PATRIMONIO EN RIESGO

Colonos enfrentan la avaricia e indolencia del gobierno estatal

Hostigados por dos frentes, quienes habitan en el polígono de tierra que reclama el Ejido Javier Rojo Gómez afrontan por un lado la amenaza de los ejidatarios de ser desalojados si no reciben una indemnización del gobierno del Estado.

 La autoridad bajacaliforniana evade implicarse legalmente, instando a los colonos a ampararse o prescribir las propiedades

María Isabel Mercado

Escudado con la última resolución agraria que le fue favorable, de un litigio de más de dos décadas, el Ejido Javier Rojo Gómez busca poner fin a la disputa legal por la posesión de terrenos en los que se asientan cinco colonias de Tijuana, aunque para ello optó por la medida más rápida y menos desgastante: ser indemnizado por el gobierno de Baja California.

Por eso, con amenazas de desalojo obliga a los colonos que habitan en el polígono en pleito a presionar a la autoridad estatal a pagar al núcleo ejidal los lotes que comercializó a través de Inmobiliaria del Estado, hoy Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI).

De esta manera se evita confrontar directamente al gobierno, o tener que emprender más de 20 mil demandas para hacer valer su derecho agrario, lo cual, además de desgastante, le podría llevar más de 20 años de embrollos legales.

La administración estatal, por su parte, también evade implicarse directamente en  el altercado agrario, por lo que exhorta a los vecinos a recurrir a amparos o, en su defecto, prescribir las propiedades, acción que lo mantendría al margen del litigio.

Sin dar certeza jurídica de los más de 7 mil títulos de propiedad que expidió a nombre de Inmobiliaria Estatal, a los que buscan el amparo de quienes les vendieron terrenos a razón de 85 mil pesos, les aconseja acudir a la Calle Quinta esquina con Niños Héroes, a pedir asesoría de los licenciados de oficio.

En medio de la incertidumbre jurídica, las familias que habitan en los asentamientos La Morita I y II, Terrazas del Valle Primera y Segunda Sección, y Lomas del Valle se dicen manipuladas y reclaman al gobierno dar la cara por ellos. “Finalmente nosotros a quien le compramos nuestros lotes fue al estado”, esgrimieron.

Y mientras el gobernador José Guadalupe Osuna Millán garantiza que combatirá hasta sus últimas consecuencias la decisión del Tribunal Agrario, INDIVI exige a los colonos ponerse al corriente con el pago que oficialmente suspendió en 2004, con todo y los intereses generados.

El acoso

Los desplegados publicados en un diario local, haciendo hincapié en el dictamen del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 fueron colocados en cada uno de los negocios ubicados en las colonias La Morita I y II, Terrazas del Valle Primera y Segunda Sección, así como Lomas del Valle.

La advertencia era clara, “nos desalojarían con el uso de la fuerza pública el 9 de diciembre (de 2012) si no les pagábamos el costo de los lotes que habíamos comprado a INDIVI”, expusieron los vecinos.

Los asustados ciudadanos se reunieron con el núcleo ejidal a finales de noviembre, ahí los ejidatarios les propusieron dos opciones: Pagar el costo del terreno al ejido, o presionar al estado para que sea éste quien cubra el costo de cada lote que comercializó.  La indemnización que exige es de 3.5 dólares por metro cuadrado.

De no lograr el beneficio económico para febrero de 2013, advirtió que iniciaría con la inhabilitación de títulos y, entonces sí, proceder al desalojo, compartieron los vecinos, mostrando la grabación de la reunión y el boletín del Tribunal Superior Agrario publicado en octubre de 2011 que el ejido les pidió hacer llegar a las autoridades del estado.

Son alrededor de 35 mil familias las que habitan en las cinco colonias cuyos terrenos están en disputa, algunas adquirieron su terreno con el Estado, otras con los pequeños propietarios y unas más han llegado por cuenta propia a invadir los terrenos, a ninguna se le da la certeza de ser posesionaria legal del pedazo de tierra en la que edificó su vivienda.

Al conocerse públicamente la situación legal de estos asentamientos del este de Tijuana, sus habitantes son constantemente acosados por licenciados que les piden mil dólares a cambio de ampararlos contra un lanzamiento.

Con título en mano, los colonos acudieron a INDIVI a demandar que el gobierno hiciera valer esos documentos, pero la respuesta oficial fue evasiva, “nos dijeron que exigiéramos a los pequeños propietarios solucionar este conflicto, ya que ellos fueron quienes vendieron la tierra, que el Estado solo actuó como intermediario de bienes raíces, así se lavan las manos”, refirió Nubia Estrajón.

“Nos recomendaron ampararnos, ¿pero contra quién?”, se cuestionó a su vez Araceli Venegas.

“Si nosotros pagamos al Estado éste nos tiene que responder, pero en lugar de eso nos exige que nos pongamos al corriente con los pagos que INDIVI suspendió en 2007, incluso hasta intereses nos está queriendo cobrar, yo debía 20 mil ahora quiere el gobierno que le pague 40 mil pesos, no es justo”, se dolió Juana Parra, habitante de Lomas del Valle.

A los vecinos también INDIVI les ha recomendado prescribir los lotes para que no ser sujetos de desalojo, acción que los afectados consideran innecesaria toda vez que cuentan con títulos expedidos por una autoridad.

“El gobierno se quiere hacer a un lado, pero nosotros queremos que el gobernador dé la cara”, demandó Sandra López.

Sin definir situación jurídica

Por su parte, el gobierno de Baja California dice no estar ajeno al conflicto entre el Ejido Javier Rojo Gómez y los pequeños propietarios del Valle de El Florido.

Pero hasta el propio gobernador José Guadalupe Osuna Millán reconoce que éste “es un lío tremendo”, apunta no estar de acuerdo con la última resolución agraria y confía en revocar tal decisión.

¿Cómo dotar (de tierra) a ejidatarios que nunca han sembrado la tierra?, se preguntó.

El Delegado de INDIVI, Juan Ramón López Medina, precisó que una comisión especial se encuentra en la Ciudad de México gestionando ante la Secretaría de la Reforma Agraria se cancele el dictamen del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, a la par que el Estado se prepara para no ser demandado “y poder ayudar a las personas, sin meternos en el pleito a través de los juzgados”, esgrimió.

“No somos ajenos al problema, ni queremos deslindarnos de ninguna forma, reconocemos que estamos en medio porque fuimos quienes regularizamos los predios y metimos infraestructura, pero buscamos salir de este problema sin que nos amedrente el Ejido”, dilucidó.

A los colonos les dice: “Tienen el derecho, se lo han ganado todos estos años, incluso pueden prescribir, no es el caso porque el organismo está de por medio, no se salgan de su casa ni le den dinero a nadie”, abundó.

También aceptó recomendar a los vecinos acudir con los abogados de oficio a pedir información.

El ejido se ha dedicado a litigar en los medios de comunicación, e intentan asustar a los colonos con sacarlos de sus casas cuando ni siquiera tienen instrucción de desalojo, de hecho ni la sentencia han suscrito “y nunca lo va a hacer”, prosiguió.

El funcionario calificó la resolución del juez a medias: “No es lo suficientemente clara ni para el ejido, ni para la autoridad, ni para quienes viven en ese polígono, por ello no se ha hecho ninguna sola acción en el Registro Público de la Propiedad para cancelar las partidas”.

También cuestionó el derecho del ejido a la posesión de las tierras, “nunca han sembrado nada, ni una hectárea de maíz, ni han criado animalitos, ni actúan como ejido, ellos se dedican a vender terrenos o efectuar negocios con el suelo, menos a cumplir con la finalidad de un ejido”.

Si el gobierno no ha intervenido jurídicamente es para evitar que el ejido vaya a pedir dinero, “pero al final de cuentas el Gobierno del Estado va a responder a través de sus entes jurídicos, eso es lo que va a pasar, para ello se elabora una estrategia”, concluyó.

“Desde el momento en que hay una resolución, presidencia somos ejidatarios, no es requisito para la dotación tener vacas o tierras sembradas, como tampoco es requisito traer botas y sombrero para tener derechos”, esgrimió Óscar Robles Santana, asesor del Ejido Javier Rojo Gómez.

El abogado acepta que sus representados están conscientes de la problemática social el hacer valer su derecho a la posesión de las tierras, pero aún así no están dispuestos a quitar el dedo del renglón en su lucha por hacerse de ese polígono.

Cuestionado sobre la posibilidad de obtener una dotación de terreno distinta, en la que no se afecten intereses de terceros, su respuesta fue categórica: “No le convendría al ejido, no vamos a cambiar una zona urbana de alto valor por un cerro, sobre todo en esta área donde no hay agricultura ni nada”.

La única forma de dejar el pleito jurídico sería que el gobierno del Estado les remunerara el valor de esas tierras, “así se lo hemos manifestado abiertamente, aunque no los hemos ido a buscar”, aclaró.

Negó que de parte del ejido haya presión hacia los colonos y amenazas de desalojo: “Solo en el extremo que nos paguen la tierra, o no negocie (el gobierno) se va a proceder, por eso les decimos págale al ejido y reclámale a INDIVI”, mencionó.

Sin embargo, subrayó que el ejido no quiere llegar a esos extremos, demandar a cada habitante le llevaría de 20 a 25 años, por lo que optan por esperar una respuesta del Estado que les sea favorable.

“Le apostamos a la cordura y reconocimiento del problema por parte del Gobierno del estado, si la gente está alterada y presiona les decimos adelante, a nosotros eso nos ayuda para tener un acercamiento con las autoridades, pero no lo promovemos”, acotó.