Aun cuando los habitantes de los municipios Allende y Nava, Coahuila, guardaron silencio durante más
de dos años y evitaron hablar sobre las vejaciones sufridas a manos de
Los Zetas, a finales de noviembre pasado el gobernador Rubén Moreira
declaró que abrirá una investigación “sin histrionismo ni declaraciones”
porque, dijo, en su conciencia “no va a estar el hecho de que no haya
volteado a ver a quien clamó justicia”. El mensaje iba dirigido a su
hermano Humberto, quien durante su administración se negó a escuchar los
gritos desesperados de esas poblaciones coahuilenses, que fueron
saqueadas, destruidas, quemadas, arrasadas.
ALLENDE, COAH.
(Proceso).- Las atrocidades de Los Zetas en Nava y en este municipio
eran un secreto a voces: hordas de narcos arrasaron con estos dos
poblados del norte de la entidad, destruyeron y quemaron decenas de
casas, se llevaron a familias enteras, asesinaron a dueños de ranchos y
violaron a mujeres y niñas.
Ocurrió hace más de dos años y aunque
esa barbarie se contaba en voz baja entre los lugareños –era una
“leyenda rural”, dicen–, el gobernador Rubén Moreira sacó el tema a la
luz la víspera de su primer informe de gobierno, que entregó el pasado
29 de noviembre al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso
local, Francisco Eliseo Mendoza Berrueto.
Moreira ordenó a su
procurador, Homero Ramos Gloria, abrir una investigación “sin
histrionismo ni declaraciones” porque al final, le comentó, “lo que
cuenta es que los pistoleros “estén en la cárcel”.
“En mi
conciencia no va a estar el hecho de que no haya volteado a ver a quien
clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas
personas de Allende que seguramente pidieron ayuda y nadie lo hizo”,
enfatizó.
Con ello el mandatario intentó deslindarse de su hermano
Humberto Moreira y de Jorge Torres López, quien lo sustituyó en el
cargo los últimos meses de su administración, pues las atrocidades
contra las dos poblaciones comenzaron cuando el primero aún era
gobernador y se agudizaron en la administración del segundo. Ninguno de
los dos escuchó los desesperados gritos de los habitantes de Allende y
Nava.
Aún no se hace justicia a las familias afectadas ni a
quienes fueron extorsionados o secuestrados; tampoco a las mujeres
violadas durante esa época.
Historias de miedo
Nava y
Allende se localizan en el norte del estado, a un costado de la
carretera federal 57; uno 40 kilómetros al sur de Piedras Negras, el
otro a 55 kilómetros. Gracias a sus manantiales y sus frondosos nogales
la economía de la región –semidesértica y de temperaturas extremas– es
floreciente.
Desde hace años el norte de la entidad es controlado
por Los Zetas. De Piedras Negra, pasando por Sabinas y Ciudad Acuña,
hasta los municipios de la región carbonífera y Monclova, ellos lo
dominan todo. En éste último opera Alejandro Treviño Morales, El Z-42, y
ahí solía desplazarse sin contratiempos el capo Heriberto Lazcano.
Pareciera
que en las amplias y tranquilas calles, en las frondosas plazas de Nava
no ocurre nada. Sin embargo sus habitantes viven con miedo. Aún no
olvidan las brutalidades que vivieron entre finales de 2010 y marzo del
2011, cuando la violencia, que había comenzado antes, llegó a su clímax.
Pocos
se atreven a contar sus historias. Su miedo, dicen, es fundado, pues
los responsables siguen en la región. Incluso cuentan con una red de
halcones que observan a todos los que entran por la carretera y reportan
a sus jefes cualquier anomalía. Los pistoleros se pasean a bordo de
camionetas por las principales calles, siempre armados, aun cuando la
zona está militarizada.
Según el censo de 2010 Nava tiene 25 mil
habitantes y Allende, 22 mil. Y este último poblado es el que sufrió la
peor barbarie. Los sicarios “se llevaron a familias completas que no
pudieron pagar las extorsiones”, cuenta al reportero un comerciante, a
condición de que omita su nombre.
Lo secunda otro lugareño, un
subteniente que se encarga de vigilar la región: “Llegaron caravanas de
al menos 50 camionetas con hombres armados”. Dice que los vehículos con
pistoleros a bordo se apostaban en las entradas para observar quién
entraba y quién salía, mientras otro grupo más nutrido tomaba los
pueblos.
Durante semanas los miembros de la delincuencia
organizada se dieron vuelo secuestrando comerciantes, dueños de ranchos y
empresarios. Les exigían fuertes sumas de dinero para liberarlos.
Uno
de los casos más sonados es el de Luis Moreno, el empresario más rico
de Allende, y su esposa, a quienes Los Zetas les pidieron entregar toda
su fortuna; de lo contrario, les dijeron, serían ejecutados. La familia
optó por huir a Estados Unidos y dejar su vivienda, una residencia
estilo californiano en una de las equinas de la plaza principal, frente a
la presidencia.
Los delincuentes fueron al inmueble y lo
saquearon. Se llevaron muebles, aparatos electrónicos, incluso ventanas,
puertas y rejas. Hoy está deshabitada y en ruinas.
“Tuvimos la
destrucción de más de 40 casas”, declaró el gobernador Rubén Moreira el
28 de noviembre pasado, cuando habló sobre lo ocurrido en las
postrimerías de la administración de su hermano.
En Allende los
habitantes tienen un padrón de cerca de 80 casas que fueron quemadas y
destruidas; la mayoría de familias que no pudieron pagar a los sicarios.
Algunas de las imágenes de la destrucción fueron subidas a las redes
sociales, en un intento por denunciar la violencia y crueldad que ahí se
vivía. Ninguna autoridad atendió el problema.
Algunas veces los
delincuentes sacaban a sus moradores y luego incendiaban los inmuebles;
otras, llevaban retroexcavadoras para derrumbar paredes, techos,
columnas. Lo hacían a la vista de todo el pueblo. Las escenas se
repitieron durante semanas, meses.
Una vez, cuando el pueblo
estaba de fiesta, irrumpieron Los Zetas y comenzaron a saquearon los
hogares. Muchísima gente desapareció, “temo que murió”, dijo el
gobernador.
Los habitantes de Allende contaron que los narcos
llegaban a los ranchos y mataban a los caporales y empleados.
“Secuestraban a las familias de los dueños y se las llevaban”, dicen.
Fue
en 2009 cuando comenzaron levantones masivos, recuerdan. Y mencionan
los casos de los jóvenes Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas
Córdova y José Flores Rodríguez, originarios de La Barca, Jalisco. Los
tres trabajaban para Marco Antonio Barajas, dueño de Joyas Barajas
avecindado en Guadalajara. Se sabe que llegaron a Nava, incluso que se
hospedaron en el hotel Don Alberto, pero nada se sabe de ellos desde la
segunda semana de abril de 2009.
Las desapariciones se incrementaron a partir del primer trimestre de ese año, cuando Humberto Moreira era gobernador.
En
Piedras Negras recuerdan aún el secuestro de 12 empleados de Atlanta
Duramex oriundos del Estado de México que llegaron a la ciudad el 21 de
marzo de 2009 en dos camionetas a vender la pintura a los negocios
locales. Se dividieron en dos grupos y comenzaron a ofrecer su producto.
Alrededor de las 15:30 horas uno de los dos grupos detectó que sus
compañeros se habían desplazado a Monclova y comenzaron a buscarlos.
Horas después también desaparecieron.
A semejanza de Tamaulipas
Juan
José Yáñez Arreola, subprocurador para la Investigación y Búsqueda de
Personas no Localizadas de la Procuraduría de Justicia de Coahuila dice a
Proceso: “El principal problema al que nos enfrentamos (al investigar
las desapariciones) es que nadie quiere hablar”.
Admite también
que en Allende desaparecieron familias completas. “Ya se están haciendo
las investigaciones”, asegura. E intenta justificarse: No sabemos
cuántas fueron pues “no tuvimos conocimiento de esos hechos en esa
época”.
Yáñez Arreola informó que el padrón de denuncias por
desapariciones en Coahuila suma actualmente más de mil 400. En los
últimos meses lograron ubicar a 482 personas, entre ellas algunas
levantadas por la delincuencia organizada. “En ese registro no están
incluidos los casos de Nava y Allende”, precisó el funcionario.
Recientemente
cientos de efectivos de la Armada y del Ejército fueron enviados a los
municipios de la región para reforzar la vigilancia. La carretera
federal 57, que atraviesa la entidad rumbo a la frontera, y la autopista
que lleva a Piedras Negras, por ejemplo, hoy son patrulladas por
vehículos artillados de la Marina.
Los vehículos militares
recorren las calles de Allende, mientras algunas tanquetas resguardan la
presidencia municipal. En los retenes militares se observan
sofisticados aparatos de rayos gamma con los que las tropas escanean
todos los vehículos en busca de armas. Se instalaron desde el municipio
de Castaños, que forma parte de la zona metropolitana de Monclova, y se
extienden a la garita fronteriza ubicada 53 kilómetros al sur de Piedras
Negras.
Sin embargo los habitantes de la región consideran que la
ayuda militar llegó demasiado tarde. Lo mismo sucedió en otras
entidades, como Tamaulipas, donde la barbarie de los sicarios es similar
a la de Los Zetas en Coahuila.
Comenzaron, dicen, en San Fernando
y se extendieron a Ciudad Mier. En ambos municipios los narcos tomaron
los pueblos e impusieron su ley. En 2010, durante varios meses los
ciudadanos de Mier vieron a los narcos quemar la comandancia de la
policía y destruir viviendas sin que nadie los detuviera.
A
finales de ese año, cansados del sufrimiento, tres cuartas parte de
Ciudad Mier, cuya población es de 7 mil personas, huyeron a Miguel
Alemán, la ciudad vecina; otros se exiliaron en Estados Unidos.
La
historia se repitió en el municipio de Güémez, ubicado a menos de 20
minutos de Ciudad Victoria, en julio pasado. Las autoridades de
Tamaulipas, incluido el gobernador Egidio Torre Cantú, tampoco oyeron
los gritos de auxilio de la población.
“Venimos a liberarlos de
Los Zetas, no se preocupen. Ahora van a estar bajo la protección del
Cártel del Golfo”, dijeron a los habitantes de Güémez unos hombres
armados y encapuchados que llegaron a la localidad en 20 camionetas la
madrugada del pasado 10 de julio.
La llegada de los pistoleros de
esa organización criminal desató una serie de enfrentamientos en el
municipio. Tropas del Ejército recomendaron a los pobladores salir del
pueblo porque, dijeron “se iba a poner feo” y ellos no tenían la
capacidad para proteger a toda la región.
Los habitantes de Güémez iniciaron su éxodo. Hoy, varias comunidades son “pueblos fantasmas”.
Y
aun cuando los crímenes y matanzas de San Fernando y Mier se han
documentado paulatinamente, los afectados de Allende y Nava se niegan a
narrar su tragedia pese a que ahora los resguardan militares y marinos.
El
miedo los paraliza. En la región no se permiten cámaras fotográficas ni
videograbadoras, aunque es predecible que cuando se conozcan más
detalles de la barbarie los agraviados alcen la voz. Entonces, dicen
algunos de los lugareños, los gritos retumbarán con más fuerza en las
cabezas de esos gobernantes que se han negado a escuchar.
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