Rodrigo Vera
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Para la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) los poco más de
dos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto han sido fatídicos, ya que durante
este lapso por lo menos cinco de sus sacerdotes fueron víctimas de la violencia:
uno fue asesinado, tres secuestrados y otro más se encuentra desaparecido.
El martes 5 fue
atacado a golpes el padre José Flores Preciado, dentro del templo de Cristo
Rey, en la ciudad de Colima. Dos seminaristas que vivían con él lo encontraron
gravemente herido en el recinto religioso. Llamaron a una ambulancia que lo
trasladó al Hospital Regional Universitario, donde murió a causa del
traumatismo craneoencefálico producto de los golpes.
Hasta el momento no
se ha capturado a los homicidas ni se conocen los móviles del asesinato, detrás
del cual puede estar el crimen organizado, ya que en los últimos meses el
párroco recibió amenazas.
El obispo de Colima,
José Luis Amezcua Melgoza, se pronunció al respecto:
“Todavía no sabemos
por qué lo golpearon. Tampoco quién entró al templo ni qué pretendía. La
Iglesia se suma a toda la gente que sufre ante cualquier injusticia y ante
cualquier acto de violencia. Estamos consternados por lo que está pasando.”
Por su parte, el
rector de la catedral de Colima, Jesús Mendoza Preciado, reveló que desde hace
varios meses el padre Flores recibía amenazas telefónicas para que entregara
dinero. Por ello se acordó que fueran a vivir con él los dos seminaristas que
lo asistieron cuando estaba moribundo.
“Lamentablemente, en
el momento de los hechos ninguno de estos seminaristas se encontraba con él”,
dijo Mendoza. Añadió que el sacerdote asesinado quedó con la cara desfigurada a
causa de los golpes. Ni siquiera pudo defenderse, dijo, por su avanzada edad,
ya que tenía 83 años.
El rector precisó
que días antes del crimen la procuradora del estado, Yolanda Verduzco Guzmán,
les habló acerca de la violencia creciente y les advirtió que estuvieran
alertas sobre todo de las llamadas telefónicas para proferir amenazas y
extorsionar.
Por otro lado, el
caso de los tres sacerdotes secuestrados ocurrió en Durango, en el municipio de
San Juan de Guadalupe. El lunes 4 los tres viajaban rumbo a Lerdo en una
camioneta Ford Explorer, cuando fueron interceptados por una banda de sujetos
armados que los capturaron y se llevaron el vehículo.
Al enterarse del
secuestro, las autoridades policiacas iniciaron un operativo de búsqueda. Al
día siguiente –martes 5– vieron circulando a la camioneta y la persiguieron. La
tripulaban dos sujetos quienes intentaron escapar a toda velocidad, lo que
provocó que volcara el vehículo.
Uno de los
ocupantes, Ezequiel Páez Barca, de 25 años, murió. El otro, Manuel Palacios
Hernández, resultó herido. Fue éste quien reveló el sitio donde tenían cautivos
a los clérigos. Por cuestiones de seguridad sus nombres no se dieron a conocer
ni tampoco las parroquias a las que están adscritos.
El clero mexicano
también está preo-cupado por la desaparición del sacerdote Santiago Álvarez
Figueroa, de la diócesis de Zamora, Michoacán. Desapareció el 27 de diciembre
de 2012, cuando se dirigía en automóvil desde Jacona –donde había oficiado una
misa– hasta su casa, en la comunidad de Los paredones, municipio de Jiquilpan,
sitio en que lo esperaban sus padres y hermanos.
Desde entonces nadie
sabe dónde está y tampoco se encontró su vehículo. La diócesis de Zamora, así
como el nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, solicitaron a la
Procuraduría General de Justicia de Michoacán que localice a Álvarez Figueroa.
(PROCESO/ Rodrigo Vera/14 de febrero de 2013)
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