Política de vivienda de Peña Nieto: más de lo mismo
La propuesta del Gobierno Federal buscará la remodelación de 97 mil viviendas rurales mientras se crearán 500 mil unidades a nivel nacional. Apostarán por la edificación vertical y las unidades de 40 metros cuadrados. Se necesita 9 millones de unidades para combatir el rezago en el país
La recientemente anunciada propuesta de vivienda del Presidente
Enrique Peña Nieto es más de lo mismo. El gobierno federal seguirá
apoyando la creación de unidades económicas distribuidas en un
asfixiante espacio menor a los 40 metros cuadrados, mismas que provocan
hacinamiento entre las familias mexicanas.
El programa de vivienda 2013 en nada se diferencia de lo que hicieron
Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quezada, quienes impulsaron la
edificación de casas para personas que ganan entre 1 y 3 salarios
mínimos, sin planeación, carentes de servicios públicos, alejadas de la
mancha urbana. En Baja California, gran parte de estos complejos
habitacionales hoy están abandonados, convertidos en basureros o
guaridas de malvivientes.
Sin embargo, según el gobierno federal existe un déficit de 9
millones de casas en el país, por lo que el programa buscará reducir el
rezago de vivienda construyendo 500 mil unidades, lo que bien podría
abonarle al tema de las casas en abandono, de acuerdo con el economista
José Luis Contreras Valenzuela.
A nivel nacional el INFONAVIT tiene detectadas 93 mil viviendas
deshabitadas, de ese total, 18 mil están ubicadas en Baja California.
El
estudio de Situación Inmobiliaria México. Enero 2013 de BBVA menciona
que la vivienda céntrica de bajo costo es difícil de encontrar, falta de
trabajo y espacios sin infraestructura son las causas por las cuales
los derechohabientes no invierten sus créditos en estos precarios
fraccionamientos.
Mientras tanto, el Presidente Estatal de la Cámara Nacional de
Vivienda (CANADEVI), Roberto de Anda González, expresó que el sector ve
con buenos ojos el plan que esperan sea aprobado para que luego se den a
conocer las reglas de operación del mismo.
El organismo informó que los proyectos de construcción de los
agremiados que están en marcha hasta el momento, continuarán su curso.
Cabe destacar que según el registro del organismo, entre 2006 y 2011, en
el estado se edificaron 212 mil 707 casas; 90 por ciento de ellas
fueron de interés social.
Nada nuevo
En tanto el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana dijo que en el
plan no existen variaciones significativas respecto a las propuestas de
los dos últimos sexenios. De entrada solo cambiaron el nombre de la
Secretaría de la Reforma Agraria por la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de la cual es titular Jorge
Carlos Ramírez Marín. Además se propone la edificación de vivienda
vertical algo que se viene haciendo en Tijuana desde hace ya tiempo.
El Presidente del organismo, Roberto Méndez Meza, externó que en el
estado se sigue teniendo una vivienda de tamaño pequeño y con calidad
cuestionable. “Quisiera que esas personas que desarrollan iniciativas,
se pusieran en el lugar del que va a ocupar la vivienda. Este fin de
semana hice un recorrido en algunos fraccionamientos donde hay vivienda
vacía y son fraccionamientos construidos desde hace 35 años. Algunos
todavía no terminan de pagar sus viviendas. Hay un hacinamiento, que no
tienes idea.
“Estamos de acuerdo que se adecúen las leyes pero somos incongruentes
porque no se llevan a cabo. En este programa se promueve que el sector
informal adquiera vivienda. No los llevan a la formalidad y luego les da
un espacio para vivir lo que genera un problema mayor. Si están en la
informalidad dónde lo vas a poder localizar. Es ahí donde está la
incongruencia. Dónde están las políticas adecuadas para hacer esto.
Estamos haciendo una bola de nieve que va creciendo. Definitivamente
nada más le cambiamos de nombre a las dependencias y se sigue haciendo
lo mismo”.
Por su parte el Presidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana,
José Luis Araiza Velazco, abundó: “El programa del gobierno federal se
ve muy social, muy bueno viendo el aspecto de la vivienda. Aunque en
todo México las desarrolladoras han ido ahorcando al comprador con el
pretexto de la cuestión financiera y económica. No han sabido
desarrollar casas de buen tamaño y de buen precio, argumentando que la
tierra es cara”.
El arquitecto subrayó que según estimaciones del colegio, de la
vivienda sola en la región; el 50 por ciento no la puede pagar la
persona mientras el resto no puede vivir en ella, debido a la falta de
infraestructura necesaria.
Por su parte el economista José Luis Contreras apuntó que el proyecto
peñanietista habla de un desarrollo de vivienda sustentable e
inteligente, aunque “lo de inteligente lo dudo y lo de sustentable
también, debido a la voracidad de los desarrolladores, quienes buscan
optimizar recursos cuando llegan a los lugares alejados. Algo que llama
la atención es que no se harán viviendas de interés social con menos de
dos recámaras y el crecimiento en superficie va a ser mayor, aunque no
especifica bien cómo se habrá de hacer.
“Hasta ahí son buenos estos esfuerzos, pero siguen siendo
insuficientes para el rezago de vivienda en el país. Si bien a nivel
nacional la oferta de vivienda ha crecido en más del 15 por ciento, se
requieren 9 millones de viviendas más, lo que significa que hay 35
millones de personas sin hogar. Lo que es grave. En el discurso se oye
bien pero la realidad es otra”, finalizó.
Mientras tanto, desde el punto de vista del ex presidente el Colegio
de Economistas, Rubén Roa, la propuesta paulatinamente reorientará la
generación de vivienda nueva hacía los centros de población en zonas
intraurbanas. Pero, al mismo tiempo, las empresas también tendrán que
cambiar los productos que están ofreciendo, pues “es imposible estar
sosteniendo estas tasas de crecimiento de construcción en las periferias
sin una demanda adecuada y con la infraestructura suficiente o conforme
a lo que está pidiendo el mercado”.
Lo que quiere Peña Nieto
Asimismo, a través de su Política de Vivienda, el gobierno federal
busca proveer a la población rural casas que cuenten con acceso vial,
electricidad, agua y que tengan pisos. Para ello remodelarán más de 90
mil viviendas rurales.
La instancia reguladora de la política de vivienda nacional será la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que además
presidirá una Comisión Intersecretarial en la Materia. Organismos como
la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, Corett, la Comisión
Nacional de Vivienda, Conavi; y el Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares, FONAHAPO, serán coordinados por la Secretaría,
ente que suscribirá convenio con el INFONAVIT para generar el apoyo
necesario para el financiamiento de créditos a los trabajadores.
El documento establece que los créditos y subsidios
del gobierno de la república serán reorientados al apoyo del crecimiento
urbano ordenado. Otro punto establece que buscará reducir el rezago de
vivienda. Impulsando más de un millón de acciones, construcción,
lotificación, ampliación y mejora de hogares (en campo como en las
ciudades). De dicho millón de acciones, la mitad serán destinadas a casa
nuevas.
Otra acción considerada es procurar la generación de vivienda
digna para los mexicanos (cosa que se antoja imposible con espacios de
menores a 40 metros cuadrados para familias de 4 ciudadanos), a través
de 320 mil acciones de mejoramiento.
El Gobierno Federal estima que en el período 2013-2017, el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),
estaría otorgando 2.37 millones de créditos, lo que representa una
inversión aproximada a los mil millones de pesos. 71 por ciento
provendrá del instituto y 29 por ciento del sector financiero vía
programas de cofinanciamiento.
Esperan reglamentación
En torno al plan del gobierno federal, el Presidente Estatal de
CANADEVI, Roberto de Anda González, externó: “La SEDATU, nueva
secretaría, absorbe lo que tiene que ver con el desarrollo territorial y
el desarrollo de vivienda, para hacer puntos interurbanos y usar el
suelo urbano y que no siga el crecimiento de las ciudades de manera
desordenada. Y estará enfocado a la verticalización, van a hacer que se
cambie la dirección en un periodo de dos años. Lo vemos bien.
“En su momento tendrán que venir las reglas de operación apoyadas en
algún tipo de incentivo, sobre todo para el costo de la tierra del suelo
urbano. Hay una buena noticia que vemos nosotros, y es que va
encaminada a la informalidad. El gobierno federal ve que la economía
formal ya está cumpliendo su objetivo con la economía formal y se va con
la economía informal”.
—Comparando con Vicente Fox y Felipe Calderón ¿qué diferencia hay en la propuesta de Peña Nieto?, preguntó ZETA.
“Los tres son momentos macro financieros diferentes. Fox hizo muy
buen trabajo en el tema la construcción; Calderón, le toca la crisis del
2008 y a Peña Nieto le toca el momento de la recuperación. Vamos a
empezar a ver el crecimiento. En Baja California esperamos un
crecimiento del 18 por ciento con relación al año pasado. El presidente
anunció que el sector tendrá que hacer ajustes estructurales, y mencionó
que habrá un periodo de transición de 24 meses para ello, tenemos que
ver las reglas para ver si habrá cambios o no por parte de las empresas
constructoras”.
PRD busca prestaciones para informalidad
El Partido de la Revolución Democrática tiene la intención de que el
sector informal (13.5 millones de mexicanos) adquieran un espacio
habitacional. El 9 de enero de 2013 el grupo parlamentario del PRD
presentó a la comisión permanente la iniciativa de Decreto por la que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Seguro Social,
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio del Estado, que buscan que los beneficios de dichos organismos
se extiendan a los millones de mexicanos que están en la informalidad.
El Artículo 13 del documento establece que los trabajadores
irregulares podrían entrar al INFONAVIT a través de un pago de la
aportación del 5 por ciento, pero cuando preste sus servicios a un
patrón será éste quien lo cubra.
Podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: Los trabajadores domésticos y los trabajadores informales que presten sus servicios de manera independiente.
El trabajador informal tendrá derecho a solicitar su afiliación,
“debiendo el Instituto aceptar como cierta la palabra del trabajador
sobre su calidad de informal; pudiendo hacer las inspecciones necesarias
para verificar su calidad. Por tanto no se podrá exigir a estos
trabajadores el registro fiscal u otros requisitos adicionales para su
inscripción”.
Respecto al tema, el Presidente de la Comisión de Seguridad Social,
Javier Salinas Narváez cree que la seguridad social universal debe ser
posible en México, por lo que es necesario reformar la Constitución.
“Hemos presentado en el pleno esta propuesta y está en análisis. Creemos
que es importante si se da la seguridad social y el acceso a INFONAVIT.
Puede haber aportaciones voluntarias para que el sector informal
cotice.
“El tema del sector informal es relativo. Es importante que los
trabajadores pasen a la formalidad y para eso hay que incentivarlos,
incluso el seguro de desempleo que estamos dictaminando serviría para
atraerlos. En realidad son pequeños contribuyentes, no es tan alto lo
que podrían contribuir, la propuesta sirve para regularizarlos y que
ellos aporten a la seguridad social. No obstante que la propuesta que
traemos es que la seguridad social debe ser universal para los
mexicanos. Hay que apoyarlo”, acotó.
De acuerdo a la Encuesta de Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de
octubre a noviembre de 2012, más de medio millón de personas (647 mil
840) en Baja California estuvieron ocupadas en la informalidad. La cifra
que representa una Tasa de Informalidad Laboral de 45.8 por ciento
respecto al total de la población ocupada, mientras que el número de
desocupados se coloca en 87 mil 584 personas (5.8 de la Población
Económicamente Activa).
(SEMANARIO ZETA/ Francisco Navarro Fausto/ febrero 25, 2013)
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