Pese al creciente número
de matanzas en escuelas y lugares públicos de Estados Unidos –la más
reciente, la de una escuela en Newtown donde murieron 20 niños y seis
adultos–, la producción y venta de armas en ese país se ha incrementado:
40% de las familias estadunidenses poseen al menos una pistola o un
rifle; la industria del ramo produjo 6 millones de armas en 2011 y este
año las ventas del sector produjeron ganancias netas por 992 millones de
dólares. Paradójicamente en estos años de crisis económica los
estadunidenses han adquirido más armas. La razón: quieren defenderse de
un eventual aumento de la delincuencia.
WASHINGTON
(Proceso).- La masacre de 20 niños y seis adultos en la pequeña
población de Newtown, Connecticut, reabrió el debate en Estados Unidos
sobre la necesidad de cambiar las leyes que regulan la venta, portación y
uso de armas; no obstante los expertos piensan que difícilmente se
resentirán las arcas de las empresas que las fabrican.
“El tema de
las armas es muy complicado y difícil de entender. Es una cultura muy
arraigada entre la sociedad (estadunidense) y puedo asegurar sin temor a
equivocarme que pese a lo de Newtown habrá gente que ahora piense que
es más urgente tener armas para defenderse de un ataque así”, dice a
Proceso Michael Rostein, de la organización Campaña Brady para la
Prevención de la Violencia con Armas (BCPGV, por sus siglas en inglés).
“Esperamos
que la matanza de los niños en Newtown sirva de algo, pero será muy
difícil desenterrar del país la cultura de comprar, portar y usar
armas”, añade el experto de la BCPGV, agrupación dedicada a la promoción
de leyes que prohíban la venta de esos productos.
En Estados
Unidos hay casi dos centenares de organizaciones no gubernamentales que
llevan décadas luchando contra la cultura de las armas. Hasta ahora, y
no obstante matanzas como la de Newtown o la de la secundaria de
Columbine en abril de 1999, han fracasado en su intento de convencer al
Congreso federal de la validez de su causa.
De acuerdo con
estadísticas no oficiales recopiladas por organizaciones o centros de
investigación y académicos, 40% de las familias estadunidenses posee al
menos un arma de fuego –pistola, rifle o escopeta– con el argumento de
que la tiene para su defensa.
“Son esas familias el principal
bloque opositor a que se prohíba la venta de armas de fuego”, explica
Roy Tabliure, investigador de la Organización Antiarmas, con sede en el
estado de Nueva Jersey.
Según investigaciones de la empresa
privada IBIS World, en 2011 la industria de las armas en Estados Unidos
produjo más de 6 millones de piezas, es decir el doble de lo que se
había producido en la última década.
Otra organización dedicada a
la investigación de la industria de las armas, First Research, informa
que de toda la producción correspondiente a 2011, casi 50% consistió en
pistolas, 35% en rifles y el resto en otro tipo de armas de fuego.
Aun
cuando en los últimos cuatro años la sociedad estadunidense ha vivido
una de las peores crisis económicas en su historia, de enero a noviembre
de este año la venta de armas arrojó un saldo de 11 mil 700 millones de
dólares, con ganancias netas para los productores de 992 millones de
dólares, anota IBIS World.
Rostein explica que aunque al resto del
mundo le parezca inaudito el dinero que deja la venta de armas en
Estados Unidos debido a la crisis económica, esto tiene una explicación
muy sencilla y a su vez irracional:
“Los estudios e
investigaciones que hemos realizado nosotros y otros colegas nos
demuestran que precisamente por la crisis económica la gente compró más
armas porque piensa que ante la falta de dinero aumentará la
criminalidad. Por ello tienen que contar con lo necesario para
defenderse.”
Ninguna entidad gubernamental ni las ONG, centros de
investigación o académicos saben en realidad cuántas armas y de qué tipo
tiene la sociedad estadunidense.
La diversidad de leyes estatales
y locales, junto con la negligencia del gobierno federal para modificar
los estatutos constitucionales en la materia, permiten que cualquier
persona tenga acceso a las armas de fuego de manera directa o indirecta.
Algunos
cálculos indican que en promedio las personas con licencia para
comprar, portar y usar armas tienen por lo menos tres pistolas, dos
rifles o una escopeta de grueso calibre.
“Sabemos que esto es un
asunto complejo que provoca pasiones profundas y divisiones políticas”,
declaró el presidente Barack Obama el miércoles 19 en la Casa Blanca,
cuando anunció que dio instrucciones al vicepresidente, Joe Biden, para
que encabece un equipo de análisis y revisión del problema de las armas
de fuego. En enero próximo Biden deberá entregarle al mandatario
propuestas concretas para prohibir y restringir la venta de armas de
asalto y municiones, así como para fortalecer los condicionamientos en
torno a su venta.
El escollo de la NRA
En este contexto
sobresale la actividad de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus
siglas en inglés), organización privada con más de 4 millones de
miembros que lleva más de cinco décadas de éxito bloqueando iniciativas
de ley que pretendan restringir la venta de armas de fuego.
Pero a
raíz de la masacre de Newtown, y específicamente porque en este caso
fueron asesinados 20 niños de entre seis y siete años de edad, la NRA se
expresó a favor de que se haga algo para prevenir tragedias similares.
“Estamos
preparados para ofrecer contribuciones significativas que ayuden a
garantizar que esto (la masacre de Newtown) no vuelva a ocurrir”,
estableció la NRA en un comunicado de prensa el pasado lunes 17.
En
este momento la sociedad estadunidense se siente dolida, avergonzada y
está de luto por la masacre que cometió Adam Lanza, joven de 20 años
quien sacó de su casa dos pistolas y un rifle AR-15 que su madre había
comprado legítimamente, armas con las que le quitó la vida a ella, a los
20 niños y a seis adultos antes de suicidarse.
El hecho de que en
esta nueva matanza fueran niños la mayoría de las víctimas generó una
reflexión general en el país que incluso obligó a que legisladores
federales –defensores incondicionales de la venta de armas– hablen de la
necesidad de cambiar las leyes.
“Este país tiene una fuerte
tradición entre los dueños de armas que ha pasado de generación en
generación y obviamente a lo largo del país hay diferencias regionales,
diferencias sobre la manera de pensar de la gente en las áreas urbanas y
rurales, y es un hecho que la mayoría de los dueños de armas son
estadunidenses responsables”, matizó Obama el día que anunció que las
propuestas que le entregue Biden serán la base de un proyecto de ley que
exigió al Congreso federal refrendar en enero de 2013.
Los
estudios dan la razón a Obama respecto a las diferencias ideológicas
sobre las armas entre la población urbana y la rural, pero también es
cierto –de acuerdo con un estudio de la BCPGV– que la mayoría de las
matanzas, desde la de Columbine hasta la de Newtown, han ocurrido en
pequeñas poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos.
“Precisamente
en esos lugares es donde más está arraigada la cultura de las armas y
donde será más difícil arrancarla de la población… pese a las masacres”,
dice el especialista de la BCPGV.
En noviembre de 2012, en sus
más recientes elecciones generales, la NRA le declaró la guerra a todos
los aspirantes a un puesto político que tuvieran la mínima oposición a
la venta de armas. Incluso estuvo a favor de los republicanos para
derrotar a Obama en la elección presidencial, aun cuando el mandatario
nunca se expresó a favor de prohibir la venta de armas en su primer
mandato.
“Estuve entretenido con la peor crisis económica desde la
gran depresión, con una industria automotriz a punto del colapso y con
dos guerras. No estuve de vacaciones”, se justificó Obama la semana
pasada cuando se le cuestionó sobre su indiferencia a la oposición a la
venta de armas y que ahora, después de la tragedia, quiere que el
Congreso apruebe algo.
Con un presupuesto anual de 200 millones de
dólares para financiar campañas políticas y para el cabildeo a favor de
la venta de armas, la NRA perdió en su apuesta por la elección del
candidato presidencial republicano Mitt Romney, pero triunfó en el apoyo
a los candidatos republicanos al Congreso federal. Las estadísticas de
la organización Center for Responsive Politics señalan que en las
elecciones del pasado noviembre la NRA gastó 20 millones de dólares en
el financiamiento de las campañas de candidatos republicanos.
Pero
la herida que abrió la matanza de Newtown podría modificar el panorama
de los intereses políticos en Washington, aun entre los republicanos y
los defensores de la venta de armas de fuego.
Hasta el cierre de
esta edición ya había más de una veintena de legisladores federales
republicanos (representantes y senadores) y miembros de la NRA que
hablaban de la necesidad de modificar las leyes para la venta de armas.
Protegidos por la segunda enmienda
El
coletazo moral de la masacre de Newtown ya cobró sus primeras víctimas.
El miércoles 19 en la Bolsa de Valores de Nueva York se reportaron
pérdidas notables en las acciones de las fábricas de armas. Por ejemplo
el valor de las acciones de Smith & Wesson cayó 10% , y 7.7% el de
las acciones de Sturm, Ruger & Co.
Por otro lado la firma de
inversiones Cerberus anunció la semana pasada que vendería las
inversiones que tiene en la empresa Freedom Group, la manufacturera de
armas más grande en Estados Unidos y la productora del rifle
semiautomático Bushmaster, calibre .223, como el que usó Lanza en la
masacre de Newtown.
A su vez, en varios estados se anunciaron
propuestas de ley para restringir y condicionar la venta y portación de
armas de fuego. La tienda de deportes Dicks Sporting Goods y los
almacenes Wal-Mart retiraron de sus aparadores pistolas y rifles
semiautomáticos, por lo menos temporalmente.
La Casa Blanca
explicó que Obama quiere que las propuestas concretas que formule el
equipo de análisis que dirige Biden se integren al proyecto de ley para
prohibir la venta de armas de asalto, que a mediados de enero presentará
al Congreso federal la senadora demócrata por California, Dianne
Feinstein.
Pese a que no se han dado a conocer detalles de este
proyecto de ley, se adelanta que la intención es revivir la ley que
expiró en 2004 y que prohibía la venta de 18 tipos de armas de uso
militar.
Las armas de asalto son pistolas y rifles automáticos y semiautomáticos tipo militar.
El
pedido de Obama a Biden es que también encuentre la fórmula para
prohibir la venta de cargadores de rifles y pistolas con capacidad de
hasta 30 balas, que se achique la cantidad de municiones que se pueden
vender a una sola persona cada semana o cada mes y que se exija a los
estados fortalecer condicionamientos, como el de examinar
meticulosamente los antecedentes penales y el estado de la salud mental
de una persona, antes de que se le autorice la compra de cualquier arma.
El
reto de Obama y de los legisladores republicanos que se atreven a
desafiar la cultura de los estadunidenses y a la propia NRA, será
determinar hasta qué punto están dispuestos a modificar la segunda
enmienda de la Constitución, la que da a todo ciudadano el derecho de
adquirir, portar y usar armas para su legítima defensa.
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