Buscados en Baja California, Gonzalo Inzunza Inzunza “El Macho
Prieto” y Cenobio Flores Pacho “El Checo” operan el trasiego de la droga
sinaloense por Mexicali, desde Sonora y Nayarit. Con los cabecillas
ausentes, las células con más poder económico se disputan el territorio
criminal, y sostienen una pugna con grupos de policías corruptos
dedicados al robo y venta de droga
Las estructuras criminales del Cártel de Sinaloa en Mexicali, están
enfrentadas. De ahí el incremento en la inseguridad y las ejecuciones en
semanas recientes. Las células que traen la pugna: Los Chentes, Los
Zavala, Los Gilillos y Los Garibay.
Los criminales sectorizados están bajo la tutela delincuencial de los
representantes del cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la capital
bajacaliforniana, los compadres Gonzalo Inzunza Inzunza “El Macho
Prieto”, y Luis Fernando Castro Villa y/o Cenobio Flores Pacho “El
Checo”.
Tras su pista, áreas de inteligencia estatales han integrado una
línea de tiempo sobre la presencia y delitos de los mafiosos. Y cómo se
han trasladado de un lugar a otro:
“El Macho”. Se estableció en San Luis, Río Colorado -frontera
con Baja California-, Puerto Peñasco y Nogales en Sonora, apoyado en el
trasiego de droga desde Sinaloa y América del Sur por su hermano,
identificado solo como “El Peque”.
Los grupos encabezados por “El Macho” fueron perseguidos del cártel
cuando en diciembre de 2010, su cabecilla asesinó a Paulo Osorio en la
carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, cacería que se canceló en octubre de
2012, cuando militares abatieron a Manuel Torres Félix “El Ondeado”, su
rival dentro del cártel sinaloense.
De hecho las autoridades locales tuvieron conocimiento que a
principios del año anterior, gente de “El Chapo” llegó a Mexicali para
ajustar cuentas. Según fuentes oficiales se trató de Édgar Omar Amaya
Ruiz “El 7” y/o “El 7-7” -detenido y liberado-, y otro del que solo
pudieron saber, se llama “Braulio”.
“El Checo”. Tenía su base de operaciones en Mexicali, pero se
autoexilió a partir de diciembre de 2011, cuando las fuerzas de
seguridad capturaron a algunos de sus cómplices y lo identificaron
físicamente. Los investigadores presumen que se traslada entre los
estados de Michoacán y Nayarit.
De los dos perseguidos, comentó un investigador a ZETA, “… no están en el estado, por lo que ha surgido estos grupos. A falta de liderazgo”.
Pero la ausencia de los de Sinaloa no ha disminuido la inseguridad en
la capital. Confiaron los oficiales: desde el Valle de Mexicali, Baja
California, hasta el Golfo de Santa Clara en San Luis Río Colorado,
Sonora, se mantenía otra pugna por el control de la zona entre la
familia Garibay.
Por un lado está la célula que encabezaba -hasta el 19 de febrero de
2013, día en que lo asesinaron en Jalisco- José Manuel Garibay Félix “El
Gordo”; y por otro, el equipo delictivo dirigido por su primo Luis
Garibay “El Güicho”, quien aseguran, tenía una combate a muerte contra
su fraterno.
“El Gordo” Garibay y Luis Alfredo Garibay Félix “El Güicho”,
comparten los mismos apellidos y la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Baja California los tenía registrados como hermanos. Sin
embargo, al ser detenido y en septiembre de 2012, “El Güicho” señaló que
Manuel Garibay Espinoza “El Manuelón” (padre de “El Gordo”) era su
tío, pero no lo conocía.
“El Güicho” fue capturado como uno de los presuntos responsables del
robo de armas realizado en las oficinas de policía en el Ejido Nuevo
León en Mexicali la primera semana de 2012. Sin embargo, fue liberado
bajo fianza con las reservas de Ley, y deportado a Estados Unidos, donde
nació y era requerido por una multa menor.
De acuerdo a datos de inteligencia de las corporaciones mexicalenses,
“El Gordo” Garibay traficaba droga que le proveían familiares de “El
Mayo” Zambada. Al “Güicho” Garibay se le vincula a gente de los Félix
Torres, afiliados directamente a “El Chapo” Guzmán.
El Descontrol
A los problemas de Gonzalo Inzunza “El Macho Prieto” y previo a la
huida de Cenobio Flores Pacheco “El Checo”, se sumó un robo de 500 kilos
de marihuana en julio de 2011 del grupo de “El Mayo”, y otro
cargamento, 200 kilos de cocaína, que era trasegada por gente de “El
Chapo” en marzo de 2012. El enervante fue extraído de un vehículo “levantado” y llevado a un corralón en Islas Agrarias, y posteriormente regresado a su dueño, sin la droga.
Como los presuntos responsables de estos hurtos de la mercancía
ilegal fueron elementos de las corporaciones cachanillas, se
recrudecieron los enfrentamientos entre células de narcotraficantes
locales contra los grupos de Policía y elementos ministeriales ligados
al crimen organizado.
Pleito que se desató en noviembre de 2011 y se ha prolongado por 16
meses, según el contenido de indagatorias abiertas por diversos
expedientes iniciados por asesinato de uniformados e investigadores de
la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Empezó con unas cartas dejadas en copias sobre patrullas y carros particulares de policías y enviadas a jefes policiacos: “Mire Pu… COMANDANTE El 16 de julio Pu… MUNICIPALITOS ME CHINGARON 500 KILOTES DE MOTA QUIERO MI MOTA PU… RATEROS”,
y que tuvo sus consecuencias más recientes en el mes de febrero, con el
ataque perpetrado el sábado 16 en el fraccionamiento Gran Hacienda de
Mexicali.
El intento de homicidio concluyó con la muerte del agente municipal
Juan Francisco Castañeda Robles, a quien se investigaba por su abundante
situación patrimonial, y la permanencia en estado de coma de su amigo,
Jorge Alberto “El Pelón” Soto Patiño, nombre incluido en la lista
extraoficial de criminales y policías corruptos presuntamente
involucrados en el robo de cocaína en marzo de 2013.
De hecho, las autoridades tenían ubicado a “El Pelón” Soto Patiño
como integrante de la célula de agentes ministeriales a las órdenes de
“El Chapo” que Adolfo Roa Lara encabezó hasta su detención el 24 de
abril de 2008; en la que también participa el primo de “El Pelón” y ex
miembro de la Policía Estatal Preventiva, Carlos Patiño Castillo, quien
les informaba la ubicación de droga que podían robar. Soto Patiño había
sido detenido en octubre de 2009; posteriormente se le liberó.
Juan Francisco Castañeda Robles, el policía fallecido en el
Fraccionamiento Gran Hacienda de Mexicali, tenía 15 años sirviendo como
policía, en su expediente se incluían 14 faltas administrativas por
indisciplina, prepotencia, abuso de autoridad y no entregar su arma de
cargo, todas cometidas antes del año 2005. Después fue enviado a
Servicios Especiales, asignación que se da a agentes de edad avanzada
y/o castigados, según remite un agente municipal entrevistado.
El agente contaba con una investigación patrimonial, informó a las
autoridades municipales, ganaba 300 mil pesos anuales producto de la
venta de vehículo, suma mayor que su sueldo anual como agente municipal,
además de vehículos y propiedades que no correspondían a su nivel
económico. Por ello iniciaron indagaciones y lo habían citado a
comparecer el 5 de marzo de este 2013.
Los Grupos en Pugna
Todos los traficantes de droga, menudeo o mayoreo operan en Mexicali
con el Cártel de Sinaloa, pero en términos de células, no existe un
grupo dominante, lo que ha ocasionado el surgimiento de pequeños
subgrupos que se atacan entre sí.
Según estimaciones públicas hechas por el Subprocurador contra la
Delincuencia Organizada, Abel Galván, quien encabeza el equipo de la
Procuraduría General de Justicia del Estado que actualmente realiza el
mapa de narcomenudeo, en Mexicali se desenvuelven delictivamente entre
30 y 40 células de narcomenudistas.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado considera que son desprendimientos de tres grupos subdivididos:
Los Chentes. Encabezados por Vicente Reyes Yáñez, apresado por
el delito de homicidio el 9 de septiembre del año 2000 y condenado a 11
años de prisión. En Baja California, entre los años 1990 y 2000, se le
fincaron cargos por robo, robo con violencia, homicidio calificado,
evasión de preso, delitos contra la salud y portación de arma prohibida,
sin embargo, solo fue juzgado y condenado por un asesinato, y su
abogado logró reducir la pena original de 23 años a 11.
En denuncias anónimas telefónicas recibidas entre noviembre de 2011 y
enero de 2013, “El Chente, su hermano Gerardo, Miguel Espinoza “El
Maico”, Luis Rangel “El Chito” Antonio Meda “El Baja Júnior”, “El Loco
Valdez” y “El Perrote”, han sido denunciados como traficantes de droga,
reclutadores de jóvenes para narcomenudeo y disparos de arma de fuego en
vía pública.
Reportes de inteligencia indican que tienen controlada la actividad
criminal en las colonias Luis Donaldo Colosio, Santa Isabel; Lucerna,
Baja california, Santa Bárbara y Nacionalista. Ninguno ha sido ubicado o
detenido.
En el organigrama en poder del Consejo Estatal de Seguridad, la lista
de socios criminales de “El Chente” incluye al dueño de un rancho
ganadero dedicado legalmente a la producción porcina con permisos de
importación proporcionados por la autoridad.
Este sujeto de apellido Morfín, ha sido incluido en dos
averiguaciones previas en Baja California, una por manejar en estado de
ebriedad y otra por robo simple. Adicionalmente tiene permiso para
visitar a un primo detenido en el penal de san Luis Río Colorado por
delitos contra la salud.
Conforme a datos policiacos, este hombre tiene el control del tráfico
de drogas en la zona de Vicente Guerrero, localizada en el Valle de
Mexicali, colindante con la Línea Internacional.
Además, comparte territorio criminal con lo que queda del grupo de
“Los Gilillos” resabios del otrora poderosos grupo encabezado por Ismael
y Gilberto Guerrero Higuera, cuya operatividad está concentrada en la
zona de San Luis y Valle Verde.
Los Zavala. Célula presuntamente encabezada por Gerardo
Miramontes Zavala en la que también opera su hermano Federico Miramontes
Zavala. Las fuerzas del orden los tienen identificados en actividad
delictiva desde febrero. En enero de 2008, uno de sus empleados
criminales, Albino Navarro, fue encarcelado por el asesinato de un
agente de la Patrulla Fronteriza, en esa misma fecha, la Procuraduría
general de la República fincó cargos en contra de los hermanos, pues al
catear su casa se localizó droga. Cuatro años después siguen libres.
Según reportes de las policías locales, tienen sus bases delictivas
en la colonia Baja California y 27 de septiembre, sin embargo, ninguno
ha sido ubicado o detenido.
Los Garibay. Equipo delictivo que incluye a Luis Alfredo
Garibay Félix y Francisco Javier Campos Barraza en el mando, y como
socios criminales, una larga lista de sujetos que gozan de libertad:
Francisco Rosas, Isidro Peña, Crecenciano Chávez; Raymundo Rivera; Ramón
Guillén, Óscar Canchola, José Morales, Miguel Torres, Mauro Vega,
Carlos Patiño, Amado Campos, Abelardo Hernández y un hombre identificado
como “El Cubano”.
Juntos mantiene control del tráfico de droga y personas en el valle
mexicalense, específicamente en los ejidos Hermosillo, Querétaro,
Saltillo; Xalapa, Veracruz 1 y 2, Guadalupe Victoria (en tres zonas);
Nuevo León, Bonfil, Puebla, Chiapas II, Quintana Roo y Elías.
Los presuntos cabecillas, Luis Alfredo Garibay “Güicho” y Francisco
Javier Elías Campos “Cachetes”, ya han sido capturados. Garibay en dos
ocasiones, en febrero de 2009 en compañía precisamente de Barraza Campos
-los detuvieron en San Luis Río Colorado después que intentaron
secuestrar en el Ejido Chiapas en Mexicali a un hombre llamado Ramiro
Jaime-. Estaban en compañía de otros cuatro hombres, pero todos lograron
la libertad, incluido “El Cachetes”, consignado en aquella ocasión en
posesión de una pistola Pietro Beretta 9 milímetros.
A Luis Alfredo lo volvieron a capturar el diciembre de 2012, como
presunto responsable del ataque y robo en oficinas de la Policía
Municipal de Mexicali, pero también alcanzó libertad.
Así, los líderes de cárteles y cabecillas de célula en Mexicali, aun identificados, siguen gozando de total libertad.
Sin Rastro de Empresario
Hasta el cierre de esta edición, no se tenía noticia del
paradero del empresario del ramo de aire acondicionado que fue sacado a
la fuerza por un comando de hombres fuertemente armados de su negocio,
el cual se localiza en Colonia Las Flores.
Los delincuentes que se lo llevaron violentamente el 25
de febrero de 2013, y hasta la tarde del jueves 28, no habían llamado a
la familia para solicitar dinero por liberarlo, razón por la cual la
autoridad no lo tiene documentado como secuestro. El expediente en su
caso se abrió por privación ilegal de la libertad, bajo la causa penal
NUC-9541.
Informes policiacos indican que fue a las 7:00 pm del
lunes cuando el grupo de personas llegó al negocio del empresario
-ubicado por la transitada Avenida Aviación-, sometiéndolo para después
trasladarlo en una camioneta de color blanco con placas de California,
el cual tampoco había sido localizado.
Pese al fuerte operativo realizado en las inmediaciones del lugar, no se logró obtener pistas de los delincuentes.
A la fecha todos los testigos y familiares han sido
declarados, así como los videos de vigilancia del Ayuntamiento y de
otros negocios ubicados en las inmediaciones; sin embargo, solo han
servido para establecer la ruta de escape de los delincuentes.
La familia señaló que la víctima no había recibido
amenazas y tampoco se le extorsionó. En la revisión de los antecedentes
del comerciante, la autoridad no localizó ninguna actividad ilícita.
Tuvieron que pasar dos días para que la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) diera la cara, luego de que el
presidente de la Cámara de Comercio de Mexicali, Jorge Cervantes,
denunciara otro par de intentos de secuestro.
En una improvisada conferencia, la subprocuradora de
Justicia en Mexicali, María Elena Andrade, confirmó lo que el alcalde ya
había hecho público: que se había secuestrado a un empresario local.
Cuestionada sobre los avances de la investigación,
señaló que aún existían pocos datos, y los que se tenían, se guardaban
por secrecía de la indagación. También desmintió la existencia de una
banda de secuestradores de empresarios, ya que los hechos a los que
hacía alusión el representante de CANACO no eran un intento de
privación, sino que se trató de un robo con violencia perpetrado las
tres de la mañana, el cual se atendió de manera inmediata tras el
llamado de Cervantes, pero la víctima se negó a denunciar el caso.
“Hasta ahorita no tenemos tipificado que se trate de un
secuestro, no hay ninguna solicitud de un rescate, estamos estudiando y
trabajando todo el entorno familiar de esta persona, primero para
canalizar la investigación por el lado que corresponde, no se encuentra
ahorita completamente claro el panorama en cuanto a que se trate de un
secuestro. Lo que tenemos formalmente y de manera objetiva, es una
privación de la libertad”, apuntó la funcionaria.
El martes 26 de febrero, apareció el cuerpo calcinado de una persona del sexo masculino en un vehículo Nissan Maxima
con placas de California y reporte de robo, por lo que, abordada
respecto a la posibilidad de que se tratara del empresario, María Elena
Andrade comentó que debido a las condiciones en las que se encontraba el
cuerpo, aún no se podía especificar si se guardaba relación o no. (ZETA Mexicali)
Operativo Refugio Crystal
La oficina de campo en San Diego de la Agencia Antidrogas (DEA, por
sus siglas en inglés), que identificó a José Isidro Rodríguez Lara como
sospechoso de liderar una célula dedicada al tráfico de metanfetaminas
de México a Estados Unidos, dio origen al “Operativo Refugio de Crystal”, abierto a principios de 2012.
La primera intervención policial contra Rodríguez se realizó el 21 de
marzo del año anterior, cuando elementos de la DEA que vigilaban su
residencia en la ciudad de Vista, lo siguieron hasta una casa en San
Marcos. Ahí se reunió con David Aguilar. Cuando entró a la casa llevaba
una bolsa de mandado, salió 30 minutos después con las manos vacías,
abordó su camioneta y se fue.
Momentos después una pareja de hombres salió del inmueble cargando un sobre manila doblado y abordaron un auto Chrysler Sebring.
El vehículo fue detenido en el área de Temecula por agentes de la
Patrulla Fronteriza que apoyaban el operativo federal.
Los tripulantes
fueron identificados como Edson Solís Valdovinos y José Juan Mancilla
Monje, este último señalado por las autoridades mexicanas como
originario del Estado de Guerrero y residente de la colonia Campestre
Murúa de Tijuana.
Los agentes encontraron el folder manila escondido en un
compartimento secreto en el centro del tablero del auto, y en su
interior, un cuarto de libra de metanfetaminas.
En lugar de encarcelarlos y exhibirlos públicamente con la droga, los
agentes estadounidenses los liberaron, pero siguieron sus pasos
meticulosamente y grabaron sus llamadas telefónicas con otros miembros
de la banda. Su objetivo final era llegar a los operadores centrales y
reunir suficiente evidencia para fincar debidamente los cargos, y
asegurar que cumplan condenas desde 10 años en prisión hasta cadena
perpetua.
Cientos de horas de conversaciones intervenidas fueron monitoreadas y
grabadas, descifrando sus claves de operación y los nombres que daban a
las drogas, refiriéndose a los paquetes de cristal como “las camionetas”, y a los de cocaína como “los autos”, aunque también los llamaban “las chicas” o “los galones de leche”.
Otros miembros de la banda fueron detenidos durante el curso de la
investigación, incautándoles teléfonos móviles de los que extrajeron
información. A través de las llamadas intervenidas se logró ubicar a
Manuel Marcial como uno de los intermediarios entre los traficantes del
norte de San Diego y los “proveedores” de Tijuana y Guadalajara.
En repetidas ocasiones Marcial cruzó la frontera a bordo de una camioneta Honda CRV
acompañado de su hijo menor de edad o por una mujer. Por lo regular lo
hacía solo y en la madrugada, otras ocasiones cruzaban hasta cinco autos
al mismo tiempo, para asegurar que si uno era detenido, serviría como
distracción y los demás lograrían pasar. El pago por cruzar la droga de
Tijuana a Estados Unidos era de 400 dólares aproximadamente.
La banda empleaba al menos a siete mujeres que participaban en
diferentes actividades, desde cuidar las casas de seguridad donde
almacenaban la droga, hasta servir como avanzada de los autos cargados
con droga para evitar ser detectados en los filtros de revisión de la
Patrulla Fronteriza en las autopistas de California, o transportar los
cargamentos.
Una de las implicadas, Guadalupe Natalie Pérez, fue detenida cuando
transportaba un cargamento de droga con sus dos hijos: uno de 5 años y
otro de once meses de edad. La droga fue encontrada en la pañalera del
menor. Esta mujer de 22 años de edad fue ubicada por las autoridades
mexicanas como originaria de Tijuana, aunque residía en Vista,
California.
Los últimos trabajos de vigilancia de la DEA se realizaron a finales
de enero de 2013. La mañana del jueves 21 de febrero se ejecutó en el
Condado Norte de San Diego un operativo conjunto entre agencias
federales y locales, logrando la detención de 13 de los 19 implicados
integrantes de cárteles mexicanos con base en Tijuana y Guadalajara, que
continúan abasteciendo de cristal y cocaína a traficantes del Condado
norte de San Diego. Diez de los detenidos tendrán su audiencia
preliminar ante la Corte del Distrito Sur de California el jueves 7 de
marzo.
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