Los escándalos de
corrupción en España salpican a la clase política y empresarial de ese país. El
más reciente, el llamado caso Bárcenas, involucra de lleno a la cúpula del
Partido Popular, a integrantes del gobierno y al propio presidente Mariano
Rajoy, quien presuntamente recibió 322 mil 231 euros por concepto de
sobresueldos no reportados al fisco. Los efectos políticos ya son evidentes: El
apoyo ciudadano a la gestión de Rajoy se desploma, las marchas de protesta
contra la corrupción de su partido se multiplican y los líderes de la oposición
de plano le exigen que renuncie.
Alejandro Gutiérrez
MADRID (Proceso).-
El caso Bárcenas se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el
presidente Mariano Rajoy: La publicación de 14 páginas de un cuaderno con los
apuntes de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular (PP), puso al
descubierto que el mandatario y un buen número de altos dirigentes de su
partido presuntamente cobraron “dinero negro” proveniente de donaciones
ilegales que hicieron empresas españolas, principalmente del ramo de la
construcción.
Se trata de los
apuntes de una contabilidad paralela a la oficial del PP, en los que Bárcenas
anotó los jugosos sobresueldos que desde 1990 a 2008 recibieron los dirigentes
sin que ese dinero fuera reportado al fisco, y que dio a conocer el periódico
El País el 31 de enero y el domingo 3.
Rajoy habría cobrado
322 mil 231 euros, producto de las 35 aportaciones periódicas que recibió entre
1997 y 2008. Además entre 2003 y 2008, siendo presidente del PP, aparecen
apuntes para la adquisición de trajes y corbatas por un monto de 33 mil 207
euros a nombre de Trajes Mariano, Corbatas presidente o Trajes M.R.
Este escándalo
–conocido ya como “caso Bárcenas”– golpeó directo a la credibilidad de Rajoy,
descrito por su entorno como un hombre austero y honesto. Optó por negar que el
PP cobrara o pagara nunca “dinero negro” durante un acto partidista el sábado
2, donde afirmó que son “infundios” contra él y el partido, que “dañan a
España”.
También la
secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, negó la veracidad de la
información y rechazó haber recibido sobres con dinero. Sin embargo en los
documentos la también presidenta de Castilla-La Mancha aparece con dos cobros
por un monto de 15 mil euros en 2008, poco después de asumir la dirigencia
partidista.
Este escándalo se
sumó a un cúmulo de casos de corrupción que acabaron con la paciencia de los
españoles, quienes durante los 13 meses de gobierno de Rajoy han padecido una
agresiva política de recortes a las prestaciones sociales y, en contraparte,
incremento en impuestos (IVA, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
el de Bienes Inmuebles) y servicios (copago sanitario).
Desde que estalló el
escándalo se han sucedido las protestas frente a la sede del PP, en el número
13 de la calle Génova, donde los ciudadanos molestos gritan consignas como
“¡Rateros!”, “¡Que se larguen!”, “¡Más educación y menos corrupción!”. Así lo
hicieron cientos de jóvenes que recorrieron las calles del centro de Madrid el
miércoles 6.
En las últimas
semanas los principales titulares de la prensa española están vinculados a
casos de corrupción, entre ellos el Urdangarín. Este último se refiere al
juicio que se sigue contra el duque de Palma acusado de cinco delitos, entre
ellos blanqueo de capitales, al aprovechar su fundación y su posición en la
Casa Real para beneficiarse de contratos con los gobiernos balear y valenciano.
Esta es una pieza judicial separada del caso Palma Arena, que enjuicia al ex presidente
balear del PP, Jaume Matas.
Los casos se
acumulan vinculando al PSOE (caso Campeón, caso ERE), a Convergencia i Unió
(CiU) que promueve la independencia catalana (caso ITV, caso Pallerols, caso
Palau) y a otros políticos en los casos Malaya, Pokemón, Mercurio, Bankia…
Esto ya tiene
reflejo en las encuestas: El miércoles 6 el Centro de Investigaciones
Sociológicas difundió su sondeo de enero que arrojó que el PP tiene una ventaja
electoral de 35% –aún 4.8% más que el PSOE–, con una caída de 9 puntos desde el
inicio del gobierno.
A su vez la encuesta
de Metroscopía para El País, difundida el domingo 3, concluye que el PP cayó
casi 20% (de 43.6 a 23.9%) desde las elecciones generales de noviembre de 2011.
El 77% de los encuestados rechazó la gestión de Rajoy, 85% desconfía de él, 77%
pide un congreso extraordinario del PP que depure responsabilidades por la
corrupción y 54% exigió elecciones adelantadas.
Dirigentes de tres
partidos –el PSOE, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia– pidieron por
separado que Rajoy dimita y adelante las elecciones generales para un nuevo
gobierno. Hasta hoy Rajoy y su equipo se han negado.
“Luis el cabrón”
En entrevista con
Proceso, José Luis Peñas –ex concejal del PP en Majada honda, cuya denuncia fue
base del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política y una de cuyas
derivaciones es el caso Bárcenas– coincide con la exigencia de dimisión de
Rajoy.
“Una persona con un
mínimo de dignidad y ética política, desde hace mucho tiempo hubiera dimitido.
Sólo recordemos que hace casi cuatro años, cuando surgió la acusación contra
Bárcenas, Rajoy se enrocó en su defensa, lo protegió, le pagó su defensa y le
mantuvo su oficina durante un tiempo”, dice.
Peñas se refiere a
la aparición pública de Rajoy el 2 de abril de 2009 arropado por su comité
ejecutivo nacional. El entonces líder de la oposición defendió a Bárcenas y al
eurodiputado Gerardo Galeote:
“Ellos afirman su
inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son
inocentes”, dijo entonces Rajoy. Los documentos de la investigación, sin
embargo, arrojaban que el entonces tesorero había recibido 1 millón 353 mil
euros en efectivo de la trama Gürtel, y Galeote 652 mil euros en efectivo,
viajes, coches y joyas.
El denunciante
entregó en diciembre de 2007 a la Unidad de Delitos Financieros y Económicos de
la Policía Nacional un conjunto de casetes con 17 horas de grabaciones
subrepticias de sus conversaciones con el empresario Francisco Correa, cabeza
de la trama, en las que éste alardeaba de pagar comisiones ilegales a miembros
del PP a cambio de contratos para sus empresas o como intermediario para otros
empresarios (Proceso 1746).
A la fecha la
justicia está procesando a 60 dirigentes o ex dirigentes del PP y empresarios
de Madrid, Valencia, Castilla y León. La justicia española envió comisiones
rogatorias a Suiza y Estados Unidos solicitando información de los procesados.
El caso está en manos del juez Pablo Ruz, quien ocupó el juzgado de la
Audiencia Nacional que dejó vacante Baltasar Garzón, víctima del caso Gürtel al
ser condenado por un delito de prevaricación tras estallar esta bomba contra el
PP.
Entre los documentos
incautados a Francisco Correa, la policía y el juez descubrieron anotaciones en
la documentación contable que identificaban las donaciones personales que
recibía Bárcenas bajo las denominaciones “L.B.” o “Luis el cabrón”, por lo que
fue acusado por cohecho y delito fiscal. El tesorero presionaba a alcaldes para
que le dieran obras y la organización de eventos del PP a Correa.
Bárcenas fue el
hombre del dinero en el PP durante 20 años, primero como gerente y desde 2008
como tesorero general por designación directa de Rajoy. Por sus manos pasaron
todos los detalles y secretos del manejo financiero de ese partido.
Pese a las
evidencias y a la presión interna para que este acusado renunciara al PP y que
abandonara el escaño de senador, Rajoy lo protegió. Bárcenas resistió a esa
presión y mandó las primeras señales exigiendo la protección partidista bajo el
entendido de que él tenía los secretos del PP.
No fue sino hasta el
19 de abril, 14 meses después, cuando presentó su dimisión al Senado. Un
dirigente político relató a corresponsales que Bárcenas presionó a Rajoy,
sabedor de que era una bomba de tiempo por el volumen de información con que
contaba. La prensa española asegura que al abandonar el PP transportó nueve
cajas con documentación vital.
Cuentas en Suiza
En pasado 16 de
enero se hizo público que Ruz encontró una serie de cuentas de Bárcenas por 22
millones de euros que estuvieron depositados en el Dresdner Bank, en Ginebra,
para evitar el brazo de Hacienda en España.
Esta nueva
información fue parte de la respuesta que Suiza dio a la comisión rogatoria
girada en mayo de 2009, es decir, la respuesta tardó tres años y medio. Según
fuentes judiciales el retraso se deriva de otro caso, de la negativa de España
a extraditar a Suiza al francoitaliano Hervé Falciani, el técnico informático
que extrajo información del banco HSBC en Ginebra, que contiene las listas de
miles de defraudadores.
La información en
poder de Ruz concluye que Bárcenas habría trasladado una parte de sus fondos
privados al banco Lombard Odier Darier en julio de 2009, después de declarar
como enjuiciado en el Tribunal Supremo, en virtud de que entonces aún mantenía
su fuero parlamentario. Bárcenas habría vaciado sus cuentas del Dresdner Bank a
partir de mayo de 2009, es decir, poco después del evento en el que Rajoy lo
defendió.
Peor aún: Un informe
entregado por la defensa de Bárcenas al juez destapó que el ex tesorero
regularizó 10.9 millones de esos fondos a través de la amnistía fiscal que el
gobierno de Rajoy anunció en marzo pasado, cuyo objetivo era hacer “aflorar” el
dinero oculto de los defraudadores. Y lo hizo con el pago sólo de 1.4 millones
de “multa”. El tema acorraló más a Rajoy frente al airado reclamo de la
oposición, que obligó a la comparecencia parlamentaria del ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro.
La ministra de
Salud, Ana Mato, también se vio atrapada en los avances del juicio Gürtel: El
viernes 1 se supo que entre 2000 y 2004 Francisco Correa –inmerso en la trama
Gürtel– les pagó a ella y a su familia viajes a destinos españoles y europeos
–Suiza e Irlanda–, obsequios de moda y las fiestas infantiles de la familia por
un monto que rebasa los 50 mil euros. Su ex esposo Jesús Sepúlveda, ex alcalde
de Pozuelo, está imputado en el caso. Gaspar Llamazares, portavoz de la comisión
de Salud del Congreso, dijo que Mato no tiene legitimidad para seguir en el
cargo porque “no puede ser al mismo tiempo la ministra de los ‘copagos’ y de
los regalos”.
Pero ahí no
terminaron los problemas para Rajoy y su entorno. La primera información sobre
la contabilidad paralela la difundió el periódico El Mundo el 20 de enero,
asegurando que Bárcenas pagó “sobresueldos en (dinero) negro” a parte de la
cúpula del PP, por cantidades que oscilaban entre 5 mil y 15 mil euros
mensuales.
Aunque no identifica
a sus cinco fuentes el diario aseguró que el dinero procedía de comisiones
cobradas a constructoras. “Bárcenas ha amenazado con sacar a la luz esta
contabilidad si el partido no le ayuda a librarse de las consecuencias penales
del caso Gürtel, que podría arrancarle una condena de cárcel”, señaló.
“No me consta” la
existencia de esos pagos, fue la respuesta que dieron De Cospedal y el resto de
la cúpula.
Sin embargo el 28 de
enero El País publicó lo que denominó “los papeles secretos de Bárcenas”, que
registran que ese sistema de pagos para evadir al fisco venía desde la época de
José María Aznar y prosiguió con Rajoy. E identificó a las empresas que hicieron
las donaciones.
Este tema provocó un
cisma en el PP y en los sectores político y empresarial porque también aparecen
los vicesecretarios Rodrigo Rato –ex ministro de Aznar y ex director gerente
del FMI– y el ultraconservador Jaime Mayor Oreja.
El dinero alcanzó
también a los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas,
Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, entre muchos otros.
El diario también
aseguró que más de dos tercios de los ingresos registrados en la contabilidad
manuscrita que llevaba el ex tesorero del PP “vulneraban la ley de
financiamiento de partidos políticos”. Los supuestos donativos superaban los
topes legales de haber sido entregados por vías oficiales o bien porque
procedían de empresas a las que les está prohibido hacer aportaciones a los
partidos.
Esos documentos
secretos de Bárcenas podrían abrir la puerta a un delito de financiamiento
ilegal del PP, porque incluyen gastos de funcionamiento del partido, como pago
de asesoría jurídica, encuestas o estudios, entre otros.
El fiscal general
del Estado, Eduardo Torres-Dulce, decidió pedir a la Fiscalía Anticorrupción
investigar esos posibles sobresueldos, por encontrar indicios de delito.
Aunque su idea
inicial era solicitar al juez Ruz que abriera una “pieza separada” del caso
Gürtel, decidió que lo lleve la fiscalía, porque por el momento no se ha
encontrado relación entre la contabilidad “B” con las cuentas de Bárcenas en
Suiza.
Para conocer el
origen de los fondos de dicha contabilidad y el destino de los mismos la
fiscalía llamó a declarar a Bárcenas, a su antecesor Álvaro Lapuerta y al ex
diputado del PP Jorge Trías, quien como testigo confirmó que Bárcenas le mostró
hace años el cuaderno de los apuntes que reveló El País. Los dos primeros
negaron la existencia de una contabilidad secreta.
Por otra parte Ruz
pidió informes a la Agencia Tributaria para conocer si además de Bárcenas y
Alfonso García Pozuelo (dueño de la constructora Hispánica), otros 21
enjuiciados por la trama Gürtel se acogieron a la amnistía fiscal del gobierno
de Rajoy, entre ellos Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo.
Se solicitó además
un informe para certificar si Bárcenas cometió un delito fiscal al regularizar
los 10.9 millones de euros.
Pero el goteo no
termina ahí: Los informes de las autoridades suizas hunden más a Bárcenas
porque se descubrió una nueva cuenta en el Lombard Odier, desde donde
transfirió 1.5 millones de euros al español Bankia, con los cuales pagó para
acogerse a la amnistía fiscal.
El ex presidente
Aznar presentó una demanda contra El País por violación al derecho al honor,
porque el matutino le atribuyó “supuestas conductas y decisiones ilegales en la
gestión económica del PP”, según un cable de Europa Press.
El diario había
asegurado, citando al entorno de Bárcenas, que “desde la etapa de la
presidencia de José María Aznar hasta la del propio Mariano Rajoy, los
principales dirigentes del partido han cobrado un sobresueldo que ni el partido
ni ellos declaraban al fisco”, y atribuye que el “sistema fue ideado por
Aznar”, que se negó a cobrar “un sueldo tan abultado como presidente del PP”.
Supuestamente
ausente de la primera fila de la política desde septiembre pasado, la ex presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es la que mayor provecho político
está obteniendo del escándalo:
Se propuso para
encabezar “una urgente regeneración democrática” de la política y encabezó una
revuelta de los “barones” del PP exigiendo a Rajoy que se querelle contra
Bárcenas, supuesto al que hasta hoy el presidente se niega a llegar.
(PROCESO/Alejandro Gutiérrez/ 14 de febrero de 2013)
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