Aroa de la Fuente y Francisco Cravioto/Reforma
México, DF.- El 19 de febrero de 2006, una
explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila, dejó
sepultados a 65 trabajadores. Desde entonces, Grupo México y el Gobierno
federal han impedido que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para
fincar responsabilidades por el siniestro. Los deudos de los trabajadores
finados aún continúan demandando justicia.
Desafortunadamente,
esta tragedia es sólo un capítulo más del historial negro de la actividad
minera en México a lo largo de las dos últimas décadas. Aunque el Artículo 27
Constitucional establece que los recursos minerales pertenecen a la nación, la
industria minera opera a sus anchas en el país. Las empresas mineras –dominadas
por capitales extranjeros y empresarios pertenecientes al 1% más rico de
México– operan con márgenes de ganancia inconmensurables, al tiempo que la
población mexicana paga los costos por su actividad.
Con la entrega de 27
mil 210 títulos de concesión para la exploración y explotación minera, más de
una cuarta parte del territorio nacional ha sido concesionado. Muchas de las
comunidades asentadas en estos territorios lo ignoran, ya que rara vez son
informadas del otorgamiento de un título minero. A lo largo del trámite de
apertura de una mina, el Gobierno encuentra vacíos en la legislación para no
hacer llegar información a las comunidades.
Además, la poca
información que publica el Gobierno se encuentra dispersa, lo que dificulta su
comprensión. Por si fuera poco, pese a la legislación internacional y nacional
a la que está sujeto el Estado mexicano, no se llevan a cabo consultas a los
pueblos indígenas y las comunidades campesinas sobre los proyectos.
De esta manera, los
proyectos son aprobados sin informar y consultar a la población, que sufrirá en
carne propia sus impactos. Aunque toda minería es dañina, especialmente grave
es el caso de las minas a cielo abierto que destruyen montañas enteras –en su
lugar quedan cráteres de diámetros superiores a los 400 metros– y dejan a la
intemperie los metales tóxicos del subsuelo que contaminan aire, tierra,
acuíferos y fuentes de agua.
Esto conlleva graves
consecuencias para la salud de todos los seres vivos de la región e
imposibilita la realización de actividades económicas tradicionales, como la
agricultura y la ganadería. Además, para separar los metales del resto de
sustancias del suelo se utiliza mercurio, cianuro u otras sustancias
extremadamente tóxicas, sin que exista una estrategia efectiva para contener
estos desechos que tardan miles de años en degradarse. Y por si fuera poco, una
sola de estas minas utiliza anualmente más agua y electricidad que una ciudad
del tamaño de Oaxaca.
Ingresos
Y mientras la
actividad minera deja todos estos impactos y consume los recursos de todas y
todos, su régimen fiscal es tan laxo que apenas genera ingresos para el Estado.
Además del ISR e IVA que deben pagar todas las empresas en México, las mineras
únicamente pagan el derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio
público que se cobra por el número de hectáreas concesionadas.
Es decir, en nuestro
país las mineras no pagan un peso en función del valor de los minerales que
extraen. Ello explica por qué, pese a que en 2011 el PIB minero se situó en 214
mil millones de pesos, los ingresos por derecho a la minería sólo supusieron 2 mil
800 millones –lo que representa el 0.15% de los ingresos totales del sector
público.
Otro dato relevante
en este sentido es que, aunque el PIB minero creció en casi 575% en la última
década, el empleo del sector sólo lo hizo en 12 por ciento. Esta situación es
posible gracias al gran vacío que existe en la regulación del sector minero en
México, con la excusa de atraer la inversión en el sector y utilizarlo como
motor de desarrollo. Vacío que estuvo detrás del accidente de Pasta de Conchos
y que permite que, hasta hoy, las investigaciones pertinentes sobre el mismo
sigan sin realizarse. A la luz de los datos presentados, cabe preguntarse cuál
es el éxito de esta política.
El Pacto por México
tiene entre sus compromisos expedir una nueva Ley Minera que haga de la minería
una actividad socialmente responsable. Es una oportunidad única para mejorar la
regulación del sector, ¿será que existe la voluntad política necesaria para
ello?
Investigadores del
proyecto sobre industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e
Investigación.
(ZOCALO/ Aroa de la Fuente y Francisco
Cravioto/Reforma/ 17/02/2013 - 04:05 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario