Francisco Olaso
BUENOS
AIRES (apro).- La represión llevada a cabo por la Policía Metropolitana
el pasado 26 de abril en el Hospital Borda, el instituto de salud
mental más emblemático de la capital argentina, dejó un saldo de más de
50 heridos.
Los agentes usaron balas de goma, gases lacrimógenos y
golpes contra pacientes, médicos, enfermeras, legisladores, periodistas
y manifestantes.
El gigantesco operativo policial fue ordenado
por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del alcalde
Mauricio Macri. Su objetivo era asegurar la demolición de un pabellón
que forma parte del hospital psiquiátrico. El gobierno de la ciudad
proyecta construir allí otro edificio —denominado Centro Cívico— para
trasladar una parte de la sede de gobierno.
Trabajadores y
pacientes del hospital, activistas sociales y diputados de la oposición
intentaron avanzar hacia el espacio vallado, tras el cual se oía el
trabajo de la maquinaria de construcción.
Sostenían que la demolición
era ilegal, ya que la justicia —que tiene el caso en sus manos— aún no
ha dado un fallo definitivo. Denuncian que detrás de la acción hay un
solapado interés inmobiliario.
“La Policía Metropolitana actuó de
manera brutal, pero a la vez traspasó un límite, porque fue a cumplir
una orden ilegal, que era destruir este edificio en el Borda, pero eso
terminó a las diez de la mañana y siguieron reprimiendo durante muchas
horas más”, dice a Apro el diputado de la ciudad de Buenos Aires,
Alejandro Bodart.
“Fue una acción ejemplificadora, como para decir: ‘Acá
hay una fuerza a la que no le va a temblar el pulso para llevar a cabo
los planes del gobierno de la ciudad’”.
Alejandro Bodart es
miembro del Partido Socialista de los Trabajadores y diputado del bloque
Proyecto Sur en la legislatura de la ciudad.
Fue una de las víctimas de
la represión de la Policía Metropolitana y debió permanecer en
observación hospitalaria. El 29 de abril presentó una denuncia penal y
un pedido de juicio político contra el alcalde de Buenos Aires.
La
represión en el neurosiquiátrico podría entorpecer las ambiciones
presidenciales de Mauricio Macri. Su intención de presentarse como
candidato del arco de centro derecha en las elecciones de 2015 hoy se da
por descontada.
Al frente del Pro (Propuesta Republicana),
partido político de tendencia liberal conservadora, Mauricio Macri
gobierna la ciudad desde 2007.
Su ministro de Justicia y Seguridad,
Guillermo Montenegro, fue interpelado en la legislatura un día después
de los sucesos.
Los sindicatos de trabajadores estatales, del metro y de
maestros realizaron huelgas la semana pasada, en señal de repudio y de
protesta.
El gobierno de la ciudad fue duramente criticado por la
presidenta Cristina Fernández, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo,
Amnistía Internacional, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos
Aires y por miembros de la Iglesia católica.
El gobierno de la
ciudad, por su parte, sostiene que la Policía Metropolitana respondió a
las agresiones de los manifestantes y anunció que va a iniciar causas
penales contra quienes arrojaban piedras contra los uniformados.
Goma y pimienta
Poco
antes del amanecer del 26 de abril, unos 300 agentes de la infantería
de la Policía Metropolitana ingresaron al predio del hospital por un
acceso trasero.
Junto con ellos venían las cuadrillas de operarios y las
máquinas. En el pabellón a demoler funcionaba el Taller Protegido 19,
donde los internos ayudaban en la fabricación de camas, sillas, roperos y
muebles de oficina.
Rápidamente se cercó el sector con un vallado de
láminas. Los pedidos de los médicos y trabajadores para saber quién
estaba a cargo del operativo no encontraron eco. Tampoco se les mostró
una orden judicial pertinente.
Frente a las protestas de facultativos y
pacientes, los agentes reprimieron con ferocidad. Poco después de las
9:00 horas comenzaron a caer piedras de un lado y balas de goma del
otro. Un cordón de unos 20 legisladores se ubicó entre la Policía
Metropolitana y los manifestantes.
“A mí y a otros diputados nos
fueron llamando los trabajadores del Borda para frenar esa locura,
porque la represión se desató en el interior de un hospital
neurosiquiátrico”, cuenta el legislador Alejandro Bodart.
“Estábamos
todos identificados con el carnet de diputados, intentando negociar con
la policía para que frenaran esto y, en un momento, en el caso
particular mío, me agarraron a palazos, el gas, que me cegó por dos
horas, tuve que ser hospitalizado, balas de goma… balas que tiraban a la
cabeza, algo que no está permitido porque puede provocar un muerto”,
sostiene.
“Le pegaron a la Defensora adjunta del Pueblo, a
periodistas, pacientes, no se respetaba nada”. Y concluye: “Estamos ante
una fuerza que está concebida muy antidemocráticamente.”
Cuando
los diputados caían al piso eran pateados y apaleados. Entre los que
resultaron heridos o agredidos figuran también Rafael Gentili y Jorge
Selser, integrantes del movimiento Proyecto Sur; Fabio Basteiro, de
Buenos Aires Para Todos, y María Rachid, del Frente para la Victoria
(kirchnerismo).
Alejandro Bodart y Rafael Gentili fueron atendidos
en una sala del mismo hospital, con un cuadro de alta presión y
problemas en la vista. Fabio Basteiro recibió un balazo de goma en la
pierna derecha y otro en la espalda, además de tener los ojos irritados
por el gas pimienta.
“Nosotros fuimos a tratar de generar un
ámbito para discutir y analizar en forma pacífica esta situación de
desarrollo represivo, y la policía de una manera irresponsable,
indiscriminada, con una saña muy grande, empezó a tirar balas de goma,
perdigones, balazos, todo lo que estaba a su alcance, tenían ganas de
usar todo lo que gastan en armar a la policía”, dijo Basteiro el 29 de
abril a la agencia Argenpress.
“Esta es una situación de
conflictividad que se podría haber canalizado en forma pacífica, se
podrían haber tomado los recaudos legales, se podría haber esperado que
la cámara se expida y se hizo todo lo contrario, se armó todo este
aparato represivo a efectos de hacer una maniobra distractora y avanzar
con la obra inmobiliaria, que es el negocio que quieren llevar
adelante”, sostuvo.
Los policías metropolitanos dispararon a
mansalva y golpearon incluso a los pacientes del hospital
neurosiquiátrico. Uno de ellos recibió 22 impactos de bala de goma.
“El
accionar de la Metropolitana fue muy violento. Destruyeron el pabellón
19, hay muchos heridos y hubo pacientes entre los manifestantes. Todo lo
que han hecho es absolutamente ilegal”, sintetizó el psicólogo Gabriel
Cavia, secretario general de la Asociación de Profesionales del Hospital
Borda, durante una entrevista con el Diario Z publicada el 26 de abril.
Ni
siquiera los militares durante la dictadura entraron al Borda sin
avisar a los directivos. Cavia consideró “inaceptable que la Infantería
actúe en un lugar donde hay pacientes siquiátricos porque les genera
brotes y pueden salir lastimados, como efectivamente ocurrió”.
La
fuerza policial, lejos de mantenerse en la zona en la que se llevaría a
cabo la demolición, avanzó hasta el patio central del hospital, llevando
la balacera y los gases a un sector en el que transitan libremente los
internos y el personal del establecimiento.
El paciente J.T.,
internado involuntariamente en el Hospital Borda, recibió impactos de
bala de goma en una costilla, la espalda y el cuello.
La Defensoría
General de la Nación formuló en su defensa una denuncia “por la posible
comisión de los delitos previstos y reprimidos por el artículo 144 bis
inc. 2 del Código Penal”, el cual se refiere “al funcionario que
desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las
personas o les aplicare apremios ilegales”.
Uno de los
fotorreporteros más conocidos en el medio periodístico, José Pepe
Mateos, del diario Clarín, recibió un tiro de goma en el mentón. Poco
después sufrió una detención temporaria, que hizo recordar el accionar
de las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar.
“Llegué a eso
de las 9:30, ya habían sucedido los primeros enfrentamientos. Ahí se
arma otra vez y me pegan en el mentón con una bala de goma. Muchos
colegas recibieron impactos”, contó Mateos mientras permanecía en
observación en el Hospital Británico.
Más tarde, Mateos avanzó
junto a otro fotógrafo para intentar hacer la foto del Taller Protegido
19.
“Se nos viene la policía encima —contó—. Nos decían que nos fuéramos
pero quería hacer la foto del edificio que estaban derrumbando, si el
tema era ese”.
El fotógrafo fue reducido y tirado al piso. Se
golpeó la cabeza y cayó sobre la cámara. Le clavaron una rodilla en la
espalda y lo esposaron. Cuando lo llevaban detenido pidió a otro de los
policías que le quitara las esposas para comunicarse con el diario. Fue
liberado antes de que lo trasladaran a la comisaría.
En total
fueron 17 los periodistas que recibieron impactos de balas de goma. El
que se llevó la peor parte fue Mario Ricci, camarógrafo del canal C5N.
El profesional tuvo que ser intervenido quirúrgicamente después de haber
recibido algunos impactos en el brazo desde muy corta distancia.
También
resultaron heridos o afectados por los gases Mario Otero (C5N), Alberto
Samudio y Sebastián Vázquez (Telefé), Carlos Torres (Canal 13), Soledad
Larghi (América), Fabián Alasi (Crónica TV), Gabriel Eiriz y Leonardo
Piccone (Télam), Patricio Tejedor (FM La Tribu) y reporteros de La
Nación, CN23, Canal 26 y el Movimiento Argentino de Fotógrafos
Independientes.
Hubo al menos 20 civiles hospitalizados por
ataques con perdigones de goma, cachiporras, gas pimienta y patadas.
Entre los ocho detenidos de ese día había dirigentes sindicales y
familiares de pacientes.
Fueron acusados de atentado y resistencia a la
autoridad y liberados horas después. Más de 15 abogados de distintas
organizaciones de derechos humanos se preocuparon por su suerte.
“No
tenemos que ceder a los violentos”, justificó esa misma tarde el jefe
de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri. El alcalde alegó que la
policía había sido agredida a pedradas.
Según la vicejefa de Gobierno de
la ciudad, María Eugenia Vidal, hubo “nueve policías heridos, uno a
punto de perder el ojo y otro de gravedad”.
Antes de que cayera la
noche, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la
ciudad consideró que el procedimiento había sido ilegal.
Multó con 20
mil pesos a los funcionarios responsables. Reimplantó una medida
cautelar que le prohíbe al gobierno realizar obras hasta que se resuelva
la cuestión de fondo.
La multa confirmó que el ingreso de la
policía al hospital y la demolición del Taller Protegido 19 se
realizaron sin autorización judicial.
El proyecto para construir
parte del Centro Cívico en ese predio del Hospital Borda había sido
detenido por una medida cautelar de octubre de 2012.
En diciembre, la
Sala II de la Cámara en lo Contenciosos Administrativo y Tributario
ratificó la decisión. El pasado 19 de febrero la jueza Andrea Danas
levantó la cautelar que frenaba la obra.
Aunque el fallo fue apelado, el
gobierno de Macri se aferró al mismo como si fuera definitivo.
Negocios
Los
críticos del traslado de la sede del gobierno porteño a ese predio del
Hospital Borda sostienen que Macri quiere hacer un gran negocio
inmobiliario.
La instalación del Centro Cívico sería un acto estratégico
para incentivar el desarrollo inmobiliario en la zona, muy cercana al
centro de la ciudad, pero a la vez muy postergada.
Muy cerca de
allí se piensa erigir el proyecto urbanístico Solares Santa María,
llamado también el Dubái de Buenos Aires, un complejo habitacional y
comercial de torres de lujo contra el Río de la Plata.
Muy cerca está
también la Isla Demarchi, donde el gobierno nacional impulsa la
construcción de un gran Polo Audiovisual.
“Acá hay un plan maestro
de avanzar sobre las tierras, tanto de este hospital, que son 12
hectáreas, como del Hospital Moyano, que está al lado, que son 14
hectáreas, muy apetecibles para la construcción inmobiliaria”, explica
el diputado Alejadro Bodart.
“En esta ciudad se viene avanzando a ritmo
violento con la construcción de grandes edificios de lujo para la
especulación financiera —dice—. Este plan maestro tiene un primer punto
inicial que es la construcción del Centro Cívico y el traslado de las
oficinas. Como ha habido medidas cautelares que le impiden avanzar en un
sector hospitalario, el gobierno de la ciudad está preocupado porque se
le vencen los plazos con las constructoras. Eso fue lo que motivó a
que, pasando por encima de una orden judicial, hicieran lo que hicieron
el otro día.”
El gobierno porteño sostuvo, a través de diferentes
funcionarios y del propio Macri, que la policía se defendió a sí misma y
a los operarios del ataque de los manifestantes.
“El sindicato se niega
a aceptar fallos judiciales”, aseguró la vicejefa de Gobierno, María
Eugenia Vidal. La multa de 20 mil pesos impuesta luego por la justicia a
los funcionarios, por su “mala fe procesal”, vino a desmentir sus
dichos.
El ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad,
Guillermo Montenegro, volvió a defender el accionar de la Metropolitana y
afirmó que “no se trató de una protesta”, sino de “una agresión
indiscriminada hacia el orden”. En ese sentido, precisó: “Había gente
tirando con hondas”.
Vidal, por su parte, sostuvo que el gobierno
de la ciudad “analizará si hubo excesos por parte de la Policía
Metropolitana” durante la manifestación y, en tal caso, “va a haber
sanciones”. Aseguró, eso sí, que se denunciará penalmente a quienes
arrojaron piedras contra la policía.
Juicio político
Las
críticas contra el accionar de la Policía Metropolitana también
provinieron de la Iglesia. “Lo primero que encontré al llegar al
hospital fue a un paciente golpeado. Era como una película surrealista
en un lugar donde hay mucho dolor y sufrimiento”, dijo el sacerdote
Gonzalo Fernández, presente durante la refriega.
“La locura —resumió— fue ver cómo les pegaban (a los internos).”
El
obispo auxiliar de Buenos Aires, Vicente Bokalic, expresó la
solidaridad con pacientes, voluntarios y médicos del Hospital Borda, en
una misa que presidió el 1 de mayo en la capilla del centro asistencial.
Allí se rezó por el “respeto y cuidado de la vida” y para que el
diálogo sea el “único camino para resolver conflictos”.
Amnistía
Internacional (AI) le dijo a Macri, a través de un comunicado, que las
protestas sociales “son manifestaciones del ejercicio de libertad de
expresión y de asociación que el Estado debe garantizar, ya que se
encuentran protegidas por la Constitución Nacional y los tratados
internacionales a los que Argentina se encuentra obligada”.
En ese
sentido, recordó que “las autoridades deben asegurar que la fuerza sólo
sea utilizada como último recurso y con estricto apego a las normas
internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza
existente”.
Tanto el alcalde Mauricio Macri como su secretario de
Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, recibieron varias denuncias
penales por el accionar de la fuerza de seguridad bajo sus órdenes.
Uno
de sus demandantes es el propio diputado Alejandro Bodart, que extendió
la denuncia penal contra el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel
Chain, y el jefe y subjefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y
Enrique Pedace por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de
los deberes de funcionario público, daños y lesiones.
El diputado
Bodart cree que el avance de la justicia en las investigaciones es
importante. “Pero también creo que los diputados nos debemos un
mecanismo constitucional, que es el de juicio político, para investigar
la acción del jefe de gobierno”, sostiene.
“Tenemos que avanzar en las
responsabilidades políticas, porque acá hubo un gobierno que incumplió
una orden judicial, ordenó una represión brutal para cumplir un acto
ilegal y le caben todas las de la ley en relación a un juicio político”,
dice.
El Pro de Macri cuenta con 26 de los 60 escaños que tiene
el cuerpo. El Frente para la Victoria, partido de la presidenta Cristina
Fernández, es la segunda fuerza, con ocho legisladores. Bodart cree que
si la oposición se mantiene firme el juicio político podría ser un
hecho.
“Ya hay algunos diputados del Frente para la Victoria que me han
comunicado que van a adherir a mi propuesta”, sostiene. “Si el bloque
como tal adhiriera, tenemos los 31 votos necesario como para avanzar en
este proceso.”
El nivel de represión visto en el Hospital Borda
contrasta con la negativa a la represión inaugurada en Argentina en
2003. A partir de la llegada al poder en ese año de Néstor Kirchner, el
gobierno nacional restringió severamente el uso de la represión policial
en marchas y actos de protesta social.
La presidenta Cristina
Fernández, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que “sólo alguien
que no está bien puede reprimir en un neurosiquiátrico”.
Criticó también
“la impresionante protección mediática” que recibió el gobierno porteño
de Macri, tras la represión que desató la Policía Metropolitana contra
pacientes, médicos, enfermeros, legisladores y periodistas que
estuvieron en el hospital Borda:
“Debería incluirse como materia en las
facultades de comunicación social de todo el país”, escribió.
La
mandataria se preguntó también qué hubiera pasado si una fuerza de
seguridad nacional se hubiese llevado esposado a un reportero gráfico de
Clarín.
Macri es un contendiente de tiempo completo de la
presidenta. La política del Frente para la Victoria en la ciudad de
Buenos Aires, sin embargo, ha sido, como mínimo, oscilante.
De hecho, el
bloque kirchnerista sumó sus votos al de los del jefe de gobierno para
avanzar en el traslado del centro cívico hacia el predio del Hospital
Borda.
/ 3 de mayo de 2013)
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