lunes, 28 de marzo de 2016

ACCIDENTE FATAL, MUEREN TRES PERSONAS


Tres personas murieron y tres más resultaron heridas, como resultado de un accidente registrado sobre la carretera libre Tijuana-Rosarito a la altura de Cuesta Blanca, la tarde del domingo 27 de marzo.

Los hechos ocurrieron a la 13:40 de la tarde, en el choque se vieron involucrados tres vehículos.

En el percance perecieron una menor de 16 años de edad y su madre, además de otro hombre.

También tres personas más resultaron lesionados, por lo que fue necesario su traslado a un hospital.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal, Federal, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja. El accidente generó tráfico lento en la zona.


(SEMANARIO ZETA/Lunes, 28 marzo, 2016 07:37 AM)

CRISIS EN SAN FELIPE


La economía sanfelipeña va en picada desde que el gobierno federal implementó el plan para proteger la vaquita marina y la totoaba, esto provocó la reducción del flujo de efectivo y la baja del poder adquisitivo en la zona, además del desabasto de algunas especies marinas y aumento de precios. Los residentes del puerto también consideran que el crecimiento en el número de personas desocupadas, provocó el incremento de delitos  

SAN FELIPE, B.C.- A un año de implementado el plan del gobierno federal para proteger la vaquita marina y la totoaba –que incluyó la paralización de actividades de pesca y el apoyo monetario a los trabajadores del mar–, en términos de desarrollo, y desgate social de la comunidad, los resultados no son positivos.

La economía del puerto se fue en picada, el apoyo financiero de la federación a los pescadores paralizados ha sido insuficiente.

Más de 300 días después, la lista de apoyo de beneficiarios tendrá que reelaborarse y ya quedó fuera de Sedesol, ahora la manejará directamente la Semarnat.

“El efecto ha sido negativo”, considera el titular del Consejo de Desarrollo Económico en el puerto, Roberto Ledón. “Los flujos de efectivo que se movían por temporada de la pesca comercial, camarón o escama, eran flujos mucho más grande, la derrama económica en la ciudad era mucho más grande.

“Al establecerse esta veda, la compensación que entrega el gobierno a los integrantes de la cadena productiva no es igual a lo que tenían en promedio de ingreso en una muy buena temporada, no viene a cubrir el flujo de efectivo que había en la comunidad”.

“Al paso de un año los efectos siguen siendo negativos, hay menos flujo de efectivo, hay menos gente ocupada, hay una falta de inversión en todos los sentidos y se nota en negocios cerrados, gente sin ocupación”.

EJEMPLARES DE TOTOABA, DECOMISADOS

Un ejemplo es David, pescador de toda la vida, cuenta que con su último patrón –permisionario– trabajó un año entero, hasta el último día previo a la veda, pero a la hora de elaborar la lista el permisionario lo dejó fuera, metió a su hija, a su sobrino, a un nieto. Ahora el pescador deambula en bicicleta por el malecón, sin trabajo, sin dinero. En ocasiones tiene que pedir 20 o 30 pesos para completar “para las tortillas…”.

En contraposición el presidente de la Federación de Cooperativas de Pescadores Ribereños, Ramón Franco, aseguró:

“La compensación va de acuerdo a lo que capturábamos año tras año. La otra afectación es por falta de actividad, hay mucha drogadicción, mucho robo domiciliario, pero es por falta de actividad, no porque las familias no tengan qué comer”.  

ECONOMÍA SIN OPCIONES

El actual delegado municipal en el puerto, José Luis Dagnino, explicó el desequilibrio provocado por la veda.

“El problema económico siempre provoca un desequilibrio social, en la gente”, recuerda que antes en tiempos de pesca una panga llegaba al malecón o al muelle y además de los dos o tres pescadores en cada embarcación había más gente a la espera por el fileteo, el desenmalle, la descarga.

“Todos ellos recibían un pago o un producto y podían tener la seguridad de que en sus casas no iba a faltar el alimento. Esa agente por el momento está desocupada, se ha batallado para que consigan empleo, pues en San Felipe hay pocas oportunidades”, dice el funcionario municipal en alusión a la evidente a la falta de parques industriales.

Dagnino refirió que en la búsqueda de una mejora financiera, un sector le ha buscado pescando hacia al sur, fuera de la zona protegida –más de 120 kilómetros del puerto–, además de que hace dos semanas se abrió la oportunidad para la captura de curvina, lo que se hace con otro tipo de red, aunque la temporada de este pez solo dura seis semanas.

Por su parte Ledón agregó que hasta el momento no hay una respuesta concreta del gobierno federal que incluya alternativas viables y sustentables para levantar la economía porteña.

En pleno muelle, inactividad Y propone: “La totoaba la siguen explotando de manera terrible, furtiva”, y su pesca puede ser una solución si se reglamenta –pesca deportiva, cultivo– o en su caso el establecimiento de centros de investigación y desarrollo de esa especie en San Felipe.  

Los apoyos de la Federación Ramón Franco es Presidente de la Federación de Cooperativas de Pescadores Ribereños Andrés Rubio, que agrupa a cerca de 465 pescadores que laboran en 155 embarcaciones con el mismo número de permisos.

Explicó que el titular de cada permiso recibe cerca de 35 mil pesos –de escama y camarón–, pero quien cuenta con permisos de escama, tiburón y camarón puede recibir hasta 42 mil pesos mensuales.

 “Cuando se inició este programa nadie creía que se fuera a llevar a cabo”, expone el líder cooperativista, quien considera que los pescadores que quedaron fuera del padrón, no fue por culpa del permisionario, sino que muchos de estos pescadores optaron por la pesca furtiva de la totoaba y abandonaron las embarcaciones que estaban regularizadas.

“Cuando se vino el programa de la veda temporal esa gente andaba en la totoaba, por eso el permisionario lo dejó fuera, y anotó solo a quien andaba en ese momento ayudándole en la embarcación legal. Cuando todos esos ilegales se dieron cuenta que si iba en serio la veda temporal, quisieron que el dueño los anotara, pero ya no era posible”.

Franco señala que también se presupuestó en su momento el apoyo a la cadena productiva y pone de ejemplo el monto que actualmente están recibiendo las plantas congeladoras, dado que por la falta de producto se afectaron sus ingresos.

El mismo líder comenta que desde enero del este 2016, la nómina de las compensaciones pasó de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora lo hace Semarnat a través de la Conam (Comisión Nacional del Medio Ambiente).

De todo ese sector que recibe apoyo federal, Franco calcula que cerca del 60 por ciento está completamente inactivo, el resto sigue pescando pero al sur de San Felipe y con otros permisos –no los compensados– de Ensenada o de Sonora.

Ramón Franco, Federación de Cooperativas Pesqueras; Jose Luis Dagnino, Delegado de San Felipe; Roberto Ledonm, Consejo Desarrollo Económico

Detalló que han estado solicitando otro tipo de “pesquería”, con otras artes –redes– para capturar especies de escama o pulpo, o almeja, o callo de hacha, o almeja voladora, pero esos permisos no han salido, no se les ha entregado.

“El gobierno federal no entiende esas solicitudes”, expuso el líder cooperativista. 

PORTEÑOS VEN TRÁFICO DE TOTOABA AL ALZA

En el caso de la totoaba, Franco considera que se trata de una palabra “caliente”, ya que por más esfuerzos gubernamentales no han podido detener la pesca y comercio ilegal.

Desde su punto de vista, el problema es que aún no se determina un castigo ejemplar para quien es sorprendido en la pesca furtiva.

“Si agarran a alguien con totoaba pagan una fianza y quedan libres. No pasa nada, pues no está considerado como delito grave. Mientras exista eso la pescadería ilegal no se va a detener”.  

Refiere que hace unos días detuvieron a una persona con 62 buches y a los 3 días ya estaba libre.

Y es que los furtivos solo sacan el buche de totoaba y tiran el resto del animal al mar, lo que ocasiona que se pudra, que se eche a perder ahí en el fondo.

En el caso del buche de totoaba se calcula que en el mercado negro se pagan 8 mil dólares el kilo. “Nunca habíamos visto que en San Felipe hubiera siete u ocho ahogados, por la ambición de ir a buscar la totoaba en la noche, en pangas chicas.

Entre diciembre a febrero hubo de diez a doce personas que se ahogaron por atreverse a salir a trabajar en la noche buscando la totoaba”.  

Desabasto y aumento de precios “En términos de abasto estamos completamente en peligro de extinción”, sostiene José Ramón González Luna, quien encabeza la Unión de Comerciantes de Pescados y Mariscos de Mexicali, organismo que tan solo en la capital del estado cuenta con cerca de 23 afiliados.

El grupo abastece el mercado regional de mariscos –Mexicali, Tijuana y Ensenada– y en otras regiones de la república, incluido el Distrito Federal. González Luna recordó cómo en años anteriores en época de cuaresma había un notable incremento de puestos ambulantes de venta de pescado, pero ahora esos vendedores han desaparecido y la razón fundamental –asegura– es que ya no hay producto, pescado. la pesca, paralizada

Dice que coyunturalmente se reinició la venta pero solo de curvina –la temporada de pesca dura solo dos meses– y oficialmente se abrieron los permisos para los pescadores de El Golfo, El Indiviso –donde los cuacapás tienen cuota abierta– y San Felipe. Como ejemplo de la demanda menciona que en la semana se enviaron un total de 80 tráileres repletos de curvina hacia el Distrito Federal.

El líder de los comerciantes de mariscos refiere que ésta sería la primera Semana Santa que toque después de la veda en el Mar de Cortés, el año anterior cuando se implementó ellos tenían existencia de producto.

“Ahora tenemos que ir a lugares más lejanos, nos tenemos que mover a Sonora, Sinaloa, lo que significa competir con el mercado del centro del país, que es un mercado con un precio mayor al de aquí en la zona”, sostiene y como ejemplo menciona que un pescado que aquí vale 60 pesos el kilo en la Ciudad de México vale 100 o 120 pesos.

 “Vamos a competir contra los compradores de esos precios y con mayores distancias, por eso se han incrementado los precios en nuestros productos”, refiere González Luna, quien añade que eso no determina que tengan existencia de todas las especies, ya que compiten con gigantes del mercado, “es gente muy poderosa que ninguno de nosotros en el mercado le llegamos al 1 por ciento de la capacidad de esos pulpos comerciales”.

De acuerdo a González Luna, los pescadores que están en el programa de restricción no pueden ir a pescar a Puertecitos –fuera de la zona límite, 100 kilómetros al sur– y afirma que de manera incongruente a los pescadores, pese a la veda, les siguen llegando apoyos oficiales como pangas y motores nuevos.

Ellos como comerciantes voltearon hacia Sonora como principal zona de abasto.

En el caso de San Felipe dice que son cerca de 6 embarcaciones que pescan mar adentro, fuera de la zona de restricción y retornan a descargar a San Felipe.

“Ese producto nos llega aquí, pero es muy raquítico, es mínimo”.

El trámite para recibir ese producto incluye la verificación del “arribo” con la autoridad de pesca y donde se elabora un documento oficial.

En su caso la compra que haga tiene que derivarse de ese documento y de agotarse ya no se puede facturar más. “Hay un control estricto”.

González Luna dice que con el abasto más lejano tiene que repercutirse en el costo, pero aún no lo hacen en la medida que debieran, aunque ellos paguen en algunos productos más del doble de lo que erogaban antes.

“Hay gente de Ensenada –comerciantes de pescado– que han cerrado sus negocios y puesto un letrero que dice, cerrado por falta de mercancía”, desabasto que directamente tiene que ver con la veda impuesta por el gobierno federal.

González Luna considera que se trató de un plan implementado sin medir las consecuencias, en cuanto al consumo y las repercusiones a los proveedores y comerciantes de mariscos.

En su caso dice que una opción podría ser conseguir equipo de almacenamiento al alto vacío y acudir a zonas más alejadas por el producto.

“El gobierno no nos ha tomado en cuenta para nada en esto”, dice en alusión a lo que considera el mensaje directo; “Ahí te dejo el paquete y resuélvelo…”.      

VAGANCIA Y NARCOMENUDEO, A LA ALZA EN SAN FELIPE  

Durante 2015 y lo que va de 2016, en San Felipe han incrementado las infracciones por vagancia y delitos como el narcomenudeo, además de que se presenta un aumento en las llamadas al C4, considera el director de Seguridad Publica en Mexicali, Alejandro Montreal. De los asegurados por la DSPM resaltan meses como agosto de 2015, cuando se detuvo a mil 300 personas; comparados con los 909 del mismo período de 2014, son casi 400 de diferencia a la alza.

En septiembre de 2015 fueron mil 150 los detenidos, contra 788 del año anterior en el mismo mes -362 de diferencia-. En general el aumento en las detenciones se disparó a partir de mayo hasta septiembre del 2015, en tanto  la veda pesquera que resultó en cientos de personas sin trabajo, empezó en abril del mismo año 2015.

En cuanto a las faltas al Bando de Policía, éstas incrementaron a partir de abril de 2015, igual, con tendencia hasta septiembre. Por ejemplo, en junio de 2014 hubo 102 faltas al Bando, pero en 2015 llegaron a 128, mientras en julio del 2014 fueron 90, contra 114 del 2015.

En cuanto al número de muertos por ahogamiento, Montreal calcula que en los últimos seis meses han sido al menos cuatro, pero explica que no toda esa información se oficializa porque no todos llegan a SEMEFO, ya que algunos casos se han presentado al sur del puerto, donde hay menos vigilancia.      

LA PESCA FURTIVA  

El  18 de marzo se presentó el Avance del Programa Integral de Atención al Alto Golfo, donde participan autoridades como la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

En el tema de seguridad reportaron que en un año, “…durante los patrullajes marítimos, terrestres y aéreos realizados de manera coordinada por los tres niveles de gobierno, se han asegurado y puesto a disposición de las autoridades, 97 embarcaciones,73 personas, 16 vehículos, 23 ejemplares de totoaba, 175 buches de totoaba, 473 artes de pesca y tres buques….”.

(SEMANARIO ZETA/ SERGIO HARO CORDERO / FOTOS: CRISTIAN TORRES / CORTESÍA/ LUNES, 28 MARZO, 2016 01:00 PM)


LUMINARIAS, NUEVA LICITACIÓN A MODO


Especificaciones técnicas y un capital contable fuera del alcance de las empresas regionales, hacen del concurso para el nuevo programa de alumbrado público un proyecto dirigido hacia una marca, que incumple con la Norma Oficial Mexicana de eficiencia  

Los candados impuestos a la nueva convocatoria vigente para la licitación del programa de alumbrado público que promueve el gobierno de Jorge Astiazarán, excluye la participación de empresarios locales y encamina a la compra de determinada lámpara.

Lo sesgado del concurso, de acuerdo a la observación de proveedores locales y expertos en la materia, son las especificaciones técnicas establecidas en la convocatoria y el requerimiento de un capital contable de al menos 85 millones de pesos a los interesados.

Si bien es cierto no establece marcas, a los participantes se les pide ofrecer un producto con una determinada eficacia luminosa, rango de curvatura y particularidades tecnológicas que solo un tipo de lámpara LED reúne todas: American Electric, marca que se encuentra fuera de la Norma Oficial Mexicana (NOM), al no cumplir con la prueba de eficiencia energética de 6 mil horas.

El concurso para la adquisición de 6 mil 520 luminarias se lanzó hace un mes, para ello el XXI Ayuntamiento de Tijuana cuenta con un presupuesto disponible de hasta 108 millones de pesos que, de erogarse al cien por ciento en este proyecto, el costo unitario por bombilla sería de 16 mil 500 pesos.  



PROGRAMA EMERGENTE

Después que el Congreso del Estado rechazara a la administración de Astiazarán el proyecto para sustituir 67 mil lámparas de alumbrado público, el XXI Ayuntamiento se abocó a idear un nuevo programa emergente de iluminación.

Municipio repara luminarias en colonias De entrada dispuso de un presupuesto de 110 millones de pesos, de los cuales 2 millones se ejercieron a finales de 2015; el resto se reservó para licitar la modernización de 6 mil 520 luminarias de 49 puntos ubicados exclusivamente en vialidades principales de Tijuana.

Así, con un presupuesto de 108 millones de pesos disponibles, el gobierno municipal convocó a participar en la licitación pública ADQ-2016-LP-002, el 23 de febrero de 2016.

A la fecha, el concurso cuya apertura de propuestas será el próximo lunes 28 de marzo, registra ocho participantes, entre ellos solo una empresa local, indicó José Salvador Padilla Fitch, director de Servicios Públicos Municipales, al sostener que la convocatoria es abierta para todos los interesados.

A decir del funcionario municipal, la diferencia entre este nuevo proyecto y el yerro en que se convirtió el programa de modernización de alumbrado público de Carlos Bustamante, el cual significó una pérdida de 144 millones de pesos para el erario de Tijuana, es el “estudio previo detallado que se hizo”.

Este análisis, expuso, determinó condiciones de voltaje, variaciones y las características propias de la ciudad; para ello se requerirán luminarias “que sean multi voltaje, de acuerdo a la infraestructura y que cumplan con la norma de iluminación, la NOM-013, para poder brindar la iluminación requerida en las vialidades”.

El fallo del nuevo programa de iluminación pública para Tijuana se dará el 4 de abril de 2016 y el ganador contará con cuatro meses para instalar las 6 mil 520 lámparas.

Tanto el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, como la Asociación de Comerciantes en Mantenimiento Eléctrico -ACME- y la Asociación de Proveedores Eléctricos de Tijuana,  lamentaron no haber sido considerados al definir el nuevo programa de alumbrado, “lo sano hubiera sido instalar un consejo conformado por las diferentes organizaciones que existen en la ciudad”, anotó Rolando Escobedo, presidente de ACME.  

REQUISITOS SESGADOS

Las especificaciones técnicas de la licitación pública lanzada para el programa emergente de modernización de alumbrado público determinan  un solo modelo de luminarias LED, con cuatro tipos de voltaje distinto.

De acuerdo al rango de potencia de 130 a 140 watts, flujo luminoso de 15 mil 600 lumen, eficacia luminosa de al menos 120 lumen entre watts, temperatura de color de 5 mil kelvin (+/-10 por ciento), y óptica o distribución luminosa Tipo II, son requisitos todos que solo una marca específica cumple: American Electric Lighting. El resto de las marcas en el mercado no los cumple al cien por ciento.

Por si fuera poco, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el concurso, se pide hacer el cálculo “para cada uno de los rangos de capacidad sugeridos por la convocante, en el software de diseño de iluminación Visual RoadwayTool…”, herramienta que promueven como gratuita y disponible para uso en la dirección electrónica http://www.visual-3d.com/tools/roadway/default.aspx Este software, cuyo uso anual no es gratuito, sino que tiene un costo de 200 dólares, es de la empresa Acuity Brands, la misma que, casualmente, promueve las luminarias LED American Electric Lighting.

El director de Servicios Públicos Municipales, Salvador Padilla Fitch, argumentó que “la licitación no va dirigida a una marca en específico”.

Programa de alumbrado con registro “extremadamente auditable”:

Salvador Padilla “No hay marcas, solo característica propia de la luminaria que debe cumplir ciertos flujos luminosos para poder garantizar la iluminación requerida por parte del Ayuntamiento, de acuerdo a la geometría de cada una de las vialidades”, insistió, al garantizar que el productor a seleccionar deberá cumplir con parámetros y certificaciones en la materia.

En 2015, a American Electric Lighting le fue retirado el certificado de eficiencia energética de la Norma Oficial Mexicana -NOM-031-ENER-2012, al no cumplir con la prueba de las 6 mil horas, que significa que después de ese lapso de uso (un año y medio, aproximadamente) el producto pierde calidad en su iluminación.

De acuerdo a la última actualización efectuada el 9 de marzo de 2016 por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía -CONUEE-, la marca continúa sin recuperar el título.

Según la convocatoria, la marca a seleccionar deberá contar con garantía de 10 años de durabilidad, por lo que si se da cumplimiento a este requisito, y si el municipio de Tijuana se apega a norma, American Electric quedaría fuera del concurso, lo que haría que los interesados se quedaran sin opción de propuestas.  

COSTOSO PROGRAMA

 Otro de los candados impuestos en la licitación, es el requerimiento de un capital contable de 85 millones de pesos a las empresas participantes, lo que deja fuera a la mayoría de las compañías de la región. José Salvador Padilla Fitch, director de Servicios Públicos Municipales, calificó este requisito como necesario para garantizar el cumplimiento del programa, “porque el proyecto vale mucho más que eso”. Y enfatizó:

“De acuerdo a los riesgos que enfrenta el Ayuntamiento es imperante que se cuente con suficiencia de capital por parte de la empresa ganadora, para no tener problemas con la instalación y el suministro, que tenga con qué respaldarlo”.

Acorde con la ACME y la Asociación de Proveedores Eléctricos, el costo promedio en el mercado de una lámpara LED que sí cumpla con la Norma Oficial Mexicana, es de 6 mil pesos -aditamentos incluidos-.

Esto significa que en conjunto y sin considerar descuento por el volumen de la compra, las 6 mil 520 lámparas tendrían un costo de 39 millones 120 mil pesos, a lo que se sumaría el costo de instalación, “un máximo de 60 millones de pesos”, consideró Rolando Escobedo, presidente de ACME.

Expuso que el Municipio cuenta con capacidad técnica, equipo y personal para instalar por cuenta propia las nuevas lámparas, sin que se tengan que erogar recursos en su instalación, algo que Padilla Fitch descartó, por estar abocado el Municipio en la reparación del alumbrado público en las colonias. 

 DURABILIDAD CONDICIONADA

 Si bien es cierto, uno de los requisitos de las nuevas luminarias es contar con una durabilidad de 10 años, la garantía no abarca factores externos como el vandalismo y los accidentes, dos de los principales aspectos que causan la falla en el sistema de alumbrado público.

“No podemos tener la garantía de que por 10 años van a estar funcionando las lámparas, porque hay factores externos que son de los problemas que enfrenta la ciudad”, para lo cuales no existe póliza alguna.

Por ello, lo único que queda es llevar a cabo un programa permanente de reparación, como el que actualmente se realiza en las colonias.

Escobedo informó que desde el 31 de diciembre de 2015, en las nueve delegaciones de Tijuana se hizo un censo inicial de las 69 mil 759 luminarias que existen en la ciudad, encontrándose que 19 mil 718 (28 por ciento del total) estaban apagadas.

Es en la reparación y mantenimiento de estas bombillas donde actualmente el equipo de Servicios Públicos Municipales se ocupa, y por el que no puede ejecutar el nuevo programa de modernización, argumentó.

Del rezago detectado en el censo, subrayó un avance de mantenimiento de un 50 por ciento, al haberse reparado 9 mil 739 luminarias, de las 19 mil 718.

A finales de mayo se concluirá con este programa emergente, pero aclaró, “eso no quiere decir que en mayo se termine de arreglar toda la ciudad, porque cada componente de las luminarias tiene una vida útil, más o menos tres años”.


(SEMANARIO ZETA/Isabel Mercado/ FOTOS: Cesar Rene Blanco V / Jorge Dueñes / Lunes, 28 marzo, 2016 01:00 PM)

REVÉS A “LA CHINA”


Juez de BCS estima que no existen violaciones a los derechos humanos de Melisa Margarita Calderón en el auto de formal prisión que le fue dictado por el homicidio de “Don Maleno”.

La presunta asesina podría interponer el recurso de revisión contra el fallo adverso. Pendientes de consignación los delitos federales que se le atribuyen, entre éstos delincuencia organizada  

Un juez federal del estado de Baja California Sur negó el amparo y protección de la justicia a “La China”, presunta ex jefa de sicarios de las Fuerzas Especiales de Dámaso (FED), quien pretendía desligarse de un proceso penal por el delito de homicidio calificado.

El fallo emitido en el juicio de garantías 969/2015 por el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en La Paz destaca: “La justicia de la unión no ampara ni protege a Melisa Margarita Calderón Ojeda”.

De esta manera, el auto de formal prisión dictado en contra de la hoy procesada, el 23 de septiembre de 2015, por parte del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de La Paz, quedaría firme y el proceso continuará hasta sentencia, aunque el revés legal sufrido por “La China” es impugnable y ya corre el plazo legal para conocer si interpone o no el recurso de revisión.  

Apenas un crimen En la causa penal 17/2015 se atribuye a Melisa Calderón su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con alevosía en grado de complicidad en agravio de Humberto Juárez León “Don Maleno”, de 54 años de edad.

El crimen imputado a la mujer y su clan delictivo ocurrió el 16 de enero del año próximo pasado en una finca de la calle Bernardo Maldonado, entre Luis Barajas y Enrique Von Borstel, en la colonia Revolución, cuando confundieron a “Don Maleno” con su hijo José Humberto Juárez Mora “El Pollón”.

De acuerdo a las constancias que obran en la indagatoria LPZ/007/homicidios/2015, “La China” y su ex pareja Eduardo Martín Alvarado “El Kumi” recibieron la orden de asesinar a “El Pollón” y sus hermanos José Carlos “El Pala” y Jonathan Omar “El John” por la lucha intestina que surgió entre las células de las FED: “Los Pepillos” y “Los 28’s”. Sin embargo, al tratar de cumplir la orden e ingresar a la vivienda acribillaron al padre de los Juárez.

A “La China” Calderón, de 30 años de edad, se le vincula en la ejecución de diversas personas en una guerra de facciones criminales que en Baja California Sur ha arrojado casi dos centenares de víctimas mortales en los últimos años, por lo que es señalada en al menos 20 averiguaciones previas.  

Al fin detenida La ahora procesada se encuentra presa en el Centro de Reinserción Social de La Paz, tras su captura el 19 de septiembre de 2015 en un aeródromo de Cabo San Lucas, cuando pretendía salir de Baja California Sur a bordo de una aeronave y agentes investigadores le notificaron que contaba con una orden de aprehensión por el crimen de Humberto Juárez.

 Esa tarde, la ex jefa de sicarios se hallaba en la sala de espera de la pequeña terminal aérea acompañada de una joven embarazada de 17 años.

Al ser abordada por sus captores no opuso resistencia, pues no llevaba ni armas ni pistoleros. La detención de Melisa Margarita Calderón fue un importante logro de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de BCS, pues la mujer había escapado en seis ocasiones cuando estuvieron a punto de atraparla, pero la complicidad de algunos elementos policiales le permitía conocer los ‘pitazos’ y huir a tiempo.

A la fecha, la causa penal 17/2015 es la más visible de una serie de expedientes que esperan el enjuiciamiento de “La China”, pues algunas órdenes de aprehensión aún no se han cumplimentado, y en otros casos, las averiguaciones previas apenas se están integrando.

Tampoco se conoce del ejercicio de la acción penal en contra de la homicida en el fuero federal, donde la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene elementos para fincarle cargos por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y delincuencia organizada, entre otros. Vistas: 1.766



(SEMANARIO ZETA/ LUIS CARLOS SAINZ/ LUNES, 28 MARZO, 2016 01:00 PM) 

“MARLON”, EL JEFE DE SICARIOS


El ex policía municipal de Tijuana Marco Tulio Carrillo “El Marlon”, fue capturado por fuerzas federales y presentado como lugarteniente y jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa. Aseguran está involucrado en asesinatos y secuestros.

En 2010 fue aprehendido y acusado de apoyar actividades criminales del Cártel Arellano Félix, pero fue liberado   Tras 10 años de sospechas, Marco Tulio Carrillo Grande, quien se desempeñara como policía en Tijuana de 1995 a 2008, fue capturado por segunda ocasión como parte de una investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Mientras el Gobierno Federal asegura que está involucrado en varios homicidios y secuestros cometidos en Baja California, desde la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), responsable de las averiguaciones abiertas por los mencionados delitos en la Procuraduría del Estado, declararon a ZETA que en sus archivos no existe algún expediente que incluya acusaciones contra Carrillo.

Al mismo tiempo en Estados Unidos, la investigación que permitió la captura de los integrantes de una célula encabezada por Juan Castro Navarro -detenido en febrero de 2014 y sentenciado en junio de 2015-, responsable de trasegar droga de Tijuana a Estados Unidos y distribuir metanfetaminas y heroína, incluye a “El Marlon” como un operador clave de este grupo en Tijuana.  

LA CAPTURA
 Alrededor de las nueve de la mañana -hora de Baja California- del viernes 18 de marzo, ZETA fue informado de que elementos de la Unidad de Inteligencia de la Policía Federal, en apoyo de la SEIDO, ejecutaban una orden de cateo en la colonia Reforma del municipio de Rosarito.

El operativo federal se realizaba para capturar a uno de los miembros del Cártel de Sinaloa que, de acuerdo a información en posesión de las autoridades, orquestó el ataque con armas largas perpetrado el 23 de enero de 2016 en el interior del palenque Póker en Ensenada, frente a 400 personas, de las cuales cuatro fueron asesinadas y 19 resultaron heridas.

En el cateo, agentes federales reportaron haber encontrado armas y droga, por lo cual el padre de la familia que habitaba ese domicilio en la calle Anastasio Bustamante, fue asegurado. Se trataba del ex policía de Tijuana, Marco Tulio Carrillo Grande. 

La detención se efectuó por la posesión de armas y droga, pero el Gobierno Federal considera fincar responsabilidad por delincuencia organizada, debido a la presunta participación del detenido en temas de homicidio y secuestros diversos.

A la 1:14 pm del mismo viernes, a través de las redes sociales,  personas cercanas al detenido se comunicaron a este Semanario para manifestar que en ese momento, la casa de Carrillo estaba llena de soldados y elementos de la Procuraduría General dela República (PGR), que no traían orden de cateo, que no se trataba del Raúl Miranda Ordaz “El Alejo” como habían reportado inicialmente y que era “una injusticia”. 

Emilia Pimentel Gomez Horas después, a las 6:07 pm, la Dirección de Seguridad Pública de Rosarito consignó una “denuncia por alarma activada por robo a casa habitación”.

El reporte oficial indica que al atender el reporte, los municipales se entrevistaron con la pareja de Carrillo, quien estaba acompañada de un hombre que dijo ser representante de Derechos Humanos.

La mujer informó a los oficiales que un número indeterminado de hombres vestidos de civil y encapuchados entró a su casa aproximadamente las dos de la madrugada y se retiraron a las 5:30 de la tarde.

Expresó que para ingresar rompieron puertas, que dijeron ser federales pero en ningún momento se identificaron plenamente, ni presentaron orden de cateo.

Igualmente, refirió que subieron a toda la familia a la segunda planta de la casa -durante un tiempo no determinado- y cuando los bajaron en medio de la sala había “varias maletas color negro, así como recipientes de plástico color blanco con tapadera verde,  que en su interior contenían una hierba verde y una sustancia granulada color blanco”.

Después de eso, la hicieron firmar unos documentos, amenazándola de capturarla junto a su hija. Después, argumentó, se llevaron detenido a su marido. También que los federales se llevaron computadoras, joyas, aproximadamente 5 mil pesos en efectivo y dos automóviles.   

A los policías municipales les pidió que se llevaran “una maletita negra con la leyenda Case Logic, conteniendo en su interior tres envoltorios de plástico transparente con una hierba verde con las características de la droga conocida como marihuana, así como seis cartuchos útiles calibre 9 milímetros un porta cargador de color beige” que los que se llevaron a Carrillo, habían dejado olvidados.  

EL ANUNCIO

 Fue hasta el martes 22 de marzo, cuatro días después y en la Ciudad de México, cuando Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, anunció la captura de Carrillo en conferencia de prensa.

Confirmó que el detenido era “considerado jefe de sicarios y principal operador de una banda criminal que opera en Tijuana, Ensenada y Rosarito (…) en su calidad de lugarteniente identificado como el responsable de coordinar agresiones de la organización delictiva a la que pertenece, contra la banda rival con la que se disputa la zona de Baja California”, y que “se le vincula con los delitos de secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada”.

También presentaron a “El Marlon” como uno de los coordinadores del ataque armado del 23 de enero en Ensenada,  dirigido contra Gabriel Ayala Fonseca “El Tres Animales”.

Como resultado del cateo a la casa familiar de Carrillo Grande, la PGR anunció el aseguramiento de dos armas cortas de uso exclusivo del Ejército, aproximadamente 1.5 kilos de metanfetamina, casi 131.9 gramos de hierba verde seca con las características propias de la marihuana, un vehículo pick-up, un sedán y tres cuatrimotos, todos de reciente modelo     

EN LA MIRA DE 2004 A 2007

 Marco Tulio Carrillo Grande ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana en 1995, tres de sus hermanos han formado parte de la corporación y, de acuerdo con los archivos oficiales, uno está activo.

Sin embargo, estuvo sujeto a investigaciones internas desde el trienio 2004-2007, en aquel periodo, el director y el secretario de seguridad recibieron informes de la PGR, de que este policía había sido mencionado como cómplice por algunos de los detenidos por temas de delincuencia organizada.

El entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Javier Algorri, declaró que la Unidad de Inteligencia había iniciado una investigación interna en torno a cuatro agentes, uno de los cuales era Carrillo, pero no sucedió nada.

Juan Carlos Navarro En 2008, como secretario de Seguridad de Tijuana, Alberto Capella anunció que Carrillo Grande y otros 34 agentes habían sido removidos por “pérdida de confianza, no acreditar los Exámenes de Control y Confianza, y estar relacionados en casos de delincuencia organizada”.

De nuevo, miembros del Cártel Arellano Félix (CAF) detenidos y convertidos en testigos protegidos, lo habían señalado como colaborador criminal.

Mientras se desempeñó como agente municipal, la Procuraduría de Justicia ejerció un mandamiento judicial en la siguiente numeralia, 504 15/06/2001.

De igual manera, fue turnado por posesión de arma de fuego en el expediente y se abrieron dos averiguaciones previas en su contra -734/07/211/AP por abuso de autoridad y 10091/07/211/AP por el mismo delito-.

En su momento, ZETA no fue informado de qué se la acusaba. El 10 de agosto de 2010, “El Marlon” fue detenido por elementos del Ejército:

“En cumplimiento a órdenes de aprehensión, se pone a disposición de la autoridad correspondiente a un ex policía municipal vinculado con la delincuencia organizada y narcotráfico”. Posteriormente fue liberado. 

 RELACIONES CRIMINALES

Tras su liberación, el seguimiento preventivo permitió a las autoridades darse cuenta que Tulio Carrillo está relacionado con Emilia Pimentel Gómez,  joven detenida junto a su hermana en la delegación La Presa el 1 de febrero de 2010, en dos autos con reporte de robo en Chula Vista, California.

En la camioneta que manejaba Emilia los agentes localizaron “cinco armas largas calibre 7.62 x 39, un arma larga calibre .223 AR-15, 30 cargadores para distintos calibres, 403 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39, 49 proyectiles calibre .45; 172 tiros calibre .223, y cinco porta cargadores”.

Una liga criminal más fuerte fue detectada a partir del jueves 23 de enero de 2014, cuando la Policía Estatal Preventiva detuvo a Juan Castro Navarro en compañía su novia Eloísa Monjardín, Germán Magaña y Alejandro Alfaro Galván en posesión de un arma. Fueron presentados en la PGR.

La madrugada de ese jueves, este grupo había asesinado a un traficante apodado “El Sureño” y el crimen quedó captado en fotografías enviadas a través de teléfonos celulares, intervenidos por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ante los agentes estatales, Castro

“… manifestó que se dedica a la distribución de cristal en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, los fines de semana”,  y que “le cobra piso una persona de apodo ‘El Marlon’, que a su vez trabaja para ‘El Aquiles’, quien es el encargado de cobrar a los tiradores o personas que distribuyen drogas, en Sinaloa lo secuestraron hace algunos años, por eso se cambió de ciudad, y desde entonces se dedica al trasiego de droga a Estados Unidos”.

Autoridades norteamericanas que actualmente lo tienen en custodia, lo seguían por el delito de conspiración para distribuir metanfetaminas y heroína.  Su célula delictiva conseguía droga en Tijuana y la vendía en Los Ángeles, Ríverside, Utah y Washington.

Como parte de esta investigación, los agentes estadounidenses también escucharon conversaciones de Castro Navarro con “El Marlon”, dadas a conocer por ZETA en su edición del 22 de enero de 2016.

Como ejemplo, una llamada hecha el 20 de enero de 2014 donde “El Marlon” informa a Castro de “un cliente” en Los Ángeles interesado en comprar siete y 20 libras de ice por semana a 3 mil 700 dólares por libra.

A través de las escuchas telefónicas, la indagatoria del gobierno de Estados Unidos también relata cómo “El Marlon” ayuda a Castro a localizar en Tijuana a “El Sureño”, el hombre asesinado por un robo de drogas en Tijuana el 23 de enero de 2014.

La referencia criminal más reciente, previa a su involucramiento en el operativo en el palenque de Ensenada  el 23 de enero de 2016, data de septiembre de 2015, cuando sujetos colgaron una manta en un puente de una transitada vialidad de Tijuana, donde lo señalaban como criminal y parte de una célula del Cártel de Sinaloa:

“MARCO TULIO CARRILLO GRANDE ‘EL MARLON’ EX MUNICIPAL LUGARTENIENTE DEL ‘AKILES’”, se leía.

El texto continuaba con otros siete nombres, a quienes acusaron de secuestrar y matar inocentes, así como de ejercer violencia en contra de la familia de otros criminales. Estaba firmada por “SR MENCHO CTNG Y CJNG” PURO TIJUANA”.

Así los antecedentes del jefe de sicarios que del CAF pasó a Sinaloa, y otra vez, fue detenido.



(SEMANARIO ZETA/ INVESTIGACIONES ZETA LUNES, 28 MARZO, 2016 01:00 PM) 

LO AMPARAN EN BC


Magistrado concede protección al líder del Cártel de Sinaloa para que se precise en el análisis de las declaraciones que lo vinculan con el trasiego de drogas y armas en Mexicali. Testimonios de “El Roa” y “El Nando” deben ser segmentados en los que sean señalamientos directos y los “de oídas”.

La imputación está relacionada con el “narcovideo” que ZETA dio a conocer en 2007, en el que se implicó al ex procurador Antonio Martínez Luna  

El presunto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán recibió un amparo contra la formal prisión que le fue dictada en un juzgado federal del Estado de México por su presunta infiltración en la Procuraduría de Justicia de Baja California entre 2006 y 2009.

La protección de la justicia de la unión fue favorable al capo debido a que durante la apelación una magistrada no analizó la totalidad de los agravios expuestos por la defensa, ni justipreció individualmente los testimonios –unos por hechos directos y otros “de oídas”– que inculpan a Guzmán.

La sentencia del amparo 60/2014 otorgado por el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordena dejar sin efecto la resolución de fecha 25 de agosto de 2014, dictada en el toca penal 70/2014 por el Segundo Tribunal Unitario con residencia en Toluca y dictar una nueva corrigiendo los vicios formales antes señalados.

En dicho fallo, la magistrada Angélica Marina Díaz Pérez confirmó el auto de formal prisión decretado por el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, en la causa penal 50/2009, el 25 de febrero de 2014, tres días después de la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa en Mazatlán.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera fue declarado formalmente preso en el juzgado por su probable responsabilidad en el ilícito de Delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, pero se le decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína.  

El señalamiento Las imputaciones en contra de “El Chapo” Guzmán por su supuesta participación en delitos en el territorio de Baja California provinieron de las declaraciones de Hernando Villegas Delgado “El Pelón” o “El Nando”, Jorge Quintero Torres y/o Jorge Alberto Fuente Madueño “El George”, y Adolfo Roa de Lara “El Roa”. Los tres sujetos fueron detenidos el 24 de abril de 2009.

 Los dos primeros en un domicilio de la calle Tezozomoc número 1327, del fraccionamiento Vista Hermosa, donde almacenaban 12 armas largas, tres cortas, 449 paquetes con cocaína y cartuchos de diversos calibres.

El tercero cayó en manos de los federales en las inmediaciones de un salón de fiestas, ubicado sobre el boulevard Lázaro Cárdenas, entre calle Cuarta y calle Novena, en Mexicali, donde festejaba los quince años de una de sus hijas.

Al declarar ministerialmente el 26 de abril siguiente, los detenidos confesaron que realizaban funciones como sicarios y distribuidores de drogas en apoyo directo al Cártel del Pacífico, cuyos dirigentes identificaron como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada García.

Tanto “El Nando” como “El Roa” habían sido agentes de la Policía Ministerial de Baja California y estaban identificados por informes de inteligencia como miembros de una compacta célula de policías y ex policías de Tijuana y Mexicali al servicio de la organización de Sinaloa, a quienes se les vinculó en levantones contra integrantes de otros cárteles, principalmente del clan de los Arellano Félix.

Hernando Villegas dijo ante el Ministerio Público de la Federación que ingresó a la Policía Ministerial adscrito en Mexicali en 1992, pero que en 2008 fue suspendido porque en los medios de comunicación transmitieron un video donde aparecía un sujeto de nombre Ramón Velázquez “el cual mencionó que el Procurador de Justicia del Estado, Antonio Martínez Luna estaba relacionado con el Cártel del Pacífico, nombrando también a seis o siete elementos, entre los cuales estaba el exponente”.

Por su parte, Adolfo Roa declaró que, por una recomendación de un “licenciado”, en 2005 ingresó a la corporación referida para que fuera escolta del ex procurador Antonio Martínez Luna, aunque reconocía como su jefe a la persona que lo había recomendado y ésta era ajena a la dependencia, quien le comentó que su función consistiría en desarrollar “labores de inteligencia” a favor del grupo de Sinaloa.  

PGJE infiltrada  Roa de Lara dijo que a menos de un mes de su ingreso a la Policía Ministerial se formó un grupo de inteligencia integrado por varios agentes, quienes suministraban información al “licenciado” sobre las personas que se dedicaban al secuestro en Tijuana.

“El trabajo iba a consistir en investigar el modus vivendi y operandi, nombres de sus familiares, domicilios, vehículos y todo lo que se relacionara con la organización de los Arellano Félix”, declaró el matarife.

El ex ministerial puntualizó que a los cuatro meses todos los del grupo especial tenían que actuar en contra de los miembros del CAF, porque era prioridad apoyar al Cártel del Pacífico, reuniéndose para tal fin en diversas ocasiones, una de ellas en el restaurante Vips en el centro tijuanense, donde fueron informados que ya había dos grupos, uno de inteligencia y otro operativo, sin que ambos se conocieran entre sí.

Agregó Adolfo Roa que para tener mayor funcionalidad el grupo de inteligencia se dividió en dos células y, que una vez que recababan información del CAF, ésta se concentraba para llevarla a las oficinas de la PGJE ubicadas en la calle Río Nuevo, en la colonia Centro Cívico, en Mexicali, donde la intercambiaban con un licenciado, “quien era el particular del ex procurador Antonio Martínez Luna”.

El testimonio añade que en mayo o junio de 2006, gente de los Arellano Félix levantó a Ramón Velázquez, quien a los dos o tres días apareció muerto en Mexicali, frente a una casa de una mujer relacionada con el ex procurador Martínez Luna.

Tras ese hecho, Roa fue convocado a una reunión urgente en un hotel donde le dijeron al grupo que “el procurador había dicho iba a salir un video el fin de semana, en relación al homicidio de Velázquez”, recibiendo instrucciones de esconderse.

Recuerda el declarante que a la semana de la muerte de Ramón Velázquez, “en los medios televisivos salió un video donde aparecía éste manifestando, entre otras cosas, que el procurador estaba ligado al Cártel del Pacífico”, lo que motivó que a los agentes ministeriales involucrados los reubicaran a diferentes grupos de investigación de la Procuraduría.

“El Roa” y “El Nando” pensaron que se trataba de una trampa y renunciaron.

Pese a que sus nombres ya estaban en el ámbito público, ambos ex policías continuaron sus presuntas relaciones mafiosas, dedicándose a coordinar a ex servidores públicos y custodiar cargamentos de droga y armas, a cambio de un sueldo de dos mil 500 dólares americanos quincenales.

Los ilícitos eran coordinados por el jefe de plaza de Mexicali bajo las órdenes de “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada.  

Ex procurador niega La aparición del llamado “narcovideo” al que hicieron referencia Roa de Lara y Villegas Delgado fue documentada por ZETA en mayo de 2007.

Efectivamente el ex agente ministerial de Baja California, Ramón Velázquez, fue grabado declarando que formaba parte de una célula del Cártel de Sinaloa en Mexicali y que se atribuía el asesinato de varios ex judiciales que les habían ganado con droga.

Velázquez fue victimado, pero antes emitió un detallado resumen de las actividades que realizaban: los muertos, los desaparecidos, los agentes que participaban, asegurando que tenían la protección del entonces primer fiscal bajacaliforniano, Antonio Martínez Luna e incluyó en la larga lista de implicados a los mencionados “El Nando” y “El Roa”, en cuyo rancho de este último, en la colonia Ahumadita, habían inhumado clandestinamente el cuerpo del ex agente Diego Hernández Leyva.

La mayoría de las personas señaladas en el video fueron asesinadas o detenidas.

Entrevistado en febrero de 2014, vía telefónica desde San Diego –donde actualmente radica– el ex procurador, Antonio Martínez Luna, negó cualquier vínculo con la organización criminal y haber abierto la puerta para que ésta operara en la entidad.

Tampoco reconoció que Adolfo Roa haya formado parte de su escolta.

“Jamás platiqué, jamás di instrucciones que platicaran con ningún lado, ni con colores ni con tamaños, ni con nada, que cada quien hiciera su trabajo, y no implicaba que pertenecieran a uno u otro grupo. Si se les encontraba delinquiendo eran perseguidos, nuestro compromiso era Baja California, no eran los grupos criminales”, sostuvo en esa entrevista Martínez Luna.

A desmenuzar El juez y la magistrada del caso tomaron en cuenta las declaraciones ministeriales de los testigos Adolfo de la Roa y Hernando Villegas Delgado, “quienes aseguraron firme y categóricamente que el ahora procesado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera es el líder de la organización nominada “Cártel del Pacífico”, dentro de la cual le atribuyen funciones de administración, supervisión y dirección”, según los quienes resolvieron.

Sin embargo, al conceder el amparo a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el magistrado Jorge Luis Silva Banda, titular del Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, determinó que se deje sin efecto el auto de bien preso, se subsanen las violaciones ya explicadas y se dicte una nueva resolución “con plenitud de jurisdicción, que podrá ser en el mismo sentido que la reclamada, pero purgando tales vicios”.

Como se desprende de las declaraciones de los ex ministeriales, en poco o en casi nada hacen imputaciones directas y contundentes en contra de los líderes del Cártel de Sinaloa, Guzmán Loera e Ismael Zambada García, quien por cierto también cuenta con orden de aprehensión por este asunto.


(SEMANARIO ZETA/ INVESTIGACIONES ZETA / LUNES, 28 MARZO, 2016 01:00 PM)

MÁS DE 3 MIL DEMANDAS CONTRA GOBIERNO DE KIKO


El Ejecutivo estatal tiene miles de juicios laborales que de perderse, significarían más de 26 millones de pesos en pérdidas para el erario.

Sin embargo, el riesgo real para el presupuesto de Baja California lo representan los juicios agrarios, donde solo los procesos jurídicos promovidos por la zona de El Monumento, Ejido Rojo Gómez y el Bulevar 2000 en Tijuana representan pleitos por casi mil millones de pesos.   

Derivado de la reciente aprobación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California 2014, salió a relucir que el Ejecutivo tenía, hasta hace 15 meses, 2 mil 333 pleitos jurídicos pendientes de resolver.

Víctor Lujano Sarabia, subsecretario jurídico -con licencia temporal- del Gobierno del Estado, quien ha llevado parte de la defensa de los casos mencionados, señaló que la gran mayoría de las demandas que actualmente enfrenta el Ejecutivo tienen que ver con el tema laboral, que se arrastran desde el sexenio anterior, y otras interpuestas ante la reforma a la Ley del Servicio Civil.

El 60 por ciento de estos procesos representan juicios por basificaciones, un poco más del 20% por horas extra y el resto por reconocimiento de antigüedad. Desde el gobierno aclararon que estas demandas ya casi llegan a 3 mil. Adicionalmente llevan 12 juicios agrarios, 116 juicios civiles ordinarios y 665 juicios de amparo y controversias constitucionales.

El funcionario, que se encuentra separado momentáneamente del encargo -para participar en la precampaña del Partido Acción Nacional pero que accedió a una entrevista con ZETA, afirmó que tras las reformas laborales, el Ejecutivo estatal ha ganado cerca del 90% de los juicios, iniciados después de la reforma que se publicó en mayo de 2014.

El otro 10% restante son recursos tramitados antes de entrar en vigor la reforma a la Ley del Servicio Civil, los cuales, considera el gobierno, tienen una alta posibilidad de perder, porque la anterior Ley contaba con diversas ventajas procesales en cuanto a horas extra, vacaciones o basificaciones.

— Estadísticamente, del total ¿cuántas de estas demandas pierde el Estado?

 “Yo creo que en un 30 o 40 por ciento si se llegan a perder en atención de que antes no había un catálogo de puestos susceptibles a basificarse, la Ley te decía que labores de confianza eran todas aquellas que llevaran algún elemento de administración, inspección y de vigilancia y, si no encajabas ahí, te podías basificar.

Ahora ya hay un catálogo muy amplio en los cuales se limitan las posibilidades de basificación, entonces eso ha impactado en el número de asuntos que se empiezan a ganar a favor de Gobierno del Estado”.

— ¿A cuánto asciende el impacto de esas demandas en el presupuesto?

“En términos presupuestales ha significado alrededor de 26 millones de pesos del total de juicios laborales”.

Respecto a la gran cantidad de demandas pendientes por resolver por el Ejecutivo, Anwar Ramos Gaona, presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, señaló que se ha tenido un marco jurídico muy flexible en el que se puede generar un abuso o sobrecarga a la capacidad que tiene el Estado para contratar personal.

Lujano “Esta misma regulación se ha tratado de adecuar en diversas ocasiones, porque estamos viendo un problema en el aumento de la burocracia que es verdaderamente catastrófico para las finanzas de los entes de gobierno”, expuso Ramos Gaona.

Lamentó que no exista una disposición de ninguna de las fuerzas políticas dentro de los Congresos estatales y federales que puedan dar una reforma legal eficaz, a efecto de que queden protegidos los derechos de los trabajadores, pero que establezcan mecanismos para evitar el crecimiento de la nómina.

“Estamos en una realidad en la que el crecimiento de la burocracia está cargando demasiado las finanzas públicas y llegaríamos a un absurdo en el cual los servicios públicos fundamentales no se puedan estar prestando, porque los recursos se estén destinando al sostenimiento de la burocracia”, indicó.  

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES PONEN EN RIESGO PRESUPUESTO

Otro de los datos arrojados de la Cuenta Pública 2014 fue que el gobierno estatal enfrenta alrededor de 655 juicios de amparo y controversias constitucionales que derivan del proceso legislativo. Lujano explicó que cuando alguien reclama la inconstitucionalidad de alguna Ley, forzosamente tiene que involucrar al Estado por haber publicado la reforma en el Diario Oficial, y aunque la Ley no los obliga a contestar al ciudadano que reclama, el Estado lo hace.

“Y en el 98 por ciento de los casos la respuesta es explicar por qué se avaló la publicación de la reforma”. Tratándose de juicios de  amparo y controversias constitucionales, los que se inician contra actos de gobierno son “un porcentaje mínimo”.

Y en esos casos lo usual es que el reclamo ciudadano sea por expropiación o derecho, entre ellos los fideicomisos de turismo y la Ley del Notariado, donde sí tuvieron una participación activa.  — ¿Qué sucede en el caso de los verificentros que tienen una demanda por más de 200 millones de pesos?

“En la subsecretaría jurídica se llevan todos los asuntos, menos los de responsabilidad administrativa y los que tiene relación con el Congreso, ahí lo que yo te puedo comentar es que los verificentros presentaron una demanda por actividad irregular del Estado.

Consideraron que el haber retrasado la emisión de un decreto en el cual se establecía la obligatoriedad de verificar, les causó un prejuicio por no operar los centros, esa demanda está en Contraloría del Estado y está en etapa de instrucción” afirmó el abogado.

De igual forma, aclaró que casi todas las controversias y juicios de acción de inconstitucional,  corresponden al periodo de la XXI Legislatura del Estado, la cual se caracterizó por tener marcadas diferencia con el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán y el Congreso del Estado mayoritario por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“De los juicios heredados salimos bien librados con el tema de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a nivel constitucional, de la municipalización de San Quintín, que fue otro tema que nos dejó pendiente la Legislatura pasada y otros relacionados con leyes que irresponsablemente, desde mi punto de vista, se generaron al vapor y al calor de circunstancias políticas y de coyunturas electorales muy precisas”, señaló Víctor Lujano Sarabia.

De la actual administración recientemente se ganó la controversia constitucional en contra del Poder Judicial referente a la Ley del ISSSTECALI, dejando alrededor de cinco asuntos pendientes que no tendrían “gran impacto político, ni económico”, afirmó el consultado.  

GOBIERNO GASTA EN JUICIOS QUE NO PROCEDEN 

En el caso de los juicios ordinarios civiles, el subsecretario jurídico explicó que se trata principalmente de invasiones de algún terreno propiedad del Estado y que los particulares demandan la prescripción del bien.

“Llegaron, vieron que a lo mejor el terreno estaba baldío, ampliaron el cerco y luego resulta que era propiedad nuestra y al paso de los años nos demandan la prescripción del terreno para ser ellos los titulares del bien, ahí estamos empezando a tener sentencias favorables porque hay una clara disposición de las leyes que especifican que los bienes de dominio público son inembargables e imprescriptibles”, comentó.  

EL PELIGRO DE LOS JUICIOS AGRARIOS

Los 12 juicios agrarios serían la mayor preocupación para el Ejecutivo por lo oneroso que podría resultar perderlos. Entre ellos se encuentra el promovido por el Ejido Rojo Gómez, donde son coadyuvantes y que implica una superficie de alrededor de 400 hectáreas. Hernan Cortez, abogado Otro sería el de La Bufadora, aunque deberá ser el Ayuntamiento de Ensenada el que cumpla la sentencia.

De acuerdo con el subsecretario jurídico con licencia temporal, en la mayoría de los juicios de esta índole se ha llegado a acuerdos económicos al ser clara la afectación que se tiene.

— ¿Esa carga legal tendría afectaciones a las cuentas públicas?

“Realmente no, creo que si bien son cantidades fuertes, si lo comparas con el presupuesto de la administración pareciera que no pintan, de igual manera nosotros atendemos con mucha responsabilidad los asuntos tengan o no cuantía”.

Uno de los juicios pendientes tiene que ver con el gobierno de Eugenio Elorduy Walther, relacionado con la expropiación del predio conocido como El Monumento, el cual durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán llegó a una inejecución de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el adeudo de 600 millones de pesos.

El tema se remonta a 2004, cuando el ex gobernador panista decretó la expropiación de 7 millones 479 mil metros cuadrados con la intención de implementar un proyecto inmobiliario; fue hasta 2009 que Osuna Millán publicó en el Periódico Oficial del Estado la revocación del decreto, con lo que quedaba suspendido el proyecto.

Víctor Lujano abundó que la SCJN definió que no se debía pagar ese dinero y que se debían de realizar otras valoraciones al momento de dictar la sentencia, por lo que el Juzgado de Distrito acató la resolución, pero en el Tribunal Colegiado “voltean” lo que señaló la Corte.  

“Nos van a hacer un ruido de que nos van a condenar a pagar una cantidad exorbitante, pero estamos confiados que de llegar nuevamente a la Corte se va a sostener en lo que ya había dicho, que no existe pago alguno, ahorita estamos en la etapa de peritajes, en el peor escenario sería esa cantidad”, adelantó.

Otra ejecución de sentencia sería por afectación a unos terrenos para la realización del Corredor 2000 en Tijuana, en la que el Estado tendría que pagar 126 millones de pesos, los cuales también se están litigando.


(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: CRISTIAN TORRES/ CRISTIAN TORRES LUNES, 28 MARZO, 2016 01:00 PM)