La fulminante detención de Elba Esther Gordillo y los
cambios en los estatutos del PRI, que incluyen en sus órganos directivos al
presidente de la República, recuerdan la época del poder absoluto ejercido
desde Los Pinos. Enrique Peña Nieto disfrutó visiblemente el estruendoso
aplauso de las huestes priistas que concurrieron a la XXI Asamblea Nacional y
seguramente está convencido de que podrá sacar adelante las reformas que se
proponga, con todos sus recursos, políticos o judiciales.
Jesusa Cervantes/Proceso
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Con la detención de Elba Esther Gordillo, Enrique Peña Nieto
intimidó y aterrorizó a sus correligionarios, quienes se sometieron
entregándole las riendas del PRI; diluyeron el “nacionalismo revolucionario”
para abrazar el “pragmatismo” como ideología y borraron de su Programa de
Acción cualquier referencia al IVA y a los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución, que establecen el dominio de la nación sobre el petróleo, señalan
militantes de ese partido y analistas políticos.
Cinco días después
de que Gordillo fuera encarcelada, el PRI modificó sus documentos básicos y
formalizó la inclusión del presidente de la República en sus principales
órganos de decisión, institucionalizando así una de las facultades
metaconstitucionales que los ejecutivos federales priistas ejercieron de manera
ininterrumpida 70 años.
Algunos integrantes
de la dirigencia nacional del PRI dicen con desenfado: “¿Y por qué negarlo?,
¿por qué negar su peso en el partido?” No es cinismo, afirman, es
institucionalizar lo que Jorge Carpizo llamó las facultades
metaconstitucionales del presidente. Es un tema que no genera poder absoluto ni
una “presidencia imperial”, defiende en entrevista Samuel Aguilar Vargas,
secretario priista de Acción Electoral.
Si bien José Antonio
Crespo niega que la maniobra implique el regreso de la “presidencia imperial” o
que Peña Nieto tenga hoy “el poder absoluto”, acepta que se merma la democracia
interna del PRI. No obstante, el analista, catedrático y estudioso del sistema
político mexicano aclara que “así les gusta: regresar a la gobernabilidad
vertical porque les es más funcional y les permite estar unidos para…
mantenerse en el poder”.
En entrevista con
Proceso, asegura que los priistas asumen una posición pragmática porque en los
12 años de oposición les costó trabajo tomar decisiones, así como elegir a sus
dirigentes y a sus candidatos, lo que se tradujo en un debilitamiento de dicho
partido.
“La decisión de
incluir al presidente en los órganos directivos del PRI implica regresar a la forma
de gobernabilidad que han tenido desde que nacieron; es una gobernabilidad
vertical, muy poco democrática, que pone las principales decisiones en el
presidente de la República como líder nato del partido, como árbitro supremo,
como eje central del partido.
“Al hacerlo, los
priistas renuncian a cualquier esquema de autonomía del partido frente al
Ejecutivo y de democracia interna, pero que les es más funcional y más práctico
para lo que al PRI le interesa: Mantener la unidad y disciplina que se traduce
en regresar y estar en el poder”.
Desde su
perspectiva, la eliminación de las referencias al IVA o la posibilidad de abrir
aún más el sector energético a la iniciativa privada, en este caso el petróleo,
sólo evidencia el regreso de la tecnocracia a la dirección del partido.
“¿Cuál tecnocracia?
Pues la de Carlos Salinas, la de Ernesto Zedillo, de Pedro Aspe con su pupilo
Luis Videgaray. ¡Claro que es el regreso de la tecnocracia al PRI! Regresa a la
dirección del partido, se refleja en sus documentos básicos y se va a reflejar
en el tipo de reformas que va a proponer Peña Nieto y que, con la disciplina
que está consiguiendo, es probable que cuente con la mayoría de las bancadas
priistas”, comenta.
Politburó mexicano
Aguilar Vargas,
duranguense que hoy tiene la responsabilidad de que el PRI triunfe en 14
estados en las elecciones del próximo 7 de julio, defiende el derecho de Peña
Nieto a formar parte de los principales órganos de dirección del PRI y a
participar en las decisiones importantes.
El 3 de marzo, a 84
años del surgimiento del PRI, la XXI Asamblea Nacional de ese partido incluyó
al “presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de filiación priista”, en el
Consejo Político Nacional y en la Comisión Política Permanente (CPP). Ésta es
la encargada de aprobar las candidaturas a puestos de elección popular.
En el artículo 78 de
los Estatutos del PRI se enlista a quienes forman parte de esta CPP y en el 78
bis, las atribuciones de dicha comisión. Entre ellas, por ejemplo, “analizar la
situación política, económica y social del país y fijar la posición del partido
y recomendar acciones conducentes” o formular recomendaciones sobre la agenda
legislativa. Una más: Proponer políticas públicas. Otra, “dictar resoluciones
para el cumplimiento de los documentos básicos”.
Se le dice al
integrante del CEN del PRI que esto parece la creación de un “politburó” como
el del Partido Comunista de la Unión Soviética, que controló la dirección
partidista y los órganos de gobierno.
“¡Claro que no! Lo
que decimos es que lo que mucho tiempo fue una función metaconstitucional hoy la
estamos institucionalizando de cara a la nueva realidad.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en
Proceso 1897, ya en circulación)
(PROCESO/ Jesusa Cervantes/ 9 de marzo de 2013)
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