Reporte Índigo
México, DF.- Ni el
titular de la Segob ni el de la PGR acertaron sobre el país de origen de la
empresa contratada por la propia Procuraduría para hacer los peritajes, ambos
la ubicaron como una empresa inglesa. La trasnacional tiene su sede en Suiza,
como consta en su página de Internet
La primera crisis en
la que el gobierno de Enrique Peña Nieto se juega la credibilidad de su equipo
de Seguridad Nacional ha quedado a cargo de una compañía que tiene nexos con
los hijos de Marta Sahagún y con el caso de Zhenli Ye Gon.
La Société Générale
de Surveillance (SGS), empresa suiza contratada por la Procuraduría General de
la República (PGR) para hacer los peritajes de la explosión en el edificio B2
de Pemex, tiene un historial largo y sinuoso.
En principio, SGS tiene
un conflicto de intereses por hacer el peritaje de un área donde había archivos
de contrataciones con Pemex, de la que esa misma compañía fue beneficiaria.
La contrató la PGR,
pero su propio titular, Jesús Murillo Karam, no dijo bien su nombre ni su lugar
de origen.
En la conferencia de
prensa en la que el Gobierno divulgó la versión de la explosión por gas,
agradeció la participación de la compañía “SGC” y dijo que era de origen
inglés.
Tampoco Emilio
Lozoya Austin, director general de Pemex, sabe quién hace los peritajes en sus
instalaciones. El viernes pasado volvió a nombrarla como “la empresa inglesa
SGC”.
El secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no la mencionó por su nombre en el
desayuno con reporteros el pasado lunes 11, pero cometió el mismo error. Dijo
que había en la zona “una empresa contratada de las más importantes en el
mundo, de Inglaterra”.
Más aún, el vocero
de SGS para este caso, Brian Dunagan, fue funcionario de Shell y Halliburton,
dos petroleras texanas a las que la izquierda ha señalado por tener interés en
la reforma energética que abriría Pemex a la iniciativa privada.
SGS es líder mundial
en certificación de calidad, auditorías y control de procesos. El Gobierno
mexicano le ha otorgado temas tan sensibles como las aduanas y los controles de
obras públicas millonarias, y pretende, para 2015, duplicar su valor de mercado
en México.
Sus vínculos no son
menores: está relacionada con los hermanos Bribiesca, hijos de Marta Sahagún,
la esposa de Vicente Fox.
LA CONEXIÓN
La compañía que ha
dado las explicaciones técnicas de la explosión en Pemex ya había sido noticia
en México.
Entonces las notas
no eran positivas ni se citaba a sus peritos como “expertos internacionales”.
Corría el año 2005 y SGS estaba en medio del escándalo.
La primera
licitación que llevaría a dejar en manos privadas la revisión y certificación
de mercancías de las aduanas nacionales, era ganada por la compañía mexicana
Logistic Free Trade Zone y la transnacional suiza.
El representante de
la empresa mexicana era Juan Carlos López Rodríguez, que había sido funcionario
de aduanas.
En 2006 la revista
“Proceso” publicó que López habría sido “sancionado en octubre del 2004 con 28
millones de pesos y suspendido de sus funciones por 12 años como director de la
Administración Central de Investigación Aduanera”. La sanción era por tráfico
ilegal de productos chinos.
Actualmente, López
no aparece en el catálogo de funcionarios sancionados por la Secretaría de la
Función Pública, pero sí está involucrado con productos chinos.
SGS y Logistic Free
Trade Zone ganaron la concesión para operar el Recinto Fiscalizado Estratégico
de San Luis Potosí, mientras seguía latente el vínculo de SGS con los hijos de
Martha Sahagún.
En entrevista con el
diario “La Jornada” en octubre de 2005, José Guzmán Montalvo, entonces titular
de la Administración General de Aduanas, lo admitió.
Dijo que los
hermanos Bribiesca “tienen contacto con la empresa (SGS) desde 1993, mucho
tiempo antes de la administración de Vicente Fox”.
Esta concesión
implicaba que SGS revisaría la mercancía en las aduanas, clasificaría los
aranceles a pagar por ella y verificaría el origen y el valor de lo que pasaba
por los puertos de entrada y salida del país.
Esta revisión hecha
por particulares, no por el Gobierno, aún es legal y fue refrendada en la
administración de Felipe Calderón.
Así lo reconoce el
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, actualizado a
julio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación.
Este documento
establece que entre las competencias de la Administración General de Aduanas,
se encuentra la de “otorgar concesión o autorización para que los particulares
presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de
comercio exterior”.
También los autoriza
para que, dentro de los recintos fiscalizados, “las mercancías puedan ser
objeto de elaboración, transformación o reparación para su posterior retorno al
extranjero o exportación”.
Estas canonjías
legales permiten que SGS tenga vigentes las concesiones para revisión,
supervisión y certificación de mercancías en los puertos de Manzanillo, Lázaro
Cárdenas y Veracruz, que vencerán entre 2013 y 2015.
En el puerto de
Topolobampo, Sinaloa, la concesión es más amplia. Se trata de “contrato de
servicios portuarios”, otorgado en enero de 2010 y que tendrá vigencia hasta el
mismo mes de 2014.
Incluye la
inspección de carga y descarga de productos en diferentes tipos de transporte,
como buques, camiones, tolvas, contenedores, almacenes y bodegas en el interior
de ese recinto portuario sinaloense.
De acuerdo con una
investigación de la Marina filtrada a la prensa en 2010, el mismo año en que se
autorizó dicha concesión, Topolobampo es uno de los puertos de operación del
cártel de Sinaloa.
Esta investigación
determinó que la red de vínculos del cártel con las capitanías del puerto era a
través de tripulantes de buques, empleados de confianza, veladores y empresas
de México, Panamá, Estados Unidos y Honduras.
ZHENLI YE GON Y LOS HERMANOS LÓPEZ RODRÍGUEZ
También la
averiguación previa abierta por la PGR por el caso de contrabando de drogas
sintéticas a cargo de Zhenli Ye Gon llevó a nexos con SGS.
Actualmente, aún la
compañía SGS tiene control de las entradas y salidas de mercancías a través de
los puertos.
Ye Gon, a quien el
departamento de justicia de EU le retiró los cargos porque los testigos que lo
incriminaban se retractaron y no reiteraron las acusaciones, está en proceso de
extradición a México.
De concretarse su
expediente, caería otra vez en manos de la Procuraduría General de la República
y a Jesús Murillo Karam le tocaría hacer una revisión de los posibles vínculos
con SGS, la empresa contratada para investigar la explosión en Pemex.
(ZOCALO/ Reporte Índigo/ 14/02/2013 - 04:03 AM)
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