Gerardo Zúñiga Pacheco
Adonaí Carreón
Estrada, encargado de despacho
Los tres principales
cargos de la Policía Estatal Acreditable quedaron en manos de desacreditados
jefes policiacos
En el nombramiento
de Adonaí Carreón Estrada como encargado del despacho de la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal de Baja California Sur, según un análisis de un
integrante del Grupo de Coordinación, tres son los hechos que resaltan:
1. La mano del
coordinador de Giras del gobernador, Irineo Collins Martínez, en la designación
de funcionarios, porque todos, sin excepción, tienen un vínculo de amistad y
están públicamente identificados con el ex encargado del despacho de la SSPE.
2. El regreso de
jefes policiacos de cuestionable trayectoria, vinculados a escándalos de
corrupción, robo de droga y organizaciones delictivas de narcomenudeo como la
desmembrada banda de Los Zamudio en Comondú, y del asesinado jefe de la plaza
de La Paz, Héctor Antonio Salazar Monzón “El Oaxaco” o “El H”.
3. La presunta
reestructuración de la institución, donde el único interés fue remover de sus
cargos a la mayoría de funcionarios ligados al ex titular, Álvaro de la Peña
Angulo, para despejar el camino a los irineistas.
El nombramiento de
Carreón Estrada, ex Agente del Ministerio Público de la Federación de la
Procuraduría General de la República (PGR) y ex coordinador del Centro de
Operaciones Estratégicas (COE), ocurrido el 27 de febrero, incomodó a algunos
integrantes del llamado Grupo de Coordinación, sobre todo por los antecedentes
del encargado del despacho y algunos integrantes de su equipo de trabajo.
El nuevo encargado
de la SSPE ofreció coordinación estrecha con la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), principalmente con las fuerzas armadas, bajo “los
principios de profesionalismo, lealtad, objetividad, honradez y respeto a los
derechos humanos”.
Sin embargo, la
designación de Adonaí Carreo Estrada es -desde la percepción de algunos
integrantes del Grupo de Coordinación- “el regreso de Irineo Collins Martínez y
el reinicio de la protección al crimen organizado desde las altas esferas de
gobierno, particularmente desde la Secretaría Estatal de Seguridad Pública”.
En la toma de
protesta no estuvo presente el gobernador Marcos Alberto Covarrubias
Villaseñor. En su representación acudió el secretario general de Gobierno,
Armando Martínez Vega, quien expuso: “El equipo que se conforma hoy es en base
a experiencia, conocimientos y la voluntad que mostraron, y la forma en que se
van coordinar con el nuevo secretario de seguridad”.
A continuación, la
lista de nuevos funcionarios de la SSPE:
Adonaí Carreón
Estrada. Encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Fue Agente del Ministerio Público de la Federación en la PGR y coordinador del
Centro de Operaciones Estratégicas (COE).
Jesús Rahgner Torres
Moreno. Director del Centro de Reinserción Social de Los Cabos. Fue ratificado
y estuvo como director del CERESO de La Paz desde el último tramo del sexenio
de Narciso Agúndez Montaño.
Noé del Real
Lizardi. Titular del CERESO de La Paz. Fue subprocurador de Control de Procesos
de la PGJE durante el sexenio de Narciso Agúndez Montaño.
David Manuel Mcdon
Flores. Director del Centro Estatal de Control y Confianza. Se desconocen sus
antecedentes.
América de Jesús
Carrillo Ureña. Directora de la Academia Estatal de Policía. Se desconocen sus
antecedentes.
Martín Álvarez
Savín. Subcomisionado de la Unidad de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable.
Fue comandante y hasta hace poco subdirector de la Policía Ministerial del
Estado.
Álvaro Gerardo
Orlado Cabanillas. Subcomisionado de la Unidad de Análisis Táctico de la
Policía Estatal Acreditable. Fue director de Seguridad Pública, Policía Preventiva
y Tránsito Municipal de Comondú, durante el trienio del ex alcalde Joel
Villegas Ibarra.
Fernando Guadalupe
Ramírez Martínez. Subcomisionado de la Unidad de Investigaciones de la Policía
Estatal Acreditable. Fue director del Centro de Reinserción Social de Los
Cabos, director de Servicios Periciales de la PGJE, director de la Academia
Estatal de Policía y subcomisario en la SSPE.
Francisco Javier
Camacho Manríquez. Subcomisario de la Policía Estatal Preventiva. Fue
ratificado en el cargo y estuvo como director de la Policía Ministerial del
Estado.
De la totalidad de
la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los únicos
funcionarios no removidos de sus cargos son: Los directores del Centro de
Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, conocido como “C-4”; el del
Registro Público Vehicular (REPUVE); el de Prevención y Readaptación Social; y
el de Ejecuciones y Seguimiento de Medidas de Tratamiento para Adolescentes.
Los antecedentes
Tres de los cargos
clave dentro de la Policía Estatal Acreditable, quedaron en manos de
funcionarios considerados como desacreditables.
Datos recabados por
ZETA exponen que los nombres de Martín Álvarez Savín, Álvaro Gerardo Orlando
Cabanillas y Fernando Guadalupe Ramírez Martínez, fueron citados -de manera
independiente y en casos diferentes- en expedientes relacionados a delitos del
robo de droga y vínculos con narcomenudistas, sobre todo con organizaciones
delictivas de la desmembrada banda de Inés Zamudio Beltrán “El Zamudio”, y del
asesinado jefe de la plaza de La Paz, Héctor Antonio Salazar Monzón “El Oaxaco”
o “El H”.
En el caso del
subcomisionado de la Unidad de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable,
Martín Álvarez Savín, en el año 2000, cuando era agente de Investigaciones de
la Policía Ministerial del Estado, fue relacionado junto con un comandante y
tres agentes de haber “robado” parte de un cargamento de droga que habían
decomisado y entregaron incompleto a la Agencia del Ministerio Público de la
Federación de la PGR.
Junto con Álvarez,
los otros involucrados, Enrique Willards Ramírez -comandante- y los agentes
José de Jesús Nieves, Alfredo Zazueta Ramírez e Iván Márquez, tuvieron que
recurrir al amparo cuando el Juez Primero de Distrito libró en aquel entonces
una orden de aprehensión en su contra.
Un narcomenudista de
la banda de Los Teresos fue quien lo inculpó, al ser consignado. En el
interrogatorio expuso que la cantidad de droga señalada en el parte informativo
era inferior al decomiso; tampoco aparecían dinero o armas, por lo que fueron
citados y, sospechosamente, ya habían solicitado permiso para ausentarse de sus
labores por tiempo indefinido. Con el tiempo el caos quedó en el olvido, aunque
el antecedente se asentó en los archivos de la PGR.
En cuanto al
subcomisionado de la Unidad de Análisis Táctico de la Policía Estatal
Preventiva, Álvaro Gerardo Orlando Cabanillas, estuvo involucrado en varios
escándalos cuando desempeñó el cargo de director de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal de Comondú, en el trienio del ex alcalde Joel
Villegas Ibarra.
Según la
averiguación previa PGR/BCS/LP/OE-2/096/2011, en base a los testimonios de Inés
Zamudio Beltrán “El Zamudio” y Obed Guereña Arvizu “El Obed”, ex jefe de la
plaza del narcomenudeo de Comondú y lugarteniente de la banda, respectivamente,
el jefe policiaco apareció en la lista de presuntos policías corruptos que
cobraban cuota de protección y estaban al servicio de narcotraficantes de esa
comunidad.
Según testimonios de
los narcomenudistas, el entonces director cobraba entre 10 mil y 20 mil pesos
semanales por “hacerse de la vista gorda” y permitir la distribución y venta de
droga a lo largo y ancho de Comondú.
Asimismo, fue
señalado directamente por los padres de Asael Valtierra Loya, asesinado el 31
de enero de 2011, de proteger a un
comandante y dos agentes bajo su mando, involucrados en el levantón, ejecución
y calcinación del joven comerciante.
Los policías Felipe
Rodríguez Higuera, José Guillermo Arípez Geraldo y Moctezuma Bareño Mayoral
-según averiguación previa CST/32/TUR2/2011- fueron responsables de levantar a
la víctima y entregarla al ex brazo armado de Los Zamudio, Amador Zamudio
Chávez “El Yeyo”, para robarle 440 mil pesos.
El nuevo jefe policiaco
no solo protegió a sus subalternos, hasta asignó a un asesor jurídico para que
se defendieran, en vez de entregarlos y consignarlos, como señaló Jesús
Valtierra García, padre de la víctima.
No solo eso. Según
la Comisión de Rendición de Cuentas integrada por regidores y encabezada por el
actual alcalde de Comondú, Venustiano Pérez Sánchez, Álvaro Gerardo Orlando Cabanillas -en su
calidad de director de la Policía comondueña- “vendía plazas” a agentes, jefes
de sector y comandantes.
El ex jefe policiaco
estaba tan bien organizado -según explicaron a ZETA- que hasta tenía un
tabulador de precios en las cuotas. Era el siguiente:
- 6 mil 500 pesos
por ocupar el cargo de comandante en Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes,
Puerto Adolfo López Mateos y Puerto San Carlos.
- Mil 500 pesos por
ocupar el cargo de jefe de sector en cualquiera de las citadas poblaciones.
- 700 pesos semanales
por traer una patrulla con torretas y radio en cualquiera de esas poblaciones.
Lo anterior es solo
una breve reseña del grado de descomposición y corrupción que se vivió cuando
estuvo como director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito
Municipal de Comondú.
En el caso del
subcomisionado de la Unidad de Investigaciones de la Policía Estatal
Acreditable, Fernando Guadalupe Ramírez Martínez, fue señalado por un testigo
protegido de formar parte de una red de corrupción que en su momento protegió
al asesinado jefe de la plaza del narcomenudeo en La Paz, Héctor Antonio
Salazar Monzón “El Oaxaco” o “El H”.
Según la
averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/237/2012, que derivó en el aseguramiento
de seis propiedades y la captura de Roberto Salazar Monzón y su pareja
sentimental, Blanca Estela Avilés Agúndez en la ciudad de La Paz, por parte de
un grupo de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (hoy SEIDO), Ramírez, junto con Edgar Siqueiros Rojo y
Luis Alberto López López y otros funcionarios, tenían nexos criminales con los
delincuentes, recibiendo una cuota de protección de hasta 25 mil pesos
semanales.
Carreón, el nuevo titular de la SSPE
El nuevo encargado
del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Adonaí Carreón
Estrada, no fue un funcionario que destacara precisamente por sus resultados
cuando se desempeñó como Coordinador del Centro de Operaciones Estratégicas.
— ¿Cuáles han sido
sus logros o resultados?, cuestionó ZETA al nuevo titular de la SSPE de Baja
California Sur.
“Calmados, calmados,
vamos a esperar para darles una respuesta objetiva”, respondió.
ZETA solicitó una
entrevista formal, sin embargo, el encargado “pidió la oportunidad de sentarse,
revisar la situación y ver la información”.
No obstante, de
acuerdo a un informe de resultados de destrucción de narcóticos de 2012, el
Centro de Operaciones Estratégicas de La Paz logró detener en ese lapso a 285
narcomenudistas. En la lista no aparece ningún “pez gordo”.
La mayoría de los
detenidos -en base a las porciones decomisadas- eran consumidores y algunos
distribuidores, pero nadie relacionado a una organización criminal como las que
en su momento encabezaron los ex jefes de la plaza del narcomenudeo de La Paz,
Adelaido Soto Aguilar o Eduardo Salas Martínez “El Güero Layo”, y Héctor
Antonio Salazar Monzón “El Oaxaco” o “El H”.
Aquí la droga
decomisada:
- 76 kilos 430
gramos y 400 miligramos de marihuana
- 239 gramos y 740
miligramos de metanfetaminas
- 176 gramos y 10
miligramos de cocaína
- 162 unidades de
psicotrópicos
- 124 gramos y 200
miligramos de marihuana
- 1 kilogramo con 47
gramos de sustancias negativas.
Desde hace tiempo,
el ex coordinador del COE desempeñó el cargo de Agente del Ministerio Público
de la Federación en los municipios de Los Cabos, Comondú y Mulegé, a excepción
de Loreto, donde tampoco se detuvo a criminales plenamente identificados como
jefes de la plaza del narcomenudeo.
De hecho, en casi
dos años -de 2006 a 2008- que estuvo en Comondú, y donde dicho sea de paso,
tuvo la oportunidad de conocer a Álvaro Gerardo Orlando Cabanillas, nunca
persiguió ni detuvo a la banda criminal de Los Zamudio, como lo hizo en su
momento el Ejercito Mexicano, entidad que se encargó de encarcelar a la mayoría
de sus integrantes.
Sin embargo, Carreón
Estrada se dijo conocedor de “la inquietud y necesidad de seguridad preventiva,
y en esa base de conocimiento, nos vamos a enfocar, y vamos a tratar de
acercarnos más a la gente y sensibilizarnos de lo que representa la
inseguridad”.
— ¿Cuál es el
diagnóstico que tiene Usted sobre seguridad?
“Afortunadamente, y
en comparación a nivel nacional, somos un estado, aparte de bello y con grandes
recursos naturales, todavía muy seguro; y claro, se está presentando el
incremento de la delincuencia, sobre todo del robo, y en esa base y fenómeno
jurídico delictivo, aportaremos nuestra función preventiva. Tratar de aportar
nuestros elementos técnicos y jurídicos para que el Agente del Ministerio
Público del Fuero Común pueda integrar bien cualquier averiguación previa y
ejerza la acción legal en los tribunales técnica-jurídicamente, para que se
pueda impartir justicia y poder sancionar al delincuente”.
Para concluir, el
nuevo encargado del despacho no supo delinear su plan de trabajo, tampoco marcó
sus prioridades: “Vamos a asumir el cargo, análisis de la situación de la
Secretaría y programar la estrategia que debemos seguir coordinadamente con las
dependencias municipales y federales, y estrecharemos la relación con la
Procuraduría General de Justicia del Estado y contribuir a la procuración de
justicia”.
(SEMANARIO ZETA BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ marzo 4,
2013)
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