Cuando
Felipe Calderón sacó al Ejército y a la Marina de sus cuarteles para
enfrentarlos con los cárteles de la droga, no tenía idea de qué hacer
con las Fuerzas Armadas. Improvisó sobre la marcha y su guerra resultó
un fiasco con un altísimo costo en vidas. El oprobio y el desprestigio
alcanzaron a soldados y marinos porque en su actuación violaron
sistemáticamente los derechos humanos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las
Fuerzas Armadas de México terminaron por asumir el costo del sexenio
“valiente” de Felipe Calderón. Su exposición en el combate al
narcotráfico, marcada por una violación sistemática de los derechos
humanos y sin ninguna regulación de su actuar, dejó al Ejército y a la
Marina divididos en la “guerra al narcotráfico” a la que los condujo en
pos de su legitimidad presidencial.
Mientras la Marina formó parte
de la espectacularidad con la ejecución y detención de jefes del
narcotráfico, el Ejército vio desfilar hacia la prisión a algunos de sus
generales en activo y en retiro por su presunta colaboración con la
delincuencia organizada, acusados por testigos protegidos de la
Procuraduría General de la República (PGR).
Pero la Marina Armada
de México tampoco quedó incólume: Acabó con un historial de graves
violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad
como tortura y desaparición forzada. De acuerdo con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Marina superó incluso al
Ejército en el número de recomendaciones en relación con las quejas
presentadas en su contra.
Aunque el Ejército concentró casi 90% de
las quejas abiertas este sexenio en contra de las Fuerzas Armadas, los
infantes de Marina, al convertirse en los arietes de Calderón contra
cabecillas del narcotráfico, acabaron también entre los principales
violadores a la dignidad humana en México.
Desde que Calderón
asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2006 y hasta el 31 de octubre
pasado, la CNDH registró 8 mil 929 quejas. De ellas, 7 mil 800, fueron
contra el Ejército; es decir, 87.35%. El 12.65% restante, mil 129,
fueron contra la Marina. Pero en proporción, la Armada tuvo más
recomendaciones que el Ejército cuando el organismo comprobó la
existencia de violaciones.
De las quejas contra el Ejército, 108
acabaron en recomendaciones de la CNDH, mientras que las de la Marina
devinieron en 19. En proporción, el Ejército tuvo 1.38, contra 1.68 de
la Armada. La cifra es todavía más negativa para la Marina al
considerase que el Ejército desplegó a 90 mil hombres contra el
narcotráfico, mientras que la Marina envió una tercera parte de esta
cifra.
La propia Secretaría de Marina Armada de México (Semar) da
cuenta del nivel que alcanzaron las violaciones a los derechos humanos
desde que Calderón decidió aumentar el número de infantes de Marina para
desplegarlos en contra de los grupos del narcotráfico.
Espectacularidad
En
el Sexto Informe de Gobierno de Calderón, la Semar plantea que tan sólo
entre 2011 y 2012 “desahogó 360 quejas ante la CNDH por presuntas
violaciones cometidas por personal naval en esta materia. Citada
Comisión concluyó que en 132 de ellas no tenía responsabilidad”. Aunque
no lo dice, en el resto, 228 casos, hubo responsabilidad, sin que
necesariamente hayan derivado en recomendaciones.
Los infantes de
Marina funcionaron para las acciones espectaculares de Calderón: en
diciembre de 2009 ejecutaron a Arturo Beltrán Leyva, en Morelos; en
noviembre de 2010 a Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, y en
octubre de 2012 a Heriberto Lazcano Lazcano, en Progreso, Coahuila. Las
muertes de los jefes de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva, del Golfo y de Los Zetas ocurrieron en tierra continental, fuera del ámbito natural de la Armada.
Además, los infantes de Marina detuvieron, entre otros, a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, de los Beltrán Leyva, en 2010; a Raúl Lucio Hernández Lechuga, jefe zeta en Veracruz, en diciembre de 2011, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, del cártel del Golfo, en septiembre pasado.
La
actuación del Ejército fue menos espectacular. Sólo se acreditó en
julio de 2010, en un enfrentamiento en Jalisco, la muerte de Ignacio Nacho Coronel
Villarreal, jefe regional del cártel de Sinaloa, y la detención, en
marzo de 2009, entre otras, de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien junto con Joaquín El Chapo Guzmán encabeza dicha organización.
Con
más despliegue en el país, el Ejército se hizo cargo de casi todo el
aseguramiento de droga y detención de personas. De los 50 mil individuos
detenidos por las Fuerzas Armadas en la campaña de Calderón contra los
grupos de narcotraficantes, 46 mil 942 fueron capturados por el
Ejército, 92.67%, de acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno. La misma
fuente indica que de los mil 500 millones de pesos en que se valuó el
decomiso de mariguana y cocaína en el sexenio, mil 494 millones, 99.49%
lo hizo el Ejército.
Afectado durante años por la deserción, entre la que destaca la de los fundadores de Los Zetas,
que han seguido reclutando a hombres en las zonas militares, el
Ejército detuvo en parte la sangría. De los 107 mil 158 elementos que
desertaron en el sexenio de Fox, en el de Calderón la cifra llegó a 43
mil 827 hasta agosto pasado.
La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) atribuye esa tendencia al incremento de ingresos del personal
castrense. Sin embargo, los aumentos anuales de 500 o mil pesos que
anunciaba Calderón no se integraron al sueldo base de los militares, lo
que ha provocado inconformidad entre el personal que se jubila.
El
mayor desprestigio en la “guerra” de Calderón lo pagó el Ejército con
la detención de varios generales. El caso más significativo fue el del
general en retiro y exsubsecretario de la Sedena Tomás Ángeles Dauahare,
a quien El Grande acusó de haber trabajado para el cártel de los Beltrán Leyva, aunque Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, otro integrante de esa organización, no lo ha reconocido como tal ante la PGR (Proceso 1881).
Las
detenciones de los generales, que después de medio año no se han
traducido en sentencia de primera instancia, sirvieron para que Calderón
echara más leña al fuego a su “guerra contra el narcotráfico” y
condenara públicamente a los detenidos: “Lo único que queda claro aquí
es que mi gobierno no tolerará actos contrarios a la ley, vengan de
donde vengan”, declaró el 21 de mayo de 2012 en Barbados, al final de la
II Cumbre México-Comunidad del Caribe.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1882, en circulación)
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