálogo tenía que incluir aquellas
organizaciones sindicales que interpusieron la queja ante la OIT: la
IMF, la Confederación Sindical Internacional, el Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana
(SNTMMSRM), el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana (SITUAM), así como el Sindicato de Trabajadores
de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (STIMAHCS) y
el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), estos dos
últimos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) de México.
Asimismo,
el comité de la OIT instó al gobierno mexicano a tomar “medidas
legislativas en el corto plazo” que fortalecieran “la protección contra
las prácticas antisindicales, que están violando los principios de la
negociación colectiva”.
En junio de 2012, el Consejo de
Administración de la OIT, uno de los órganos superiores, aprobó tales
recomendaciones de su comité. El 9 de julio de 2012 el secretario
general de IndustriALL, el finlandés Jyrki Raina, acusó:
“El
gobierno mexicano clama que respeta los derechos laborales
fundamentales, incluyendo la libertad de asociación, pero su fracaso
para tomar cualquier paso real para cambiar el sistema de los contratos
de protección, que sistemáticamente minan la independencia sindical para
organizarse, prueban otra cosa”.
En octubre de 2011 y febrero de
2012, los sindicatos demandantes incluso transmitieron cartas al
presidente Calderón, en donde urgían que tomara las acciones
correspondientes, pero eso nunca ocurrió.
Por esa razón, entre el
19 y el 25 de febrero de 2012 el consejo de la organización Global
Unions —de la que forman parte, entre otras federaciones sindicales
mundiales, IndustriALL y la Confederación Sindical Internacional—
realizó una campaña de acción global sin precedente, en la que se exigió
al gobierno mexicano que concretara las recomendaciones de la OIT y que
hiciera algo para terminar con la violación de los derechos laborales.
“Para
nosotros, la demanda que interpusimos en la OIT sigue vigente”, recalca
Lopes a Apro, y agrega que las intervenciones de ese organismo reflejan
una “condena muy fuerte contra México”.
Sin embargo, reconoce el
sindicalista, el problema es que la OIT no cuenta con facultades para
obligar a los Estados a cumplir con sus resoluciones, por lo que “la
única forma de hacerlo es ejercer una presión internacional”.
“Por
eso —recalca Lopes— estamos discutiendo con la OIT el envío de una
misión a México de sindicalistas, de las federaciones y confederaciones
mundiales, para reunirnos con Peña Nieto y discutir y presionar; porque
sólo la presión política sobre el gobierno de México puede hacerlo
actuar, pues no existen instrumentos internacionales que lo obliguen.”
—¿Están en pláticas con la OIT para que representantes suyos se unan a esta misión a México?
—Así es.
Movilización inédita
Dado
que el gobierno de Peña Nieto persiste en el incumplimiento de las
recomendaciones de la OIT, la Confederación Sindical Internacional e
IndustriALL lanzaron una nueva campaña de denuncia y de presión
internacional —bajo el eslogan Días de Acción México—, la cual tuvo
lugar del 18 al 24 de febrero pasados.
Como lo informó Apro,
durante esa movilización sindicatos de todo el mundo solicitaron a la
administración priista que ponga fin al uso de los contratos de
protección impuestos por el empleador; que derogue las leyes del trabajo
promulgadas el 1 de diciembre de 2012 y que haga justicia a las
familias de los 65 mineros muertos en la mina Pasta de Conchos el 19 de
febrero de 2006.
También exigieron al gobierno federal que
“readmita a los activistas sindicales despedidos ilegalmente” —como
consideran que ocurrió en los casos del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), PKC, Vidriera de Potosí/Grupo Modelo, Honda y
Calzado Sandak/Bata— y que “permita la celebración de elecciones libres y
justas”, en concreto en las empresas PKC, Excellon, Honda y Atento.
Una
fuente de la Confederación Sindical Internacional —que pidió no ser
citada para no saltarse las normas de comunicación interna— señaló en
esa ocasión que el gobierno mexicano viola el artículo 87 de la OIT
sobre libertad sindical y protección del derecho a la sindicación,
además de que México es uno de los pocos países del mundo que no ha
ratificado el Convenio 98 de la referida organización, relativo a la
aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación
colectiva.
Como parte de esa campaña, la Confederación Sindical
Internacional —que se presenta como la mayor organización sindical del
planeta con 175 millones de trabajadores agremiados de 156 países—
entregó en la embajada mexicana en Bruselas una carta dirigida a Peña
Nieto en la que expresa su “profunda preocupación” por las “graves
violaciones” a los derechos laborales que se cometen “sistemáticamente”
en el país.
La australiana Sharan Burrow, presidenta de esa
confederación, dice al presidente priista en esa misiva que la
administración de Calderón le heredó “graves conflictos laborales” cuya
solución aún está pendiente; el más reciente de ellos, “la decisión de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar los despidos
ilícitos de 16 mil 599 trabajadores del SME”. Burrow hace un llamado a
Peña Nieto “para que rectifique esta injusticia reintegrando a los
trabajadores a su puesto de trabajo”.
A tal movilización se
sumaron federaciones sindicales de países tan lejanos como Japón, Rusia o
Sudáfrica, además de Suecia, Noruega, República Checa, Argentina,
Uruguay o Brasil, que en algunos casos también entregaron comunicaciones
en las respectivas representaciones diplomáticas mexicanas.
El 21
de febrero, Christine Olivier, la vicepresidenta del sindicato
sudafricano Numsa, dijo a 200 de sus compañeros que protestaron frente a
la embajada mexicana en Pretoria: “Nos hemos reunido aquí en
solidaridad con nuestros compañeros en México, a quienes se les niegan
sus derechos como trabajadores y como seres humanos a asociarse y
organizarse en sindicatos democráticos controlados por los trabajadores,
y sin represalias”.
Y las alertas internacionales continúan. El
pasado 17 de abril, IndustriALL emitió un boletín de prensa en apoyo de
los trabajadores en México de la empresa automotriz japonesa Honda, que
un día antes comenzaron un paro indefinido en la planta de El Salto,
Jalisco.
A pesar de un aumento en la productividad en 2012, la
empresa disminuyó la participación de los trabajadores en el reparto de
utilidades, que, según el sindicato, debía subir 60%. Además, la
dirección de Honda México se niega a negociar con el Sindicato de
Trabajadores Unidos de Honda México (STUHM), al que sostienen los
trabajadores, y sólo quiere hacerlo con el Sindicato de Empleados y
Trabajadores de la Estructura, Armadura Motriz y Manufactura Industrial
(SETEAMI), el cual está afiliado a la Confederación de Trabajadores de
México (CTM) y al que se acusa de estar coludido con la dirección
empresarial.
Eso no es todo, ya que el 25 de marzo último murió el
trabajador Armando Arana, prensado por un contenedor mientras pintaba
una rampa. Arana tenía 14 años de antigüedad en la empresa y había
reclamado en varias ocasiones las malas condiciones de seguridad en las
que hacía su trabajo, por lo cual, señala el boletín de IndustriALL, el
personal directivo de la empresa lo hostigaba.
José Luis Solorio,
secretario general del STUHM, explica en ese comunicado que a Arana “se
le ordenó junto con otros compañeros que pintaran las rampas de
desembarque en la planta de motos. Para ello debían mover algunos
contenedores y, en un espacio de aproximadamente un metro, pintar de
amarillo las rampas”.
“Los trabajadores —continúa Solorio—
pidieron a la empresa señalizaciones de seguridad para evitar
accidentes, dado que era un lugar de carga y descarga de contenedores.
Pero les respondieron que no era necesario y que realizaran el trabajo o
si no que sería despedido quien se negara o protestara.”
El
pasado jueves 2 el vicepresidente ejecutivo de Honda Motor, Tetsuo
Iwamura, anunció que el corporativo invertirá 470 millones de dólares en
la construcción de una nueva planta en Celaya, Guanajuato, la cual
generará, dijo, mil 500 empleos directos.
El anuncio se llevó a
cabo en las oficinas de la Secretaría de Economía en presencia de su
titular, Ildefonso Guajardo; el encargado de despacho de ProMéxico,
Alejandro Delgado; el embajador de Japón en México, Shuichiro Megata, y
el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, de acuerdo con una nota del
portal Mexican Business Web.
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