Durante el sexenio de Felipe Calderón se perdió el
control de los cielos frente al narco. La PGR desmanteló su división aérea y
arrendó aviones a empresas privadas, lo que desató un conflicto entre la
procuraduría y sus pilotos. Ahora ni aeronaves propias ni rentadas vuelan para
la dependencia
Armando Estrop
Con el argumento de
que la flota de la PGR era inservible, se pagaron los servicios de 10 aeronaves
por 3 millones de dólares mensuales. Nunca funcionaron
"Esto es un
negocio. Es un secreto a voces. En cualquier aeropuerto que rentes un avión, el
intermediario por cada hora de vuelo va a cobrar 200 dólares”
Despachador aéreo de la PGR
La actual
administración debería revisar el contrato y las condiciones de cumplimiento,
así como la documentación, porque son demasiadas las irregularidades y ningún
responsable
La PGR llegó a tener
la flota aérea más grande en América Latina para el combate de la delincuencia
organizada, particularmente el narcotráfico.
De acuerdo algunas
fuentes tuvo a su disposición más de 200 aeronaves en el sexenio de Vicente
Fox, hoy no tiene disponible alguna para que vuele el procurador Jesús Murillo
Karam.
Pero en el sexenio
de Felipe Calderón, el que presumía de ir en una lucha frontal contra los
cárteles, esa flota se desplomó.
Entre el abandono,
la falta de mantenimiento y los conflictos con los pilotos que la operaban, se
vino en picada. Fue necesario concesionar a un tercero, privado, el servicio.
Pero el plan fracasó.
Al final de la
administración calderonista se acordó con Rajet, una empresa arrendadora, que
le diera el servicio pero esto no funcionó.
La mayoría de los
aviones nunca despegaron ya que la mayoría de ellos no contaban con matrícula
oficial y debían hacerlo desde el aeropuerto de Toluca, y no de la ciudad de
México como era lo normal.
Conoce la historia y
las versiones de los pilotos y la empresa involucrada en dar el servicio.
La ex procuradora
Marisela Morales al final de su administración se dio altos vuelos… pero
rentando aviones inexistentes.
Bajo el argumento de
que la flota de la PGR estaba inservible, se adquirieron los servicios de la
empresa Ra Jet con 10 aeronaves, que estarían al 100 por ciento disponibles
para la dependencia.
Los precios por el arrendamiento
de esta flotilla alcanzaron los 3 millones de dólares mensuales.
Sin embargo, jamás
hubo disponibilidad total. Las aeronaves tenían fallos mecánicos y en el caso
de dos aviones y un helicóptero, nunca llegaron a la dependencia.
De hecho, la mayoría
de los aeroplanos tenían matrículas particulares que tuvieron que ser cambiadas
para realizar vuelos de carácter oficial.
El proceso fue
expedito, pues lo que a cualquier persona o dependencia le tomaría al menos dos
meses, se hizo en unos cuantos días.
Y en teoría, durante
el proceso de cambio de matrícula no debieron haber volado, pero sí lo
hicieron.
El personal de la dirección
de servicios aéreos consultado asegura que sí se realizaron vuelos a pesar de
no cumplir con la normatividad nacional e internacional. Esto está registrado
en los planes y bitácoras de vuelo de PGR.
En lo que nunca
falló la dependencia a cargo de Marisela Morales, fue en pagar puntualmente a
la empresa los supuestos servicios.
Gastó millones de
dólares por una renta incompleta y de acuerdo a pilotos, mecánicos y
despachadores de vuelo, nunca se
sancionó a la empresa coahuilense.
Estas irregularidades
se dan a conocer justo cuando un grupo de ex empleados de la Dirección de
Servicios Aéreos de la PGR mantiene pláticas con la actual administración, ya
que alegan que fueron despedidos ilegalmente.
A todos se les cesó
a tan solo ocho días de que acabara la administración, con el argumento de que
al no contar con aviones la PGR, ya no requería del servicio de pilotos.
Todo fue un plan
perfecto de Marisela Morales, aseguran los ex empleados, para acabar con su
departamento y hacer un jugoso negocio en los últimos meses de la
administración de Felipe Calderón.
Renta fantasma
La Oficialía Mayor
de la PGR pidió, a mediados de 2012, que una empresa extranjera revisara la
flotilla de aeronaves de la PGR. Esto se hizo a pesar de que la Dirección
General de Aeronáutica Civil, dependencia de la SCT, ya lo había hecho.
Pero aún y cuando ya
tenían la revisión oficial del organismo mexicano, se decidió pagar un millón y
medio de dólares para la inspección de un particular extranjero.
Fue la empresa JDA
Aviation Technolgy Solutions la que hizo el trabajo. El resultado fue poner
fuera de vuelo la mayor parte de los aviones, y con eso empezar la renta a
particulares.
El servicio de la
empresa Ra Jet empezó en septiembre de 2012, faltando tres meses para que terminara
la administración.
Para entonces la
procuradora Morales ya sabía que el nuevo presidente de la República sería de
otro partido.
Por los 10 aviones
se haría un pago quincenal de un millón 370 mil dólares, sin contar el
combustible.
Se contaría con el
servicio de un Hawker Beechcraft 1000A , dos Hawker Beechcraft 800, un Hawker
Beechcraft 700, cuatro Learjet , un Sabre 65 y un helicóptero Bell 407.
En el contrato se
estableció que habría disponibilidad total de todas estas aeronaves. La renta
del avión incluía al piloto. Por eso, la decisión de deshacerse de los casi 80
pilotos que quedaban en PGR.
La factura 1182 y
con folio fiscal A38BAJE1-OB45-46C2-9597-48E034C5D3F7, de la empresa Ra Jet,
con fecha 23 de octubre del 2012, establece el pago de un millón 370 mil 006
dólares por concepto de renta de una quincena de septiembre.
Sin embargo, en el
registro de disponibilidad que hicieron los despachadores aéreos durante toda
la primera quincena de septiembre, no se entregaron estos aviones.
El documento está
firmado por el auditor, Encarnación Jaime Ledezma Valdéz, que era el encargado
de supervisar los planes de vuelo, disponibilidad, y cumplimiento del contrato
con la empresa Ra Jet.
Se registra con las
siglas N/A que significan aeronave no entregada a PGR. En el documento las 10
están marcadas así. Al calce llevan la firma de recibido y con fecha 6 de noviembre de 2012, que fue cuando
por segunda vez se entregó el reporte de los meses de septiembre y octubre.
De acuerdo a los
despachadores, estas listas se entregan cada quincena.
En la segunda
quincena, tres aviones seguían sin entregarse: los dos Learjet con matrículas
XC-LNH y N77PY (matrícula extranjera) y el Sabre 65 con matrícula XC-LNI.
Otras tres aeronaves
empezaron operaciones ya avanzada la segunda quincena del mes, que se pagó
completo. La matrícula XC-LNC inició el 16 de septiembre, la XC-LNE el 18 de
septiembre, el XC-LNF el 20 de septiembre.
Para la primera
quincena de octubre, estas tres aeronaves seguían reportadas como no entregadas
a PGR y al menos seis de los otros aviones reportaron fallas mecánicas que les
impidieron volar.
El Hawker 800
matrícula XC-LND no operó por mantenimiento durante siete días de la primera
quincena de octubre.
Para la segunda
quincena de ese mes aumentó la inoperatividad por fallas y un Learjet matrícula
XC-LNE estuvo 12 días fuera de servicio por mantenimiento. El Sabre 65, la
única aeronave de este tipo rentada a Ra Jet,
llegó a PGR el 25 de octubre, pero nunca operó porque al llegar presentó
fallos y se tuvo que ir a taller.
A pesar de todos
estos incumplimientos, el 17 de octubre se expidió un oficio para que se pagara
a la empresa íntegra la mensualidad de septiembre, asegurando que se había
contado con el 100 por ciento de disponibilidad.
En el documento con
número de identificación DGAOA-741/2012 Eduardo Harvey Valdés Salas, a quien no
se identifica con el cargo, informa a Pedro Montaño Romero, titular de la
Dirección de Administración y Finanzas, que hay que pagar a Ra Jet lo acordado,
pues se dio el servicio al 100 por
ciento.
El informe que se
entregó a la Oficialía Mayor cuenta con los sellos de ambas direcciones, la
firma de Valdés Salas y todas las matrículas de los aviones que aparecen en la
factura de Ra Jet y que, de acuerdo al registro de la propia PGR, jamás
estuvieron 100 por ciento al servicio de la dependencia.
El testimonio
El despachador aéreo
de la PGR se muestra seguro. Pero al ver las cámaras y las grabadoras cambia de
parecer. Pide que no se mencione su nombre y que no se utilice su imagen.
Si hay consecuencias
de cualquier tipo las afrontará. Pero es tal el temor a represalias por parte
de la exprocuradora y quienes hicieron el negocio con la renta de aviones, que
prefiere el anonimato.
Y es que, asegura,
es tanto el dinero que se pudo haber ganado, que seguramente hay otros
involucrados.
Entre ellos menciona
a Carlos Espinosa Schillinger, director de Seguridad Aérea de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, relacionado con la empresa que rentó las 10
máquinas de vuelo.
“Esto es un negocio.
Esto es un secreto a voces. En cualquier aeropuerto que rentes un avión, el
intermediario por cada hora de vuelo va a cobrar 200 dólares”.
Involucra a las
autoridades porque asegura que el trámite para el cambio de matrículas de la
mayoría de las aeronaves rentadas a Ra Jet, se hizo en días.
“Hay un detalle,
todos los cambios de matrícula llevan cierto tiempo para efectuar el trámite.
Si son matrículas norteamericanas llevan un trámite que tienen que hacer
primero en Estados Unidos, y luego iniciar el trámite en México.
“De esto tiene que
tener conocimiento la Dirección General de Aeronáutica Civil, y en este caso
todo sabemos que a Ra Jet quien la apoyó fue Carlos Espinoza Schillinger”.
El despachador
también señala al entonces encargado de la oficina de la Dirección de Servicios
Aéreos de PGR como parte de la camarilla de funcionarios que nunca hizo nada
ante las irregularidades.
“El capitán Eduardo
Harvey Salas sabía qué aviones habían llegado y cuánto habían volado, y aquí
hay algo que llama la atención, y fueron los comentarios que todos hacían.
“Cuando rentas un
avión lo rentas en buenas condiciones, o si no para qué paraste la flota de
PGR. Pero si rentas un avión tiene cuando menos que volar mínimo 30 horas
mensuales, debe cubrirlo. Para la cantidad de trabajo que teníamos, esas 30
horas se iban en tres días.
“Entonces, cuando
rento un avión debe de llegar con cuando menos 150 o 200 horas de vida útil. En
este caso unos aviones llegaron y se tuvieron que ir a Toluca para que los
atendieran por mantenimiento. Todo está registrado en la oficina de
operaciones”.
“O hicieron un
contrato con la gente que no sabía lo que estaba haciendo, o lo hicieron con
toda malicia para que alguien saliera beneficiado con el cobro de estas
aeronaves sin volar”.
Insiste en que la
actual administración debería revisar el contrato y las condiciones de
cumplimiento, así como la documentación que se presentó, porque son demasiadas
las irregularidades y ningún responsable, hasta el momento.
“El actual procurador debería checar qué dice
el contrato, es interesante que él investigue porque si entregas unas aeronaves
y se van a la semana a mantenimiento a Estados Unidos, es importante saber por
qué se llevaban a Estados Unidos con combustible de PGR y con trámites de PGR,
entonces es importante saber quién pagó todo eso.
“Yo no voy a rentar
aeronaves para pagar el servicio en Estados Unidos o en Toluca, o a dónde sea”.
La práctica dicta
que este tipo de renta de servicios debe de contemplar penalidades ante el
incumplimiento. De acuerdo al despachador, nunca se mencionaron, o al menos
criticaron, todas las ausencias de los aviones. Por eso, asegura que si se
investiga podrán descubrir que jamás se penalizó a la empresa Ra Jet.
“En el contrato hay
penalidades, yo contrato una aeronave
para que me de servicio, pero si tú la dejas fuera de servicio un día, por
mantenimiento, se te dan cuatro horas para repararla, y si en esas cuatro horas
no me la entregas, hay una penalización.
“Aquí hubo aeronaves
que estuvieron paradas y no les interesó. O no sé cómo lo manejaron o cómo
pagaron, o cómo es que argumentaron que estaban al 100 por ciento”.
El ex empleado de la
PGR señala que no pueden esconder toda la maniobra que hicieron porque dejaron
huella en todas partes, ya que para que una aeronave pueda dar servicio, se
registra en decenas de documentos y oficinas.
“Todo esto está
registrado en diferentes documentos en la Procuraduría y además está registrado
en todas las comandancias de los aeropuertos donde operan las aeronaves.
“Porque para
efectuar un vuelo, cualquier aeronave, se tiene que hacer una solicitud y meter
un plan de vuelo que autoriza la autoridad aeronáutica.
¿Qué hacían con toda
la demanda de vuelo que tenían en PGR?: “O se cancelaban los vuelos o no se
aceptaba la solicitud, y tenían que trasladarse en otros medios. Por vía
terrestre, o línea comercial”.
Deben a Ra Jet más de 3mdd
César Cepeda
Luis Rayet Díaz,
director general de la empresa Ra Jet Aeroservicios, acepta que el proceso que
se llevó para registrar sus aviones como aeronaves oficiales de la Procuraduría
General de la República, implicó restricciones en la disponibilidad.
Esto para que sus 10
aviones registrados como taxis aéreos obtuvieran la matrícula oficial.
El servicio que
prestó fue por solo cuatro meses ya que no le fue renovado por la actual
administración, además de que el temía por la seguridad de sus aviones.
“Si a mí me hubieran
dicho que tenía que hacer todo eso por cuatro meses, no le entro. Ahora tengo
los aviones, que no los puedo regresar a mi propiedad. Ya llevo dos meses con
ellos parados”.
Rayet Díaz aclara
que es imposible registrar un avión a nombre de la PGR sin la intermediación de
la dependencia federal.
“Yo no puedo pedir
una matrícula sin la venia de ellos”, aclara el director de Ra Jet
Aeroservicios en entrevista con Reporte Indigo.
“El problema es que
todo era por medio de ellos, matrículas, permisos de vuelo. La verdad todo se
atoraba pero no sé si fue por fin de sexenio.
“El avión ahí está,
yo no lo estoy usando. Es lo que se llama disponibilidad”.
Sin embargo, los
aviones que la empresa Ra Jet rentaba a la PGR no podían ingresar al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, porque contaban con matrícula comercial
“XA” de taxi aéreo.
Rayet Díaz asegura
que se enteró del requisito de obtener la matrícula XC para sus aeronaves
cuando estaba firmando el contrato con la PGR en agosto del año pasado.
“A mí me hablaron de
las matrículas ya con el contrato. Yo pensé que era con XA. La verdad nos
movimos muy rápido, ellos nos ayudaron a presionar ahí”.
Las matrículas
oficiales se tenían que conseguir en la Dirección General de Aeronáutica Civil
que depende de la SCT y en el contrato firmado con la PGR se establecía como
fecha límite el 28 de septiembre.
El contrato abierto
para la prestación del servicio aéreo obligaba a la PGR a pagar un millón 350
mil dólares mensuales por la disponibilidad de 9 aviones y un helicóptero por
30 días, incluyendo 30 horas de vuelo mínimo por aeronave.
El propietario de la
empresa que presta el servicio de taxi aéreo aclara que el contrato con la PGR
lo obtuvo a través de un proceso de adjudicación directa.
La invitación se la
hizo Guillermina Muñoz Soto, directora general de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, encargada en ese entonces de la Oficialía Mayor de la PGR.
“Nos invitan porque
nadie en México tiene la flota que tenemos nosotros”, asegura Rayet Díaz.
Acepta que durante
la vigencia del contrato con la PGR algunas de las aeronaves tuvieron que ser
llevadas a mantenimiento correctivo a los Estados Unidos con combustible
suministrado por la dependencia federal.
“El avión (un
Learjet 35) se metió dos semanas y medio en Estados Unidos porque a ellos (la
PGR) no les daban el permiso”.
En esos casos el
contrato, aclara Rayet Díaz, contemplaba que la empresa estaba obligada a
proporcionar a la PGR la prestación del servicio incluso subarrendando otras
aeronaves, respetando precios.
En los cuatro meses
que duró el contrato la empresa facturó a la PGR casi 7 millones de dólares,
monto que incluye la renta mensual y las horas adicionales de vuelo que
tuvieron las aeronaves.
Rayet Díaz dice que
la PGR le ha pagado 3 millones y medio por el servicio de los meses de
septiembre y octubre, pero le adeuda una cantidad similar por los meses de
noviembre y diciembre.
“La poca utilidad
que pude tener ya se me fue”, se queja.
“Desde que no me
pagaron a tiempo, entre que no me han pagado el resto. Me deben como 3 millones
y medio de dólares”.
El empresario dice
que durante la vigencia del contrato siempre detectó un ambiente hostil por
parte del personal de Servicios Aéreos de la PGR, lo que lo obligó a tomar
medidas como colocar sellos de seguridad en las partes estratégicas de sus
aeronaves.
“Yo siempre tuve un
temor fundado de un sabotaje”.
(REPORTE ÍNDIGO/ Armando Estrop/ Martes 5 de marzo de 2013)
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