jueves, 30 de noviembre de 2017

OMBUDSMAN ABATIDO POR EL NARCO

Dos son las hipótesis sobre el asesinato de Silvestre de la Toba y su hijo Fernando: producto de su labor como defensor de los derechos humanos, y un ataque del narcotráfico a las instituciones, “un desafío a las autoridades”, comentó un militar. La estrategia del General Salvador Cienfuegos de blindar La Paz y Los Cabos con mandos militares ha sido fallida, al tiempo que los criminales organizados se apoderan de las calles y avenidas, sembrando terror con los asesinatos y las narcomantas donde alertan de la violencia que traen tras de sí. Noviembre ha sido el mes más sangriento para BCS: 89 asesinados, 28 durante “El Buen Fin”, que terminó sangriento

El día que lo mataron, Silvestre de la Toba Camacho había salido de su casa en compañía de dos de sus tres hijos y su esposa para despistar a esta última, quien cumplía años y le preparaba una fiesta sorpresa.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur fue asesinado en una emboscada en la cual perdió la vida también su hijo Fernando, mientras su esposa,

Silvia Lucero Castro, quedó gravemente herida, y su hija Silvia María salvó la vida de milagro, cuando una bala atravesó su cuerpo a dos escasos centímetros de su corazón.

Al defensor de los derechos humanos de los sudcalifornianos lo alcanzó la ola de violencia que azota al país, y que en lo que va de 2017 ha dejado 493 ejecutados en Baja California Sur; 409 durante los primeros diez meses, 89 solo en noviembre.

Silvestre de la Toba, un hombre de bien, apreciado en el sector de los Derechos Humanos por su calidez y compromiso social, fue abatido a tiros a mitad de la zona más concurrida de la ciudad, a 100 metros del Ayuntamiento de La Paz, a escasos 20 metros de la plaza comercial y casinos, así como a 5 metros de una parada de camiones que estaba a tope.

Tres instituciones realizan investigaciones sobre el asesinato: Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Procuraduría General de la República (PGR) y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Aun cuando las investigaciones inician, de un hecho parecen no tener duda las autoridades: miembros del narcotráfico abatieron al defensor de los derechos humanos.

Las líneas de investigación apuntan al Cártel de Sinaloa en dos hipótesis:

Atentado por una labor concerniente a la protección y defensa de los derechos humanos que realizaba De la Toba.

Ataque a las instituciones del Estado con base en el terrorismo del narcotráfico.

De la primera de manera extraoficial se ha mencionado la probabilidad de que en su calidad de ombudsman, Silvestre de la Toba habría negado conceder medidas cautelares para la protección de un criminal ligado al narcotráfico, detenido de manera irregular.
Autoridades del Estado no descartaron esa línea, pero aseguran que en la investigación en la PGJE aún no hay conclusiones al respecto.

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos exigió en concordancia “se incluya en sus líneas de investigación, la labor que realizaba a favor de la defensa y protección de los derechos humanos, en la respectiva entidad federativa. En momentos en los que la inseguridad, la impunidad y la corrupción prevalecen…”.

De la segunda hipótesis, los días posteriores al asesinato de Silvestre y Fernando de la Toba, circuló un narcomensaje que a la letra refería:

“SR DEL GOBIERNO YA ESTA MAS QUE DEMOSTRADO QUE ESTAMOS TRABAJANDO EN LA LIMPIA DE TODO QUE NOS ESTORBA ASI QUE ALINIESE O CORRERAN LA SUERTE DE MINISTERIAL Y DE SILVESTRE Y SU FAM…. ATTE LOS TEGORIPEÑOS Y GUZMANES”.

En la firma se refiere al gentilicio dado a las personas nacidas en Tegoripa, un poblado de apenas 278 habitantes, situado en el municipio de Badiraguato en el Estado de Sinaloa, a su vez, lugar de nacimiento de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a quien seguirían criminalmente los apodados “Guzmanes”, como también son conocidos los hijos del capo extraditado a Estados Unidos.

Las escisiones en el Cártel de Sinaloa han afectado gravemente la seguridad de Baja California Sur, La Paz y Los Cabos se han convertido en campos de batalla entre quienes pretenden tomar el poderío de la organización criminal tras la detención de “El Chapo”, los hijos de este, aquellos que se cobijan bajo el ala delincuencial de Ismael “El Mayo” Zambada, las reminiscencias de los Dámaso López, enfrentados todos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

EL ASESINATO DEL OMBUDSMAN SUDCALIFORNIANO

“Apenas iban a ser las siete de la tarde. Yo me disponía a tomar mi pesero cuando veo venir una camioneta blanca y una gris, la blanca se le empareja y andando abre sus puertas y comienza a disparar (suelta llanto), es terrible ver y recordar ese episodio, el mismo episodio le da vueltas a mi cabeza, yo veía cómo se movían las personas ahí adentro, era terrible”, comentó una de las testigos que se encontraba en la parada de camiones aledaña a la escena del crimen de Silvestre de la Toba, el cual, de acuerdo con imágenes no reveladas por parte de la PGJE, se dio de la siguiente manera:

La camioneta de De la Toba y su familia circulaba en dirección al sur de la ciudad cuando una camioneta tipo Nitro de color blanco se le emparejó, los ocupantes abrieron las puertas y sacaron los rifles, enfilando hacia la unidad de De la Toba y descargando ráfagas contra la humanidad  de los ocupantes de la camioneta gris; prácticamente muerto el conductor, la unidad siguió en marcha hasta estrellarse contra la barda de un casino localizado en la inmediación.

Los sicarios huyeron en la camioneta blanca con dirección al sur de la ciudad, tomaron la Avenida Forjadores hasta la colonia 8 de Octubre, los investigadores del Estado estiman que pudieron haber tomado el Libramiento Santiago Oceguera para dirigirse a zonas como Jardines del Sur, 8 de Octubre Primera Sección, Agua Escondida y alrededores.

Cinco horas y media después del asesinato, a las 12:27 am del martes 21 de noviembre, elementos policiacos localizaron la camioneta blanca desde la que balearon el vehículo del ombudsman, la cual estaba en llamas en el mismo Libramiento. La incendiaron los asesinos.

“Queda claro que es el vehículo en que viajaban los agresores, en el lugar encontramos un galón de esos que se utilizan para compras de agua purificada que le dicen ‘de cuatro litros’, con olor a combustible, por lo que entendemos que para encender la unidad se utilizó un acelerador”, refirió de manera extraoficial un agente de investigación de la Policía Ministerial.

Mientras que en la PGJE se mantienen sin confirmar si se trata o no del mismo vehículo desde el cual dispararon a De la Toba Camacho y su familia: “Efectivamente hay una camioneta que amaneció incendiada, y que la aseguró la Procuraduría para los análisis correspondientes y los dictámenes y revisiones que tengamos que hacer, una vez que tengamos mayores elementos del vehículo, de la participación y la peritación de este vehículo, podríamos estar en condiciones de declarar si es la misma o es un vehículo parecido”, informó el procurador Erasmo Palemón Alamilla Villeda.

Momentos previos al asesinato, según datos brindados por agentes de investigación adscritos al Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, el occiso y su familia se encontraban en la plaza comercial Soriana La Paz, a escasos metros de donde ocurrió el atentado.

De la Toba, esposa e hijos fueron vistos en tiendas departamentales de la plaza aquel lunes 20 de noviembre, último día del denominado “Buen Fin”.

Investigadores suponen que para esos momentos, De la Toba ya era seguido por sus asesinos, quienes lo esperaron en la zona de estacionamiento a su salida del centro comercial.

Al abandonar la plaza, Silvestre -que conducía la camioneta familiar – se incorporó al tráfico vehicular en Forjadores y alcanzó a cruzar el semáforo en la Colosio, en ese momento los sicarios, a bordo de la camioneta color blanco, se emparejaron. Tuvieron suficiente tiempo para ubicar a sus víctimas, cargar sus armas y dar alcance a la familia.

Otro testigo de la emboscada mortal narró a ZETA: “Vi cómo la camioneta deslizó sus puertas y sin bajarse, esos hombres abrieron fuego contra la familia. Fue una agresión directa a ellos, no fue un fuego cruzado, esas personas dispararon directo a ellos”.

Silvia, la esposa de Silvestre, recibió por lo menos dos balazos y un número no determinado de esquirlas impactaron en diferentes partes de su cuerpo. El martes fue intervenida quirúrgicamente, y por la noche estuvo en condiciones de comunicarse con familiares y amigos; Silvia María, hija del ombudsman, fue ingresada con tres impactos de bala, uno en tórax, uno más en la cara anterior del octavo espacio intercostal y otro en el miembro superior izquierdo, sin orificio de salida.

El asesinato del funcionario es un crimen de alto impacto que ha tenido resonancia nacional, dada la labor de Silvestre de la Toba y que por primera vez, el narcotráfico ataca a una institución de protección y defensa de los derechos humanos.

El jueves 23 de noviembre, el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad, entre estos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se apersonaron en La Paz, Baja California Sur. A su vez, el comisionado nacional para los Derechos Humanos habría reunido a los defensores de los derechos humanos del país en la Ciudad de México.

En efecto, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, expresó su descontento ante la inoperancia de los gobiernos de los tres órdenes para “prevenir la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”, a lo que agregó que los esfuerzos “han sido insuficientes” y, debido a la apatía e indiferencia, ha generado que aumenten las agresiones contra los defensores civiles y públicos, recalcando que Silvestre de la Toba es el primer defensor público en ser privado de la vida.

Como es su costumbre, el Ejecutivo nacional hizo uso de las redes sociales para informar que “el Gobierno de México respalda la valiosa labor de los ombudsman del país. La Procuraduría General de la República apoyará a la PGJE en la investigación del condenable ataque a Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la CEDH de BCS, y a su familia. Mis condolencias para sus seres queridos”, fueron las palabras de Peña Nieto.

LAS HIPÓTESIS DEL CRIMEN

“Ya tenemos un resultado preliminar de balística, nos refiere que dos de las armas que se utilizan ahí (en el ataque a la familia de la Toba), una de ellas participó en diversos eventos, donde a su vez hay otra arma que se relaciona con el aseguramiento de tres personas que ocurrió en La Paz el lunes 13 de noviembre, y de los cuales dimos una rueda de prensa que habían sido detenidos por homicidio calificado y robo”, adelantó el procurador general de Justicia de Baja California Sur, Erasmo Palemón Alamilla, respecto a los tres detenidos en las calles de Torre Iglesias entre Revolución y Madero de la colonia Esterito en La Paz, a quienes se les aseguró un vehículo Nissan Versa azul y un arma 9 milímetros.

Silvestre de la Toba Camacho y su familia sufrieron un atentado, el Presidente de la CEDH y su hijo perdieron la vida, su esposa e hija resultaron lesionadas.

“Todo parece indicar que estos presuntos sicarios tuvieron participación y dejaron personas sin vida, ejecutaron y colocaron narcomensajes a un lado de sus víctimas, antes del homicidio de esta persona”, dijo un miembro del Grupo de Coordinación.

La misma noche en que fue privado de la vida Silvestre de la Toba, hora y media después, a las 8:25 pm, fue encontrada sin vida y atado de manos una persona del sexo masculino en las calles Guadalupe Victoria, entre Aquiles Serdán y Guillermo Prieto, Colonia Esterito.

Junto al cuerpo se encontraba un narcomensaje en una cartulina de color verde fluorescente, con el mismo mensaje que ha aparecido en los últimos dos meses y que hace alusión a la llegada de “Los Guzmán”, “Los Tegoripeños”, “El Güero Layo”, “Jaime Acosta” o “Los Dámaso”.

“Podría tratarse de una respuesta por parte de grupos criminales en pugna, la respuesta de ‘Los Violentos’, como les llamó el gobernador en su Informe de Gobierno, el ataque después de la advertencia del día de brujas en el kiosco, lo cierto es que van en serio y eso preocupa”, agregó el agente del selecto grupo de seguridad.

Precisamente 20 días antes del homicidio del ombudsman, mientras ciudadanos salían de discotecas, cuerpos de seguridad recorrían la zona durante  la madrugada del martes 31 de octubre, cuando, como consta en cámaras de video vigilancia, fue colgado un narcomensaje en pleno kiosco del Malecón de la Capital.

La amenaza textual fue:

“RENE ALIAS 00. TU Y TUS PINCHES SICARIOS Y LOS ESTATALES, MINISTERIALES, PGR Y MUNICIPALES Y ESPECIALMENTE CARLOS MENDOZA GOBERNADOR DE MIERDA Y ARTURO DE LA ROSA. YA ESTAMOS PRESENTES EN TODO MEXICO SOMOS LOS GUZMAN. TIENEN 20 DIAS PARA ENCUARTELAR A SU BOLA DE PERROS QUE YA EMPEZARÁ LA LIMPIA ASÍ QUE ROMPAN TRATOS CON LA CONTRA Y ALINIESE CON LOS TEGORIPEÑOS. Attte wero Layo y Jaime Acosta”.

Una de las líneas de investigación es que grupos criminales pudieron haber tomado venganza o respuesta a lo declarado por el gobernador Carlos Mendoza Davis en su Segundo Informe de Gobierno, donde dejó en claro que “los violentos habrán de ser vencidos” y que las principales corporaciones de seguridad, policías Municipal, Ministerial y Estatal, fueron militarizadas.

“Lo que pudo llevar a que todos los tratos hechos con los policías hoy están rotos y con presión para los grupos criminales que pretenden adueñarse de las calles, esto forma parte de un todo, y ese todo hoy está en disputa, cosa que los criminales no querían y ya se calentó”, afirmó uno de los efectivos de la Secretaría de Marina.

En cuanto a la razón que se mencionaba o especulaba de que tuviera que ver la labor del ombudsman para que se provocara su muerte, el procurador Alamilla indicó: “Nunca recibimos una denuncia de parte de él, nunca recibimos alguna inquietud. Vamos a esperar que podamos entrevistarnos con sus propios familiares, a ver si ellos tienen algún antecedente, o incluso alguno de sus colaboradores”.

En efecto, colaboradores cercanos a Silvestre de la Toba refirieron a ZETA que no había recibido amenazas, menos aún expresado sentirse inseguro o amenazado; de hecho el día de su muerte había invitado a varios de sus compañeros a la fiesta sorpresa que preparaba para celebrar el cumpleaños de su esposa.

Respecto al trabajo de De la Toba, información obtenida por este Semanario indica que se recibieron mil 500 quejas en su periodo y que realizó 38 observaciones, algunas de ellas a las siguientes instituciones:

– Secretaría de Educación Pública (SEP).

– Policía Municipal.

– Casa de Arraigo de la PGJE.

– Policías ministeriales.

– Subsecretaría de Seguridad Pública.

– Ayuntamiento de La Paz.

“En quejas no tenemos datos relacionados, o con ataques a servidores públicos, ustedes recordarán lo que se vivió con periodistas, lo que ustedes saben, es lo que nosotros sabemos, algunas investigaciones aquí en lo concreto, en algunas entrevistas al presidente le preguntarán, nosotros no tenemos quejas como tal en ese sentido, no tenemos conocimiento de alguna situación de riesgo”, señaló la visitadora general y encargada de Despacho de la CEDH, Lizeth Collins Collins, quien durante una entrevista se mostró un tanto preocupada y con el rostro desencajado.

Con referencia a los hechos que le quitaron la vida al ex presidente, afirmó que por lo laboral nunca tuvieron conocimiento que se corriera algún peligro, hablando de la figura del ombudsman y de los colaboradores.

“Si me preguntan yo diría que no es una cuestión laboral, no lo sé, tenemos que esperar a las autoridades competentes, que nos determinen cuál es la situación, qué arroje la investigación. En lo personal si me preguntan, el presidente nunca me dijo que tuviera alguna situación de riesgo para él, en el caso personal, yo no he recibido por cuestiones de trabajo, una situación que me pudiera decir que hay algún riesgo”, reiteró Collins Collins.

Ante lo ocurrido, la propia CNDH solicitó protección a la familia del presidente y de los colaboradores de la comisión, debido al riesgo al que pueden estar expuestos y de las diferentes amenazas vertidas tras el homicidio de Silvestre de la Toba. Incluso se tramita la ampliación de medidas cautelares para su viuda y su hija, pues las que les han puesto al momento son mínimas.

“Han solicitado medidas cautelares, como se ha hecho público en la página de la Comisión Nacional tanto para familiares del licenciado Silvestre, como para personal de la propia institución. Verdaderamente estamos consternados y lamentando este suceso”, dijo la encargada de despacho.

Las dos líneas de investigación más sólidas que se tienen hasta la fecha son:

Alguna represalia por la labor desempeñada en la CEDH, aunque ha quedado claro por la misma institución y la Procuraduría que nunca hubo una manifestación de peligro por parte del presidente.

La más importante y la que se sigue desde el principio: un atentado para afectar a las instituciones gubernamentales, luego de que surgieran narcomantas con mensajes.
Justamente la noche del atentado a la familia De la Toba Castro, un cuerpo apareció ejecutado con un narcomensaje, pero lo que más llamó la atención, fueron tres lonas con narcomensajes colgadas en diferentes puntos de la ciudad, como Forjadores y Unión; Forjadores y San Antonio, en el puente frente a Plaza Soriana La Paz; y de nuevo en el kiosco del Malecón de La Paz, los tres puntos, cercanos a cámaras de vigilancia.

La seguridad pública de BCS ha sido entregada a manos de la Secretaría de Marina para bajar los índices de violencia que trastocaron a las instituciones públicas.

“No podemos descartar que personal que cuida las cámaras o que las operan estén involucrados, pero eso nos va a llevar a la investigación”, refirió la fuente.

Los tres mensajes fueron en lonas impresas, a tinta de color negro y rojo, colocadas en puntos estratégicos.

La amenaza sigue vigente, pasaron los veinte días del primer aviso y ocurrieron delitos contra un comandante de la Policía Ministerial y el del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uno tras otro (19 y 20 de noviembre).

ESTÁN DESAFIANDO A LAS AUTORIDADES

“Tenemos muy claro que se trata de un mensaje a nuestras autoridades, algo como que ‘estamos presentes y tenemos la fuerza para hacer frente’, digamos que están desafiando a los encargados de la seguridad pública y la chamba es complicada”, indicó un militar a ZETA.

Sin embargo, de entre una lista de 54 derechos humanos que defendió el presidente de la Comisión, es finalizada por el Derecho a la Verdad, que indica que toda víctima y sus familiares tienen “el derecho a conocer la verdad de los hechos que originaron las violaciones a sus derechos humanos”.

“Hay mensajes que están exhibidos y situaciones que no podemos echar en saco roto, la aparición de una lona con un narcomensaje es una de ellas, fue colgado y la amenaza indicaba que tenía 20 días el gobierno para liberar la plaza; los 20 días se vencieron ayer, justo en el homicidio del ombudsman”, recordó el miembro de inteligencia militar.

El atroz crimen fue catalogado como un crimen de “locura inhumana”, la expresión fue vertida por el propio secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, a quien también han amenazado a través de narcomensajes.

“No hay una situación ni siquiera de conciencia de quién esté haciendo esta clase de hechos, porque va totalmente en contra de la humanidad, el atacar a una persona cuando va con su familia es un acto de locura, es un tema totalmente fuera de todo orden humano, por lo tanto, el Gobierno del Estado descalifica y condena totalmente estos hechos. Nadie, nadie sabíamos, ni siquiera pensábamos, que pudieran darse situaciones de esta naturaleza, como las estamos viviendo aquí”, reconociendo que los tomó desprevenidos.

Ante los eventos y desde luego las amenazas, De la Peña Angulo afirmó que los crímenes los han cometido gente de fuera y se han hecho presentes en las diversas amenazas; pues “los sudcalifornianos somos gente pacífica, tranquila, amable, gente buena, y lamentamos muchísimo que gente que viene de otros lugares con fines de delinquir, de cometer situaciones totalmente alejadas a nuestra vida cotidiana que tenemos en La Paz y todo el Estado, alteran el orden y la tranquilidad”.

En ZETA se ha publicado de la presencia de armas nuevas como son siete rifles AK-47 detectados en las calles, sumados a cinco que ya cuentan con registro, esto señalado en las últimas dos ediciones, con sitios de acceso y descarga de armas en la zona sur del Estado, litorales de La Paz y flujo indiscriminado en vías carreteras.

“Muchas armas ingresaron desde Estados Unidos y otros países más, de Centroamérica podría ser también, pero más que nada de Estados Unidos, tenemos que ver una nueva realidad que está pasando y tenemos todos que hacer algo, pero la autoridad lo está haciendo y vamos a detener a quien haya cometido estos hechos”, lamentó el vocero del Grupo de Coordinación sudcaliforniano.

Las redes sociales son el sitio preferido para ofertar armas al por mayor, no solo pistolas 9 milímetros, escopetas o rifles calibre 22; hay rifles automáticos y hasta Barrett, “la situación ya se salió de las manos y es un tema de contener y por otro lado crear conciencia y reducir el principal problema, que es el consumo de droga”, dijo un especialista en Seguridad Pública consultado.

Ante la dura situación por la que atraviesa BCS, Carlos Mendoza Davis se dirigió al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en su reciente visita a Los Pinos.

“Le solicité al Presidente una mayor intervención y cooperación del Gobierno Federal. Hay y habrá una plena coordinación con las fuerzas federales para hacer de nuestro Estado un lugar seguro, ya que el primer mandatario accedió inmediatamente, ofreciendo más apoyo por parte del Gobierno de la República para enfrentar la situación”, refirió el gobernador de extracción panista.

“EL BUEN FIN” QUE TERMINÓ MAL

El puente vacacional del 20 de noviembre, el mismo de “El Buen fin”, se convirtió en el más sangriento registro en Baja California Sur. Del viernes 17 del mes al lunes 20, día en que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, se tuvo una suma de 28 personas privadas de la vida de manera violenta, con un índice de mortandad de siete personas por día, sólo en lo que va de noviembre.

ZETA ha tenido el registro de caso por caso y la suma total hasta el jueves 23: 89 personas sin vida en ajustes de cuentas entre sicarios y ejecuciones.

Entre los ejecutados destacan el comandante en activo de la Policía Ministerial, Fernando Rojas Pérez (19 noviembre), y el atentado que sufriera el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho y su hijo Fernando de la Toba Lucero, de 20 años de edad (20 de noviembre), ambos atentados registrados en La Paz.

La ejecución del comandante de la Ministerial, de 54 años, se dio en las calles Concha entre Ignacio Ramírez y Manuel Altamirano de la colonia Pueblo Nuevo, en la Capital del Estado, mientras se disponía a salir de su domicilio. Contaba con una averiguación previa -LPZ/011/SPB/2012- por participación en asuntos que comprometían su servicio.

“Es una grave agresión, desde luego que de inmediato los compañeros están activos en la búsqueda de los agresores, pero sobre todo el que tengamos cuidado con esa gente, estamos 24/7 con el fin de cuidarnos y blindar la ciudad, no podemos dejar que los delincuentes se apropien del Estado de Derecho de nuestra ciudad”, expresó uno de los agentes ministeriales que acompañó los restos del comandante la tarde del martes 21 al Panteón de los San Juanes.

En el caso del ombudsman de Baja California Sur, “agentes de investigación y peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales se constituyeron en el lugar, encontraron en el Bulevar Colosio y Avenida Forjadores, de la colonia de referencia, los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino, por lo que ordenaron su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de Ley. A dos mujeres lesionadas por disparo de arma de fuego”, informó en rueda de prensa Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador general de Justicia en el Estado.

La indignación es el primer sentimiento que se ha resentido tras el asesinato a sangre fría del representante de los derecho humanos, el ataque fue perpetrado cuando viajaba con su familia, lo que fue un atentado terminó en la muerte de dos personas y dos más heridas, la esposa, Silvia Castro y la hija Silvia María en una de las avenidas más transitadas de la Capital y con cientos de ciudadanos circulando en ese momento.

Con el rostro desencajado y un nudo en la garganta, el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública y secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo comentó: “Nos indigna y desde luego nos preocupa, un grupo de personas atacó el vehículo en el que viajaba el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciado Silvestre de la Toba Camacho y su familia, desafortunadamente el licenciado De la Toba y su hijo perdieron la vida, su esposa e hija resultaron heridas en el lamentable hecho”.

FALLÓ LA ESTRATEGIA, FALLÓ CIENFUEGOS

El impacto del fallecimiento de quien encabezaba la lucha por los Derechos Humanos en Baja California Sur, puso al descubierto la pugna entre células de Jalisco y Sinaloa, su muerte significó la punta de lanza del repudio de criminales ante la llegada de las fuerzas armadas para operar en puntos estratégicos, pues “era sabido que tendríamos problemas, pues los espacios los hemos cerrado y quizá ya sienten la presencia de la Ley, hoy más que nunca tenemos que estar pendientes de lo que pase en el estado para cumplir nuestra encomienda que es regresar la tranquilidad a este lugar”, refirió un cabeza de grupo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Desde la visita de Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, los esfuerzos por recuperar la tranquilidad han sido estériles. A finales del mes de octubre de este año visitó el municipio de Loreto, donde inauguró instalaciones militares para brindar mayor vigilancia.

Su visita se daba durante el entonces mes más violento en la historia de BCS, sin embargo, la presencia militar es imperceptible, los hechos violentos siguen en pie, e irónicamente en las mismas colonias, calles, sitios y hasta en los lugares específicos siguen apareciendo cuerpos y narcomensajes.

“Si las patrullas con militares o policías anduvieran por las calles, por lo menos se tendría una inhibición del delito, pero puedes transitar de lado a lado a la ciudad y no se ve ni una sola. Les han puesto mantas en el Malecón, han tirado muertos donde mismo y no pasa nada. Baja California Sur se ha convertido, pese a su pequeño territorio, en un pueblo sin ley, donde reina la impunidad”, denunció uno de los representantes de Atención a Víctimas del Delito.

SOCIEDAD EN ALERTA Y CONSTERNADA

“Una pérdida humana siempre es lamentable,  el perder al ombudsman, lo que queremos los sudcalifornianos, yo creo que coincides conmigo, es salir a las calles sin el temor de una situación, al salir al súper o algún asunto en particular”, lamentó el consultado.

Además de desempeñarse en la CEDH, Silvestre de la Toba ocupó cargos como diputado y secretario general en partidos políticos, logrando estrechar vínculos con sectores vulnerables de la sociedad.

“Cuando es un buen amigo tuyo, yo creo que este hecho viene a ser sumamente doloroso, ante las personas que trabajamos por los derechos de las personas”.

Tal es la preocupación que se ha vertido entre la población, que el propio alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, ante la falta de seguridad que se tiene debido a que los agentes están abocados a investigar los hechos recientes, canceló el evento masivo programado en la explanada del Palacio Municipal.

“Mil 300 invitaciones ya giradas, que con mucho respeto, pedí que con mucha atención les dijeran la justificación de esta cancelación. Inicialmente lo queríamos hacer en Cabildo, y luego salió la sugerencia de hacerlo, pero hoy acompañando estos eventos y hacer un evento masivo ahorita, donde nuestras fuerzas policiacas andas ocupadas en temas de investigación, siempre que hay un evento masivo antes y después se requiere a las fuerzas policiacas para estar vigilando el orden, y no quisiera que esto se entorpeciera”, reconoció el edil municipal.

En silencio se mantuvo la Diócesis de La Paz, reiteraron que el llamado ya se había realizado, incluso alertaron de un tema de violencia mayor; el aviso se hizo desde 2014, cuando empezó a repuntar, hoy es incontenible.

“Hoy no tengo nada más que agregar, no a la retórica estéril. Si los hombres no saben leer los signos de los tiempos, si no quieren escuchar, esperemos que Dios nos escuche. Es por eso que en una sociedad cansada de discursos, he optado por no hacer más declaraciones sobre este tema. Pero no me hago a un lado, desde mi papel de pastor en la Diócesis convoco a la comunidad a misa”, llamó Miguel Ángel Alba Díaz, Obispo de la Diócesis de La Paz.

Se ofreció una misa para todos los ciudadanos que solicitan se escuche su llamado de paz ante los hechos violentos que han sacudido a la media Península, la misa fue a oscuras, a la luz de las velas, la homilía tuvo un mensaje fuerte y directo: que haya una fuerza que pueda contener al mal.

DESPIDEN A SILVESTRE DE LA TOBA

Silvestre de la Toba Camacho se desempeñaba como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur. Nació el 18 de octubre de 1970 y perdió la vida el 20 de noviembre de 2017.

Egresado de  la Licenciatura en Derecho, su carrera al servicio público y político resaltó cuando formó parte de la XII Legislatura de la entidad, en el periodo 2008-2011, como miembro del Partido Nueva Alianza (Panal), sin embargo, en 2010 decidió declararse independiente. Previo a llegar a la curul sudcaliforniana, De la Toba fue secretario general en el Partido de la Revolución Democrático (PRD), dentro del Comité Municipal de La Paz.

Fue hasta 2015 que, con el voto de 14 de 18 diputados presentes durante la sesión del martes 17 de febrero, tomó protesta como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur. Por casi tres años veló por los derechos humanos de la población sudcaliforniana, atendiendo mil 500 quejas y con la emisión de 38 recomendaciones.

Silvestre de la Toba Camacho llevó el caso y atención del reportero Antonio Cervantes de este Semanario, luego de que en mayo de 2015 fue agredido por un agente de la Policía Estatal Preventiva. De igual manera, emitió recomendaciones a la Casa de Arraigo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Secretaría de Educación Pública por el supuesto abuso sexual de una veintena de jovencitas en Los Cabos; e hizo lo propio contra el Ayuntamiento de La Paz por la falta de rampas para personas con discapacidad en las calles.

El titular de la CEDH se caracterizaba por atender de manera sensata temas de particular interés en grupos vulnerados, tal fue el caso de jornaleros, estudiantes y periodistas. La atención que brindó fue con absoluta seriedad y siempre con buena cara. Defendió el principio del derecho a la vida, y la noche del 20 de noviembre, la perdió a manos de la delincuencia organizada.

Desde las ocho de la mañana del jueves 23 de noviembre, su cuerpo fue velado en la Funeraria El Arbolito, ubicada en Navarro y Héroes de Independencia, Colonia Centro de La Paz. Al día siguiente sus restos serían traslados al Templo Masónico Delta de Calle Puebla, entre Antonio Álvarez Rico y Melitón Albañez, Colonia Las Garzas; al mediodía lo esperaban en el H. Congreso del Estado, donde se rindió homenaje de cuerpo presente como integrante que fue de la XII Legislatura.

A la 1:30 pm, se ofició misa en su honor en la Catedral de La Paz, ubicada Revolución y 5 de Mayo.  Después de la homilía fue llevado al panteón, donde sus familiares dieron el último adiós al defensor de los Derechos Humanos de Baja California Sur.

“SE HA ATENTADO CONTRA INSTITUCIONES Y FAMILIAS INOCENTES”. MENDOZA DAVIS

De visita por Baja California Sur, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ofreció la intervención de las instituciones federales para llevar al esclarecimiento del artero homicidio del ombudsman sudcaliforniano.

“Ofrezco el apoyo y acompañamiento del Gobierno de la República para que el cobarde ataque del ombudsman Silvestre de la Toba Camacho y a su familia, no quede impune”, aseguró.

Acorde con el mandatario nacional, se requiere reestructurar la estrategia y ser firme, sobre todo con el fortalecimiento de las corporaciones locales. Señaló que Sudcalifornia requiere de mayor presencia de la fuerza federal, no obstante “las fuerzas federales continuarán haciendo todo lo necesario, incluyendo el respaldo” para recuperar la seguridad pública y el Estado de Derecho, para que a su vez se tenga paz y tranquilidad, con acciones como:

Ampliar la presencia en esta entidad.

Reforzar con personal capacitado sus áreas de seguridad pública.

 Fortalecer sus medios de inteligencia.

Sanear y depurar sus cuerpos de seguridad y procuración de justicia.

La operación principal es tener mayor presencia, y si bien hay mil elementos más, en las calles no se refleja, por lo que el Ejecutivo de la nación llegó al entendido de “no solo mantener presencia en los sitios de potencial o eventualmente turísticos, sino poder realmente establecer una coordinación para que con presencia de fuerzas federales y las propias locales podamos darle a los sudcalifornianos condiciones de paz y tranquilidad como hoy lo están demandando”.

Por su parte, el gobernador Carlos Mendoza Davis reconoció que el crimen de Silvestre de la Toba Camacho es una grave ofensa a los sudcalifornianos, pero reiteró que los delincuentes serán doblegados y por ende se incrementarán las medidas contra la delincuencia.

“Son tiempos donde el crimen ha cometido actos que han lastimado y ofendido a la sociedad sudcaliforniana, se ha atentado contra instituciones y familias inocentes, el mensaje que quieren enviar los violentos es que es posible doblegar a las instituciones. Refuerzan nuestra determinación para enfrentarlos y doblegarlos. Aplicaremos la Ley con más energía y los violentos serán vencidos”, advirtió.

La mañana del jueves 23 de noviembre, el mandatario estatal estuvo en el lugar donde fueron velados los restos del ombudsman, allí dio el pésame a la familia, sin embargo, recibió gritos y reclamos de seguridad por parte de algunos familiares, a lo que respondió que el fallecido también era su amigo y con respeto acudió al lugar. En cuanto a las amenazas, comentó “son una realidad, existen esas mantas, hoy están en medios nacionales, yo quiero decirles que por supuesto me preocupan, pero no me amedrentan,  yo habré de seguir trabajando”.

Destacó que el atroz homicidio del ombudsman y su hijo, así como las lesiones a su familia, no quedarán impunes, “no vamos a descansar hasta que BCS sea de nueva cuenta una tierra de paz”.

Mendoza reconoció que son momentos muy complejos para la entidad federativa, y ante ello ofreció la voluntad del Estado para combatir el problema de raíz, por lo que dirigió su petición a Enrique Peña Nieto, “estos momentos de tristeza, de dolor, de rabia, seguiremos encontrando el apoyo y comprensión del gobierno que Usted encabeza, le ofrezco, señor Presidente, nuestra absoluta voluntad para tener más y mejores programas de prevención y combate al crimen, y de readaptación social”, finalizó.

Tales declaraciones tuvieron lugar la tarde del jueves 23 de noviembre, en la conmemoración del Día de la Marina Armada de México, celebrada en La Paz, Baja California Sur, donde el Presidente de la República también inauguró la Escuela de Aviación Naval y el abanderamiento del Buque Patrulla de Vigilancia Oceánica ARM Hidalgo PO-166, de la Secretaría de Marina.

Como una persona “justa y de paz”, entregada a su trabajo y su familia, convencida de la justicia social y siempre en favor de los más desprotegidos, así define Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), a su homólogo en el estado vecino de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho.

En entrevista con ZETA, la licenciada declaró que De la Toba Camacho entró como presidente de la CEDH de Baja California Sur unos meses antes de que ella asumiera su cargo en 2015, y desde el primer momento en que se conocieron, forjaron una amistad, lo cual generó una fraternidad muy importante como personas y en sentido estricto laboral.

Detalló que lo primero que supo de su amigo y colega es que creía en la justicia social y era una persona que se enfocaba en los grupos más desfavorecidos, y de los primeros proyectos que le platicó, fue lo que había hecho con las personas jornaleras agrícolas de aquella región: “Sobre su trabajo, sus visitas y toda la experiencia que tuvo con ellos, no solo por las personas inmigrantes que llegaban a Baja California Sur, sino por todo el trabajo por los menos favorecidos”.

Algo que le llamó mucho la atención de su trabajo fue uno de sus proyectos “más propositivos” con niños, el cual le compartió incluso para que lo pudiera adoptar en Baja California, que son las comisiones infantiles para los derechos humanos.

“La última vez que platiqué con él me dijo que ya llevaba más de 300 comisiones infantiles, que se trataba de llegar a todas las comunidades de su Estado para abarcar y llegar a todos los niños para fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos. Coincidíamos en que en la niñez y la adolescencia había mucha esperanza para cambiar el tipo de sociedad en la que estamos viviendo”, resaltó Olvera.

Otro de los aspectos que rescató de la labor que De la Toba Camacho realizó al frente de la CEDH de la entidad vecina, es el trabajo que hizo por el respeto de las personas en los centros de rehabilitación de adicciones y las recomendaciones que giró en todos los sentidos, sobre todo el hecho de que “le apostaba a la conciliación”.

“Por eso nos identificábamos mucho, porque decía que muchas veces dialogando con las autoridades se lograba más que haciendo reprimendas, por ello lo que siempre buscaba era favorecer a la población, a los grupos, personas con discapacidad y demás”, señaló la funcionaria.

Otro tema que Olvera Rodríguez destaca de la gestión de su colega es que impulsó mucho, incluso dentro de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos en México, la perspectiva de género, porque consideraba importante que las mujeres tuvieran sus espacios y tomas de decisiones en todos los ámbitos, y por supuesto  en los derechos humanos, algo que ella valoró muchísimo y que le agradeció siempre.

Asimismo, compartió a este Semanario que luego de estar en su velorio, el miércoles 23 de noviembre en La Paz, BCS, se dio cuenta que en realidad había mucha gente que quería demasiado al ombudsman compañeros que estuvieron con él desde la primaria y que lo describían como un niño con ideales, que creía en el orden, la justicia y la disciplina.

Supo también que nunca tuvo ningún problema con nadie, ni desde el kínder ni algún pleito a la fecha, “ni una desavenencia, ni nada que pudiera considerarlo como alguien de problemas, al contrario, siempre lo han tenido como alguien de paz y sé por la gente de Baja California Sur que también fue un diputado que se destacó por ser lo más congruente posible, y que tuvo una muy buena gestión como funcionario”, exaltó la titular de la CEDHBC.

Olvera Rodríguez refirió que a ella nunca le comentó de una amenaza o de algo similar, “ni a mí,  ni a nadie”, por ello le sorprendió la noticia y por ende su equipo -“que lo quería muchísimo”- está consternado: “Lo querían mucho en la Baja Sur, yo platiqué con taxistas, meseros, personal de intendencia del hospital, médicos y toda la gente se expresa de manera muy positiva hacia él, como una persona justa y de paz”.

Sobre su esposa, Silvia Marian Lucero, dijo no tener real conocimiento sobre si también se dedicaba de lleno a la defensa de los derechos humanos, pero sabe que era una familia muy unida y que De la Toba la incorporaba mucho a proyectos en los que solía participar, además de que viene de una familia muy querida y respetada en Baja California Sur, la familia Lucero, quienes tienen un reconocimiento social muy positivo.

AMENAZAS PONEN EN EVIDENCIA LA VULNERABILIDAD DEL EJERCICIO

Melba Olvera describió que las amenazas a los defensores de derechos humanos han existido desde hace mucho, no solo hacia los que están en una institución pública o autónoma, sino a esos que muchas veces son anónimos, lo cual es muy lamentable porque habla de la vulnerabilidad del ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin embargo, dijo que en las comisiones estatales son conscientes de los riesgos que esto implica y hacen el trabajo de la mejor manera posible para defender al pueblo.

“Yo no siento ningún tipo de riesgo, aunque entiendo que la labor implica en sí un riesgo, sin embargo, no creo que requiera de alguna protección, como ha sido el caso de algunos compañeros que han sido incluso violentados, como el ombudsman de Oaxaca, o que han sido intimidados como la ombudsman de Sonora, quienes han sufrido este tipo de situaciones solamente por realizar su labor”, resaltó.

Sobre las amenazas, aclaró que no ha recibido ninguna a su integridad física, aunque sí ha recibido intimidaciones o mensajes amedrentadores que van más en otro sentido como de desprestigio, de hacerla sentir mal moralmente y cosas por el estilo, “que a final de cuentas son intimidaciones que no deberían existir, no las hago menos, pero no implican que por ello deba traer protección”, puntualizó.

COMISIONES ESTATALES CONDENAN EL ASESINATO; EXIGEN JUSTICIA

Consultadas por ZETA, las comisiones de Derechos Humanos de estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, donde la violencia y el crimen organizado están a la orden del día, coincidieron en que sin duda el asesinato de su homólogo Silvestre de la Toba Camacho es un hecho totalmente lamentable.

Señalaron que precisamente en momentos en los que la inseguridad, la impunidad y la corrupción prevalecen, demandan una investigación profunda y seria que permita encontrar a los responsables de “tan cobarde crimen”, y como defensoras y defensores de los derechos humanos, alzan la voz para pronunciarse en contra de cualquier acción u omisión que busque debilitar su labor en demérito de los derechos humanos.

Las comisiones consultadas también concordaron que este asesinato es un atentado del crimen organizado, lo cual es muy preocupante porque atenta también contra todo sistema de protección de los derechos humanos y pone en evidencia la fragilidad de los sistemas de seguridad pública del país, mismos que se han visto superados.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 27 NOVIEMBRE, 2017 12:00 PM)

EL ÚLTIMO VUELO DEL PEGASO

Antes de estrellarse y de que fuera consumido por el fuego junto a sus tripulantes, testigos aseguran haber visto a un hombre colgar de la nave, conjugando esto con varios factores climáticos y físicos, se podrá explicar la trágica muerte de sus tripulantes y del viejo helicóptero de la ciudad

Jesús Alfonso Aldaz Galaviz perdió el control del Pegaso a baja altura, en esas condiciones la colisión era inminente, el impacto abrió los “skid” y desprendió parte del rotor. De los motivos por los que el piloto no pudo mantener el equilibrio del helicóptero existen varias hipótesis que incluso pudieron conjuntarse, explicaron especialistas a ZETA:

El desbalance, la diferencia de pesos entre Aldaz (60 kilos aproximadamente) y su compañero José Alejandro Bohn Ramírez (125-130 kilos), que iba sentado como copiloto, es muy alta, y genera un movimiento del centro de gravedad.

El oficial Bohon tuvo un infarto antes de que el avión cayera.

El miércoles 22 de noviembre, las condiciones de viento eran inusuales, por eso las operaciones del aeropuerto se alteraron y los aviones que usualmente se aproximan por la ciudad debían aterrizar del lado del mar, ya que el viento cambió de dirección, además, había ráfagas de hasta 20 nudos.

La temperatura, más de 37 grados, cuando la superficie se calienta, al igual que el aire y suben como bolas de humo y se genera turbulencia, y a veces, ráfagas inusuales de viento.

Todas son condiciones que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) habrá de ponderar junto a la supervisión puntual de las bitácoras de vuelo, así como de mantenimiento.

LOS AUDIOS DEL SERVICIO

Se habían consumido los primeros minutos de las dos de la tarde. En la colonia Loma Dorada, sobre Bulevar Casa Blanca, a un lado de Plaza Monarca, se estaba cometiendo un robo con violencia. Se dijo por frecuencia policiaca que se trataba del carro de una distribuidora de carnes, pero resultó ser en una vivienda.

“Buenas tardes, Tango (TAN)-Juliera (JULI). Tenemos un código rojo. Estimo una milla al cierre eco en trayectoria, solicitando despegue inmediato”.

ZETA tuvo acceso a las grabaciones por medio de un monitoreo de las frecuencias de telecomunicación (archivo ATC) entre Jesús Alfonso Aldaz Galaviz, el piloto del Pegaso y la Torre de Control el día de su muerte.

En la grabación, Aldaz se identifica por radio como Tango-Juliera (clave para nombrar al helicóptero TJ de la Policía Municipal). Solicitó un despegue bajo el “código rojo”, usado por las unidades policiacas cuando se trata de una emergencia, el cual no requiere ingresar un plan de vuelo ante la autoridad aeronáutica.

“Estimo una milla al cierre eco en trayectoria, solicitando despegue inmediato”, termina el primer contacto.

De acuerdo con los audios, antes de que el Pegaso se levantara, los policías municipales en tierra detuvieron a los delincuentes, Aldaz canceló su “código rojo” para posteriormente salir a un patrullaje convencional y no en el llamado de otra emergencia.

Casi cuatro minutos después de haber iniciado la primera comunicación y antes de su despegue, Aldaz se enlazó de nuevo con la torre.

“Tijuana Tango Juli, cancelando el código rojo, solicitando autorización para ingresar a la última trayectoria sobre la Zona Centro”. Estas fueron sus últimas palabras en el registro. A las 2:25 pm, el Pegaso yacía bajo fuego frente a decenas de niños que salían  de clases a unos metros de distancia.

Sin embargo, lo reportado por estos audios contradice la versión del secretario de Seguridad, Marco Antonio Sotomayor, quien en entrevista explicó que el helicóptero salió desde el primer reporte y  que él escuchó todo por la frecuencia de radio.

— El día de ayer ¿quién ordenó la salida del helicóptero?

“Ellos -Aldaz y Bohon– estaban de guardia sin volar. Ya tenían el certificado y estaban listos.

“Salió el reporte que se dio en Loma Dorada un robo con violencia a una distribuidora de carnes, al escuchar ellos indican que se pueden activar, se autoriza por parte de la central en ese momento, el 03 dice 10-4, adelanten y se da por enterado”.

— ¿Se ofrecen?

“Se dicen disponibles y el comandante se da por enterado, después se cambia la versión robo a  casa, patrullas los iban siguiendo y los detienen las unidades en tierra. En ese momento sale la siguiente alerta del robo a una Coppel en El Refugio, los responsables se van en una vagoneta que encontraron abandonada, testigos informan  que los responsables cambiaron a un sedán negro Jetta o Altima y entonces del helicóptero dicen: ‘Nosotros nos trasladamos para allá’ y la respuesta del comandante es ‘10 -4’,  y esa fue la última comunicación”, esa es la versión dada por el secretario.

Sin embargo, de acuerdo a los registros de radio, hasta que se genera el reporte de robo con violencia de una tienda Coppel en El Refugio,  cuando el Pegaso se dirige hacia la Zona Este, de donde nunca regresó. La Morita, Terrazas del Valle, Rojo Gómez, son los últimos territorios que lo vieron volar.

TESTIGOS VEN HOMBRE COLGANDO

Una familia que vive justo al frente de donde quedaron los fierros retorcidos fueron testigos de algo inusual. Vieron caer al helicóptero. Aseguran que no se desplomó. Que fue descendiendo en una trayectoria circular, que se dirigió sobre un parque donde finalmente, a una altura menor a 10 metros, cayó e inmediatamente se generó la primera explosión.

Pero el testimonio de cuatro personas que se resguardaron en una de las casas y con quienes ZETA pudo hablar coincide que desde que vieron al Pegaso aproximarse a su muerte, fue sacudiéndose hacia sus lados, y no dando giros sobre su eje.

Las versiones de estas personas también refieren que un hombre iba colgado completamente del helicóptero antes de estrellase por medio de una cuerda, como si fuera a descender en “rappel”.

En su última operación el Pegaso llevó dos personas: el piloto Jesús Alfonso Aldaz Galaviz,  de aproximadamente 60 kilos, y su “acompañante”, el policía José Alejandro Bohon Ramírez, este último con sobrepeso, entre 125 y 130 kilos.

Uno de sus compañeros en la Unidad Aérea contó a ZETA: “Bohon tenía la costumbre de ir sacando la cara, hasta había pedido un casco especial con máscara para poder salir, entonces iba saliéndose, pudo ser que se resbaló y quedó colgando porque se subía amarrado, se ponía mosquetones, los usan montañistas y alpinistas”.

Al buscar la opinión de otro capitán de la Secretaría de Marina, explicó: “Un copiloto con sobrepeso tiene sus consecuencias, primero se levanta del lado menos pesado y después del pesado. Generalmente como operador tratas de compensar los pesos para que tengas mejor tu centro de gravedad y no se te mueva por el peso”.

En todo caso, concluye: “Por asomarse mucho, tal vez resbaló o perdió el equilibrio. No hay otra lógica para que hubiera caído alguien colgando. Tal vez el piloto sintió el peso y entró en turbulencia severa, ya no pudo controlar el helicóptero. Si lo vas controlando, buscas el viento y lo estabilizas, sabes que traes un peso, lo estás nivelando y empiezas a bajar para que la persona que está colgada no la vayas a aplastar con el helicóptero. En el momento que la persona tocó piso, sientes ligero, te liberas del peso”.

Sin embargo, los exámenes arrojados en el Servicio Médico Forense (Semefo) sobre la muerte de Bohon detectaron que sufrió un infarto antes de morir.

En ese caso, hay dos posibilidades: o que sufrió un infarto sentado en el helicóptero, lo cual hizo que su cuerpo cayera amarrado por una cuerda, o bien, que al ir cayendo le sobrevino el ataque cardiaco.

Cualquiera que pueda ser el desenlace, la fuerza en caída libre del copiloto en sobrepeso pudo desbalancear la aeronave. Y la falta de experiencia y pericia de Aldaz, completó la tragedia.

UN VIENTO DE ALERTAS

Otro elemento en contra para el piloto Aldaz fue que ese miércoles 22 de noviembre los vientos y el calor eran fuertes, factor de riesgo, aunque no para tumbar una aeronave por sí solos. Hasta 37 grados de calor y vientos hasta los 20 nudos.

El mismo día que se estrelló el Pegaso,  otra comunicación entre los pilotos y la Torre de Control del Aeropuerto de Tijuana, registró otra clave del accidente.

El piloto del vuelo 437 de Volaris tuvo dos aproximaciones frustradas, nombre que se le da a los aterrizajes que no se logran por las condiciones climatológicas.

El capitán mantuvo comunicación con la torre y radar de Tijuana: “Estamos en aproximación fallida, 1800 por 6  mil pies”

La torre de control le pide que “confirme de intenciones”. El piloto solicita autorización para una nueva aproximación: “No sé si se pueda hacer un intento a la pista…”. Y recibe respuesta: “Claro que sí, Volaris ¿Le podrá ser posible una aproximación visual por la derecha a la pista 09?”.

El piloto nuevamente fracasa y no puede descender tras haber cambiado de dirección en su aterrizaje (de Oeste a Este)

“Aproximación fallida, tenemos 17 nudos de cola al final, la velocidad, se nos fue bastante arriba, fue a casi 15 o 20 nudos. Una vez más aproximación fallida”, fue la explicación que quedó registrada.

Ante las maniobras, el piloto insiste por la frecuencia: “¿Me puede confirmar si va a haber más viento?”.

La Torre de Control advierte: “Es variable, capitán. Al parecer, hay dos equipos de medición, uno en la cabecera de la 27 y otro sobre la Torre de Control. Uno marca para la nueve y otro marca para la 27. Ascienda y mantenga 5 mil pies, vire hacia la derecha al rumbo 12-3-5, vectores al localizador, siga con esas instrucciones”



TRAUMATISMO Y CREMACIÓN

“Traumatismo craneoencefálico y carbonización de tejidos por exposición a fuego directo”, fue la causa de muerte de los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública  que cayeron con el helicóptero Pegaso.

El reporte preliminar del Semefo indica que al caer se golpearon, estaban por morir cuando se incendia el aparato, inconscientes, pero  inhalaron discretamente producto de la combustión, todo fue muy rápido, indicaron los legistas.

Ramón Escajadillo, responsable del Semefo en Tijuana,  detalló el resultado preliminar de las necropsias, porque hubo elementos que se mandaron analizar para tener un reporte conclusivo.

Del hombre delgado -Aldaz- explicaron sufrió un traumatismo craneoencefálico, un golpe menor en el área del pecho y el resto de sus cuerpo no presentaba hematomas (moretones).

EL CADÁVER SE LOCALIZÓ DENTRO DEL APARATO

En cuanto al hombre corpulento -Bohon- sufrió varias fracturas en la caída: traumatismo craneoencefálico, se fracturó costillas, la rótula del lado izquierdo, hueso de la nariz, parte del malar hizo hematoma en el cerebro, otro hematoma en el pulmón izquierdo y dos más en riñón e intestinos.

En el cuello había una marca sospechosa, pero se disecó para revisar y estaba limpio, algo lo tocó, pero no hubo forcejeo o estrangulamiento.

Encontraron que un área isquémica del corazón,  con enrojecimiento de 3×2 centímetros (área se remitió a otro laboratorio para un estudio más profundo), indica “que es muy probable que haya presentado un infarto de la cara anterior del ventrículo izquierdo”.

Consultado el tema del sobrepeso con los médicos, consideraron: “No era abrumador, ya ve que nuestra población tiene sobrepeso, medía alrededor de 1.84 metros y pesaba entre 120 y 130  kilos”.

El cadáver quedó tendido a un costado del helicóptero.

SIN EVIDENCIA BALÍSTICA EN ESCENA

Jorge Álvarez Mendoza, subprocurador de Zona Tijuana, declaró en conferencia que “tras el suceso, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por los hechos por el delito de homicidio culposo. Al lugar de los hechos se aproximó la Policía Ministerial para procesar la escena, y lo más importante es que en ese mismo momento contactamos a la Dirección Aeronáutica Civil, nos dará las pautas para el procesamiento, el levantamiento de los objetos y sobre todo en su momento determinar las causas del accidente”.

Contrario a algunas versiones ciudadanas, “no se encontró ninguna evidencia balística en la escena, más que las armas de cargo que traían los compañeros” y, cuestionado sobre la caja negra, respondió que las naves como el Pegaso no cuentan con una.

Sobre si hubo alguna comunicación entre el piloto y copiloto con la Central Aérea o Aeronáutica Civil, “toda esa información ya se pidió, la estamos proporcionando con Torre de Control y con el Aeropuerto sobre todas las comunicaciones que haya tenido antes del accidente o cuando despegó el helicóptero tiene que hacer las comunicaciones a la Torre de Control y al Aeropuerto, en su momento vamos a tener toda la información del movimiento que se tuvo”.

UN PILOTO CON ACTAS LEVANTADAS

Jesús Alfonso Aldaz Galaviz, egresado del Heroico Colegio Militar y piloto de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), ingresó como jefe de la unidad aérea de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en febrero de 2015 por instrucciones del entonces mando Omar Green.

Su arribo a la SSPM no fue acompañada de una evaluación certificada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Solo con el oficio y la instrucción firmado por Green.

Su llegada se dio luego de su despido como piloto del Centinela en Mexicali, razón por la cual presentó y ganó una millonaria demanda contra el Ayuntamiento de ese municipio.

No obstante, durante su corto tiempo en Tijuana, se levantaron actas ante la comandancia de la DGAC, uno de estos casos fue documentado por ZETA en 2016. El domingo 28 de agosto de ese año, el piloto, acompañado de otro adulto y dos niños, a quienes fotografió frente al Pegaso, abordó la nave para dar un paseo.

Los ingresos, salidas, así como las placas de los vehículos en que llegaron hasta el hangar donde estaba la aeronave, quedaron registrados no solo en bitácoras, también en cámaras de seguridad.

También quedó registrado el vuelo ante la autoridad aeroportuaria a través de la frecuencia de radio de las aeronaves. Mientras que la maniobra que hizo para elevarse es conocida como “despegue rodando” porque se hace a poca distancia del suelo, por lo que es de alto riesgo tanto para la aeronave como para las que se encuentran estacionadas y para la tripulación.

Otras quejas sobre el desempeño de Aldaz quedaron en Sindicatura a principios de 2017.

Nada de ello resultó en sanción aseguran algunos de sus compañeros, “debido a la protección de mandos policiacos, incluidos el propio ex secretario de Seguridad Pública, José Luis López Medina y el ex director de la Policía, Omar Green”.

En mayo de este año, se levantó una denuncia en su contra ante las autoridades federal y municipal para advertir de irregularidades en sus labores.

Bajo el número de folio 521477256, el texto remitido por otro piloto detalla sus preocupaciones respecto al manejo que se le daba a la aeronave, sobre todo las medidas de seguridad que eran ignoradas por Aldaz y actuaciones fuera de protocolo que resultan inadmisibles en aeronáutica.

“Se ha manejado mucho, lo he visto en algunos medios que -Aldaz- no tenía la preparación adecuada, pero para volar debes tener una licencia que te otorga la SCT y él era piloto de helicóptero”, defendió el secretario Marco Antonio Sotomayor.

 EL PEGASO, 19 AÑOS CON TIJUANA

El Pegaso se compró en 1998, cuando José Guadalupe Osuna Millán era presidente municipal de Tijuana. Se trataba de un Hughes MD-500 C del año 1978 y tuvo un costo de 365 mil dólares al momento de su adquisición por el Ayuntamiento.

Como se escribió en el reportaje “Pegaso sin alas”, publicado en 2013 en ZETA, a pesar de no ser un modelo reciente, la aeronave tenía la capacidad para llegar a velocidades más altas que helicópteros más modernos. Hasta 175 millas por hora, el equivalentes a 282 kilómetros por hora.

Incluso, era el mismo modelo utilizado por la Patrulla Fronteriza para sus labores de vigilancia y rescate, solo que el de Tijuana era más grande, amplio, de mayor rendimiento y con un motor más potente que el mismo modelo con el que cuenta.

Una de las ventajas del Pegaso es que podía despegar después de tres minutos de encendido y no esperar 10 minutos, como es el caso de otros modelos.

Durante más de una década, se utilizó para tareas de vigilancia, operativos policiacos, así como rescates terrestres y acuáticos de personas hasta que en diciembre de 2011 presentó una falla mecánica mientras volaba en la Zona Este de la ciudad.

El entonces mecánico de la aeronave apretó de más una manguera que alimentaba la turbina de aceite y provocó que el piloto Eduardo Sarquis Ruvalcaba realizara un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de la ciudad.

Después de casi tres años paralizado en el hangar del Gobierno del Estado, en noviembre de 2014, el Pegaso volvió a volar. A pesar de que Jorge Astiazarán, entonces alcalde, había declarado que buscaría comprar una unidad nueva, se invirtieron 280 mil dólares a la reparación del helicóptero.

De acuerdo con la versión de Marco Sotomayor, previo a su revisión de rutina realizada en este mes de noviembre, el Pegaso había volado por última vez  el 24 y 25 de septiembre, en la cobertura del evento de carreras de motos, autos y camiones Tijuana Score Desert Challenge 2017.

Después lo dejaron en tierra porque estaban por cumplirse las 100 horas de vuelo y se vencía la certificación, posteriormente  “se envió a mantenimiento a un taller certificado que está en el Aeropuerto de Tijuana, a través de un procedimiento de Oficialía Mayor, en ese mantenimiento me explicó el mecánico de la secretaria,  tienen que retirar alrededor del 40% de ciertas partes, se revisan, se engrasan se vuelven a instalar, se ponen sellos.

“Antes de que vuele, la DGAC tiene que certificar que el mantenimiento se haya dado de manera adecuada, el certificado -se entregó con fecha 21 de noviembre de 2017, con validez hasta el 12 de noviembre de 2019-,,como parte del proceso ellos revisan que el piloto tenga la licencia vigente, el seguro validado por la DGAC. Una vez que lo recibe la SSPM, nuestro mecánico revisa los trabajos que se hicieron en el taller certificado y valida”.

Después Aldaz realizó dos vuelos cortos de prueba en el aeropuerto para verificar que la potencia sea la correcta y que los rotores estén funcionado adecuadamente, y lo validó”, concluyó el funcionario.

 (Con información de Inés García Ramos)


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  ISAÍ LARA BERMÚDEZ Y ROSARIO MOSSO CASTRO/ LUNES, 27 NOVIEMBRE, 2017 12:00 PM)

CIUDADANOS “PRESOS”, DELINCUENTES LIBRES

El hacinamiento fue un tema que se debatió durante la administración del alcalde Pablo Alejo López Núñez, cuando se construyeron más de 50 mil viviendas, algunas de 35 m2. Residentes de la zona noroeste viven encarcelados por la inseguridad, defendiéndose de robos y narcomenudeo, relegados del gobierno que no presta servicios públicos eficientes; las autoridades municipales implementan operativos en la zona que no parecen ser suficientes para frenar la violencia

Ensenada.-  Mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) invierte miles de pesos en tapiar viviendas abandonadas que operan como “picaderos”, los consumidores de droga se burlan reabriendo con pico y palas esas mismas casas.

Como ejemplo, en el fraccionamiento Villas del Prado II, sobre la calle Paseo Pino Suárez, se encuentra una casa protegida como parte del programa “Procuraduría en tu Colonia”, en Ensenada, en el que han tapado una decena de propiedades en distintas zonas consideradas conflictivas, sin embargo, la autoridad no da seguimiento a las campañas.

“Esta casa la taparon porque dentro se la pasaban los malandros drogándose hasta que vinieron a cerrarla, pero después la gente la agarró de tiradero. Yo pago para que limpien, pero es imposible, hasta perros muertos me dejan”, denunció un vecino, quien vio la transformación de la propiedad que habitada a centro de vicio, cerrada por la policía y ahora convertida como basurero.

Este es un ejemplo del descuido, miseria, drogadicción e inseguridad en la que viven  familias de los fraccionamientos de interés social Villas del Prado, Villas del Cedro, El Roble y Encinos, quienes conviven con líderes del narcomenudeo.

“El delincuente anda libremente en las calles, se mete a las casas a pesar de que protegemos con rejas las ventanas, puertas y ponemos cercos; ponemos todo lo que encontramos para nuestra seguridad”, se quejó el señor Rubén, quien hace unos meses fue víctima de la delincuencia cuando entraron a robar a su casa y lo dejaron sin nada.

El común denominador entre los residentes entrevistados por Semanario ZETA en esa zona, es que llaman al 911 para pedir intervención de la Policía Municipal, pero “nunca llegan” o inspeccionan sin detenido.

Basta con recorrer los barrios para constatar la situación precaria, donde los residentes evidencian con seguridad en uno, otro y más supuestos, lugares considerados “tienditas”.

Pero las denuncias sobre la venta de la droga más consumida, que es la heroína, no son fáciles, sino que requieren de un procedimiento, “tenemos miedo, pero la policía sabe perfectamente dónde están ubicados”.

Durante una entrevista con la vecina del predio de la calle Ignacio Zaragoza, esquina con Pino Suárez, el mal olor que sale de los desechos amontonados en la vivienda tapiada y usada de nuevo como “picadero”, es insoportable.

“Nuestros hijos viven encerrados, no salen a jugar. Cerramos ventanas y puertas; vivimos muy mal”, describió la residente de Villas del Prado, quien aseguró que ha hecho llamadas a Servicios Públicos Municipales, pero le piden que haga la denuncia personalmente en Palacio Municipal.

MUNICIPALES DE ZONA NORTE HACEN LO QUE PUEDEN

Juan Francisco Chávez Ibarra, subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), reconoció que es una zona conflictiva e informó que han trabajando en la recuperación de espacios como parte de una campaña que emprendió esta administración, como por ejemplo el de “Sendero seguro”.

Explicó que se trata de mejorar el lugar por donde cruzan los niños para ir a la escuela, en el caso de las Villas del Prado hay un cañón entre el fraccionamiento y escuela, el cual fue rehabilitado para el tránsito de los menores.

Consideró que deben trabajar en coordinación con los vecinos, pues es una zona prioritaria donde la Base de Operaciones Mixtas (BOM) se concentra.

Defendió el trabajo realizado en la zona, en coordinación con la PEP, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde se ha logrado asegurar a personas con orden de aprehensión y que además traían consigo dosis de metanfetaminas.

“No vamos a bajar la guardia, sobre todo en las Villas del Prado, Villas del Sol, Colonia 89, Encinos, pero pedimos sensibilidad a los vecinos que trabajen con nosotros”, concluyó.

NI LOS OXXO QUIEREN ABRIR DE NOCHE

Las tiendas de conveniencia, que por lo general funcionan las 24 horas del día, en las Villas cierran a las 10:00 de la noche, debido a la cantidad de asaltos a mano armada que se registran en los negocios.

El martirio que viven  los habitantes de El Roble se extiende hasta el amanecer. No hay descanso y es en la madrugada cuando más ruido se escucha: “rechifla, música, gritos, peleas, disparos; es el pan de cada noche”, señalan los vecinos.

“Las familias vivimos encarceladas por indiscriminados asentamientos de tienditas de ICE que provoca delincuencia y robos a casa habitación, mientras que las autoridades los dejan trabajar impunemente a todas horas”, se quejó una habitante.

Otro caso de una madre soltera con dos menores platicó, mientras señalaba los montones de desechos que todos los días amanecen en su patio, “tengo que tener todo cerrado por mis hijos”.

Además, “aquí hay mucho malandro y hay que aprender a vivir con eso, tan solo anoche, cuando iba a trabajar, dos tipos me iban a asaltar en la puerta de mi casa, pero me llegó el taxi, se bajó y los corrió”, respondió la mujer que labora desde las 04:00 de la mañana en una empresa maquiladora, como muchas otras vecinas de la zona.

Ella sale por la mañana y ve a la gente drogándose.  “Aquí en la mañana están los muchachos con el foco, eso es de uno; el olor a mariguana es algo cotidiano. La verdad, uno aprende a vivir con eso, aunque mi infancia no haya sido así”, recordó.

“Antes podías salir a la calle, aquí ya no se puede, es una correteadera de malandros, no queda de otra que vivir dentro”.

LA PEP TIENE MAYOR PRESENCIA

El pasado miércoles 1 de noviembre, precisamente en la Avenida Guadalupe Victoria de Villas del Prado, un hombre que estaba bajo los influjos de la droga, con tres armas en su poder, se atrincheró dentro de su vivienda y desde ahí amenazaba con matar a su esposa e hijo, para después suicidarse. La Policía Estatal Preventiva (PEP) implementó un operativo para rescatar primero al menor y después a la mujer.

Se trata de Joel “N”, de 39 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco, quien por voluntad propia entregó a la autoridad las siguientes armas: un revólver calibre .357 milímetros, un arma corta calibre 9 milímetros, tres cartuchos 9 milímetros, así como un cargador con nueve cartuchos .357 milímetros.

Tan solo en octubre hubo al menos diez detenciones en esa zona, por parte de la policía estatal, todos portaban armas, a los que también se les atribuyeron cargos de robo equiparado y droga.

IP HIZO MILLONES CON CASAS DE INTERÉS

Durante 2017 se han registrado cinco homicidios con arma de fuego en la zona de Villas del Roble, Villas del Prado y Libramiento. Según Estadísticas del Consejo Ciudadanos de Seguridad Pública del Estado (CCSPE), la zona norte es un foco rojo donde hay todo tipo de robos a casa habitación, comercio y vehículo, con y sin violencia.

Antecedentes periodísticos de comunidades refieren que en 2007 iniciaron los planes para la construcción de al menos 50 mil nichos habitacionales de interés social en la zona Noroeste y Sur del municipio, todos desarrollados por empresarios desarrolladores.

Pero los altos costos de las casas, sumado a los intereses por parte del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), provocaron que un alto porcentaje de éstas no se terminaran de pagar, las deshabitaron y ahora son un peligro.

Los fraccionamientos no están debidamente entregados al Ayuntamiento, por lo que el servicio público es deficiente, sobre todo porque no hay áreas de esparcimiento. El hacinamiento fue un tema que se debatió en el gobierno del alcalde Pablo Alejo López Núñez, por las consecuencias sociales y para esto no hay fianza que valga.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS /LUNES, 27 NOVIEMBRE, 2017 12:00 PM)

MEXICALI, SUPERADO POR ROBOS VIOLENTOS; INCREMENTAN HASTA UN 25%

El primer año de administración de Gustavo Sánchez Vásquez registró un aumento en robos con violencia prácticamente en todas las modalidades -salvo en los bancarios- que va del 10 al 25 por ciento. Diversos factores son atribuidos a este incremento, pero para el CCSP son dos factores principales: las adicciones y la holgada justicia para adolescentes

Un incremento generalizado en robos con violencia se registró durante el primer año de la administración del alcalde Gustavo Sánchez Vásquez en Mexicali, el cual es atribuible -según las propias autoridades- a múltiples factores que van desde los ajustes al interior de la corporación municipal, el incremento en las adicciones y las holgadas penas para adolescentes que han focalizado sus acciones a este delito en particular.

El problema ha sobrepasado la capacidad gubernamental, toda vez que de los 14 mil 327 robos denunciados formalmente en el municipio, solo se han consignado 2 mil 553 personas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de los cuales mil 954 han sido judicializados.

Es decir  se detiene solo a una séptima parte de los criminales que cometen hurtos, pero cuando logran la captura, los números son un poco más benévolos.

Para atender estos delitos, la PGJE cuenta con una veintena de agentes del Ministerio Público, pero requeriría por lo menos un 50 por ciento más para poder trabajar de forma eficiente, además, que tanto policías municipales como ministeriales se encuentran en déficit operativo, pues necesitan más agentes para cubrir la ciudad.

La procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra, reconoce que aunque el homicidio es el crimen de mayor impacto social, el robo en todas sus modalidades representa un problema aún mayor, pues es el que mayor incidencia registra en Baja California.

La PGJE identifica como su dolor de cabeza al sector comercial, pues tres cuartas partes de los atracos cometidos son a este sector, y la mitad de ellos se da en contra de sucursales de establecimientos Oxxo, lo cual es delincuencia de muy bajo nivel.

EL DESASTROSO INICIO DEL AÑO

El director de la Policía, Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, regresó a Mexicali con el objetivo de contrarrestar la delincuencia. Siendo un funcionario experimentado y con buenas credenciales ante diversos sectores, tomó las riendas de una administración que se parecía poco a la que dejó en 2010.

Sin embargo, la falta de equipo, cámaras inoperantes, patrullas, el abandono en muchos sectores, además del estallido social registrado por el incremento a la gasolina y la Ley del Agua, complicó de sobremanera el inicio del año, al grado que, según sus estimaciones, la incidencia delictiva en el tema de robos aumentó en un 50% en los primeros cuatro meses de su gestión.

De hecho, el mes de marzo registró 513 robos con violencia en todas sus modalidades, es decir, 17 atracos diarios, poco menos de uno por hora; fue el mes con más incidencia de la historia de Mexicali.

Sin embargo, las acciones preventivas, el cambio de estrategia, adquisición de equipo y el ajuste en algunas zonas, lograron contrarrestar de manera considerable la tendencia que se mantenía desde los últimos meses de la administración de Jaime Díaz. Hoy se presume que el robo con violencia se encuentra solo un 10% arriba del año pasado.

El subprocurador Fernando Ramírez Amador atribuye la mejoría a la coordinación de las dependencias para poder desarticular 18 bandas dedicadas al robo en todas sus modalidades, una de ellas, quizá la más importante, la de un grupo delictivo apodado “Los Silverados”, que robaba alrededor de 15 automóviles por semana, lo que favoreció al descenso en la incidencia a partir del mes de mayo en ese tema.

Méndez Manuell-Gómez aseveró que una de las medidas más importantes que redujo la incidencia delictiva es la activación de estaciones de Policía más cercanas, tal y como fue la que se abrió en el fraccionamiento Valle de Puebla, lo que de acuerdo con sus estimaciones, redujo los reportes criminales de la zona en un 70%.

Pese a ello se estima que cerrarán el año con 4 mil 100 atracos en Mexicali, lo que representaría la incidencia más alta desde 2014.

COMERCIOS, EL ETERNO PROBLEMA

Desde 2012, Mexicali ha encabezado la lista de robos con violencia a comercio a nivel nacional; solo en 2017 parece que cerrará en el segundo sitio, debido al desproporcionado incremento registrado en Tijuana.

Y es que en el presente año se denunciaron 2 mil 015 atracos a negocios establecidos, y según Ramírez Amador, la mitad de ellos en agravio de las 400 sucursales de Oxxo, lo que significa que en promedio se les asalta entre dos o tres veces por año a cada inmueble.

La cifra sobrepasa la del año pasado, que para octubre contabilizaba mil 610 atracos, cerrando con 2 mil 167, la cual será superada fácilmente. El incremento sería aproximadamente del 25% en ese rubro.

Ramírez Amador y Ulises Méndez coinciden en que es complicado combatir este tipo de delitos, ya que ocurren dentro de las colonias y son los mismos residentes quienes los cometen. Además, indicaron que la mayoría de ellos son de cuantías menores, e incluso se trata de delincuentes que roban dulces y Gansitos, pero que al utilizar un arma de fuego o una punta, se tipifican automáticamente como robos con violencia.

El director de la Policía aseveró que estas acciones no pueden ser atribuidas a “bandas organizadas”, ya que son adictos que perpetran crímenes para obtener una dosis de droga.

El subprocurador dijo que solo un pequeño porcentaje son llevados a cabo por agrupaciones delictivas organizadas, plenamente identificadas, pero debido a que son originarios de otras entidades y solo vienen a Mexicali para cometer el atraco, ha sido difícil dar con ellos.

MÁS ROBOS

Esto no quiere decir que los mexicalenses padezcan el único problema, pues los atracos cometidos en vía pública, casa habitación, de vehículos, entre otros, han registrado un incremento entre el 10 y 12%, cuya constante se mantiene desde 2015.

En robos de vehículo con violencia se reportaron 320 durante 2017, es decir, 10% más que el año anterior, que indicó 288; el atraco a casa habitación pasó de 127 en 2016 a 140 en el presente periodo; y los ocurridos en vía pública van de 845 a 955, es decir, más de 100 crímenes más de este tipo en el periodo que comprende de enero a octubre.

Agregando el apartado de “Otros” -del que no es especifican detalles- y los bancos, este año se contabilizaron 3 mil 659 hurtos violentos, de los más de 19 mil robos cometidos este año.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) Alejandro Vázquez Valadez, refirió que las cifras no son muy confiables, ya que sus estimaciones indican que en Mexicali la cifra negra rondaría el 35%.

Agregó que estos datos se  judicializan, pero no se capturan.

El subprocurador dio cifras amigables sobre el proceso judicial y la armonía casi total que existe entre el Poder Judicial y la PGJE, pues a diferencia de Tijuana, donde hay severos conflictos por los criterios, en Mexicali la mayoría de los jueces han entendido que otorgar criterios de oportunidad a asaltantes no es benéfico para la ciudadanía.

Aun así, existen excepciones como la de una juez que liberó a dos ladrones debido a que el Ministerio Público no se encontraba en la audiencia; horas después se supo que los fiscales no fueron debidamente notificados.

Ramírez Amador señaló que tienen los mejores resultados de toda la entidad en cuanto a atención a robos, pues más del 90% de los detenidos logran ser vinculados a proceso, además, este año tienen una cifra récord en prisiones preventivas. Sin embargo, por lo menos el 30% de los detenidos por robos reinciden.

Recordó que es sumamente complicado combatir los robos con violencia en menor escala, ya que se dan dentro de las comunidades y un gran porcentaje de las detenciones no es en flagrancia, por lo que deben generar expedientes para solicitar las órdenes de aprehensión.

Vázquez Valadez refirió que si bien no pueden ser organizaciones definidas, existen acuerdos entre integrantes de pandillas e incluso familias que cometen los crímenes.

Han detectado a bandas que operan con sus hijos, quienes mandan mensajes a sus padres para advertir que la casa se quedó sola o que alguna persona realizó un retiro grande de efectivo.

Incluso familias fingen ser propietarias de una casa para vaciarla, lo cual ya es considerado una organización, solo que no definida y estructurada. Ejemplo de ello, lo ocurrido en el robo a la vivienda del senador Víctor Hermosillo, donde los criminales ingresaron y hurtaron un monto aún no definido, ya que el panista no ha rendido su declaración ante la PGJE; como este han ocurrido por lo menos tres robos en zonas residenciales con vigilancia.

Por su parte, Ulises Méndez Manuell-Gómez argumentó que conforme han pasado los meses la estrategia se ha afinado y han presentado mejores resultados contra los criminales, además, han emprendido campañas sociales y de vinculación ciudadana para tener mejores datos sobre las principales afectaciones en las comunidades.

PIDE CCSP SANCIONES A ADOLESCENTES INFRACTORES Y ADICTOS

Las  instituciones coincidieron que es urgente atender el tema de los menores, pero el más enérgico fue el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), que a través de Alejandro Vázquez Valadez, presidente en Mexicali, exigió no solo penas más altas, sino sanciones administrativas ejemplares.

Para el empresario, a partir de las reformas a la Ley de Adolescentes, la incidencia delictiva en delitos del fuero común, en específico los robos, aumentaron de forma considerable, por lo que es necesario replantear el tema a nivel federal y reforzar los reglamentos municipales para castigar de una forma más severa.

De acuerdo con sus estimaciones, la intervención de menores en delitos incrementó un 70%, lo que impactó directamente en los crímenes, ya que los adultos que los orillan a cometerlos, saben que por ser menores de edad no pasarán mucho tiempo en prisión y no quedarán marcados con un antecedente penal.

Aunado a que existe el problema de las adicciones a las drogas, que también afecta a los adolescentes, por lo que si no se tienen políticas públicas que combatan las adicciones, difícilmente podrán solucionar este problema que ha crecido cada año como una bola de nieve.

Tanto el titular de la Policía como el subprocurador de la PGJE, coincidieron en este tema y lo posicionaron como uno de los principales en las afectaciones de la incidencia delictiva.

Por su parte, Ulises Méndez afirmó que el 75% de los crímenes en Mexicali son cometidos por adictos, mientras que Ramírez Amador indicó que las áreas del Sector Salud deben intervenir de forma más activa en el tema.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 27 NOVIEMBRE, 2017 12:00 PM)

SOLICITA “EL PATAS” JUICIO POLÍTICO CONTRA ASTIAZARÁN; “UNA CORTINA DE HUMO PARA JUSTIFICAR SU INEFICIENCIA”, RESPONDE EX ALCALDE

La mañana de este miércoles 29 de noviembre, la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, representada por la Síndico Procuradora Ana Marcela Guzmán Malverde y el Consejero Jurídico, Leonardo Martínez, presentó ante Congreso del Estado una solicitud de juicio político en contra de su antecesor, Jorge Astiazarán Orcí.

Sin más detalles, los cuales se anunciarán por los funcionarios del XXII Ayuntamiento en una conferencia de prensa a efectuarse en Tijuana este mismo día, la petición de juicio político se requirió demandando la inhabilitación del ex alcalde, quién actualmente no sustenta ningún cargo público.

Al respecto, el ex presidente municipal de Tijuana, Jorge Astiazarán expuso a ZETA “De seguro es una cortina de humo para justificar la ineficiencia e ineficacia de la actual administración en todos los temas torales que afectan a los tijuanenses”.

Esta es la segunda inhabilitación que la Síndico Procurado intenta contra funcionarios del XXI Ayuntamiento de Tijuana, anteriormente busco, sin éxito, inhabilitar a Carlos Mejía, quien fungió como Secretario de Gobierno Municipal al final del trienio del Dr. Astiazarán.

Mejía López, abogado de profesión, se defendió a sí mismo, logrando revertir la pretensión de Guzmán Malverde, presentando una queja en contra del actual de la funcionaria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo –TCA-, instancia que el 6 de noviembre ordenó a la síndico procuradora dejar sin efecto la suspensión ordenada contra el ex secretario de Gobierno. Se prevé que para febrero de 2018 el TCA resuelva en definitiva este caso.

Entrevistado sobre la solicitud de juicio político contra Jorge Astiazarán, Carlos Mejía subrayó que para él sería “un alto honor” ser uno de los abogados que legalmente lo representen y tener la oportunidad de revisar el expediente en el que Marcela Guzmán basó tal requerimiento “el que seguramente tendrá muchas inconsistencias”, adelantó.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ISABEL MERCADO/ MIÉRCOLES, 29 NOVIEMBRE, 2017 02:14 PM)

DETIENEN A PRESUNTO VIOLADOR DE NIÑAS EN CIUDAD JUÁREZ

Violador niñas Ciudad Juáreza Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó la tarde de este miércoles la captura de Elías A.H., presunto atacante de tres hermanas menores de edad, a dos de las cuales violó y a una más asesinó.

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó la tarde de este miércoles la captura de Elías A.H., presunto violador y atacante de tres hermanas menores de edad, a dos de las cuales agredió sexualmente y a una más asesinó, el pasado 22 de noviembre.

La corporación de la ciudad fronteriza, que identificó al sujeto como un “violador serial”, señaló que el agresor fue aprehendido en la calle Cerro de Colima, en la Colonia Lomas de San José, al sur de Cd. Juárez, y llevado a la estación policíaca del Distrito Universidad, en el Eje Vial Juan Gabriel.

Ricardo Realivázquez Domínguez, titular de la SSPM, informó que el hombre fue detenido luego que intentó cometer otra violación. Fue detenido, a pesar de que se había dado a la fuga, brincando paredes y techos.

Al ser arrestado, cambió su nombre por el de Marco Domínguez. Sin embargo, los agentes municipales se percataron de que los rasgos físicos y los tatuajes coincidían con la descripción del atacante de las hermanas.

El Secretario de Seguridad Pública municipal señaló, que, de acuerdo con información intercambiada con la Fiscalía General del Estado, Elías A.H. cuenta con más carpetas de investigación integradas en su contra, sin embargo, se le detuvo por intento de violación.

Realivázquez Domínguez también informó que el detenido será llevado a un hospital, debido a que se ha quejado de problemas de salud. En el trayecto a la estación policíaca, el sujeto dijo haber sido golpeado por los agentes municipales.

Hace una semana, el presunto delincuente ingresó a un domicilio de la calle Toros, en la Colonia Ampliación Felipe Ángeles, en el norponiente de Ciudad Juárez. Allí violó a dos hermanas de 10 y 11 años de edad, mientras que otra menor, de 12 años, murió asfixiada por estrangulamiento.

El hermano de las menores aseguró que acababa de llegar de trabajar cuando las encontró desnudas, y a dos de ellas inconscientes. Según informes preliminares, las víctimas se encontraban solas debido a que sus padres laboran de noche.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  CARLOS ÁLVAREZ/  MIÉRCOLES, 29 NOVIEMBRE, 2017 05:27 PM)

LA DELGADA LÍNEA ENTRE LA POLÍTICA Y EL NARCO

En la semana, un alcalde electo fue ejecutado por numerosos hombres tras irrumpir su casa; en otro, un alcalde fue secuestrado y golpeado; en Iguala, la esposa del presidente fue despojada de su camioneta, dinero y celulares por un grupo armado. En los últimos dos meses se registraron cuatro homicidios a presidentes municipales. La política y la violencia de la mano

En México, algunos políticos son blancos de la delincuencia; otros son parte de ella…

Santana Cruz Bahena era un hombre, de 48 años de edad, de sombrero y botas, siempre. Sería el próximo presidente municipal de Hidalgotitlán, un pequeño pueblo en Veracruz de no más de 22 mil habitantes.

Hidalgotitlán es un pueblo perdido en el sur del Estado que gobierna el panista Miguel Ángel Yunes. Su territorio no supera los dos kilómetros cuadrados, colinda con el río Coatzacoalcos al igual que Minatitlán, su municipio vecino más cercanos está a unos 80 minutos en auto.

La zona donde se localizan estos municipios aparece en el mapa de la historia gracias a una matanza en 1985, cuando de madrugada un convoy de policías judiciales federales, estatales y municipales, presuntamente arribaron para incautar uno de los cargamentos más grandes de la época.

Al regreso, 22 agentes fueron detenidos y masacrados por órdenes de Abelardo Sánchez Alcaraz, conocido como “Güero Pólvora”, quien sigue preso en un penal de máxima seguridad.

El caso es que la zona rural de Minatitlán que colinda con Hidalgotitlán, Uxpanapa Jesús Carranza y hasta Las Choapas, es un paraíso para la siembra de marihuana, amapola y por lo tanto, los grupos del crimen organizado.

En los últimos años se ha sembrado la presencia de grupos “autodefensas”; aunque han sido negados por la autoridad, en agosto de 2016, estos cuidadores comunitarios se enfrentaron contra varios secuestradores que habían plagiado a una madre junto a su recién nacido en el Uxpanapa. Las autodefensas rescataron a la víctima y acribillaron a los delincuentes.

Un caldo de cultivo para la violencia, más aún porque en la región, además de la ganadería y a la agricultura, se cocina el narcotráfico y robo de combustible.

Justamente a Santana Cruz, alcalde electo asesinado junto con sus tres escoltas, le acusó en la campaña de 2016 de haber ganado gracias a la repartición de gasolina a todo el poblado. Quien lo acusó públicamente fue el Partido que hace unos años lo había llevado al gobierno municipal (de 2011 a 2013), el PRI.

Los señalamientos populares y públicos eran que el político pertenecía a una banda de “huachicoleros”.

Los primeros datos del crimen cuentan que a las tres de la tarde, del pasado lunes 20 de noviembre, decenas de hombres sitiaron la vivienda del alcalde electo, ahora con su nuevo partido, el de Nueva Alianza, y luego abrieron fuego, asesinándolo junto a sus tres escoltas en pleno centro de la ciudad. El cuerpo de Cruz Bahena quedó expuesto a la decena de curiosos.

La policía municipal llegó al lugar. No hubo enfrentamiento. Reporteros consultados por ZETA advierten que en la zona ni el Ejército tiene presencia. Por ello, la Fiscalía General del Estado anunció que investigará al cuerpo policiaco local por la “omisión” ante el crimen.

“Lamento mucho la muerte de Santana Cruz Bahena, quien fue privado de la vida por un grupo delictivo. Se hará justicia. Mi afecto a su estimada familia, amigos y compañeros de Nueva Alianza”, este fue el mensaje del gobernador Yunes por medio de un Tuit.

Hasta el momento, dos versiones sobre el homicidio se fortalecen, la primera es precisamente la participación de quien tomaría protesta el próximo primero de enero en la actividad ilícita del robo de gasolina.

Y dos, la intervención de las “autodefensas de Uxpanapa” junto a la enemistad pública que mantenía con el actual presidente municipal, Octavio Omar López Castillejos.

UN ALCALDE SECUESTRADO

Fue una semana violenta para los políticos. A unas 24 horas y 250 kilómetros del crimen del lunes, en San Lucas Ojitlán, Oaxaca, se registró otra agresión.

Al menos medio centenar de simpatizantes del regidor Ciro Silva del Movimiento Ciudadano, secuestraron a su primer edil, Porfirio Ortiz Córdova junto a su esposa. De hecho, el cuñado del presidente municipal fue dejado ensangrentado al momento de que intentó evitar el hecho.

Porfirio Ortiz y su esposa viajaban en una camioneta cuando fueron interceptados. A decir, de los acompañantes, entre los atacantes se identificó a Eduardo Ortega, hijo de la tesorera Cristina Ortega Feliciano y al propio regidor.

Porfirio Ortiz Córdova, de quien aún se desconoce su estado de salud, ha tenido que librar semanas de persecución por parte de pobladores, que al igual que los ediles, exige su renuncia.

Los regidores del pueblo lo acusan de malos manejos e enriquecimiento ilícito, particularmente luego de que en julio pasado se descubriera una construcción de una mansión, propiedad del alcalde, la cual se ha erigido con materiales facturados a las arcas municipales.

LA PRIMERA DAMA DESPOJADA

Otro acto violento hacia la clase política sucedió en Iguala Guerrero. El 22 de noviembre, la esposa del priista Herón Delgado Castañeda fue detenida a bordo de su camioneta por un grupo armado.

Myriam Mayela Martínez Díaz, primera dama, fue despojada de su vehículo, dinero y sus celulares junto a sus acompañantes.

El atraco sucedió en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, lugar donde fue abandonada con sus dos asistentes.

Herón Delgado Castañeda tomó protesta como alcalde desde octubre de 2016, cuando el entonces presidente municipal, Esteban Albarrán, solicitó licencia para incorporarse al senado de la República, supliendo a René Juárez Cisneros, quien a su vez se convirtió en subsecretario de la Secretaría de Gobernación.

Parecen lejanas la palabras del alcalde en su toma de protesta, donde aseguró “No tengo nade que temerle a nadie en Iguala”.


(SEMANARIO ZETA/ ZOOM POLÍTICO / ISAÍ LARA BERMÚDEZ /LUNES, 27 NOVIEMBRE, 2017 12:00 PM)