martes, 3 de abril de 2018

POBREZA Y MARGINACIÓN EN VALLE DE GUADALUPE



Foto: Enrique Botello

Datos socioeconómicos sobre la pobreza que enfrentan los habitantes de los poblados, son parte de los resultados del estudio presentado por IMIP en la actualización del Programa Sectorial de los Valles Vitivinícolas. Arrojan cifras como la duplicación de habitantes en la próxima década, y la carencia de equipamiento y vivienda de interés medio para trabajadores de la zona, pese a que se trata de evitar que el lugar tome un carácter suburbano

El lujo que enmarcan las propiedades de un valor por encima de los 2.5 millones de dólares, villas de 350 mil dólares o alquiler de cabañas hasta mil dólares por noche en la región vinícola del Valle de Guadalupe, esconde la otra cara de la misma moneda: la pobreza.

Cada año, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), Secretaría de Turismo y otras dependencias federales, entregan millones de pesos a fondo perdido a empresarios de la Ruta del Vino para incentivar la industria turística y el campo.

Pero el escenario de las comunidades es precario, los tres poblados que componen la Ruta -San Antonio de las Minas, Francisco Zarco y El Porvenir-, presentan altos índices de marginación.

Los habitantes reciben agua poco apta para consumo humano, no tienen drenaje ni viviendas dignas, faltan escuelas y espacios de recreación, es el resultado que arrojó el estudio hecho por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

El desarrollo inmobiliario del empresario Carlos Lagos en el rancho Olivares Mexicanos, que en 2010 detonó la polémica porque los productores de vino aseguraban que era un plan ambicioso que contravenía a la vocación del Valle, sigue vivo.

Familiares del ex presidente panista Vicente Fox Quesada, el empresario Carlos Slim, el actor Eduardo Verástegui, han visitado la zona con el fin de establecer megaproyectos hoteleros.

AMENAZAN CON DERRUMBAR OBRAS ILEGALES EN EL VALLE

En febrero de 2018 inició la cuenta regresiva. En unos meses el Cabildo tendrá que aprobar la  actualización del Programa Sectorial y Turístico de los Valles Vitivinícolas del Norte del Municipio de Ensenada.

El proyecto final dará paso a un reglamento que ordene y castigue a quienes infrinjan la Ley, indicó el regidor David Alfredo del Moral Silva, quien calculó que el 99 por ciento de las edificaciones son irregulares.



“Hay una propuesta de hace varios años de adecuar las sanciones, con el reglamento en la mano, en el que se incluye la demolición de las construcciones ilegales”, advirtió.

El programa sectorial ha sido consensuado con todos los actores del Valle de Guadalupe y está muy permeado a implicar a todos los personajes. “Sin duda la cancha está pareja”, aseguró Del Moral Silva.

El edil tiene sobre el escritorio denuncias ciudadanas en contra de desarrollos, uno de estos, el de la  vinícola y hotel Bruma, con inversión de 65 millones de dólares y Hotel Campera, ya que iniciaron obras sin considerar usos de suelo sin dar aviso a la autoridad.

CRECERÁ MÁS DE TRES VECES SU CAPACIDAD

El Valle de Guadalupe tendrá un crecimiento acelerado de 2.5 veces hasta el año 2030, y el abatimiento total de los acuíferos se prevé en 2032.

La superficie de área estudiada que controlará el programa es de 45 mil hectáreas, el resto son zonas de reserva normadas con el Programa de Ordenamiento Ecológico que existe desde 2006.

El documento propone una vivienda unifamiliar cada cuatro hectáreas. Sin embargo, cuando se trate de un clúster, hospedaje, vinícola, restaurante y cava, podrán edificar una casa por cada dos hectáreas de la superficie del proyecto. La condición es que el 50% del terreno tiene que reservarse únicamente a cultivos tradicionales.

Si son 100 hectáreas puedes hacer una vivienda por cada dos hectáreas, esto es, 50 espacios.

El número de visitantes de todo el mundo a las vinícolas tiene un comportamiento estacional en temporadas altas, con una tendencia a la alza desde 2016, concluyó el director del IMIP, Javier Sandoval Félix.

Para 2030, el deseo de visitar el destino se va a multiplicar por 2.5 veces, “solo en cuanto al deseo, quiero ser claro en ese punto”, reiteró el investigador.

La zona agrícola mide 6 mil 157 hectáreas y calculó se pierden a un ritmo de 3.6% anual, lo que representa 680 hectáreas menos de zona agrícola cada año.

La siembra de uva representa 97.2% de la demanda del agua del Valle de Guadalupe, sin embargo, la base económica de esta actividad es el paisaje, que masivamente consume más agua.

Hay invasión de actividades urbanas en las zonas agrícolas y naturales, el 26.6% del total de la población y 72.7% de la actividad de hospedaje están fuera de los tres centros de población, por ello las delegaciones no han crecido.

La tendencia de corredor entre localidades, falta de renta a precios accesibles de viviendas para los trabajadores del campo, meseros, guías, cocineros, mayordomos, entre otros oficios especializados, cuyos salarios son bajos.

EL TRABAJO QUE FALTA POR HACER

Un tema que viene con énfasis en el estudio del IMIP es el agua, con indicios de que en 2032 estarán agotados los acuíferos, indicó Javier Sandoval Félix.

La Secretaría de Protección al Ambiente  (SPA) respaldó el aspecto socioeconómico, donde la zona de El Porvenir mantiene índices de abandono notable.


Se prevé mantener el abasto, pero con una calidad menor, muy pobre, donde habrá introducción de fertilizantes, sal que lejos de mantener el nivel de vida de la zona, lo deteriorará, “con el estudio que proporcionó SPA, sabemos que hoy el agua tiene mala calidad en El Porvenir, que la situación de marginación es crítica, lo que no estaba incluido en el anterior estudio”, subrayó el consultado.

Uno de los problemas ambientales y de imagen, es la urbanización de la zona Ejidal, ya que se han gestionado recursos económicos para pavimentar calles, lo que el nuevo reglamento restringirá.

A la larga, según un estudio, estas obras pueden provocar que después se instalen postes de energía eléctrica, cuando lo ideal sería pavimento con tratamiento diferente como adoquín o empedrado que permita la infiltración del agua al suelo.

Para solucionar este problema, el IMIP propone hacer una estructura de movilidad para que los nuevos proyectos no tengan el carácter urbano.

Si no se le pone atención a este problema, de manera natural la zona tomará un carácter suburbano, dejando ir “la gallina de los huevos de oro”, resaltó Javier Félix.

En 2018, en el Valle operan 62 restaurantes, 30 hoteles y más de 157 espacios en el servicio de arrendamiento temporal en línea Airbnb; para 2030, los restaurantes se triplicarán, mientras que los hoteles se duplicarán.

En el año se organizan entre 60 y 80 eventos masivos con falta de control por parte de la autoridad, los meses de mayor afluencia son de mayo a julio, y se estima que en 2017, 308 mil 800 personas visitaron la Ruta del Vino.

IMIP CONCRETA PROGRAMA SECTORIAL

El anterior programa, vigente desde 2010, fue licitado por el Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur) y lo ganó la empresa Felipe Ochoa y Asociados, con sede en Ciudad de México.

El IMIP encontró una serie de inconsistencias porque en el mapa no se refleja la ocupación del Valle, y aunque menciona a la comunidad indígenas de nativos en San Antonio Nécua, los excluyen de la imagen, al igual que otros ejidos.

Originalmente giraba en tres ejes: agua, actividad agrícola y paisaje, con la actualización hay más información con la comunidad como caracterizaciones, marginación y fenómeno socioeconómico.

“Viendo como imagen de satélite no responde a situaciones reales, pero así se publicó”, recordó Javier Félix.

Otro ejemplo es el de residencial Las Lomas, a cuatro kilómetros de San Antonio de las Minas, un área con el mayor número de construcciones habitacionales, pero aparece como un área de conservación y agrícola.

El IMIP trabajó dos años con máxima capacidad de cinco personas en campo, usando el presupuesto anual de la paramunicipal de apenas 4 millones de pesos.

ACUERDAN TENER AGUA DE LA MORITA EN VINÍCOLAS

Álvaro Ptacnik Novoa, representante de la Asociación Provino, quien fue uno de los que se manifestó fervientemente en 2010 en contra la aprobación del programa, está despreocupado, asegurando que ha hecho aportaciones en la actualización.

Si bien está preocupado por el problema del agua, adelantó que están de acuerdo que se instale infraestructura para atraer agua de reúso de la presa La Morita en Tijuana hacía los valles, pero únicamente si el servicio es para todos.

“No estamos del todo de acuerdo, pero lo hacen, exigimos que sea abasto para los participantes en el Valle de Guadalupe y no solo para unos cuantos”, aseveró.

En un principio estuvieron en desacuerdo porque el tratamiento que se da al agua de la presa puede alterar la calidad de los vinos bajacalifornianos, sin embargo, otro grupo de productores se posicionó a favor de la distribución.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS /SÁBADO, 31 MARZO, 2018 12:00 PM)

LOS BIENES DE LOS ZAMBADA EN BC



Foto: Cortesía

Desde hace casi 30 años, la esposa, hijos y hermanos del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, compraron y vendieron propiedades sin la necesidad de prestanombres en Baja California, sin siquiera ser investigadas por la autoridad local o federal; algunos fueron vendidos cuando el capo ya era buscado por la justicia. El nombre del traficante aparece en algunos documentos como representante de sus hijos en las transacciones

Ante los ojos de la autoridad, familiares de Ismael “Mayo” Zambada García han comprado y vendido propiedades en Baja California, desde hace casi 30 años, sin la necesidad de utilizar alias, prestanombres o documentación falsa. Algunas transacciones, de hecho, las hicieron cuando ya estaban recluidos en prisiones mexicanas y de los Estados Unidos, o bien, denunciados por el Departamento del Tesoro del vecino país.

Los hijos del capo, Vicente, Midiam (o Miriam) Patricia, Mónica del Rosario, María Teresa y Modesta, de apellidos Zambada Niebla, su esposa Rosario Niebla Cardoza, y su hermano Jesús “El Rey” Zambada, adquirieron bienes inmobiliarios sin ninguna complicación. Los movimientos están disponibles para consulta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), y hasta donde pudo cotejarse, nunca han sido investigados por autoridades federales mexicanas para determinar si su compra se realizó por medio de recursos de procedencia ilícita.



Fotos: Especial Zeta.- La casa del Vicentillo, ahora pertenece al empresario gasolinero Esequiel Madrid.

En una de las escrituras firmada en el año 1989, aparece el nombre del conocido narcotraficante, acompañado de su esposa, para representar a sus hijos menores de edad, en la adquisición de una propiedad ubicada en el municipio de Mexicali.

En otro inmueble que fue vendido hace varios años, aún aparece el nombre de su esposa como propietaria ante el Ayuntamiento, el cual está disponible en la herramienta de generación de recibos del pago de predial.

TERRENOS, RANCHOS Y PARCELAS

Desde finales de los años 80, la familia Zambada comenzó la adquisición de inmuebles en Baja California, llegando a acumular más de 10 propiedades en los municipios de Mexicali y Tijuana. Varias fueron vendidas a finales de los noventa y hasta 2014, pero otras permanecen a su nombre; ninguna de las propiedades estuvo o está en proceso judicial.

En la zona rural de la capital bajacaliforniana, los hijos -algunos menores de edad- comenzaron la compra de propiedades en la colonia Abasolo y el ejido Paredones, desde 1988.

El inmueble de la colonia Abasolo tenía un folio real 98872, pero se modificó en años posteriores a 40618. Se trata de un terreno numerado como lote 55, de cuatro hectáreas, colindante a la colonia Castro, el cual fue adquirido por Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, que en ese momento era menor de edad; por lo que fue representado por Ismael Zambada García y Rosario Niebla Cardoza, sus padres. Hoy día, Vicente Zambada está recluido en una prisión del Estado de Illinois en la Unión Americana.

El terreno -ubicado a metros de la carretera al Aeropuerto y del rancho Avestruces- tiene una construcción inconclusa y está protegida por un gran muro de concreto; aledaño, un terreno baldío que ha acumulado grandes cantidades de basura y cascajo.


Rancho de Salvador Hurtado, antes del Vicentillo.

Dicha propiedad perteneció al hijo del “Mayo” hasta 2012 -casi tres años después de su captura-, cuando fue vendido a un originario de San Luis Río Colorado, Sonora, de nombre Jesús León Dones, quien pagó 200 mil pesos por la propiedad, y dos años después lo revendió por la misma cantidad a Ezequiel Madrid López, propietario de la empresa del ramo gasolinero, Servicios Corporativos “El Rey”, que comparte sociedad con Alfredo Madrid Rodríguez y Santiago López Meza, y que fue inscrita en 2006, en Baja California, y en 2017, en Sinaloa; según el Registro Público de Comercio (RPC). Coincidentemente, las dos compras fueron inscritas en el RPPC, el mismo mes de agosto de 2015.

El predio que fue de “El Vicentillo” fue embargado en 2016, debido a una batalla legal con 10 ex trabajadores de un salón social llamado “La Fuente”, en San Luis Río Colorado, luego de un cateo de PGR, que consta el expediente AP/PGR/SON/SLRC-II/323/2010 donde fueron detenidos en posesión de armas y droga al interior del inmueble. Tras salir de prisión iniciaron un litigio que concluyó con el pago millonario a los empleados para liberar la restricción.

La familia Zambada también adquirió cinco propiedades en los alrededores del ejido Nuevo Paredones, algunos metros al Norte de la carretera estatal 6. Para llegar a este punto se debe manejar por varios minutos en un camino de terracería, de manera paralela a un canal de riego.

El acceso es complicado, pues la arena está suelta, lo que sugiere que solo vehículos grandes transitan por dicha terracería. A la distancia se observa un inmueble de dos pisos con grandes proporciones y trabajadores cuidando la cosecha. Un granero, pacas de alfalfa y tractores se vislumbran alrededor del rancho.

La vivienda y las cuatro parcelas pertenecían a la familia Zambada, desde 1989, pero en 1997 vendieron prácticamente todo a Salvador Hurtado García y Celsa Luna Reyes, una pareja de acaudalados agricultores del valle de Mexicali; la propiedad aún pertenece a María Teresa Zambada Niebla.

Los terrenos -cuyas dimensiones van de las cuatro a las 20 hectáreas-, tenían un precio, según el avalúo, que no superaban los 500 mil pesos, pero según el RPPC llegaron a pagar hasta 18 millones por uno de ellos.



El ex rancho de Los Zambada está en Nuevo Paredones.

En la herramienta “Paga tu predial”, disponible en internet, se puede constatar que los inmuebles RU-008-050 y RU 003537, están a nombre de Mónica del Rosario Zambada Niebla y Rosario Niebla Cardoza y copropietarios; mientras que los otros con claves RU-006-397, RU-006-398 y RU-006-847, fueron registrados por Celsa Luna Reyes y Salvador Hurtado García. Ninguno ha pagado el impuesto desde 2012.

En la venta de dos inmuebles, con folio real 96095 y 63008, de Nuevo Paredones, la familia Zambada requirió los servicios de José Enrique Huerta Casillas y de Martha Angélica Clemente Martínez, como representante legales; el primero es abogado, radicado en Tijuana, y la segunda juez calificador de la misma ciudad.

OTROS TANTOS TERRENOS EN TIJUANA

En el municipio de Tijuana, “El Vicentillo” también adquirió algunas propiedades, al igual que su tío Jesús Zambada García, quien previo a su captura en octubre de 2008, era uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa.

Tal y como ocurrió en Mexicali, las compras de la familia Zambada comenzaron en marzo de 1988. La suegra del “Mayo”, María Elena Cardoza Núñez, adquirió otra propiedad en el fraccionamiento Sección Jardines de Playas de Tijuana, foliado con el número 827040, cuya superficie es de 300 metros cuadrados y con clave catastral PT-058-022, justo sobre la calle Del Risco.

El inmueble fue propiedad de su suegra hasta que en 2004 lo heredó a su hija y nietos, quienes decidieron venderlo al año siguiente por la cantidad de un millón 709 mil pesos a una mujer llamada María del Carmen Domínguez Olguín, de Tijuana, quien cuenta con varias propiedades. En esa ocasión también requirieron de los servicios del abogado Enrique Huerta Casillas.

En la transacción realizada en la Notaría 7, ante Juan José Thomas Moreno, aparecen los nombres de las parejas sentimentales de los Zambada Niebla, como lo son Zynthia Borboa Zazueta -esposa del “Vicentillo” y boletinada en 2007 por el Departamento del Tesoro como operadora financiera del Cártel de Sinaloa-, y Marco Antonio Zazueta Osuna, esposo de Mónica del Rosario y dueño de las empresas Frizasa y Comercializadora Chamuko; Rafael Zazueta Peraza, pareja de María Teresa; y Jesús Gabriel González Ibarra, esposo de Midiam Patricia. Este último falleció electrocutado hace unos años en Culiacán, Sinaloa, tras un accidente en la zona residencial Las Quintas, donde vivía con su familia.

El 13 de julio de 1992, “El Vicentillo” compró otra propiedad, frente al Notario Público número 2, Gabriel Moreno Henríquez. Tenía apenas 19 años, se dijo estudiante y residente del fraccionamiento Los Olivos, al momento de firmar el contrato con la señora Socorro González de Córdova, originaria de los Estados Unidos.

La transacción por el lote llamado Rancho Socorro, en la colonia Rancho El Refugio, en La Mesa, foliada con el número 884394 y cuya superficie supera las 13-34-50 hectáreas, fue de 46 millones 500 mil pesos y según el RPPC, aún pertenece al “Mayito”.



Propiedad de Manuel Aguirre vendida a los Zambada y de los Zambada a un particular.

La esposa de Zambada García también compró en agosto de 1989, otra propiedad con folio 815132, en Las Huertas 4ta Sección, la cual tiene una superficie de 300 metros cuadrados, sin construcciones. Dicho predio fue posteriormente cedido a una de sus hijas, entonces menor de edad, Midiam Patricia Zambada Niebla.

Jesús “El Rey” Zambada y su esposa Silvia Apodaca Bravo, se unieron a la familia y compraron en marzo de 1989, una propiedad con folio real 871019, en el Rancho Las Rosas, de la Delegación Valle de las Palmas, con una superficie de 30 mil 243 metros cuadrados y clave catastral DM-008-854.

Fue hasta 1999, cuando la propiedad cambió de manos, adquiriéndola un ganadero llamado Carlos León Arroyo Guizar, copropietario del negocio llamado Happy Pork, radicado en Hidalgo. Pagó más de un millón 200 mil por la casa.

Dicho inmueble perteneció por más de diez años a la pareja que procreó varios hijos, entre ellos Óscar Ismael Zambada Apodaca, quien fue detenido en abril de 2012 en el municipio de Tijuana, al pretender asistir a un funeral. En ese operativo también fue asegurado un primo, Sergio Rodolfo Cázares Zambada.

Rosario Niebla Cardoza también posee bienes de grandes proporciones, como el de más de cinco mil metros cuadrados que se comprende por los lotes 8,9, 19, 20 y 21, ubicado en Los Viñedos Casa Blanca, cuyo folio real es 872726,  y que a la fecha permanece a su nombre, aunque no se especifican detalles de la compra.

El último inmueble identificado a nombre de la familia Zambada se ubica en la colonia Chapultepec Octava Sección, adyacente a un campo de Golf, según el RPPC. El terreno está conformado por dos lotes, uno de 973 metros cuadrados y el otro era de 707.80 metros cuadrados.

Niebla Cardoza compró los dos terrenos a Manuel Aguirre Galindo, alias “El Caballo”, integrante del Cártel Arellano Félix, quien los adquirió en 1985. La compra se realizó en julio de 1989, fecha en que aparentemente la familia acudió a Baja California y comenzó a formar su patrimonio inmobiliario.

Aun cuando estaba a nombre de Niebla Cardoza, la Procuraduría General de la República (PGR) lo identificó como un bien de “El Caballo” y lo embargó en 1994. En medio del litigio, la señora Niebla Cardoza emprendió acciones legales a través de su abogado Enrique Huerta Casillas, quien facilitó la venta del inmueble a un individuo llamado Manuel Salvador Borrego Espinoza, en 2010, y no fue hasta el año pasado cuando oficialmente cambió de propietario a través de una prescripción positiva en la que la demandada prácticamente no emitió argumentos legales a su favor.

Pese a que se conoce la vida criminal del capo y que tanto su hermano, como varios de sus hijos, fueron detenidos por delitos vinculados al narcotráfico, ni la Procuraduría General de la República en Baja California, ni la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuentan con mandamientos judiciales contra el longevo narco, al punto que sus bienes parecen intocables.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ SÁBADO, 31 MARZO, 2018 12:00 PM)

CAE “EL RICHIE”, PRESUNTO INTEGRANTE DEL CAF



Agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), capturaron a Ricardo Verber Campos alias “El Richie”, presunto integrante del Cártel Arellano Félix (CAF) e identificado como operador financiero.

En los hechos, de acuerdo a información proporcionada por la autoridad, fue detenida la hermana del sujeto, quien intentó sobornar a los agentes para su liberación y tras la negación los agredió con un vehículo.

La detención de los hermanos ocurrió cuando los elementos realizaban un recorrido de vigilancia sobre vialidad Prolongación Paseo de los Héroes, en la colonia 20 de Noviembre, lugar donde ubicaron al sospechoso a bordo de una camioneta tipo pick up Chevrolet Colorado, con placas de California, por lo cual le dan alcance y le piden detener su marcha.

Al ser abordado, se identificó como Ricardo, de 40 años de edad, a quien se le pidió descender y tras efectuarle una revisión corporal no se le encontró nada ilícito, pero al inspeccionar el interior del vehículo, encontraron un arma corta calibre .40, 12 cartuchos útiles, así como un envoltorio de la droga sintética conocida como “cristal”.

Momentos después del aseguramiento de Verber Campos, llegó una mujer de nombre Roxana, de 38 años de edad, quien se identificó como la hermana, e intentando de manera desafiante intimidar a los agentes de la PEP con escoltas, para que dejaran en libertad a su hermano. Asimismo les ofreció dinero pero se negaron rotundamente.


Motivo por el cual la mujer subió a su camioneta y se abalanzó a toda velocidad sobre el grupo de agentes que realizaban la intervención, tratando de atropellarlos,  de los cuales logró alcanzar a uno de ellos lesionándolo en la pierna derecha.

Cabe destacar que a “El Richie” se le relacionaba con el narcotraficante Luis Fernando Sánchez Arellano, también conocido como “El Ingeniero”, quien fungía hasta antes de su detención en el año 2014 como líder del Cártel Arellano Félix.

Actualmente, se presume que el detenido mantiene relación con los integrantes de la organización delictiva generadores de los actuales hechos de violencia por la pugna con grupos contrarios por la venta y el trasiego de droga.

El detenido  fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal, mientras que  la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por la comisión del delito de lesiones.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ LUNES, 2 ABRIL, 2018 09:14 PM)

LA SEDESOL FEDERAL PAGÓ 223.4 MDP A EMPRESA QUE NO LE PRESTÓ NINGÚN SERVICIO



La empresa Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC), que cobró 223.4 millones de pesos por servicios “fantasmas” a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), fue absuelta por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que ordenó concluir el congelamiento de una cuenta bancaria para que sus propietarios puedan disponer de esos recursos, lo que antes había sido dictaminado por un juez de distrito.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dicha compañía fue la beneficiaria final de los 223.4 mdp pagados por la Sedesol Federal para la “difusión de programas sociales”, pero sin haber prestado el servicio.

La Sedesol pagó a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) en 2014 y 2015, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hizo lo propio con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), en 2015, para supuestos servicios de difusión de programas sociales. CDC fue receptora “en tercer orden” del dinero público: ya que ambas dependencias estatales contrataron a otros proveedores que canalizaron los 223.4 mdp a la empresa.

En el oficio 11/F/B335/2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había incluido a CDC en su lista de personas bloqueadas desde el 11 de febrero de 2016, por sospechas de que lava dinero, por lo que le fue congelada la única cuenta de la empresa que se detectó en el sistema financiero.

La UIF ordenó a los bancos “suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio con CDC, imposibilitando la apertura de nuevas cuentas, la cancelación de las vigentes, o disponer de los recursos que éstas contengan”.

Según el diario Reforma, que informó del hecho, el pasado 27 de marzo, el Tribunal Federal antes citado, concedió a la empresa una suspensión definitiva que le permite acceder a su cuenta, al revocar la negativa dictada en noviembre por un juez de Distrito.

“La sociedad no se ve afectada por la concesión de la suspensión definitiva a CDC, en razón de que el Estado, a través de las autoridades competentes para investigar infracciones penales, puede perseguir el delito previsto en el artículo 400 del Código Penal Federal [lavado de dinero]”, afirmó el tribunal.

El pasado 15 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también declaró inconstitucional la facultad para congelar cuentas bancarias sin orden judicial de la Procuraduría General de la República (PGR).

Ayer se difundió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) perdonó irregularidades cometidas entre 2013 y 2014 durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de la Sedesol Federal, ya que el Órgano Interno de Control (OIC) en la dependencia le dio carpetazo a 69 quejas que habían sido presentadas por la ASF.

Los expedientes derivaron de 15 auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre ellas las relacionadas con la llamada “Estafa Maestra”, con la cual se triangularon a empresas “fantasma”, alrededor de 2 mil 224 millones de pesos, sólo de Sedesol.

En respuesta a una solicitud formulada vía la Ley de Transparencia por el diario Reforma, la SFP alegó que los expedientes fueron cerrados “por falta de elementos para sancionar”. Asimismo, las carpetas “fueron desechadas” en el Área de Quejas del OIC de la Sedesol, es decir, ni siquiera fueron turnadas al Área de Responsabilidades, encargada de instruir los expedientes de responsabilidad administrativa, señaló el rotativo.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / CARLOS ÁLVAREZ /MARTES, 3 ABRIL, 2018 09:02 AM)

SLIM, HANK, GERARD Y EMPRESAS DEL SOCAVÓN TIENEN, EN 16 CONTRATOS, EL 77% DEL PRESUPUESTO DEL NAIM



En las manos de un puñado de poderosos empresarios mexicanos están los proyectos de construcción la Torre de Control, el Edificio Terminal, el pavimento y las ayudas visuales de la Pista 3, la losa de cimentación, la construcción del drenaje pluvial y la construcción del acceso y las plataformas de la Pista 2 del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Las encargadas de esas labores son compañías propiedad de Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon, Olegario Vázquez Aldir, Hipólito Gerard Rivero (cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari), Rolando Cantú Barragán (primo del constructor de la “casa blanca”), y de quienes construyen el encarecido Tren México-Toluca, así como de los constructores del Paso Exprés de Cuernavaca, donde dos personas murieron luego de que se abriera un socavón.
Estos empresarios acaparan, en sólo 16 contratos –unos individuales y otros en conjunto–, el 77 por ciento del presupuesto que ha emanado hasta el momento para la construcción de dicha obra, de acuerdo con la información pública del GACM y de la SCT.
SinEmbargo revisó los 231 contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México para realizar ésta y otra dos entregas donde se analiza en manos de quién está la construcción, cómo fueron asignados de los contratos y los gastos que se han realizado hasta la fecha.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).– Las empresas de Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon, Hipólito Gerard Rivero, Rolando Cantú Barragán, Olegario Vázquez Aldir, Bernardo Quintana Isaac y constructoras como Iuyet –que participa en la construcción del Tren México-Toluca– y Aldesem, Epccor y Aldesa –encargadas de construir el Paso Exprés de Cuernavaca–, concentran el 77 por ciento del presupuesto que se ha pagado, hasta el momento, en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Con base en los datos abiertos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), de los 321 contratos que se han celebrado hasta hoy, este grupo de empresas han obtenido sólo 16. El monto de esos contratos asciende a 106 mil 890 millones 791 mil 874 pesos, y esto representa el 77 por ciento del monto total.

La mayoría de esos contratos están relacionados con la obra pública y otros servicios.

En los últimos días, la construcción del NAIM se ha convertido en un tema de debate en que han participado los candidatos a la Presidencia de México, así como el actual Presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios de la administración federal.

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, quien desde un principio se opuso a la obra al considerarla excesiva en su costo y pedía la habilitación de la Base Aérea de Santa Lucía, ha pedido la revisión de cada uno de los contratos y cancelar en los que se encontrara algún caso de corrupción o algo mal fundado.

En respuesta, José Antonio Meade, representante de la alianza “Todos por México, dijo que cancelar la obra sería irresponsable y “afectaría al desarrollo de México”. El representante de “Por México Al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, y la independiente Margarita Zavala Gómez del Campo se pronunciaron también en favor de la magaconstrucción.

El Gobierno federal también se sumó a la defensa del proyecto.

Hace un par de semanas atrás, Federico Patiño Márquez, director general del GACM, y Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República ofrecieron una conferencia de prensa para resaltar las inversiones.

Eduardo Sánchez dijo que la obra tiene 140 mil millones de pesos comprometidos en 321 contratos, y el NAIM es hoy el principal generador de empleos del país. En su turno, Federico Patiño Márquez defendió la legalidad de la obra y aseguró que la cancelación del NAIM implicaría pérdidas para el Gobierno federal por 120 mil millones de pesos.



Avance de la construcción del del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

Esta es una de las obras que será emblema del peñismo. El Presidente la anunció en los últimos meses de 2014. En esa ocasión, el Primer Mandatario prometió empleos, grandes inversiones y mejora en el transporte para garantizar la conexión al Nuevo Aeropuerto Internacional que se ubicará en Texcoco, Estado de México.

Poco después del anuncio vinieron la fallida licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, Ayotzinapa, la “casa blanca” de la familia presidencial y el recorte al gasto público de enero de 2015.

Esos hechos modificaron el andar de la administración y específicamente el rumbo de la política de infraestructura que se aplaudió cuando, desde 2012, se presentó el Plan Nacional de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En ese documento, el NAIM era la joya de la corona.

En septiembre de 2017, SinEmbargo realizó una visita a la zona en la que se construye el NAIM, en un terreno donado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 4 mil 960 hectáreas.

Un funcionario del GACM fue claro cuando se le preguntó sobre lo que entregaría Enrique Peña Nieto a la siguiente administración: “conforme al plan maestro que se tiene, tendrían que estar completamente terminadas las pistas 2 y 3; un gran avance de la estructura del Edificio Terminal [sin el equipamiento correspondiente] y prácticamente concluida la Torre de Control [también sin equipamiento]. Digamos obra negra. Eso es lo que se vería a finales de 2018. No podría estar ni en servicio ni en pruebas, las cuales empezarían hasta finales de 2019”.



El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha defendido el aeropuerto en construcción en los últimos días. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Es difícil saber cuánto ha costado hasta ahora y cuánto costará finalmente la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la obra más importante del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

El precio de la obra también está en entredicho. Diferentes actores políticos han señalado que tanto el precio final como el esquema de financiamiento se han modificado en los dos años que lleva en construcción.

De acuerdo con las cifras que la SCT y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) han actualizado, el valor total del NAICM ya ronda en los 186 mil millones de pesos, frente a los 169 mil millones de pesos que era su valor inicial; es decir, el costo creció 10 por ciento más, lo que significa 17 mil millones de pesos extras.

Hasta el momento se tiene comprometido ya un presupuesto de 117 mil millones de pesos, pero la obra se mantiene en la Fase Preliminar.

El avance físico financiero actual es de 12.43 por ciento, con 14 contratos registrados equivalentes a 117 mil 407 millones 763 mil 456 pesos, pero hasta el momento sólo se han pagado a las empresas 14 mil 598 millones 153 mil 373 pesos.

El monto de los contratos disponibles en el portal del GACM asciende a 137 mil 232 millones 459 mil 135 pesos.

SLIM, HANK, HIPÓLITO GERARD, ICA Y EL PRIMO

Hasta el momento, el contrato más costoso lo tienen Operadora Cicsa, propiedad de Carlos Slim Helú, y Edificadora GIA+A, que es propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari y reconocido contratista.

Junto con las empresas Constructora Terminal Valle de México y Promotora y Desarrolladora Mexicana, son las encargadas de la Construcción del Edificio Terminal. El monto de ese contrato [LPI-OP-DCAGI-SC-002-17], que se licitó públicamente, es de 84 mil 828 millones 377 mil 320 pesos.

El que le sigue en monto es el contrato LPI-OP-DCAGI-SC-080-16 para la Construcción de la losa de cimentación del Edificio Terminal que obtuvo un consorcio liderado por ICA –propiedad de Bernardo Quintana Isaac– Impulsora de Desarrollo Integral, Construcciones y Trituraciones, Controladora de Operaciones de Infraestructura y Constructora El Cajón.

El monto de ese contrato es por 7 mil 555 millones 647 mil 477 pesos.

ICA tiene en lo individual un contrato [ITP-OP-DCAGI-SC-014/15] por 16 millones 094 mil 344 pesos para la construcción de caminos de acceso a la zona del Edificio Terminal en la primera etapa. La licitación se hizo bajo el formato de invitación a tres personas.

Luego está el contrato LPI-OP-DCAGI-SC-072-16 por 7 mil 359 millones 204 mil 570 pesos que ganaron Operadora Cicsa –Slim de nueva cuenta–, Desarrolladora Mexicana (Prodemex) –del empresario Olegario Vázquez Aldir– y La Peninsular Compañía Constructora –propiedad del mexiquense Carlos Hank Rhon–.

Otra de las empresas ligadas a este último personaje es Construcciones y Dragados del Sureste, que tiene un contrato [LPN-OP-DCAGI-SC-076/15] por 233 millones 470 mil 982 pesos para realizar los trabajos relativos a la construcción del drenaje pluvial temporal y otro [LPN-OP-DCAGI-SC-115/15] para los trabajos relativos a carga, acarreo y descarga fuera del Polígono del material existente, por 777 millones 986 mil 957 pesos.

Le siguen el arquitecto Norman Foster, quien resultó electo por adjudicación directa con Fernando Romero Havaux, yerno de Carlos Slim. El contrato AD-01-CTO.MTO.-2014 por 2 mil 692 millones 364 mil 464 pesos fue para la Elaboración de los proyectos ejecutivos para la construcción del Edificio Terminal de pasajeros, las vialidades de acceso y estacionamientos y Torre de Control y Centros de Control de Operaciones.

Al momento se tienen registradas cuatro modificaciones a ese contrato.

Rolando Cantú Barragán tiene dos contratos con su empresa Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos. Uno [AD-OP-DCAGI-SC-088-16] para la rehabilitación de la infraestructura vial en el Municipio de Texcoco por 54 millones 099 mil 060 pesos y otro [LPN-OP-DCAGI-SC-114/15] para la construcción de los caminos provisionales de acceso al NAIM, por 608 millones 275 mil 577 pesos. El primero fue una Adjudicación Directa y el segundo una Licitación Pública.

Carlos Slim Helú y Bernardo Quintana Isaac, algunos de los ganones con el Nuevo Aeropuerto. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro

LAS EMPRESAS DEL SOCAVÓN

Luego de que en el recién inaugurado Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, se abriera un socavón en el que perdieron la vida dos personas, los nombres de las empresas encargadas de esa obra sobresalieron entre la lista de contratistas del NAIM. Son Aldesem, Epccor y Aldesa.

Tienen contratos por 5 millones 038 mil pesos [LPN-O-DCAGI-SC-024/15], 13 millones 942 mil [ITP-OP-DCAGI-SC-012-16], mil 242 millones 171 mil pesos [LPI-OP-DCAGI-SC-011-17] y mil 399 millones 983 mil 017 pesos [LPI-OP-DCAGI-SC-093-16].

Aldesem estará encargada de la construcción de accesos y plataformas para exploración geotécnica para la Pista número 2; de la construcción de accesos y plataformas para exploración geotécnica, rehabilitación de tramos de prueba y bacheo somero de los caminos existentes y de la construcción del Edificio de la Torre de Control.

Epccor se encargará de la construcción de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre.

EMPRESA DEL TREN A TOLUCA

Finalmente están los cuatro contratos del Consorcio Iuyet. Esta empresa participó en la construcción de la Línea 12 del Metro como supervisora de obras y repitió esa misma función con el Tren México-Toluca.

En diciembre pasado se cumplió el plazo del Gobierno federal para inaugurarlo. La obra no está concluida y las acusaciones de desvío de recursos ya lo acompañan. En medio de todo, es ya un proyecto que superó su precio original por 37 mil 711 millones 786 mil 109 pesos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de los últimos cinco años, el monto destinado al Tren Interurbano pasó de 21 mil 504 millones 965 mil 473 pesos en 2014 a 59 mil 216 millones 751 mil 582 pesos para 2018, un 175 por ciento más de lo presupuestado en un inicio.

Esta empresa tiene tres contratos. Uno [AD-SRO-DCAGI-SC-002-15] para la realización de estudios de geotecnia, topografía, geodesia y levantamiento de información geográfica por 29 millones 233 mil 731 pesos que le fue asignado por Adjudicación Directa.

Otro [ITP-SRO-DCAGI-SC-048/15] por 33 millones 577 mil 144 pesos por un estudio de las características topográficas del terreno del NAIM que obtuvo bajo una licitación por invitación. Y uno más [LPN-SRO-DCAGI-SC-009-16] por 41 millones 324 mil 450 pesos para un estudio de ingeniería geomática para el proyecto de pistas, plataformas, calles de rodaje y edificios del NAICM.

Este último proyecto lo obtuvo de una Licitación Pública.


(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN/03 DE ABRIL 2018)

VERACRUZ: HUNDIERON UNA VARILLA Y DIERON CON LA FOSA MÁS GRANDE DE MÉXICO; YA LLEVAN 287 CUERPOS




Guadalupe Contreras se hizo rastreadora en Guerrero, cuando su hijo desapareció y en las montañas de Iguala comenzaron a aparecer enterrados decenas de cuerpos. Ahora, gracias a su experiencia, trabaja en la brigada de búsqueda del Colectivo Solecito, una organización de madres y familiares de desaparecidos que rastrea un terreno agreste de unos cuatro kilómetros de largo junto al barrio residencial de Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz.

José Pedro Martínez
Veracruz, 2 de abril (Eldiario.es/SinEmbargo).- “Empezamos a utilizar una varilla con punta para enterrarla en el suelo y al sacarla, pues, llegaba el olor de putrefacción del cuerpo. Inspeccionamos el terreno: normalmente los indicios de una fosa son un hundimiento. Buscamos ropa, a veces encontramos una playera o un cinturón. ¿Por qué alguien va a tirar una camisa o un pantalón en el monte?”.

Guadalupe Contreras se hizo rastreadora en Guerrero, cuando su hijo desapareció y en las montañas de Iguala comenzaron a aparecer enterrados decenas de cuerpos. Ahora, gracias a su experiencia, trabaja en la brigada de búsqueda del Colectivo Solecito, una organización de madres y familiares de desaparecidos que rastrea un terreno agreste de unos cuatro kilómetros de largo junto al barrio residencial de Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz. Se cumple un año desde que estas mujeres encontraron, con sus propios recursos, la fosa clandestina más grande de México y, hasta la fecha, con los restos de 287 personas.

“Para mí, encontrar un resto es como encontrar un tesoro. Me da alegría porque sé que sus familiares van a poder estar en paz”, explica Perla Damián, una de las mujeres que integran el colectivo y que participa en la brigada de búsqueda que rastrea la zona. “Yo espero encontrar a mi hijo un día. Vivo. Pero Dios tiene la última palabra”. Víctor Álvarez, su hijo, desapareció en diciembre de 2013 cuando tenía 16 años y las autoridades “nunca hicieron su trabajo”.

Durante el mandato del priísta Javier Duarte (2010-2016) –actualmente en prisión acusado de delincuencia organizada, corrupción y enriquecimiento ilícito– las mafias no tuvieron problemas para hacer desaparecer los cadáveres de cientos de personas. Se han encontrado más de 30 mil restos humanos en 44 municipios de todo Veracruz, y siguen apareciendo fosas clandestinas.

A principios de mes, fueron detenidos e imputados por el delito de desaparición forzada el anterior Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y su segundo, así como el ex director de Penales del Estado y 13 jefes de policía. Uno de ellos, Roberto González, era comandante de “Los Fieles”, un grupo entrenado por el ejército que llegó a utilizar una academia de policía como como campo de tortura y donde, al menos, desaparecieron a 15 personas.

Bajo el paraguas de la guerra que los cárteles mantienen desde hace casi una década en Veracruz, la desaparición de cientos de personas inocentes ha sido una consecuencia de la ausencia del Estado a la hora de proporcionar seguridad y justicia a la población civil.

EL GOBIERNO HA OCULTADO LAS CIFRAS DE DESAPARECIDOS

Las denuncias públicas de cientos de madres que buscaban a sus hijos y denunciaban la complicidad de las autoridades con los grupos de la delincuencia pronto se convirtieron en una molestia para el gobierno: Duarte ocultó 1 mil 824 casos, según afirmó el actual Fiscal del Estado, Jorge Winckler.

En comparecencia ante el congreso local, a finales de enero, afirmó desconocer el número de homicidios y secuestros bajo su administración y ofreció cifras desfasadas de las fosas halladas y cuerpos recuperados. El Fiscal no incluyó los registros de los últimos 14 meses de la actual administración. “Los datos fueron minimizados para evitar la alarma. El Gobernador quiere que su hijo herede el cargo. La situación en Veracruz sigue igual o incluso peor que con Duarte”, lamenta Lucía Díaz, fundadora del Colectivo Solecito que agrupa a más de 200 madres de víctimas de desaparición forzada.

El ex director nacional del ISSSTE (el sistema de sanidad pública del funcionariado federal mexicano), y ahora Gobernador del tercer estado más poblado de México, Miguel Ángel Yunes, proyecta la candidatura de su hijo por el Partido Acción Nacional (derecha), para las próximas elecciones del Estado.

En su informe anual, tampoco incluyó las desapariciones registradas durante 2017. El Registro Público de Personas Desaparecidas (Repupedes), que presentó al inicio de su mandato como una de las acciones “estrella” contra la epidemia de desaparición forzada, no se ha actualizado y su servidor no funciona.

Lucía Díaz, además, denuncia que la Comisión de Atención a Víctimas de Veracruz, que se creó para atender los casos de desaparecidos que se amontonaban en los escritorios de la Fiscalía, no obtuvo fondos suficientes para su funcionamiento.

MADRES UNIDAS POR LA BÚSQUEDA

En mayo de 2016, dos sujetos se acercaron a un grupo de madres de víctimas de desaparición forzada que protestaban frente al edificio del poder judicial del Estado y les entregaron un pequeño mapa dibujado a mano. En el croquis se detallaba la ubicación de un narco-cementerio en una brecha escarpada junto al fraccionamiento Colinas de Santa Fe, 13 kilómetros al norte del puerto de Veracruz, uno de los centros económicos más importantes del país.

El Colectivo Solecito organizó un grupo de rastreo y desde entonces no ha dejado de desenterrar a personas desaparecidas en el lugar. El gobierno, sin embargo, solo ha logrado identificar a 15 de todas ellas.

“Nos organizamos en mayo de 2014 y nunca hemos recibido apoyo por parte del gobierno. Nada en absoluto”, explica Lucía. “Nosotras trabajamos a partir de nuestros medios, y el trabajo en Colinas de Santa Fe ha costado hasta la fecha más de 700 mil pesos [unos 33 mil euros]. A un colectivo de madres sin recursos”, explica indignada. El colectivo sufraga sus actividades con la venta de comida en mercados y algunos puntos del estado, rifas y el comercio de ropa de segunda mano. También con pequeñas donaciones que reciben de la sociedad civil.

Además del trabajo en Veracruz, Lucía se enorgullece de la participación del Colectivo Solecito en la redacción de la Ley General de Desaparición Forzada y desaparición por particulares (pionera en México), incorporando propuestas como el registro de ingresos en las cárceles y de personas desaparecidas, así como la iniciativa de formar una comisión con la sociedad civil para trabajar directamente con las familias de las víctimas.

En México no se sabe cuántas personas están desaparecidas. Hay registros de algunas instituciones, investigaciones de periodistas y cálculos de organizaciones que sitúan hasta en más de 26 mil los casos. Sin embargo, al no existir una metodología común, las cifras reales son contradictorias, confusas y, por lo tanto, inciertas. Pero, como asegura Perla, “mientras no veas los restos de tu hijo o no sepas que lo encontraron muerto, él vive”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE Eldiario.es.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / ABRIL 02, 2018, 1:30PM)

“MARTES NEGRO” EN FRANCIA POR HUELGA DEL SECTOR FERROVIARIO


Este martes solo circula el 12 por ciento de los trenes de alta velocidad y el 28 por ciento de los trenes regionales parisinos.



Foto: Reuters

En Francia se vive un “martes negro” por el inicio de una huelga de los trabajadores de la empresa pública francesa de ferrocarriles, la SNCF, que provocó el caos en el sector del transporte del país.

Los efectos de la huelga, que oficialmente comenzó en la noche del lunes, se perciben con fuerza desde esta mañana cuando solo circula el 12 por ciento de los trenes de alta velocidad y el 28 por ciento de los trenes regionales parisinos.

Además, Francia quedó desconectada por tren con España, Italia y Suiza debido a la huelga, en cuyo marco se suprimieron los trenes internacionales hacia esos países.

De acuerdo a un balance de la dirección de la SNCF (Compañía Nacional de Ferrocarriles) casi la mitad de los trabajadores de la compañía, el 48 por ciento, y el 77 por ciento de los maquinistas, los conductores de los trenes, se declararon en huelga.



Foto: Reuters

Los paros afectan a al menos 4.5 millones de franceses que usan habitualmente los trenes para viajar o desplazarse a sus trabajos diariamente.

Esta mañana miles de personas se agolparon en las principales estaciones parisinas a la espera de poder tomar alguno de los escasos trenes que circulan provocando escenas de caos y caídas a las vías del ferrocarril, sobre las que está prohibido circular.

La huelga multiplicó además los atascos de vehículos en las entradas de la capital francesa y se saturaron los autobuses.

La jornada de huelga continuará mañana miércoles y hasta finales del mes de junio a razón de dos días de huelga cada cinco precisaron fuentes sindicales.

En total han sido convocadas 36 jornadas de huelga en los próximos tres meses en el paro más importante del sector en las últimas décadas y el más fuerte que tiene que afrontar el gobierno del presidente Emmanuel Macron desde su elección en mayo del año pasado.

Cuatro sindicatos mayoritarios convocaron la huelga para protestar contra la reforma de la empresa pública impulsada por el gobierno que pretende terminar con privilegios de los trabajadores de la empresa como la jubilación a los 55 años y con la deuda de miles de millones contraída por la empresa pública.



Foto: Reuters

De acuerdo a estimaciones, la empresa pública de trenes francesa acumula 45 mil millones de euros de deuda, 55 mil millones de dólares.

El gobierno francés ha aseverado que no privatizará la compañía pero prevé acometer una reforma profunda de su funcionamiento.

Esta mañana la ministra francesa de Transportes, Elisabeth Borne, afirmó que la huelga es “injustificada”. “El tráfico está muy perturbado esta mañana. Pienso ante todo en los usuarios que hoy en día sufren este infierno. No comprenden las razones de esta huelga (…) el gobierno resistirá” aseveró en una radiodifusora privada local la ministra.

La huelga de trenes se ha sumado a la de trabajadores de la aerolínea francesa Air France que anuló una cuarta parte de sus vuelos por un paro convocado por sus trabajadores para exigir una subida salarial.

(Con información de Le Monde y NTMX)

(ARISTEGUI NOTICIAS/ SAMANTTA HERNÁNDEZ ESCOBAR/ ABRIL 3, 2018 9:13 AM)