POLICIA BÁRBARA

El municipio, impávido; la PGJE, cómplice; el Gobierno, aval

Luis Fernando Nájera

En Los Mochis, civiles siguen desapareciendo a manos de policías municipales, como en un maltrecho guión de una película fúnebre llena de barbarie, desenfreno bestial en el que queda oculto el desenlace de la carnicería de inocentes.

La historia reciente de desesperanza de tres familias habría comenzado a escribirse la tarde del jueves 31 de enero, cuando circunstancialmente, en Juan José Ríos, se reunieron cuatro jóvenes: los primos hermanos Efrén Ulises Valenzuela Muro, jornalero, de 22 años y recién llegado de Cabo San Lucas; Luis Carlos Acosta Muro, de 23, comerciante de fierro viejo; Irving Jared Blanco Rodelo, de 21 años, trabajador mortuorio y estudiante de ingeniería en sistemas computacionales en la Universidad de Occidente, campus Los Mochis, y un turista, amigo del primero, conocido del segundo, y desconocido para el tercero.

Estos, después de organizar la parranda, en honor de encontrarse, designaron a Irving Jared como conductor responsable, además de que el auto Neón, blanco, modelo 1995, con placas VMV-7381 de Sinaloa era de su propiedad, y por lo tanto andaría con cuidado

Luego de dotarse de cervezas, se enfilaron a Los Mochis, en donde anduvieron sin rumbo fijo. Entre las 22:30 horas y 23:00 horas, todos decidieron retornar, y enfilaron sobre el bulevar Macario Gaxiola, al norte, pretendiendo llegar a la carretera Internacional. Justo después de pasar los moteles, el turista pide una escala técnica, para orinar. Irving detiene la marcha, y rueda lento para poner una distancia prudente que los salve del aroma a caño.

El turista es cobijado por la oscuridad, y permanece oculto a la vista. Es el único que a la distancia observa el arribo de una patrulla, una de la Policía Municipal de Los Mochis. Piensa que es una revisión de rutina. No traemos nada y se irán pronto. Decide agazaparse. Luego llega otra patrulla. Ya son dos. Luego otra más. Ya son tres. Algo pasa, se pregunta para sus adentros y se mantiene oculto. Escucha montar cartucho y gritos. Se asusta. El aire arrastra los ¡ay! de dolor de sus amigos. Luego, la fiereza policial se agrava. No quiere hacerlo pero saca la cabeza, abre sus ojos y ve cómo sus amigos son montados en las patrullas.

Se retiran “en fila india”, en convoy, y se pierden entre el monte y el caserío del fraccionamiento Montebello. Espera y sale de su escondite. Revisa el auto de sus amigos y está cerrado. Cruza el bulevar, se oculta en una gasera, se esconde en las faldas del cerro de La Memoria. Los detuvieron, piensa, y pronto pagarán la multa y regresarán. Sigue esperando, espera y espera. El sueño lo vence y cuando despierta, ya el auto desapareció. Escala el cerro, rodea la ciudad, aguarda a que amanezca y toma un camión para Juan José Ríos. Al llegar, avisa a los padres de los muchachos que estos fueron detenidos por la Policía Municipal, y que a él no, porque estaba orinando.

Eso es lo que recuerdan y narran Érika Blanco Rodelo, Rosa Amelia Muro Rábago e Hiram Mendívil Soto, familia de los tres muchachos, de la declaración ministerial del turista, único testigo del arribo de los policías de Los Mochis a donde estaban esperándolo sus amigos.

Ellos, los jóvenes, no lo sabían entonces, pero minutos antes en que los muchachos aguardaban en el auto, en lo alto del cerro de La Memoria, justo a los pies de la virgen María Reyna del Valle, un “cholo” asesinó de un tiro al novato policía preventivo Aarón Gutiérrez Martínez, de 32 años de edad. El agente fue asaltado cuando “noviaba”, y en un aparente descuido del delincuente, lo encañonó con su arma, solo que el hampón disparó primero y lo mató. El lugar se llenó de policías sumamente furiosos, que buscaban vengar a su compañero. En el perímetro de la búsqueda se encontraban los cuatro muchachos.

Érika Blanco y Rosa Amelia Muro, recuerdan que la noche del jueves tomaron sus celulares para llamar a los muchachos. Irving Jared nunca contestó. El celular de inmediato enviaba al buzón. Rosa Amelia escuchó por el auricular que la voz que le contestaba no era la de su hijo Luis Carlos, y cuando preguntó con quién hablaba le colgaron. Luego el móvil envió al buzón. Separadas por varias calles, pero hermanas por la misma angustia nocturna, las mujeres sintieron cómo el vacío se alojaba en sus entrañas. Y así aguardaron el amanecer.

Muy temprano, las familias se reunieron para buscar a sus muchachos. Llegaron hasta el pórtico y un guardia les dijo que los muchachos no estaban detenidos. Que había patrullas clonadas y que los buscaran en otro lado. Entonces, la angustia se anidó en el alma.

Durante el viernes, dicen, recorrieron cuanta policía sabían que existían, y nada. En hospitales, tampoco. A los muchachos se los había tragado la tierra. Con la esperanza de verlos vivos aguardaron 24 horas. Quisieron denunciar la privación de la libertad a manos de la Policía, pero en las agencias de guardia les dijeron que tendrían que esperar 72 horas, tres días. No lo hicieron, y en Guasave reportaron la desaparición de Irving Jared. El sábado denunciaron el hecho. El domingo aguardaron, y el lunes, se movilizaron, protestaron, acompañados de amigos de los muchachos.

No fue la única movilización, pues esa misma mañana, el procurador, Marco Antonio Higuera Gómez, voló en helicóptero desde Culiacán hasta el estadio Centenario y de ahí se trasladó a la Subprocuraduría y en la banqueta recibió a los denunciantes, y luego a cinco familiares directos.

Fiel a su estrategia de estorbar, dilatar, obstaculizar, entorpecer, obstruir, detener, frenar y complicar las denuncias contra policías de Ahome, el procurador tomó en sus manos la averiguación previa y se la llevo a su despacho para encerrarla bajo llave, mantenerla en el limbo.

Su primera intervención oficial en el caso fue dudar de la versión del testigo. “Hay inconsistencias” les dijo. Y al día siguiente obligó a los familiares de los desaparecidos a que gastaran en el traslado del testigo a Culiacán, para que ampliara la declaración. Y así lo hicieron, dice la familia, porque “tenemos confianza en el procurador y en el gobernador, Mario López Valdez, que prometieron aclarar el caso”.

El mismo discurso

La misma confianza en las mismas autoridades y en los mismos personajes la mostró Zurrís Adai Verdugo Velázquez, cuando en diciembre del 2012 denunció que su esposo, Victorino Solís Luna, reconocido líder pesquero de El Colorado, había desaparecido en medio de un operativo de la Policía Municipal de Los Mochis, y que un día después fue encontrado asesinado y calcinado parcialmente, en el panteón de El Colexio, Choix, a unos 250 kilómetros de donde comenzaron los hechos.

Y finalmente, ella fue traicionada y abandonada por los mismos funcionarios que le ofrecieron justicia, cuando la narcomenudista, Wendy Patricia Álvarez Valdez, sobreviviente en un enfrentamiento a balazos y convertida en testigo a modo porque lo fue de oídas, dijo a la Policía que había escuchado que quien había matado a Victorino fue Abraham Isabel Valdez Valencia, el Patato, residente de San José de Ahome, y su célula de Los Mazatlecos.

El caso del pescador contra la Policía fue archivado, porque el Patato y cuatro de sus secuaces murieron en un tiroteo con los genízaros. La viuda perdió interés en buscar justicia.

En esa búsqueda de justicia, continúan ahora los padres, tías y tíos de los muchachos desaparecidos. Y con esa intención acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, en donde interpusieron la décima queja en contra de gendarmes preventivos de Los Mochis, al menos en los primeros 35 días del 2013.

De haberse esperado algunos momentos, se hubieran cruzado con el evangelista, Raúl Aguilar Valenzuela, que obligado por las circunstancias ahora tiene que andar a salto de mata, escapando, sin saber por qué, de la Policía Municipal de Los Mochis.

Y es que él sabe que cuando la Policía Municipal de Ahome se encapucha, la cosa termina mal para una familia, sea de delincuentes o de inocentes, como en su caso, y en el cual desaparecieron a su hermano Christian Alberto Aguilar Valenzuela, de 22 años, el Piolo y Viridiana Guadalupe Martínez Valenzuela, de 14 años, respectivamente.

La última vez que los vieron, testigos dijeron que quedaron en medio de dos patrullas, en el tramo carretero entre Las Grullas Margen Izquierda y El Colorado.

Luego vieron pasar las dos patrullas a Los Mochis, y en la caja de una de ellas, la motocicleta. A los muchachos, se los tragó la tierra.

Raúl dice que la Policía ya había ido a su casa a buscar a su hermano, y a la de sus padres, y a la de los hermanos. “Por eso no duermo en una casa, porque cuando la Policía te busca, desapareces. Y ya estamos desesperados. Buscamos a mi hermano y a la cuñada, pero nadie responde nada. Por eso venimos aquí, a la comisión”.

La queja contra la Policía Municipal por la desaparición de ambos jóvenes fue la onceava del 2013.

María Aracely Sepúlveda Sauceda, visitadora zona norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos calificó de preocupante la gran incidencia de quejas por detenciones arbitrarias, malos tratos y desapariciones que particulares le atribuyen a la Policía Municipal.

“Lo malo es que son reiterativas. En el 2013 ya van 11, y durante el 2012, más del 80 por ciento fueron para esa corporación”.

Y lo peor, dijo, es que el Ejecutivo municipal ha sido reticente para atender y cumplir cuatro recomendaciones en favor del mejoramiento de Seguridad Pública. “Las acepta, pero no las atiende, y la reincidencia de abusos en contra de civiles va en aumento”.

Dan la cara… y se enojan

Obligados por la andanada de quejas en contra de la Policía Municipal, el secretario de la Comuna, Zenón Padilla Zepeda y el jefe interino de la Policía Municipal, Jesús Carrasco Ruiz, dieron la cara, este viernes. Pero más tardaron en salir que en enojarse.

Padilla Zepeda, aclaró que estaban dando la cara porque el alcalde, Zenén Aarón Xóchihua Enciso y el Departamento de Comunicación se lo habían pedido, no por voluntad propia, ni por rendirle cuentas a la sociedad.

Y contra la sociedad, ambos funcionarios la arremetieron. Lo menos de que la calificaron fue de ingrata, injusta, inculta e impreparada, para reconocer los logros que en materia de seguridad pública se habían conseguido, en menos de dos años.

Carrasco Ruiz fue parco. Respondió preguntas y mantuvo su respuesta. “No levantamos, detenemos. Las denuncias son por familia de delincuentes. Todos esos están en la cárcel”.

Afirmó que en el caso Juan José Ríos, no tuvieron participación, aunque en los alrededores realizaron un operativo. “Hay un testigo, que identifique las patrullas, todos traen números y placas. Tenemos el rol de servicio, sabemos quienes andaban en ellas. Que la Procuraduría investigue”.

(RIODOCE.COM.MX/ Luis Fernando Nájera/ febrero 11, 2013)