Especialmente en el sexenio anterior, el gobierno
federal auspició la proliferación de universidades privadas que, en los hechos,
no son otra cosa que organismos improvisados donde los estudiantes no aprenden
nada. La SEP ya tiene detectados a esos centros de educación superior
certificada (según informó en enero), pero no divulga cuáles son, con lo que de
alguna manera perpetúa el fraude. Especialistas en educación superior alertan
sobre este fenómeno, que le quita presión al gobierno federal pero les cancela
el futuro a muchos jóvenes de escasos recursos que se ilusionan con
licenciaturas de papel.
Santiago Igartúa/Reportaje Especial
MÉXICO, D.F. (Proceso).-
El octavo día de enero, cumplido un mes del mandato de Enrique Peña Nieto –para
quien la educación fue tema central para posicionar su gobierno–, la
administración federal propagó la noticia: A través del informe RVOE Federales
y Programa de Fomento a la Calidad de las Instituciones Particulares se
descubrió que durante los últimos seis años la Secretaría de Educación Pública
(SEP) encubrió a universidades privadas, popularmente denominadas patito,
responsables de impartir 7 mil 84 programas de licenciaturas, maestrías y
doctorados que no cumplen con la calidad mínima requerida para su
certificación.
Según el documento,
esos más de 7 mil programas educativos, equivalentes a 45.6% de las opciones de
estudio de nivel superior en el sector privado, avalados por la SEP, fueron
sancionados. Sin embargo sólo se retiró el Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios Superiores (RVOE) a 921 programas durante ese periodo. En ninguno de
los casos, entre sancionados y cancelados, se dio a conocer la lista de las
instituciones que los imparten, violando el artículo 56 de la Ley General de
Educación.
El pasado 11 de
enero el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, dijo al respecto: “Estamos
haciendo el estudio correspondiente a ese tipo de escuelas, que sí las hay. (…)
reconozco públicamente que sí hay escuelas patito, escuelas que no cumplen con
sus obligaciones y que tendrán que someterse a los criterios de evaluación que
el INEE establezca”, dijo en el Foro México 2013, Educación y Formación de
Capacidades para el Trabajo Productivo, auspiciado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
A pesar de
considerarlas un “fraude” educativo, el funcionario se rehusó a dar a conocer
la lista, alegando que sería poco respetuoso con los maestros y estudiantes de
las escuelas señaladas. “Aún no hay un diagnóstico de esas escuelas, tenemos
resultados prácticos. Cuando hagamos las evaluaciones, las escuelas patito, las
que estén mal, tendrán que enfrentar consecuencias jurídicas”, advirtió.
Exhibido el fraude,
expandidas las universidades sin rango, el 23 de enero los diputados Ricardo
Monreal y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, publicaron una
iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en el número 3693-III de la
Gaceta Parlamentaria, donde exhortan a la SEP a difundir de manera permanente
en su sitio en internet la lista de universidades privadas que han sido
identificadas por defraudar la calidad educativa.
“Esta situación es
un claro ejemplo de lo insuficiente que resultó la ‘pseudorreforma educativa’,
que dejó sin tocar a las universidades patito que defraudan a miles de jóvenes
universitarios que salen sin los conocimientos que se requieren, y para los
padres que hacen un esfuerzo para que sus hijos tengan estudios universitarios
ante la falta de ofertas públicas”, dice el documento.
El dato cobra
relevancia, sigue el documento, al considerar que aproximadamente 30% de la
matricula nacional de educación superior –más de 1 millón de jóvenes– estudia
en universidades privadas.
“Y no es para menos,
cuando recientemente nos encontramos con el hecho que de la educación superior
privada sólo 13.8% de las instituciones particulares de enseñanza superior
cuenta o está en proceso de tener sus programas evaluados, y cuando 90% de las
universidades particulares con RVOE federal, otorgado por la SEP, se ubican en
los niveles uno y dos de calidad en una escala de cinco; es decir que funcionan
sólo con los requerimientos mínimos que establece la ley”, dicen, haciendo
referencia al informe que presentó la SEP.
Propiciadas por el Estado
La proliferación de
universidades calificadas como patito es resultado de una política pública,
según especialistas consultados por Proceso. Para ellos, el “promotor” de ese
mercado de escuelas de baja calidad es el Estado mexicano.
“El Estado es el
principal promotor de este circuito mercantil. Fue el Estado el que le dio
condiciones a ese mercado de educación barata al no hacerse cargo de atender la
demanda. Con la existencia de ese tipo de escuelas (el gobierno) se ahorró
muchísimo dinero y construyó una vía de escape a la presión que le ejercían los
nuevos aspirantes a la educación superior”, explica el investigador de El
Colegio de México (Colmex) Manuel Gil Antón.
En el estudio que
presentó la SEP se informa que durante la administración de Felipe Calderón se
presentaron 11 mil 636 solicitudes para impartir programas educativos de nivel
superior con RVOE, de las cuales fueron autorizadas 8 mil 592, más de la mitad
de los programas vigentes totales autorizados por la SEP.
A su partida,
Calderón se jactó de haber elevado la cobertura en educación superior en 35%,
incluidos los programas que la nueva administración de la SEP ha señalado por
ser un fraude.
“Es un 35%, pero con
qué calidad. Y ahora, según el reporte de Responsabilidad Social de la ANUIES,
quieren llegar a 50% en 2020. ¿Así, donde más de la mitad de los programas son
un fraude? ¿De qué sirve ampliar la matrícula, atender a mayor proporción de
jóvenes, si una parte muy importante está estudiando en instituciones que no
tienen RVOE o que si lo tienen son un fraude?”, cuestiona Adrián de Garay,
exrector de la UAM-Azcapotzalco.
–¿Cómo interpreta
esta denuncia al amanecer del sexenio, con la que se exhibe a la administración
pasada? –se le pregunta a Gil Antón.
–Viene en la lógica
de que el Estado va a retomar la rectoría de la educación. Es una crítica a la
pasada gestión, pero no se ha convertido en una nueva política con respecto a
esas instituciones (patito). De entrada (la administración de Peña Nieto), tampoco
se compromete a nada. Nos deberían haber dado la lista. Chuayffet no la da
porque perderían credibilidad social esas instituciones. ¡Necesitan perderla
porque son fraudulentas! No se trata de proteger a un particular, sino de
proteger su incumplimiento de la ley.
“Lo grave en lo que
ha dicho Chuayffet es que aun con el aval gubernamental no hay calidad.
Entonces las personas están indefensas. ¿Quieren retomar la rectoría de la
educación? Debería haber empezado por cancelar la posibilidad de seguir estudiando
en esas escuelas que no necesitan el RVOE para funcionar.
“Cuando descubren
que no tienen la calidad suficiente, la acción del Estado es una denuncia, no
una clausura y tampoco la apertura de opciones universitarias públicas. El
problema no se resuelve. Ha habido instituciones en las cuales habría que
fincar responsabilidad penal por engaño. ¿Dónde está la acción de la SEP en
eso? Ahí hay un terreno de impunidad. No sólo de quienes ofrecen ese servicio
sin calidad, sino de quienes lo aprobaron y lo siguen permitiendo”, dice el
sociólogo, quien califica como una tragedia que en México ingresar al sistema
de educación superior no garantiza acceder al conocimiento “relevante”.
Urge una reforma
legislativa que “impida” que operen esas instituciones, dice De Garay. “Y eso
va a la par de invertir muchos millones de pesos para ampliar la oferta como
responsabilidad pública. ‘Te voy a cerrar tu universidad, pero junto tengo que
construir otra’, para atender a esos miles de jóvenes a los que se les está engañando.
Hasta ahora Calderón no hizo más que abrir casi 100 (96) institutos
politécnicos y tecnológicos que no están funcionando porque no tienen demanda.
En cambio fue vergonzoso ver cómo apoyó al sector con los préstamos para
ingresar a esas escuelas. Se cambió un movimiento de rechazados de la
universidad pública por uno de futuros endeudados”.
Durante tres semanas
Proceso solicitó una entrevista con algún funcionario de la SEP para abordar el
tema. Dijeron estar ocupados en otros asuntos. La Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (Copaes), organizaciones calificadas para
la certificación de la educación superior, también declinaron hablar con el
reportero.
Fragmento del
reportaje que se publica en la edición 1896 de la revista Proceso, ya en
circulación.
(PROCESO/ Santiago Igartúa/Reportaje Especial/ 7 de
marzo de 2013)
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