Un mexicalense y un cabeño están entre
los tres alumnos de cine que un comando armado levantó en Tonalá, Jalisco.
Investigaciones deficientes llevan a las autoridades a un lujoso inmueble que
los jóvenes usaron como locación de un cortometraje. Ante su propia
incapacidad, el gobierno de aquella entidad ofrece recompensa de un millón de
pesos a cambio de información. Hay un detenido por poseer objetos de una de las
víctimas
Más de una semana transcurrió
y aún se desconoce el paradero de los tres estudiantes de cine desaparecidos en
Guadalajara, Jalisco. Uno, originario de Mexicali, otro de Los Cabos, y el
tercero de Tepic. Todos ellos salieron de su hogar con el gran sueño de cursar
la carrera en el Centro de Artes Visuales (CAAV) en la Capital jalisciense. Hoy
su destino es incierto.
La desaparición de Javier
Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marco Ávalos consternó a miles de
mexicanos que en un fin de semana salieron a marchar en todo el país. La
privación de libertad de que fueron objeto de manera violenta el 19 de marzo y
la falta de comunicación de sus captores, hace temer el peor de los escenarios.
De las investigaciones no hay
mucho. Se indaga una finca donde los jóvenes realizaron grabaciones previo a su
desaparición, se recuperaron sus vehículos y hay un sujeto detenido al que se
investiga por poseer uno de los teléfonos celulares de los estudiantes. Además,
las autoridades investigan la presunta responsabilidad administrativa de
algunos policías municipales de Tonalá que no atendieron de inmediato el
reporte.
Foto: Eduardo Villa
La semana en que Salomón,
Marco y Daniel fueron privados de su libertad fue enrarecida por la
desaparición de otros tres jóvenes estudiantes de la Universidad de
Guadalajara. César Ulises, estudiante de Medicina; Susana Carolina, de
Psicología; y Pedro, quien cursa la preparatoria. Eso detonó la conmoción
social en una entidad que ocupa el tercer sitio a nivel nacional en cuanto a
desapariciones, con más de tres mil ausentes que no han vuelto desde el inicio
de la llamada “guerra contra el narcotráfico” (2007) a la fecha.
Después aparecerían los tres
universitarios de la localidad. Susana fue encontrada sana y salva, Pedro
estaba hospitalizado después de ser atropellado, y César Ulises fue localizado
muerto pendiendo de un árbol con una soga atada al cuello, en un presunto suicidio
que tuvo por escenario la Barranca de Huentitán, al poniente de Guadalajara.
Sin embargo, los estudiantes del CAAV no habían aparecido hasta el cierre de
esta edición.
Familiares, amigos,
compañeros de escuela, la comunidad cinematográfica y hasta Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, han alzado la voz para
exigir el esclarecimiento del caso de los estudiantes de artes audiovisuales.
Entre ellos, los ganadores del Óscar, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki. Antes
hizo lo propio Guillermo del Toro. Firmaron una carta abierta para
solidarizarse con los jóvenes y sus familias, además de pedir que se
investigue, detenga y juzgue a los responsables del hecho.
A través de redes sociales,
la ONU-DH México expresó su solidaridad con la comunidad universitaria de
Jalisco por la desaparición de sus compañeros. “Asimismo, llamamos a las
autoridades para que investiguen con diligencia lo acontecido y den con el
paradero de los jóvenes”, señala el mensaje.
EL LEVANTÓN
El lunes 19 de marzo, el
mexicalense Javier Salomón Aceves Gastélum, de 25 años de edad, y sus
compañeros Daniel Díaz, de 20, originario de Los Cabos, Baja California Sur; y
Marco Ávalos, de la misma edad, avecindado en Tepic, Nayarit, trabajaban en la
producción de un cortometraje como tarea ordenada por uno de sus profesores.
Habían tenido por locación una casa desocupada en una zona relativamente
despoblada del municipio de Tonalá.
De noche, cuando los jóvenes,
con otros tres compañeros, circulaban a bordo de dos vehículos sobre la calle
Colina Central, cerca del Anillo Periférico en el fraccionamiento Colinas de
Tonalá, sujetos armados que viajaban en dos camionetas les cerraron el paso.
Los empistolados obligaron a los estudiantes a descender de sus autos,
acostarse en el piso y después a abordar las camionetas, llevándose a tres de
ellos con rumbo desconocido. De acuerdo con testigos, los captores se habrían
ostentado como elementos de la Fiscalía de Jalisco.
Familiares de las víctimas se
presentaron a denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado. Ahí
declararon la poca información con que contaban. El miércoles21 de marzo, el
fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, confirmó ante medios de comunicación lo
que los parientes de los muchachos habían hecho pública la desaparición en
redes sociales; el cineasta tapatío Guillermo del Toro replicó la información
en su cuenta de Twitter.
Foto: Fernando Carranza
García/Cuartoscuro.com
Sánchez Jiménez aseguró que
en este, como en todos los casos, el gobierno se afanaba en investigar el
hecho. Anunció que ya se revisaban cámaras cercanas al sitio del levantón y
otras posibles fuentes de información. “Se siguen investigando esos tres y
todos los desaparecidos que hay en el Estado de Jalisco, todos son prioridad,
se está investigando si son o no policías, están buscando videos o
constancias”.
La Policía Municipal de
Tonalá, territorio donde se registró la privación de la libertad, informó que
la corporación nunca recibió algún tipo de alerta por los hechos, pero ya
estaba en contacto con familiares y la Fiscalía para colaborar con las
investigaciones.
LA INVESTIGACIÓN
El asunto repercutió social y
políticamente al grado que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz,
convocó a una rueda de prensa el jueves 22 de marzo, y a partir de entonces, ha
tenido que salir a informar constantemente sobre el suceso a la ciudadanía. En
esa primera convocatoria de medios, Sandoval se dijo “sensible” ante la
molestia justificada de distintos sectores de la sociedad. “Entiendo la
indignación de la comunidad estudiantil de Jalisco, entiendo que en estos
momentos estén buscando la mejor forma de organizarse para manifestar su
repudio ante estos hechos”.
Ese mismo día, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco había emitido una macro recomendación sobre
desaparición forzada en la entidad, señalando la gravedad de la situación.
El mandatario anunció que ya
existía un operativo especial para la búsqueda de Salomón, Daniel y Marco, por
cuya información el Gobierno del Estado ofrecía una recompensa de un millón de
pesos a quien ofrezca información fidedigna que conduzca a las autoridades a
dar con el paradero de los universitarios. Luego daría a conocer la aparición
de Susana Carolina y Pedro, los otros estudiantes que no habían vuelto a casa.
Parte importante de la
indagatoria son los tres muchachos que acompañaban a los desaparecidos y que a
ellos no se los llevaron. Sus testimonios llevaron a las autoridades
ministeriales hasta una finca ubicada en una zona despoblada de Tonalá, a unos
kilómetros de donde ocurrió el levantón.
Según los chicos, habían grabado en esa propiedad.
Ministerio Público, policías
investigadores y peritos llegaron al inmueble localizado sobre una brecha de
terracería, detrás del lugar conocido como Presa El Ocotillo. La finca de unos
750 metros cuadrados, está custodiada por bardas de tres metros de altura en
colores morado y blanco, con un portón color cobrizo. En el interior hay dos
construcciones, una de ellas residencial.
La lujosa casa no coincide
con la austeridad de la zona. Tiene un jardín grande y una alberca. La
seguridad está basada en los muros, malla electrificada y un circuito cerrado
de videovigilancia con cinco cámaras exteriores. Se desconoce quiénes son los
dueños del inmueble.
Afuera de esa finca se
localizaron los vehículos de los estudiantes: un Nissan Tiida y un Chrysler
300, ambos de color blanco. Presuntamente los vehículos habrían sido
trasladados hasta el sitio por familiares de los estudiantes, luego de que los
compañeros de los mismos les indicaron el punto de la locación.
La Fiscalía del Estado se ha
reservado los avances de la investigación y los posibles vínculos de los
propietarios de la casa con la desaparición de los jóvenes; sin embargo,
trascendió que fue detenido un taxista que es investigado por poseer
pertenencias de uno de los estudiantes. Al parecer se trata de un teléfono
celular, entre otras cosas.
También se investiga a
elementos policiales de Tonalá, cinco de los cuales tuvieron que comparecer
para declarar sobre el hecho. La Fiscalía pretende fincarles algún tipo de
responsabilidad por su proceder negligente durante los primeros minutos del
reporte de desaparición. El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, asegura que la
cabina de radio de la Policía Municipal nunca recibió reporte sobre el caso de
los tres universitarios.
JALISCO, TERCER ESTADO CON MÁS DESAPARECIDOS EN MÉXICO
La desaparición de Salomón,
Daniel y Marco no sorprende a los jaliscienses, más bien les indignó por
tratarse de un nuevo caso, y de estudiantes, que se suman a los más de tres mil
desaparecidos que reporta la entidad y que no han regresado a sus hogares. El
día que trascendió la noticia del levantón, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos dio a conocer una macro recomendación al gobierno de Jalisco por otras
tantas ausencias forzadas.
La situación es tan grave en
el Estado del Occidente de México que solo 13 de los 125 municipios no reportan
casos de desapariciones. Javier Perlasca Chávez, visitador del ombudsman local,
no descarta que en esos 13 municipios también existan hechos de esta
naturaleza, pero que por temor o alguna otra razón, no se han reportado o
denunciado.
La gruesa recomendación fue
dirigida a los tres órdenes de gobierno y a los 125 ayuntamientos en 235
cuartillas. En el documento se reclama desde la falta de nombramiento de un
titular en la Fiscalía Especial en Desaparecidos, hasta alertas, memoriales,
recursos y servicios forenses autónomos, entre otros. A la fecha, sólo 27
personas se encuentran bajo investigación por el delito de desaparición
forzada.
Perlasca Chávez destacó que
el documento pone en claro: “Es tradición en el Estado mexicano resolver
diferencias políticas, diferencias de seguridad, con desapariciones, como en la
‘guerra sucia’ que inicia en los años sesenta y fue más visible en los setenta,
que era práctica común y simplemente no se hacía nada.
“Lo que hemos visto con este
incremento de la violencia a partir de la ‘guerra contra el narcotráfico’ es
que los grupos del crimen organizado toman los mismos modos antiguos de las
autoridades y los usan en su beneficio, con la diferencia de que sí hemos ganado
en la exposición de casos, y las ciudadanas y los ciudadanos salimos a la calle
a manifestarlos”, remató el visitador.
Guadalupe Aguilar,
coordinadora de Fundación de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, urgió
a las autoridades de Jalisco a realizar el nombramiento del fiscal especial
para personas desaparecidas, sobre todo cuando en Jalisco las autoridades no
buscan a las víctimas de este delito. Al respecto, se conoce que la
convocatoria cerró con 16 aspirantes y el gobernador tiene hasta el 12 de abril
para designar a dicho fiscal.
ITALIANOS Y JÓVENES
El caso de los estudiantes de
cine patentizó la ineficacia del gobierno de Jalisco para resolver las
desapariciones de personas. El asunto se sumó a la desaparición y búsqueda de
tres italianos que fueron privados de la libertad en Tecalitlán el 25 de enero
próximo pasado, y por los que se ha ejercido una presión internacional de
autoridades europeas y organismos de derechos humanos.
A pesar del exhorto de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió medidas cautelares de
protección a los itálicos desaparecidos y solicitó al gobierno mexicano adoptar
“medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de Raffaele
Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, con el fin de proteger sus derechos a
la vida e integridad personal”, nada ha pasado hasta el momento.
A ese caso se agregan los de
varios jóvenes desaparecidos a principios de año en municipios del sur de
Jalisco, como Autlán de Navarro y el mismo Tecalitlán, cuyos familiares
supieron de voz de testigos que se los habían llevado sujetos que circulaban en
camionetas y con uniformes “como los de la Marina”.
Ante tal escenario, en el que
las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia y por su propia
inoperancia, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, de plano ofreció
recompensas de hasta un millón de pesos a quien ofrezca información que lleve a
la localización de cualquier persona denunciada como desaparecida en el Estado,
calificado como “fallido” por parte del presidente de la Federación de
Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina Varela
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / LUIS CARLOS SÁINZ/
SÁBADO, 31 MARZO, 2018 12:00 PM)
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