Guadalupe Contreras se hizo rastreadora
en Guerrero, cuando su hijo desapareció y en las montañas de Iguala comenzaron
a aparecer enterrados decenas de cuerpos. Ahora, gracias a su experiencia,
trabaja en la brigada de búsqueda del Colectivo Solecito, una organización de
madres y familiares de desaparecidos que rastrea un terreno agreste de unos
cuatro kilómetros de largo junto al barrio residencial de Colinas de Santa Fe,
al norte del puerto de Veracruz.
José Pedro Martínez
Veracruz, 2 de abril
(Eldiario.es/SinEmbargo).- “Empezamos a utilizar una varilla con punta para
enterrarla en el suelo y al sacarla, pues, llegaba el olor de putrefacción del
cuerpo. Inspeccionamos el terreno: normalmente los indicios de una fosa son un
hundimiento. Buscamos ropa, a veces encontramos una playera o un cinturón. ¿Por
qué alguien va a tirar una camisa o un pantalón en el monte?”.
Guadalupe Contreras se hizo
rastreadora en Guerrero, cuando su hijo desapareció y en las montañas de Iguala
comenzaron a aparecer enterrados decenas de cuerpos. Ahora, gracias a su
experiencia, trabaja en la brigada de búsqueda del Colectivo Solecito, una
organización de madres y familiares de desaparecidos que rastrea un terreno
agreste de unos cuatro kilómetros de largo junto al barrio residencial de
Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz. Se cumple un año desde
que estas mujeres encontraron, con sus propios recursos, la fosa clandestina
más grande de México y, hasta la fecha, con los restos de 287 personas.
“Para mí, encontrar un resto
es como encontrar un tesoro. Me da alegría porque sé que sus familiares van a
poder estar en paz”, explica Perla Damián, una de las mujeres que integran el
colectivo y que participa en la brigada de búsqueda que rastrea la zona. “Yo
espero encontrar a mi hijo un día. Vivo. Pero Dios tiene la última palabra”.
Víctor Álvarez, su hijo, desapareció en diciembre de 2013 cuando tenía 16 años
y las autoridades “nunca hicieron su trabajo”.
Durante el mandato del
priísta Javier Duarte (2010-2016) –actualmente en prisión acusado de
delincuencia organizada, corrupción y enriquecimiento ilícito– las mafias no
tuvieron problemas para hacer desaparecer los cadáveres de cientos de personas.
Se han encontrado más de 30 mil restos humanos en 44 municipios de todo
Veracruz, y siguen apareciendo fosas clandestinas.
A principios de mes, fueron
detenidos e imputados por el delito de desaparición forzada el anterior
Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y su segundo, así como el ex
director de Penales del Estado y 13 jefes de policía. Uno de ellos, Roberto
González, era comandante de “Los Fieles”, un grupo entrenado por el ejército
que llegó a utilizar una academia de policía como como campo de tortura y
donde, al menos, desaparecieron a 15 personas.
Bajo el paraguas de la guerra
que los cárteles mantienen desde hace casi una década en Veracruz, la
desaparición de cientos de personas inocentes ha sido una consecuencia de la
ausencia del Estado a la hora de proporcionar seguridad y justicia a la
población civil.
EL GOBIERNO HA OCULTADO LAS CIFRAS DE DESAPARECIDOS
Las denuncias públicas de
cientos de madres que buscaban a sus hijos y denunciaban la complicidad de las
autoridades con los grupos de la delincuencia pronto se convirtieron en una
molestia para el gobierno: Duarte ocultó 1 mil 824 casos, según afirmó el
actual Fiscal del Estado, Jorge Winckler.
En comparecencia ante el
congreso local, a finales de enero, afirmó desconocer el número de homicidios y
secuestros bajo su administración y ofreció cifras desfasadas de las fosas
halladas y cuerpos recuperados. El Fiscal no incluyó los registros de los
últimos 14 meses de la actual administración. “Los datos fueron minimizados
para evitar la alarma. El Gobernador quiere que su hijo herede el cargo. La
situación en Veracruz sigue igual o incluso peor que con Duarte”, lamenta Lucía
Díaz, fundadora del Colectivo Solecito que agrupa a más de 200 madres de
víctimas de desaparición forzada.
El ex director nacional del
ISSSTE (el sistema de sanidad pública del funcionariado federal mexicano), y
ahora Gobernador del tercer estado más poblado de México, Miguel Ángel Yunes,
proyecta la candidatura de su hijo por el Partido Acción Nacional (derecha),
para las próximas elecciones del Estado.
En su informe anual, tampoco
incluyó las desapariciones registradas durante 2017. El Registro Público de
Personas Desaparecidas (Repupedes), que presentó al inicio de su mandato como
una de las acciones “estrella” contra la epidemia de desaparición forzada, no
se ha actualizado y su servidor no funciona.
Lucía Díaz, además, denuncia
que la Comisión de Atención a Víctimas de Veracruz, que se creó para atender
los casos de desaparecidos que se amontonaban en los escritorios de la
Fiscalía, no obtuvo fondos suficientes para su funcionamiento.
MADRES UNIDAS POR LA BÚSQUEDA
En mayo de 2016, dos sujetos
se acercaron a un grupo de madres de víctimas de desaparición forzada que
protestaban frente al edificio del poder judicial del Estado y les entregaron
un pequeño mapa dibujado a mano. En el croquis se detallaba la ubicación de un
narco-cementerio en una brecha escarpada junto al fraccionamiento Colinas de
Santa Fe, 13 kilómetros al norte del puerto de Veracruz, uno de los centros
económicos más importantes del país.
El Colectivo Solecito
organizó un grupo de rastreo y desde entonces no ha dejado de desenterrar a
personas desaparecidas en el lugar. El gobierno, sin embargo, solo ha logrado
identificar a 15 de todas ellas.
“Nos organizamos en mayo de
2014 y nunca hemos recibido apoyo por parte del gobierno. Nada en absoluto”, explica
Lucía. “Nosotras trabajamos a partir de nuestros medios, y el trabajo en
Colinas de Santa Fe ha costado hasta la fecha más de 700 mil pesos [unos 33 mil
euros]. A un colectivo de madres sin recursos”, explica indignada. El colectivo
sufraga sus actividades con la venta de comida en mercados y algunos puntos del
estado, rifas y el comercio de ropa de segunda mano. También con pequeñas
donaciones que reciben de la sociedad civil.
Además del trabajo en
Veracruz, Lucía se enorgullece de la participación del Colectivo Solecito en la
redacción de la Ley General de Desaparición Forzada y desaparición por
particulares (pionera en México), incorporando propuestas como el registro de
ingresos en las cárceles y de personas desaparecidas, así como la iniciativa de
formar una comisión con la sociedad civil para trabajar directamente con las
familias de las víctimas.
En México no se sabe cuántas
personas están desaparecidas. Hay registros de algunas instituciones,
investigaciones de periodistas y cálculos de organizaciones que sitúan hasta en
más de 26 mil los casos. Sin embargo, al no existir una metodología común, las
cifras reales son contradictorias, confusas y, por lo tanto, inciertas. Pero,
como asegura Perla, “mientras no veas los restos de tu hijo o no sepas que lo
encontraron muerto, él vive”.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE Eldiario.es.
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / ABRIL 02, 2018, 1:30PM)
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