OMBUDSMAN ABATIDO POR EL NARCO

Dos son las hipótesis sobre el asesinato de Silvestre de la Toba y su hijo Fernando: producto de su labor como defensor de los derechos humanos, y un ataque del narcotráfico a las instituciones, “un desafío a las autoridades”, comentó un militar. La estrategia del General Salvador Cienfuegos de blindar La Paz y Los Cabos con mandos militares ha sido fallida, al tiempo que los criminales organizados se apoderan de las calles y avenidas, sembrando terror con los asesinatos y las narcomantas donde alertan de la violencia que traen tras de sí. Noviembre ha sido el mes más sangriento para BCS: 89 asesinados, 28 durante “El Buen Fin”, que terminó sangriento

El día que lo mataron, Silvestre de la Toba Camacho había salido de su casa en compañía de dos de sus tres hijos y su esposa para despistar a esta última, quien cumplía años y le preparaba una fiesta sorpresa.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur fue asesinado en una emboscada en la cual perdió la vida también su hijo Fernando, mientras su esposa,

Silvia Lucero Castro, quedó gravemente herida, y su hija Silvia María salvó la vida de milagro, cuando una bala atravesó su cuerpo a dos escasos centímetros de su corazón.

Al defensor de los derechos humanos de los sudcalifornianos lo alcanzó la ola de violencia que azota al país, y que en lo que va de 2017 ha dejado 493 ejecutados en Baja California Sur; 409 durante los primeros diez meses, 89 solo en noviembre.

Silvestre de la Toba, un hombre de bien, apreciado en el sector de los Derechos Humanos por su calidez y compromiso social, fue abatido a tiros a mitad de la zona más concurrida de la ciudad, a 100 metros del Ayuntamiento de La Paz, a escasos 20 metros de la plaza comercial y casinos, así como a 5 metros de una parada de camiones que estaba a tope.

Tres instituciones realizan investigaciones sobre el asesinato: Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Procuraduría General de la República (PGR) y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Aun cuando las investigaciones inician, de un hecho parecen no tener duda las autoridades: miembros del narcotráfico abatieron al defensor de los derechos humanos.

Las líneas de investigación apuntan al Cártel de Sinaloa en dos hipótesis:

Atentado por una labor concerniente a la protección y defensa de los derechos humanos que realizaba De la Toba.

Ataque a las instituciones del Estado con base en el terrorismo del narcotráfico.

De la primera de manera extraoficial se ha mencionado la probabilidad de que en su calidad de ombudsman, Silvestre de la Toba habría negado conceder medidas cautelares para la protección de un criminal ligado al narcotráfico, detenido de manera irregular.

Autoridades del Estado no descartaron esa línea, pero aseguran que en la investigación en la PGJE aún no hay conclusiones al respecto.

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos exigió en concordancia “se incluya en sus líneas de investigación, la labor que realizaba a favor de la defensa y protección de los derechos humanos, en la respectiva entidad federativa. En momentos en los que la inseguridad, la impunidad y la corrupción prevalecen…”.

De la segunda hipótesis, los días posteriores al asesinato de Silvestre y Fernando de la Toba, circuló un narcomensaje que a la letra refería:

“SR DEL GOBIERNO YA ESTA MAS QUE DEMOSTRADO QUE ESTAMOS TRABAJANDO EN LA LIMPIA DE TODO QUE NOS ESTORBA ASI QUE ALINIESE O CORRERAN LA SUERTE DE MINISTERIAL Y DE SILVESTRE Y SU FAM…. ATTE LOS TEGORIPEÑOS Y GUZMANES”.

En la firma se refiere al gentilicio dado a las personas nacidas en Tegoripa, un poblado de apenas 278 habitantes, situado en el municipio de Badiraguato en el Estado de Sinaloa, a su vez, lugar de nacimiento de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a quien seguirían criminalmente los apodados “Guzmanes”, como también son conocidos los hijos del capo extraditado a Estados Unidos.

Las escisiones en el Cártel de Sinaloa han afectado gravemente la seguridad de Baja California Sur, La Paz y Los Cabos se han convertido en campos de batalla entre quienes pretenden tomar el poderío de la organización criminal tras la detención de “El Chapo”, los hijos de este, aquellos que se cobijan bajo el ala delincuencial de Ismael “El Mayo” Zambada, las reminiscencias de los Dámaso López, enfrentados todos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

EL ASESINATO DEL OMBUDSMAN SUDCALIFORNIANO

“Apenas iban a ser las siete de la tarde. Yo me disponía a tomar mi pesero cuando veo venir una camioneta blanca y una gris, la blanca se le empareja y andando abre sus puertas y comienza a disparar (suelta llanto), es terrible ver y recordar ese episodio, el mismo episodio le da vueltas a mi cabeza, yo veía cómo se movían las personas ahí adentro, era terrible”, comentó una de las testigos que se encontraba en la parada de camiones aledaña a la escena del crimen de Silvestre de la Toba, el cual, de acuerdo con imágenes no reveladas por parte de la PGJE, se dio de la siguiente manera:

La camioneta de De la Toba y su familia circulaba en dirección al sur de la ciudad cuando una camioneta tipo Nitro de color blanco se le emparejó, los ocupantes abrieron las puertas y sacaron los rifles, enfilando hacia la unidad de De la Toba y descargando ráfagas contra la humanidad  de los ocupantes de la camioneta gris; prácticamente muerto el conductor, la unidad siguió en marcha hasta estrellarse contra la barda de un casino localizado en la inmediación.

Los sicarios huyeron en la camioneta blanca con dirección al sur de la ciudad, tomaron la Avenida Forjadores hasta la colonia 8 de Octubre, los investigadores del Estado estiman que pudieron haber tomado el Libramiento Santiago Oceguera para dirigirse a zonas como Jardines del Sur, 8 de Octubre Primera Sección, Agua Escondida y alrededores.

Cinco horas y media después del asesinato, a las 12:27 am del martes 21 de noviembre, elementos policiacos localizaron la camioneta blanca desde la que balearon el vehículo del ombudsman, la cual estaba en llamas en el mismo Libramiento. La incendiaron los asesinos.

“Queda claro que es el vehículo en que viajaban los agresores, en el lugar encontramos un galón de esos que se utilizan para compras de agua purificada que le dicen ‘de cuatro litros’, con olor a combustible, por lo que entendemos que para encender la unidad se utilizó un acelerador”, refirió de manera extraoficial un agente de investigación de la Policía Ministerial.

Mientras que en la PGJE se mantienen sin confirmar si se trata o no del mismo vehículo desde el cual dispararon a De la Toba Camacho y su familia: “Efectivamente hay una camioneta que amaneció incendiada, y que la aseguró la Procuraduría para los análisis correspondientes y los dictámenes y revisiones que tengamos que hacer, una vez que tengamos mayores elementos del vehículo, de la participación y la peritación de este vehículo, podríamos estar en condiciones de declarar si es la misma o es un vehículo parecido”, informó el procurador Erasmo Palemón Alamilla Villeda.

Momentos previos al asesinato, según datos brindados por agentes de investigación adscritos al Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, el occiso y su familia se encontraban en la plaza comercial Soriana La Paz, a escasos metros de donde ocurrió el atentado.

De la Toba, esposa e hijos fueron vistos en tiendas departamentales de la plaza aquel lunes 20 de noviembre, último día del denominado “Buen Fin”.

Investigadores suponen que para esos momentos, De la Toba ya era seguido por sus asesinos, quienes lo esperaron en la zona de estacionamiento a su salida del centro comercial.

Al abandonar la plaza, Silvestre -que conducía la camioneta familiar – se incorporó al tráfico vehicular en Forjadores y alcanzó a cruzar el semáforo en la Colosio, en ese momento los sicarios, a bordo de la camioneta color blanco, se emparejaron. Tuvieron suficiente tiempo para ubicar a sus víctimas, cargar sus armas y dar alcance a la familia.

Otro testigo de la emboscada mortal narró a ZETA: “Vi cómo la camioneta deslizó sus puertas y sin bajarse, esos hombres abrieron fuego contra la familia. Fue una agresión directa a ellos, no fue un fuego cruzado, esas personas dispararon directo a ellos”.

Silvia, la esposa de Silvestre, recibió por lo menos dos balazos y un número no determinado de esquirlas impactaron en diferentes partes de su cuerpo. El martes fue intervenida quirúrgicamente, y por la noche estuvo en condiciones de comunicarse con familiares y amigos; Silvia María, hija del ombudsman, fue ingresada con tres impactos de bala, uno en tórax, uno más en la cara anterior del octavo espacio intercostal y otro en el miembro superior izquierdo, sin orificio de salida.

El asesinato del funcionario es un crimen de alto impacto que ha tenido resonancia nacional, dada la labor de Silvestre de la Toba y que por primera vez, el narcotráfico ataca a una institución de protección y defensa de los derechos humanos.

El jueves 23 de noviembre, el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad, entre estos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se apersonaron en La Paz, Baja California Sur. A su vez, el comisionado nacional para los Derechos Humanos habría reunido a los defensores de los derechos humanos del país en la Ciudad de México.

En efecto, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, expresó su descontento ante la inoperancia de los gobiernos de los tres órdenes para “prevenir la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”, a lo que agregó que los esfuerzos “han sido insuficientes” y, debido a la apatía e indiferencia, ha generado que aumenten las agresiones contra los defensores civiles y públicos, recalcando que Silvestre de la Toba es el primer defensor público en ser privado de la vida.

Como es su costumbre, el Ejecutivo nacional hizo uso de las redes sociales para informar que “el Gobierno de México respalda la valiosa labor de los ombudsman del país. La Procuraduría General de la República apoyará a la PGJE en la investigación del condenable ataque a Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la CEDH de BCS, y a su familia. Mis condolencias para sus seres queridos”, fueron las palabras de Peña Nieto.

LAS HIPÓTESIS DEL CRIMEN

“Ya tenemos un resultado preliminar de balística, nos refiere que dos de las armas que se utilizan ahí (en el ataque a la familia de la Toba), una de ellas participó en diversos eventos, donde a su vez hay otra arma que se relaciona con el aseguramiento de tres personas que ocurrió en La Paz el lunes 13 de noviembre, y de los cuales dimos una rueda de prensa que habían sido detenidos por homicidio calificado y robo”, adelantó el procurador general de Justicia de Baja California Sur, Erasmo Palemón Alamilla, respecto a los tres detenidos en las calles de Torre Iglesias entre Revolución y Madero de la colonia Esterito en La Paz, a quienes se les aseguró un vehículo Nissan Versa azul y un arma 9 milímetros.

Silvestre de la Toba Camacho y su familia sufrieron un atentado, el Presidente de la CEDH y su hijo perdieron la vida, su esposa e hija resultaron lesionadas.

“Todo parece indicar que estos presuntos sicarios tuvieron participación y dejaron personas sin vida, ejecutaron y colocaron narcomensajes a un lado de sus víctimas, antes del homicidio de esta persona”, dijo un miembro del Grupo de Coordinación.

La misma noche en que fue privado de la vida Silvestre de la Toba, hora y media después, a las 8:25 pm, fue encontrada sin vida y atado de manos una persona del sexo masculino en las calles Guadalupe Victoria, entre Aquiles Serdán y Guillermo Prieto, Colonia Esterito.

Junto al cuerpo se encontraba un narcomensaje en una cartulina de color verde fluorescente, con el mismo mensaje que ha aparecido en los últimos dos meses y que hace alusión a la llegada de “Los Guzmán”, “Los Tegoripeños”, “El Güero Layo”, “Jaime Acosta” o “Los Dámaso”.

“Podría tratarse de una respuesta por parte de grupos criminales en pugna, la respuesta de ‘Los Violentos’, como les llamó el gobernador en su Informe de Gobierno, el ataque después de la advertencia del día de brujas en el kiosco, lo cierto es que van en serio y eso preocupa”, agregó el agente del selecto grupo de seguridad.

Precisamente 20 días antes del homicidio del ombudsman, mientras ciudadanos salían de discotecas, cuerpos de seguridad recorrían la zona durante  la madrugada del martes 31 de octubre, cuando, como consta en cámaras de video vigilancia, fue colgado un narcomensaje en pleno kiosco del Malecón de la Capital.

La amenaza textual fue:

“RENE ALIAS 00. TU Y TUS PINCHES SICARIOS Y LOS ESTATALES, MINISTERIALES, PGR Y MUNICIPALES Y ESPECIALMENTE CARLOS MENDOZA GOBERNADOR DE MIERDA Y ARTURO DE LA ROSA. YA ESTAMOS PRESENTES EN TODO MEXICO SOMOS LOS GUZMAN. TIENEN 20 DIAS PARA ENCUARTELAR A SU BOLA DE PERROS QUE YA EMPEZARÁ LA LIMPIA ASÍ QUE ROMPAN TRATOS CON LA CONTRA Y ALINIESE CON LOS TEGORIPEÑOS. Attte wero Layo y Jaime Acosta”.

Una de las líneas de investigación es que grupos criminales pudieron haber tomado venganza o respuesta a lo declarado por el gobernador Carlos Mendoza Davis en su Segundo Informe de Gobierno, donde dejó en claro que “los violentos habrán de ser vencidos” y que las principales corporaciones de seguridad, policías Municipal, Ministerial y Estatal, fueron militarizadas.

“Lo que pudo llevar a que todos los tratos hechos con los policías hoy están rotos y con presión para los grupos criminales que pretenden adueñarse de las calles, esto forma parte de un todo, y ese todo hoy está en disputa, cosa que los criminales no querían y ya se calentó”, afirmó uno de los efectivos de la Secretaría de Marina.

En cuanto a la razón que se mencionaba o especulaba de que tuviera que ver la labor del ombudsman para que se provocara su muerte, el procurador Alamilla indicó: “Nunca recibimos una denuncia de parte de él, nunca recibimos alguna inquietud. Vamos a esperar que podamos entrevistarnos con sus propios familiares, a ver si ellos tienen algún antecedente, o incluso alguno de sus colaboradores”.

En efecto, colaboradores cercanos a Silvestre de la Toba refirieron a ZETA que no había recibido amenazas, menos aún expresado sentirse inseguro o amenazado; de hecho el día de su muerte había invitado a varios de sus compañeros a la fiesta sorpresa que preparaba para celebrar el cumpleaños de su esposa.

Respecto al trabajo de De la Toba, información obtenida por este Semanario indica que se recibieron mil 500 quejas en su periodo y que realizó 38 observaciones, algunas de ellas a las siguientes instituciones:

– Secretaría de Educación Pública (SEP).

– Policía Municipal.

– Casa de Arraigo de la PGJE.

– Policías ministeriales.

– Subsecretaría de Seguridad Pública.

– Ayuntamiento de La Paz.

“En quejas no tenemos datos relacionados, o con ataques a servidores públicos, ustedes recordarán lo que se vivió con periodistas, lo que ustedes saben, es lo que nosotros sabemos, algunas investigaciones aquí en lo concreto, en algunas entrevistas al presidente le preguntarán, nosotros no tenemos quejas como tal en ese sentido, no tenemos conocimiento de alguna situación de riesgo”, señaló la visitadora general y encargada de Despacho de la CEDH, Lizeth Collins Collins, quien durante una entrevista se mostró un tanto preocupada y con el rostro desencajado.

Con referencia a los hechos que le quitaron la vida al ex presidente, afirmó que por lo laboral nunca tuvieron conocimiento que se corriera algún peligro, hablando de la figura del ombudsman y de los colaboradores.

“Si me preguntan yo diría que no es una cuestión laboral, no lo sé, tenemos que esperar a las autoridades competentes, que nos determinen cuál es la situación, qué arroje la investigación. En lo personal si me preguntan, el presidente nunca me dijo que tuviera alguna situación de riesgo para él, en el caso personal, yo no he recibido por cuestiones de trabajo, una situación que me pudiera decir que hay algún riesgo”, reiteró Collins Collins.

Ante lo ocurrido, la propia CNDH solicitó protección a la familia del presidente y de los colaboradores de la comisión, debido al riesgo al que pueden estar expuestos y de las diferentes amenazas vertidas tras el homicidio de Silvestre de la Toba. Incluso se tramita la ampliación de medidas cautelares para su viuda y su hija, pues las que les han puesto al momento son mínimas.

“Han solicitado medidas cautelares, como se ha hecho público en la página de la Comisión Nacional tanto para familiares del licenciado Silvestre, como para personal de la propia institución. Verdaderamente estamos consternados y lamentando este suceso”, dijo la encargada de despacho.

Las dos líneas de investigación más sólidas que se tienen hasta la fecha son:

Alguna represalia por la labor desempeñada en la CEDH, aunque ha quedado claro por la misma institución y la Procuraduría que nunca hubo una manifestación de peligro por parte del presidente.

La más importante y la que se sigue desde el principio: un atentado para afectar a las instituciones gubernamentales, luego de que surgieran narcomantas con mensajes.

Justamente la noche del atentado a la familia De la Toba Castro, un cuerpo apareció ejecutado con un narcomensaje, pero lo que más llamó la atención, fueron tres lonas con narcomensajes colgadas en diferentes puntos de la ciudad, como Forjadores y Unión; Forjadores y San Antonio, en el puente frente a Plaza Soriana La Paz; y de nuevo en el kiosco del Malecón de La Paz, los tres puntos, cercanos a cámaras de vigilancia.

La seguridad pública de BCS ha sido entregada a manos de la Secretaría de Marina para bajar los índices de violencia que trastocaron a las instituciones públicas.

“No podemos descartar que personal que cuida las cámaras o que las operan estén involucrados, pero eso nos va a llevar a la investigación”, refirió la fuente.

Los tres mensajes fueron en lonas impresas, a tinta de color negro y rojo, colocadas en puntos estratégicos.

La amenaza sigue vigente, pasaron los veinte días del primer aviso y ocurrieron delitos contra un comandante de la Policía Ministerial y el del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uno tras otro (19 y 20 de noviembre).

ESTÁN DESAFIANDO A LAS AUTORIDADES

“Tenemos muy claro que se trata de un mensaje a nuestras autoridades, algo como que ‘estamos presentes y tenemos la fuerza para hacer frente’, digamos que están desafiando a los encargados de la seguridad pública y la chamba es complicada”, indicó un militar a ZETA.

Sin embargo, de entre una lista de 54 derechos humanos que defendió el presidente de la Comisión, es finalizada por el Derecho a la Verdad, que indica que toda víctima y sus familiares tienen “el derecho a conocer la verdad de los hechos que originaron las violaciones a sus derechos humanos”.

“Hay mensajes que están exhibidos y situaciones que no podemos echar en saco roto, la aparición de una lona con un narcomensaje es una de ellas, fue colgado y la amenaza indicaba que tenía 20 días el gobierno para liberar la plaza; los 20 días se vencieron ayer, justo en el homicidio del ombudsman”, recordó el miembro de inteligencia militar.

El atroz crimen fue catalogado como un crimen de “locura inhumana”, la expresión fue vertida por el propio secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, a quien también han amenazado a través de narcomensajes.

“No hay una situación ni siquiera de conciencia de quién esté haciendo esta clase de hechos, porque va totalmente en contra de la humanidad, el atacar a una persona cuando va con su familia es un acto de locura, es un tema totalmente fuera de todo orden humano, por lo tanto, el Gobierno del Estado descalifica y condena totalmente estos hechos. Nadie, nadie sabíamos, ni siquiera pensábamos, que pudieran darse situaciones de esta naturaleza, como las estamos viviendo aquí”, reconociendo que los tomó desprevenidos.

Ante los eventos y desde luego las amenazas, De la Peña Angulo afirmó que los crímenes los han cometido gente de fuera y se han hecho presentes en las diversas amenazas; pues “los sudcalifornianos somos gente pacífica, tranquila, amable, gente buena, y lamentamos muchísimo que gente que viene de otros lugares con fines de delinquir, de cometer situaciones totalmente alejadas a nuestra vida cotidiana que tenemos en La Paz y todo el Estado, alteran el orden y la tranquilidad”.

En ZETA se ha publicado de la presencia de armas nuevas como son siete rifles AK-47 detectados en las calles, sumados a cinco que ya cuentan con registro, esto señalado en las últimas dos ediciones, con sitios de acceso y descarga de armas en la zona sur del Estado, litorales de La Paz y flujo indiscriminado en vías carreteras.

“Muchas armas ingresaron desde Estados Unidos y otros países más, de Centroamérica podría ser también, pero más que nada de Estados Unidos, tenemos que ver una nueva realidad que está pasando y tenemos todos que hacer algo, pero la autoridad lo está haciendo y vamos a detener a quien haya cometido estos hechos”, lamentó el vocero del Grupo de Coordinación sudcaliforniano.

Las redes sociales son el sitio preferido para ofertar armas al por mayor, no solo pistolas 9 milímetros, escopetas o rifles calibre 22; hay rifles automáticos y hasta Barrett, “la situación ya se salió de las manos y es un tema de contener y por otro lado crear conciencia y reducir el principal problema, que es el consumo de droga”, dijo un especialista en Seguridad Pública consultado.

Ante la dura situación por la que atraviesa BCS, Carlos Mendoza Davis se dirigió al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en su reciente visita a Los Pinos.

“Le solicité al Presidente una mayor intervención y cooperación del Gobierno Federal. Hay y habrá una plena coordinación con las fuerzas federales para hacer de nuestro Estado un lugar seguro, ya que el primer mandatario accedió inmediatamente, ofreciendo más apoyo por parte del Gobierno de la República para enfrentar la situación”, refirió el gobernador de extracción panista.

“EL BUEN FIN” QUE TERMINÓ MAL

El puente vacacional del 20 de noviembre, el mismo de “El Buen fin”, se convirtió en el más sangriento registro en Baja California Sur. Del viernes 17 del mes al lunes 20, día en que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, se tuvo una suma de 28 personas privadas de la vida de manera violenta, con un índice de mortandad de siete personas por día, sólo en lo que va de noviembre.

ZETA ha tenido el registro de caso por caso y la suma total hasta el jueves 23: 89 personas sin vida en ajustes de cuentas entre sicarios y ejecuciones.

Entre los ejecutados destacan el comandante en activo de la Policía Ministerial, Fernando Rojas Pérez (19 noviembre), y el atentado que sufriera el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho y su hijo Fernando de la Toba Lucero, de 20 años de edad (20 de noviembre), ambos atentados registrados en La Paz.

La ejecución del comandante de la Ministerial, de 54 años, se dio en las calles Concha entre Ignacio Ramírez y Manuel Altamirano de la colonia Pueblo Nuevo, en la Capital del Estado, mientras se disponía a salir de su domicilio. Contaba con una averiguación previa -LPZ/011/SPB/2012- por participación en asuntos que comprometían su servicio.

“Es una grave agresión, desde luego que de inmediato los compañeros están activos en la búsqueda de los agresores, pero sobre todo el que tengamos cuidado con esa gente, estamos 24/7 con el fin de cuidarnos y blindar la ciudad, no podemos dejar que los delincuentes se apropien del Estado de Derecho de nuestra ciudad”, expresó uno de los agentes ministeriales que acompañó los restos del comandante la tarde del martes 21 al Panteón de los San Juanes.

En el caso del ombudsman de Baja California Sur, “agentes de investigación y peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales se constituyeron en el lugar, encontraron en el Bulevar Colosio y Avenida Forjadores, de la colonia de referencia, los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino, por lo que ordenaron su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de Ley. A dos mujeres lesionadas por disparo de arma de fuego”, informó en rueda de prensa Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador general de Justicia en el Estado.

La indignación es el primer sentimiento que se ha resentido tras el asesinato a sangre fría del representante de los derecho humanos, el ataque fue perpetrado cuando viajaba con su familia, lo que fue un atentado terminó en la muerte de dos personas y dos más heridas, la esposa, Silvia Castro y la hija Silvia María en una de las avenidas más transitadas de la Capital y con cientos de ciudadanos circulando en ese momento.

Con el rostro desencajado y un nudo en la garganta, el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública y secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo comentó: “Nos indigna y desde luego nos preocupa, un grupo de personas atacó el vehículo en el que viajaba el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciado Silvestre de la Toba Camacho y su familia, desafortunadamente el licenciado De la Toba y su hijo perdieron la vida, su esposa e hija resultaron heridas en el lamentable hecho”.

FALLÓ LA ESTRATEGIA, FALLÓ CIENFUEGOS

El impacto del fallecimiento de quien encabezaba la lucha por los Derechos Humanos en Baja California Sur, puso al descubierto la pugna entre células de Jalisco y Sinaloa, su muerte significó la punta de lanza del repudio de criminales ante la llegada de las fuerzas armadas para operar en puntos estratégicos, pues “era sabido que tendríamos problemas, pues los espacios los hemos cerrado y quizá ya sienten la presencia de la Ley, hoy más que nunca tenemos que estar pendientes de lo que pase en el estado para cumplir nuestra encomienda que es regresar la tranquilidad a este lugar”, refirió un cabeza de grupo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Desde la visita de Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, los esfuerzos por recuperar la tranquilidad han sido estériles. A finales del mes de octubre de este año visitó el municipio de Loreto, donde inauguró instalaciones militares para brindar mayor vigilancia.

Su visita se daba durante el entonces mes más violento en la historia de BCS, sin embargo, la presencia militar es imperceptible, los hechos violentos siguen en pie, e irónicamente en las mismas colonias, calles, sitios y hasta en los lugares específicos siguen apareciendo cuerpos y narcomensajes.

“Si las patrullas con militares o policías anduvieran por las calles, por lo menos se tendría una inhibición del delito, pero puedes transitar de lado a lado a la ciudad y no se ve ni una sola. Les han puesto mantas en el Malecón, han tirado muertos donde mismo y no pasa nada. Baja California Sur se ha convertido, pese a su pequeño territorio, en un pueblo sin ley, donde reina la impunidad”, denunció uno de los representantes de Atención a Víctimas del Delito.

SOCIEDAD EN ALERTA Y CONSTERNADA

“Una pérdida humana siempre es lamentable,  el perder al ombudsman, lo que queremos los sudcalifornianos, yo creo que coincides conmigo, es salir a las calles sin el temor de una situación, al salir al súper o algún asunto en particular”, lamentó el consultado.

Además de desempeñarse en la CEDH, Silvestre de la Toba ocupó cargos como diputado y secretario general en partidos políticos, logrando estrechar vínculos con sectores vulnerables de la sociedad.

“Cuando es un buen amigo tuyo, yo creo que este hecho viene a ser sumamente doloroso, ante las personas que trabajamos por los derechos de las personas”.

Tal es la preocupación que se ha vertido entre la población, que el propio alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, ante la falta de seguridad que se tiene debido a que los agentes están abocados a investigar los hechos recientes, canceló el evento masivo programado en la explanada del Palacio Municipal.

“Mil 300 invitaciones ya giradas, que con mucho respeto, pedí que con mucha atención les dijeran la justificación de esta cancelación. Inicialmente lo queríamos hacer en Cabildo, y luego salió la sugerencia de hacerlo, pero hoy acompañando estos eventos y hacer un evento masivo ahorita, donde nuestras fuerzas policiacas andas ocupadas en temas de investigación, siempre que hay un evento masivo antes y después se requiere a las fuerzas policiacas para estar vigilando el orden, y no quisiera que esto se entorpeciera”, reconoció el edil municipal.

En silencio se mantuvo la Diócesis de La Paz, reiteraron que el llamado ya se había realizado, incluso alertaron de un tema de violencia mayor; el aviso se hizo desde 2014, cuando empezó a repuntar, hoy es incontenible.

“Hoy no tengo nada más que agregar, no a la retórica estéril. Si los hombres no saben leer los signos de los tiempos, si no quieren escuchar, esperemos que Dios nos escuche. Es por eso que en una sociedad cansada de discursos, he optado por no hacer más declaraciones sobre este tema. Pero no me hago a un lado, desde mi papel de pastor en la Diócesis convoco a la comunidad a misa”, llamó Miguel Ángel Alba Díaz, Obispo de la Diócesis de La Paz.

Se ofreció una misa para todos los ciudadanos que solicitan se escuche su llamado de paz ante los hechos violentos que han sacudido a la media Península, la misa fue a oscuras, a la luz de las velas, la homilía tuvo un mensaje fuerte y directo: que haya una fuerza que pueda contener al mal.

DESPIDEN A SILVESTRE DE LA TOBA

Silvestre de la Toba Camacho se desempeñaba como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur. Nació el 18 de octubre de 1970 y perdió la vida el 20 de noviembre de 2017.

Egresado de  la Licenciatura en Derecho, su carrera al servicio público y político resaltó cuando formó parte de la XII Legislatura de la entidad, en el periodo 2008-2011, como miembro del Partido Nueva Alianza (Panal), sin embargo, en 2010 decidió declararse independiente. Previo a llegar a la curul sudcaliforniana, De la Toba fue secretario general en el Partido de la Revolución Democrático (PRD), dentro del Comité Municipal de La Paz.

Fue hasta 2015 que, con el voto de 14 de 18 diputados presentes durante la sesión del martes 17 de febrero, tomó protesta como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur. Por casi tres años veló por los derechos humanos de la población sudcaliforniana, atendiendo mil 500 quejas y con la emisión de 38 recomendaciones.

Silvestre de la Toba Camacho llevó el caso y atención del reportero Antonio Cervantes de este Semanario, luego de que en mayo de 2015 fue agredido por un agente de la Policía Estatal Preventiva. De igual manera, emitió recomendaciones a la Casa de Arraigo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Secretaría de Educación Pública por el supuesto abuso sexual de una veintena de jovencitas en Los Cabos; e hizo lo propio contra el Ayuntamiento de La Paz por la falta de rampas para personas con discapacidad en las calles.

El titular de la CEDH se caracterizaba por atender de manera sensata temas de particular interés en grupos vulnerados, tal fue el caso de jornaleros, estudiantes y periodistas. La atención que brindó fue con absoluta seriedad y siempre con buena cara. Defendió el principio del derecho a la vida, y la noche del 20 de noviembre, la perdió a manos de la delincuencia organizada.

Desde las ocho de la mañana del jueves 23 de noviembre, su cuerpo fue velado en la Funeraria El Arbolito, ubicada en Navarro y Héroes de Independencia, Colonia Centro de La Paz. Al día siguiente sus restos serían traslados al Templo Masónico Delta de Calle Puebla, entre Antonio Álvarez Rico y Melitón Albañez, Colonia Las Garzas; al mediodía lo esperaban en el H. Congreso del Estado, donde se rindió homenaje de cuerpo presente como integrante que fue de la XII Legislatura.

A la 1:30 pm, se ofició misa en su honor en la Catedral de La Paz, ubicada Revolución y 5 de Mayo.  Después de la homilía fue llevado al panteón, donde sus familiares dieron el último adiós al defensor de los Derechos Humanos de Baja California Sur.

“SE HA ATENTADO CONTRA INSTITUCIONES Y FAMILIAS INOCENTES”. MENDOZA DAVIS

De visita por Baja California Sur, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ofreció la intervención de las instituciones federales para llevar al esclarecimiento del artero homicidio del ombudsman sudcaliforniano.

“Ofrezco el apoyo y acompañamiento del Gobierno de la República para que el cobarde ataque del ombudsman Silvestre de la Toba Camacho y a su familia, no quede impune”, aseguró.

Acorde con el mandatario nacional, se requiere reestructurar la estrategia y ser firme, sobre todo con el fortalecimiento de las corporaciones locales. Señaló que Sudcalifornia requiere de mayor presencia de la fuerza federal, no obstante “las fuerzas federales continuarán haciendo todo lo necesario, incluyendo el respaldo” para recuperar la seguridad pública y el Estado de Derecho, para que a su vez se tenga paz y tranquilidad, con acciones como:

Ampliar la presencia en esta entidad.

Reforzar con personal capacitado sus áreas de seguridad pública.

 Fortalecer sus medios de inteligencia.

Sanear y depurar sus cuerpos de seguridad y procuración de justicia.

La operación principal es tener mayor presencia, y si bien hay mil elementos más, en las calles no se refleja, por lo que el Ejecutivo de la nación llegó al entendido de “no solo mantener presencia en los sitios de potencial o eventualmente turísticos, sino poder realmente establecer una coordinación para que con presencia de fuerzas federales y las propias locales podamos darle a los sudcalifornianos condiciones de paz y tranquilidad como hoy lo están demandando”.

Por su parte, el gobernador Carlos Mendoza Davis reconoció que el crimen de Silvestre de la Toba Camacho es una grave ofensa a los sudcalifornianos, pero reiteró que los delincuentes serán doblegados y por ende se incrementarán las medidas contra la delincuencia.

“Son tiempos donde el crimen ha cometido actos que han lastimado y ofendido a la sociedad sudcaliforniana, se ha atentado contra instituciones y familias inocentes, el mensaje que quieren enviar los violentos es que es posible doblegar a las instituciones. Refuerzan nuestra determinación para enfrentarlos y doblegarlos. Aplicaremos la Ley con más energía y los violentos serán vencidos”, advirtió.

La mañana del jueves 23 de noviembre, el mandatario estatal estuvo en el lugar donde fueron velados los restos del ombudsman, allí dio el pésame a la familia, sin embargo, recibió gritos y reclamos de seguridad por parte de algunos familiares, a lo que respondió que el fallecido también era su amigo y con respeto acudió al lugar. En cuanto a las amenazas, comentó “son una realidad, existen esas mantas, hoy están en medios nacionales, yo quiero decirles que por supuesto me preocupan, pero no me amedrentan,  yo habré de seguir trabajando”.

Destacó que el atroz homicidio del ombudsman y su hijo, así como las lesiones a su familia, no quedarán impunes, “no vamos a descansar hasta que BCS sea de nueva cuenta una tierra de paz”.

Mendoza reconoció que son momentos muy complejos para la entidad federativa, y ante ello ofreció la voluntad del Estado para combatir el problema de raíz, por lo que dirigió su petición a Enrique Peña Nieto, “estos momentos de tristeza, de dolor, de rabia, seguiremos encontrando el apoyo y comprensión del gobierno que Usted encabeza, le ofrezco, señor Presidente, nuestra absoluta voluntad para tener más y mejores programas de prevención y combate al crimen, y de readaptación social”, finalizó.

Tales declaraciones tuvieron lugar la tarde del jueves 23 de noviembre, en la conmemoración del Día de la Marina Armada de México, celebrada en La Paz, Baja California Sur, donde el Presidente de la República también inauguró la Escuela de Aviación Naval y el abanderamiento del Buque Patrulla de Vigilancia Oceánica ARM Hidalgo PO-166, de la Secretaría de Marina.

Como una persona “justa y de paz”, entregada a su trabajo y su familia, convencida de la justicia social y siempre en favor de los más desprotegidos, así define Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), a su homólogo en el estado vecino de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho.

En entrevista con ZETA, la licenciada declaró que De la Toba Camacho entró como presidente de la CEDH de Baja California Sur unos meses antes de que ella asumiera su cargo en 2015, y desde el primer momento en que se conocieron, forjaron una amistad, lo cual generó una fraternidad muy importante como personas y en sentido estricto laboral.

Detalló que lo primero que supo de su amigo y colega es que creía en la justicia social y era una persona que se enfocaba en los grupos más desfavorecidos, y de los primeros proyectos que le platicó, fue lo que había hecho con las personas jornaleras agrícolas de aquella región: “Sobre su trabajo, sus visitas y toda la experiencia que tuvo con ellos, no solo por las personas inmigrantes que llegaban a Baja California Sur, sino por todo el trabajo por los menos favorecidos”.

Algo que le llamó mucho la atención de su trabajo fue uno de sus proyectos “más propositivos” con niños, el cual le compartió incluso para que lo pudiera adoptar en Baja California, que son las comisiones infantiles para los derechos humanos.

“La última vez que platiqué con él me dijo que ya llevaba más de 300 comisiones infantiles, que se trataba de llegar a todas las comunidades de su Estado para abarcar y llegar a todos los niños para fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos. Coincidíamos en que en la niñez y la adolescencia había mucha esperanza para cambiar el tipo de sociedad en la que estamos viviendo”, resaltó Olvera.

Otro de los aspectos que rescató de la labor que De la Toba Camacho realizó al frente de la CEDH de la entidad vecina, es el trabajo que hizo por el respeto de las personas en los centros de rehabilitación de adicciones y las recomendaciones que giró en todos los sentidos, sobre todo el hecho de que “le apostaba a la conciliación”.

“Por eso nos identificábamos mucho, porque decía que muchas veces dialogando con las autoridades se lograba más que haciendo reprimendas, por ello lo que siempre buscaba era favorecer a la población, a los grupos, personas con discapacidad y demás”, señaló la funcionaria.

Otro tema que Olvera Rodríguez destaca de la gestión de su colega es que impulsó mucho, incluso dentro de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos en México, la perspectiva de género, porque consideraba importante que las mujeres tuvieran sus espacios y tomas de decisiones en todos los ámbitos, y por supuesto  en los derechos humanos, algo que ella valoró muchísimo y que le agradeció siempre.

Asimismo, compartió a este Semanario que luego de estar en su velorio, el miércoles 23 de noviembre en La Paz, BCS, se dio cuenta que en realidad había mucha gente que quería demasiado al ombudsman compañeros que estuvieron con él desde la primaria y que lo describían como un niño con ideales, que creía en el orden, la justicia y la disciplina.

Supo también que nunca tuvo ningún problema con nadie, ni desde el kínder ni algún pleito a la fecha, “ni una desavenencia, ni nada que pudiera considerarlo como alguien de problemas, al contrario, siempre lo han tenido como alguien de paz y sé por la gente de Baja California Sur que también fue un diputado que se destacó por ser lo más congruente posible, y que tuvo una muy buena gestión como funcionario”, exaltó la titular de la CEDHBC.

Olvera Rodríguez refirió que a ella nunca le comentó de una amenaza o de algo similar, “ni a mí,  ni a nadie”, por ello le sorprendió la noticia y por ende su equipo -“que lo quería muchísimo”- está consternado: “Lo querían mucho en la Baja Sur, yo platiqué con taxistas, meseros, personal de intendencia del hospital, médicos y toda la gente se expresa de manera muy positiva hacia él, como una persona justa y de paz”.

Sobre su esposa, Silvia Marian Lucero, dijo no tener real conocimiento sobre si también se dedicaba de lleno a la defensa de los derechos humanos, pero sabe que era una familia muy unida y que De la Toba la incorporaba mucho a proyectos en los que solía participar, además de que viene de una familia muy querida y respetada en Baja California Sur, la familia Lucero, quienes tienen un reconocimiento social muy positivo.

AMENAZAS PONEN EN EVIDENCIA LA VULNERABILIDAD DEL EJERCICIO

Melba Olvera describió que las amenazas a los defensores de derechos humanos han existido desde hace mucho, no solo hacia los que están en una institución pública o autónoma, sino a esos que muchas veces son anónimos, lo cual es muy lamentable porque habla de la vulnerabilidad del ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin embargo, dijo que en las comisiones estatales son conscientes de los riesgos que esto implica y hacen el trabajo de la mejor manera posible para defender al pueblo.

“Yo no siento ningún tipo de riesgo, aunque entiendo que la labor implica en sí un riesgo, sin embargo, no creo que requiera de alguna protección, como ha sido el caso de algunos compañeros que han sido incluso violentados, como el ombudsman de Oaxaca, o que han sido intimidados como la ombudsman de Sonora, quienes han sufrido este tipo de situaciones solamente por realizar su labor”, resaltó.

Sobre las amenazas, aclaró que no ha recibido ninguna a su integridad física, aunque sí ha recibido intimidaciones o mensajes amedrentadores que van más en otro sentido como de desprestigio, de hacerla sentir mal moralmente y cosas por el estilo, “que a final de cuentas son intimidaciones que no deberían existir, no las hago menos, pero no implican que por ello deba traer protección”, puntualizó.

COMISIONES ESTATALES CONDENAN EL ASESINATO; EXIGEN JUSTICIA

Consultadas por ZETA, las comisiones de Derechos Humanos de estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, donde la violencia y el crimen organizado están a la orden del día, coincidieron en que sin duda el asesinato de su homólogo Silvestre de la Toba Camacho es un hecho totalmente lamentable.

Señalaron que precisamente en momentos en los que la inseguridad, la impunidad y la corrupción prevalecen, demandan una investigación profunda y seria que permita encontrar a los responsables de “tan cobarde crimen”, y como defensoras y defensores de los derechos humanos, alzan la voz para pronunciarse en contra de cualquier acción u omisión que busque debilitar su labor en demérito de los derechos humanos.

Las comisiones consultadas también concordaron que este asesinato es un atentado del crimen organizado, lo cual es muy preocupante porque atenta también contra todo sistema de protección de los derechos humanos y pone en evidencia la fragilidad de los sistemas de seguridad pública del país, mismos que se han visto superados.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 27 NOVIEMBRE, 2017 12:00 PM)