viernes, 12 de febrero de 2016

LOS HORNOS CREMATORIOS DE LOS ZETAS EN LA PRISIÓN


Los líderes del grupo criminal que nació de las mismas Fuerzas Armadas mexicanas ordenaron construir hornos para eliminar de manera sistemática cuerpos completos o desmembrados. Una prisión de Coahuila, en la frontera con Estados Unidos, fue utilizada también por Los Zetas.




Brandon Darby e Ildefonso Ortiz
Piedras Negras, Coahuila 11 de febrero (SinEmbargo/Breitbart).– Los Zetas utilizaron una red de hornos para encubrir el exterminio masivo y sistemático de personas inocentes durante el periodo que abarca de 2011 a 2013, cuando el cártel tenía un completo control gubernamental sobre la mayor parte del estado de Coahuila. Desde el Gobernador de Coahuila hasta las cárceles de la ciudad, Los Zetas tenían el dominio completo de todos los aspectos del proceso gubernamental y de la vida de los ciudadanos, incluyendo a los medios de comunicación. Sus atrocidades en Coahuila han permanecido mucho tiempo sin ser reportadas y documentadas por dependencias gubernamentales, locales, estatales, federales o internacionales.

Después de que el proyecto Cartel Chronicles, de Breitbart Texas, fuera lanzado y tuviera un éxito al exponer a las diversas facciones del Cártel del Golfo en el estado mexicano de Tamaulipas, creció cada más la necesidad de crear una plataforma en el territorio de Los Zetas para las personas que tuvieran experiencias que quisieran contar al mundo. Sin embargo, parecía como si nunca hubiéramos roto la barrera, ya que no conocimos, ni confiamos en ninguna fuente en la región que pudiera utilizarse como punto de partida para construir esas historias.

Nuestro acceso a la información en el territorio del Cártel del Golfo, en la mayor parte de Tamaulipas, creció hasta un nivel sin precedentes. Sin embargo, Los Zetas controlan la parte occidental de Tamaulipas, alrededor de Nuevo Laredo y el estado de Coahuila. Conseguir poner un pie ahí parecía imposible. Eso cambió. La gente de la región comenzó a ponerse en contacto con nosotros y tuvimos que arriesgarnos y confiar en ellos. No sabíamos en ese momento si se trataba de gente corrupta que nos atraía a México para que los cárteles pudieran capturarnos, o si eran buenas personas que querían arriesgar sus vidas y ayudar a sus comunidades. Tuvimos que correr el riesgo. Lo hicimos y tuvimos suerte, o fuimos bendecidos.

Viajamos a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, para reunirnos con nuestras nuevas fuentes. La ciudad fronteriza de Piedras Negras se encuentra inmediatamente al otro lado del Río Bravo. Ahí, terminamos en el asiento trasero de un coche con dos mexicanos desconocidos que nos llevaban a “conocer a algunas personas.” A medida que el coche viajaba a una remota zona industrial, nos comenzamos a mirar el uno al otro con cierto nerviosismo. Terminamos en un oscuro parque industrial y nos pareció que habíamos sido levantados. El conductor y su compañero nos llevaron hasta un almacén y nos pidieron que saliéramos. Así lo hicimos y caminos adentro. Ambos pensamos que podríamos estar en problemas.

En lugar de secuestradores, encontramos un grupo de empresarios mexicanos que tenían miedo de reunirse con nosotros en público y arriesgar sus vidas y las de sus familias. Ellos asaron carne y nos calentaron tortillas. Fumamos cigarrillos y disfrutamos cervezas hasta que los hombres empezaron a contar sus historias. Oímos de buenas personas que simplemente desaparecieron. De las ciudades donde se han producido “desapariciones” en masa y nadie sabía por qué. Más tarde, estuvimos en condiciones de verificar cada historia y encontrar las respuestas que los hombres y sus comunidades han buscado durante años.

Algunos aspectos de la matanza en Coahuila han salido la luz a través de algunos medios de noticias nacionales, a pesar de que el caso ha sido ampliamente ignorado por los principales medios de comunicación de México, así como medios de los principales medios de los Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Algunos medios como Al Jazeera América y San Antonio Express News han informado sobre las desapariciones; sin embargo, el control completo que Los Zetas tienen de la prisión de Piedras Negras, la cual han convertido en un crematorio, ha sido en gran parte ignorada.

Breitbart Texas comenzó a hacer preguntas y recibió duras respuestas acerca de la impunidad con la que Los Zetas operan y los horrores que tuvieron lugar en esa prisión a finales de octubre. A finales de enero, El Diario de Coahuila dio algunas respuestas en cuanto a lo que realmente sucedió dentro de la prisión de Piedras Negras. Según la información proporcionada por las autoridades mexicanas, Los Zetas tenían pleno control operativo de la prisión hasta el punto de que llevaron a más de 150 personas a la prisión para torturarlas, asesinarlas e incinerarlas. A pesar de la brutalidad del caso, los principales medios de televisión y la prensa de Estados Unidos han ignorado el secuestro y asesinato de cientos de personas de Allende, Coahuila.

Durante la masacre desconocida de México, Los Zetas llevaron a cabo un exterminio sistemático al matar e incinerar más de 400 personas en Allende y los pueblos de los alrededores. Aunque los detalles sobre lo que realmente ocurrió apenas han empezado a ver la luz del día, la matanza tiene sus raíces en marzo de 2011.

Fue antes de que Los Zetas usaran tácticas de mano dura y el soborno para gobernar con impunidad en el estado de Coahuila. Para marzo de 2011, Los Zetas movían alrededor de una tonelada de cocaína por mes a través de la parte norte de Coahuila hacia Eagle Pass, en Texas. Después de pagar por las drogas y de cubrir los gastos del tráfico, Los Zetas obtenían ganancias de alrededor de 6 y 12 millones de dólares mensuales solo en el pasillo entre Piedras Negras y Eagle Pass, según confesó un testigo en un juicio de EU sobre el lavado de dinero de Los Zetas.

A principios de 2010, Los Zetas declararon la guerra a sus antiguos jefes del cártel del Golfo. El brutal conflicto armado disparó la demanda de efectivo por parte de los Zetas, mientras que la organización criminal se vio necesitada de conseguir fondos para comprar armas y hombres armados que lucharan por los territorios en el estado de Tamaulipas y en los estados de Veracruz y Nuevo León.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el periodista de Proceso Juan Alberto Cedillo, quien ha pasado años investigando la matanza, fue en marzo de 2011 que el capo local, Mario Alfonso Cuéllar y sus asociados, Héctor “El Negro” Moreno Villanueva y José Luis “La Guiche “Garza Gaytan fueron culpados por la jerarquía superior de los Zetas sobre el faltante de dinero por el tráfico de cocaína.

Aún no está claro si los ingresos por el tráfico de la droga fueron, de hecho, robados por capos locales o si las cargas se perdieron durante los decomisos de las autoridades. Lo que se sabe es que Moreno Villanueva y Garza Gaytan huyeron a América donde buscaron la protección del gobierno de EU como informantes y testigos federales

“Un montón de muertes”, dijo Moreno Villanueva a una corte federal en un caso contra Los Zetas. “Incluso empezaron a matar las familias de Allende y Piedras Negras, y en Muzquiz y en Sabinas. También querían matarme”.

Miguel Ángel Treviño Morales, “El 40”, uno de los principales líderes de Los Zetas, ordenó un exterminio sistemático en la zona de Allende, en los pueblos cercanos llamados Cinco Manantiales, y también en Piedras Negras.

La orden era simple: matar a cualquiera relacionado, asociado o que, de cualquier forma, tuviera contacto con Villanueva o Garza Gaytán.



Según la información recogida a por Breitbart, que autoridades aún no han hecho públicas o reconocido, Los Zetas comenzaron a reunir a familias enteras, amigos, parientes lejanos y personas inocentes que tuvieran alguno de esos apellidos, incluso si no estaban relacionados.

De acuerdo a la información recogida por Breitbart en Allende, Los Zetas torturarían y ejecutarían a las víctimas usando una variedad de métodos crueles. Los cuerpos fueron llevados a un rancho cerca de Allende o q la prisión de Piedras Negras para hacer desaparecer los cadáveres.

Dentro de la cárcel, carniceros de Los Zetas desmembraron los cuerpos de los hombres, mujeres y niños que habían sido secuestrados.

Las partes humanas fueron colocadas en tambos de 200 litros llenos de diesel y luego se les prendió fuego. Después de varias horas, la mayor parte de los restos humanos desaparecieron, dejando a cientos de familias sin respuestas. Las cenizas fueron arrojadas luego dentro de arroyos locales que conducen al Río Bravo. Mientras que la mayoría de tambos siguen en casilleros de una instalación de almacenamiento utilizada por la oficina del Procurador General en Coahuila, algunos de ellos han sido reutilizados como contenedores de basura en la ciudad.

Recientemente, las autoridades llevaron a cabo una búsqueda masiva a lo largo de algunos de los arroyos para buscar restos de un número indeterminado de personas desaparecidas. No encontraron a ninguna. Sólo un tambo que Los Zetas habían estado utilizando para incinerar partes de cuerpos de sus víctimas, dentro de la prisión de Piedras Negras.

El tambo estaba siendo trasladado fuera del almacén de evidencias por parte de las autoridades, como parte de su investigación en curso. Los agentes lo dejaron fuera del edificio, en la parte posterior de una camioneta de la policía, permitiendo que los periodistas de Breitbart Texas lo fotografiaran y proporcionaran una imagen del crematorio improvisado donde varias víctimas fueron “desaparecidas”.

Los primeros reportes públicos de la matanza se produjo en septiembre de 2012, cuando más de 130 miembros del cártel de Los Zetas salieron de la prisión estatal en Piedras Negras; una fuga masiva dirigida a reforzar las filas para así continuar su lucha contra el Cártel del Golfo. La investigación federal sobre esta fuga resultó en el descubrimiento de docenas de barriles de 200 litros quemados, que habían sido utilizados para hacer desaparecer a sus víctimas.

En un rancho cerca de la ciudad de Allende, Los Zetas usaron hornos para incinerar los restos humanos, no tambos. El rancho fue allanada por las autoridades de Coahuila en 2013, cuando el gobierno comenzó a examinar el caso. Las autoridades encontraron no sólo los hornos, sino también a cenizas y fragmentos de huesos de las víctimas.

Hemos sido capaces de obtener fotos oficiales nunca antes vistas desde los archivos del caso, del horno que se mantiene en el rancho, cerca de Allende.

Como lo ha informado Breitbart Texas, Los Zetas fueron capaces de actuar con total impunidad en Coahuila, gracias a la ayuda del ex Gobernador Humberto Moreira, quien fue investigado en España por lavado dinero. Esta semana la causa contra el ex mandatario fue archivada al considerar que no está debidamente justificada la perpetración de los delitos que motivaron su detención. En el marco de este caso, él fue llamado como un subordinado del cártel Los Zetas por los fiscales. Moreira pasó una semana en la cárcel antes de ser liberado bajo fianza en relación con el caso y después viajó a México.

La noticia de la detención provocó una ola de especulación acerca de que los funcionarios públicos serían los siguientes en ser nombrados. El ex gobernador Moreira ha sido implicado en el saqueo de fondos públicos de Coahuila y la canalización de ellos a los EU. Aunque el ex Gobernador no ha sido acusado penalmente, ha sido señalado en una serie de acciones civiles en la oficina del Fiscal de Estados Unidos, la cual está trabajando para apoderarse de ciertos activos.

Los Zetas tuvo un pelea con el ex Gobernador Moreira y terminaron asesinando a su hijo en venganza por la muerte de un pariente cercano de Treviño Morales. Eso sucedió cuando el actual Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, quien también es el hermano de Humberto Moreira, decidió encarar a Los Zetas. La nueva postura de Coahuila contra Los Zetas consistió en la creación de una unidad especial de la policía conocida como Los GATES. Ese grupo fue creados para erradicar a Los Zetas.

El nuevo Gobernador Moreira ordenó la creación de una fuerza especial para la Oficina del Procurador General de Coahuila (PGJE) con el fin de investigar y resolver los cientos de casos sobre “personas desaparecidas”, que es la calificación jurídica en la que se encuentran las víctimas en Allende. Con el Subprocurador General Juan José Yáñez Arreola, la PGJE comenzó a documentar los casos, ya que muchas de las familias nunca informaron que su ser querido había desaparecido.

Yáñez también ha sido el encargado de investigar y sacar a la luz los horrores desconocidos que Los Zetas trajeron a Coahuila. Con el tiempo, los investigadores de Yanez comenzaron a dar respuesta a algunas de las familias y comenzaron a ganar la confianza de la comunidad a medida que más y más personas comenzaron a presentarse con el fin de notificar a las autoridades que ellos también tenían un ser querido que había sido plagiado.

Legalmente se trata de casos de personas desaparecidas debido a que los cuerpos de la víctima no han sido recuperados; sin embargo, los investigadores siguen tratando de cuantificar el número de casos y tratar de dar respuestas a las familias. El número de reportes continúa creciendo a medida que más personas han comenzado a dejar sus miedos a lado para añadir el nombre de sus seres queridos a la lista de personas desaparecidas.

Mientras que Los Gates han sido capaces de suprimir la mayor parte de la violencia causada por Los Zetas, hacia el final de 2015, la organización criminal reavivó su presencia al decapitar a cuatro informantes y esparciendo sus restos por la ciudad fronteriza de Piedras Negras, según informó Breitbart de Texas. La serie de asesinatos se ha vinculado a los investigaciones de un grupo de ex agentes de policía que fueron liberados abruptamente por un panel de jueces en Coahuila, a pesar de que fueron condenados por haber trabajado para Los Zetas.

La liberación de los asociados del cártel dejó claro que Los Zetas todavía conservan un control sobre la sociedad de Coahuila. Muchos de los que hablaron con nosotros sintieron que Los Zetas podrían atraparlos a pesar de que el cártel ya no retiene el control físico del territorio en Coahuila. Otro sugirió que GATES no siempre están en los alrededores y expresó el temor de que Los Zetas regresarían a abrir el control de las agencias gubernamentales y luego matar a cualquiera a quien consideren que ha trabajado en contra de ellos o que ha ayudado al Fiscal General de Coahuila.

En una visita a Allende, una mujer valiente cuya hija fue secuestrada y desaparecida por Los Zetas nos habló y acordó accede a una entrevista en video. Al igual que otros vecinos de Coahuila, insistió en que nos abstuviéramos de nombrar al cártel. Ella estaba dispuesta a hablar de lo que hizo el cartel y sobre las víctimas, pero tenía miedo de decir su nombre.

La madre, Olga Lidia Saucedo, dirige una organización no lucrativa en Allende llamada Alas de Esperanza, que ayuda a las familias de los desaparecidos. Los niños que se escuchan en el fondo del video tienen padres que fueron desaparecidos y Saucedo se preocupa por ellos. En un momento del video, los espectadores pueden ver que casi dijimos “Los Zetas”, pero nos interrumpieron antes de completar su nombre. La madre se dirigió a los cientos de víctimas y dijo que nadie sabe realmente cuántos faltan porque la gente tiene miedo de que las cosas vuelvan a ser como eran el periodo 2011-2013; una época en la que acudir a la policía era lo mismo que ir con Los Zetas.

Incluso si los GATES pudieran quedarse y mantener el territorio que han quitado a Los Zetas, el cartel todavía opera en el estado. Todavía tienen sus halcones y espías. Ellos todavía tienen la posibilidad de enviar a sus escuadrones de la muerte tras sus enemigos. La única diferencia es que ellos no tienen el territorio físico que una vez controlaron en Coahuila donde podrían retirarse y vivir abiertamente. Ahora, los Los Zetas tienen que ocultarse. Son un grupo criminal y clandestina en el estado; ya no operan abiertamente como antes.

A la entrada de la ciudad, el Gobierno de Coahuila erigió un monumento en honor a las víctimas de Allende. El monumento no sólo ayuda a mantener la memoria de la matanza, sino que también ayuda a algunos de los ciudadanos iniciar el largo y difícil proceso de curación. Algunos, como la señora Saucedo, se aferran a la esperanza de que algún día volver a reunirse con sus seres queridos. Tienen la esperanza de que, en el más improbable de todos los escenarios, sus seres queridos hayan evitado los tambos y los hornos.

Nota de los editores de Breitbart: Olga Saucedo, la mujer entrevistada para esta historia no mencionó a la organización criminal por su nombre durante las entrevistas realizadas. El nombre de la organización criminal se obtuvo a través de una investigación independiente.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE BREITBART. Ver ORIGINAL aquí. Prohibida su reproducción.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN /  FEBRERO 11, 2016       - 16:34H)

AUTOGOBIERNO, ABUSO, TORTURA, SOBREPOBLACIÓN: ¿A ALGUIEN LE EXTRAÑA EL CAOS EN TOPO CHICO?


Las cárceles mexicanas tienen, en promedio, un 25 por ciento de sobrepoblación. Las más saturadas se encuentran en el Estado de México y Nayarit. La tragedia de Topo Chico vuelve a poner en la mesa de debate el uso excesivo de las prisiones como única vía del Estado para abatir la criminalidad.


Madres de reos, en Topo Chico. Foto: Xinhua

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– En el país el 65 por ciento de las cárceles enfrenta problemas como el autogobierno, la falta de una política penitenciaria y la sobrepoblación, que rebasa en promedio el 25 por ciento, aunque en el peor de los casos, el del Centro de Readaptación Preventivo de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, es de 75 por ciento, alertan distintos informes de organismos nacionales e internacionales.

El documento llamado “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expone que actualmente existe una sobrepoblación penitenciaria del 25.4 por ciento, lo que significa que en las prisiones mexicanas hay capacidad para 203 mil 084 personas, pero habitan en ella 254 mil 705 internos. Por tanto existen 51 mil 621 presos que no cuentan con un espacio óptimo de habitabilidad.

El organismo informó que estos indicadores destapan un sistema judicial caduco y el uso excesivo de las cárceles como una solución, por parte del Estado, que provoca otros problemas como falta de control e ingobernabilidad, por la inequidad debido a la mayor cantidad de internos ante el menor número de empleados de las instituciones penitenciarias.

A esos problemas se suman incidentes violentos, de tortura o maltrato, así como de salud e higiene.

“De lo datos recabados en el proceso de elaboración del diagnóstico, se pudo identificar en 28 centros una sobrepoblación con riesgo crítico, debido a que exceden en más de 40 por ciento su capacidad instalada, 20 centros con riesgo alto en virtud de exceder el 20 por ciento de su capacidad instalada y 24 centros con riesgo moderado en virtud de exceder desde un interno hasta menos del 20 por ciento de la capacidad instalada”, refiere el documento.

Entre estos centros penitenciarios con riesgo crítico y que en 2014 recibió una evaluación reprobatoria por parte de la CNDH se encuentra el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, donde ayer se registró una de las peores tragedias en la historia penitenciaria del país, que dejó un saldo de al menos 49 muertos y 12 lesionados.

De acuerdo con la información oficial, durante la madrugada se registró un enfrentamiento al interior del penal entre dos grupos rivales.

“Hay que decir que muy lamentable y preocupante al mismo tiempo, lo que sucedió el día de hoy desde muy temprano en el penal de Topo Chico, porque refleja en primer lugar, además de la pérdida de vidas humanas, en una cantidad que no habíamos conocido en nuestro país en un penal, habla al mismo tiempo también de la crisis del sistema penitenciario en que se encuentra hoy el país”, expuso el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva.

“Hay datos espeluznantes reveladores al respecto de cómo una gran cantidad, miles de internos que están hoy purgando alguna condena en algún penal de la República, lo son porque cayeron allí con unos cuantos gramos de marihuana para consumo personal. Y esto lleva a una sobrepoblación que ya no resisten más los penales del país”, expresó.

Por su parte, la organización México Evalúa, a través de un comunicado, lamentó que las autoridades de Nuevo León no hayan tomado en cuenta  las alertas de la CNDH en torno a las “serias vulnerabilidades” en la seguridad en la cárcel de Topo Chico.

“Desde hace al menos un lustro, Topo Chico, que concentra la mitad de la población penitenciario del estado, presenta debilidades estructurales en condiciones clave como su gobernabilidad (con una calificación en 2014 de 4.44 en una escala de 0 a 10, donde 0 refleja las peores condiciones), las garantías que ofrecen para la integridad física y moral de los internos (4.74) o su estancia digna (5.34). De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) realizado por la CNDH, la cárcel de Topo Chico constituía un claro foco rojo: el personal de seguridad y custodia era insuficiente (calificación de cero), los internos podían ejercer violencia o control sobre el resto de la población (calificación de cero) y se encontraron sustancias y objetos prohibidos (calificación de 1.63). En resumen, las autoridades no tenían control sobre lo que ocurría al interior del centro ya que la calificación relativa al control de seguridad fue de 2.19″, detalló el comunicado.

El penal está por debajo de la media nacional en 21 de los 23 factores tomados en cuenta por la CNDH.

Sobrepoblación

 
Total de Centros con sobrepoblación204
Centros Federales7
Centros locales (que albergan sólo población del fuero común)57
Centros locales (que albergan población del Fuero Común y Federal)147
Número de internos que no cuentan con espacios óptimos de habitabilidad51,621

El problema incluso afecta a centros penitenciarios del fuero federal. Fuente: CNDH



SOBRE AVISO…

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también se pronunció en este sentido y manifestó su preocupación por la situación de violencia que prevalece en diversos centros de reclusión del país, condiciones que ponen en riesgo no solamente a las y los internos, sino al personal de las instituciones de seguridad.

“Como se recordará, el Estado mexicano ha sido observado varias ocasiones por diversos organismos públicos locales, nacionales e inclusive del ámbito internacional de derechos humanos, que han señalado que no existen las condiciones mínimas para garantizar el orden y seguridad de las personas privadas de libertad, así como de las personas que laboran al interior, ni de las propias instituciones”, señaló en un comunicado.

Según cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en el país existen 423 centros penitenciarios, de estos, 21 son federales y hasta junio de 2015, cuatro estaban en construcción.

El informe de la CNDH señala que el más poblado es el Centro de Readaptación Preventivo de Cuautitlán Izcalli; tiene cabida para 283 presos y actualmente alberga mil 132, es decir que está rebasado en 75 por ciento; el reclusorio de Chalco cuenta con una extensión para 563 que ocupan 2 mil 217 internos, 74.61 por ciento más.

El Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza de Nayarit tiene capacidad para 900 y ya tiene 2 mil 870 presos.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización que analiza la problemática en América Latina, realizó un estudio en ocho países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y México) en el cual hace énfasis en el encarcelamiento de personas por delitos relacionados con drogas.

Durante el periodo 1992-2012, la tasa de encarcelamiento aumentó en promedio más de 100 por ciento en todos los países latinoamericanos en los que WOLA hizo el estudio. Al tiempo que las tasas por delitos de drogas continúan mostrando una línea ascendente en todos los casos.

WOLA junto al Transnational Institute (TNI) difunden en la página del CEDD videos con los testimonios de siete personas que pasaron años en prisión soportando condenas “que son desproporcionadas a los crímenes que ellos cometieron”.

Los videos son parte de los estudios que realizan las organizaciones a los sistemas carcelarios de ocho países de América Latina. La gente en los videos representa el lado humano que rara vez es revelado en la guerra contra las drogas. “Estas historias personales ilustran el impacto injusto de las leyes vigentes de la droga”.

Entre los testimonios se encuentra el de Rosa Julia Leyva Martínez , habitante de Guerrero quien fue a la capital de México en busca de un mejor futuro, pero quien fue engañada por unas personas que la llevaron a Tijuana donde fue detenida por las autoridades con un cargamento de heroína.

En el video, ella habla de la violación que sufrió durante su detención en México antes de que fuera condenado a muchos años de prisión por un crimen que no cometió. Martínez dice que quiso probar su inocencia, pero por no saber ni leer ni escribir firmó una confesión forzada bajo tortura. Ella pasó casi 11 años en la cárcel.

DE MATANZA EN MATANZA



Apodaca 2012. Muchos muertos. Foto: Cuartoscuro.

• 26 de octubre de 2013: Mueren seis reos en un motín en la prisión estatal de la ciudad de Altamira en Tamaulipas.

• 27 de abril de 2013: Batalla entre internos en una prisión de San Luis Potosí, estado en el centro de México, deja 13 muertos y 65 heridos.

• 19 de febrero de 2012: Miembros del cártel de narcotraficantes de los Zetas presuntamente asesinan a 44 miembros del rival Cártel del Golfo en la sobrepoblada prisión federal de Apodaca en el estado de Nuevo León. Al parecer escapan 30 miembros de los Zetas durante la violencia.

• 5 de enero de 2012: Mueren 31 reos en una riña con cuchillos improvisados, garrotes y piedras en la penitenciaría estatal de Altamira en Tamaulipas.

• 15 de octubre de 2011: Disputa entre dos reos en una prisión de la ciudad de Matamoros, en la frontera norte, desata una batalla en la que mueren 20 prisioneros.

• 13 de octubre de 2011: Enfrentamiento entre pandilleros en una prisión cerca de Monterrey deja siete reos muertos. Funcionarios dijeron que pudo haber sido parte de un intento para liberar a un líder del cártel de los Zetas recién arrestado.

• 26 de julio de 2011: Mueren 17 reos en enfrentamientos entre ellos en una prisión de Ciudad Juárez. Algunos blandían armas automáticas.

• 10 de septiembre de 2010: Ochenta y cinco reos utilizan escaleras de mano para escalar los muros de seis metros de altura (20 pies) de la prisión estatal de Tamaulipas en Reynosa.

• 14 de junio de 2010: Bandas rivales se enfrentan dentro de una prisión en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, y mueren al menos 29 reos, muchos por disparos.

• 20 de enero de 2010: Altercado entre narcotraficantes deja 23 muertos en prisión de la ciudad de Durango, en el estado del mismo nombre, en el norte de México.

• 14 de agosto de 2009: Pelea entre reos por el control de la prisión en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, deriva en 19 muertos y más de 20 heridos.



La riña en penal de Gómez Palacio, Durango. Foto: Cuartoscuro

• 4 de marzo de 2009: Ataque de reos que involucró armas de fuego ocasiona la muerte de 20 internos en la prisión estatal de Ciudad Juárez.

• 20 de octubre de 2008: Reos se enfrentan en una cárcel de Reynosa; hay 21 muertos.

• 14 al 17 de septiembre de 2008: Dos motines en la prisión La Mesa en Tijuana dejan 23 reos muertos, incluidos dos estadounidenses. Muchos murieron cuando la policía retomó el control de la instalación quemada.

• 8 de diciembre de 2006: Más de 100 reos escapan de una prisión estatal en la ciudad de Cancún mientras que otros tres mueren durante un motín detonado al parecer por la transferencia de un líder criminal. La mayoría de los prófugos fueron recapturados pronto.

• 1 de agosto de 2001: Reos toman como rehenes a guardias y exigen un helicóptero en un intento fallido por escapar de una prisión estatal en Jalisco. Dos guardias y dos reos fallecen.

• Octubre de 2001: Reos toman la prisión mientras subía el nivel de una inundación en el estado de Tabasco, en la costa del Golfo de México, e inician un desenfreno de asesinatos y tortura. Murieron 11 personas antes de que funcionarios retomaran el control 45 días después.

• 17 de marzo de 1997: Siete reos pierden la vida y 57 resultan heridos en un motín en la prisión de Santa María Ixcotel, en el estado de Oaxaca.

• 6 de junio de 1994: Estallan motines en la prisión estatal de Mexicali, Baja California. Cinco reos mueren antes de que las autoridades retomaran el control dos semanas después.

• 14 de diciembre de 1993: Enfrentamiento entre internos en la prisión de Almoloya de Juárez, cerca de la Ciudad de México, deja 15 prisioneros muertos y 10 heridos.

• 17 de mayo de 1991: Rivales intentan matar a Oliverio Chávez, quien operaba su negocio de drogas desde el interior de una prisión en Matamoros. Su banda contraataca y 18 fallecen en una balacera. Las autoridades recuperan el control dos semanas después.

• 22 de diciembre de 1988: Reos enojados porque se les negó un indulto en Navidad matan a un celador y toman rehenes valiéndose de armas de fuego contrabandeadas. Veintinueve personas fallecen en el enfrentamiento resultante en la penitenciaría Venustiano Carranza en Tepic, Nayarit.

• 20 de julio de 1988: Reos que trataban de escapar de una prisión en la ciudad de Morelia, Michoacán, intercambian disparos con guardias y arrojan bombas incendiarias. Diez internos mueren y 20 personas resultan heridas.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / SIN EMBARGO FEBRERO 12, 2016      - 00:05H)

EL “NO” DEL PAPA A LOS PADRES DE LOS 43, ES UN “NO” A LOS DE 27 MIL DESAPARECIDOS, DICEN FAMILIAS



Al no reunirse con los padres de las víctimas, que representan a los más de 27 mil desaparecidos en México, el Papa envía un mensaje de desánimo que no abona a la visibilización de la tragedia que se vive en el país, opinaron jefes de familias aglutinados en grupos civiles y que, por años, han denunciado la crisis y demandado justicia para sus hijos.


El tema de los desaparecidos perseguirá al Papa durante su gira por México. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– La resistencia del Papa Francisco a reunirse con los padres de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa envió un mensaje de desaliento al resto de los familiares de los más de 27 mil desaparecidos en México durante los últimos años, opinaron padres y madres entrevistados por SinEmbargo.

El coordinador general de la visita del Pontífice a México, Eugenio Lira, informó a los medios de comunicación, un día antes del arribo del Papa a la Ciudad de México, que no se reunirá con los padres de los 43 porque hubo más solicitudes de familiares de desaparecidos a través de colectivos.

Hoy, durante un breve encuentro con la prensa abordo del avión papal, Francisco dijo no saber aún si se encontrará en privado con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y mencionó que intentará hablar claro sobre la situación de derechos humanos en México.

“Lo haré e intentaré ser claro, hablar claro”, respondió el Pontífice a los cuestionamientos de la prensa.

Antes, una fuente de El Vaticano filtró que sólo habría tres espacios reservados para ellos en primera fila de la misa del de despedida del Papa.

Aunque la Santa Sede argumentó que hay varios colectivos que deseaban entrevistarse con el Papa, miembros de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fundec) –una de los más importantes porque aglutina alrededor de 500 familias de desaparecidos en el norte del país– informaron que tampoco a ellos los recibirá.


El Papa, rumbo a México. Foto: AP

“Nosotros lo intentamos. Irán cinco al evento que tendrá en Ciudad Juárez, pero no podemos llevar lonas ni nada. Estamos pensando qué hacer para que nos vea, necesitamos que se vea lo que está pasando en este país con los desaparecidos”, dijo María Elena Salazar Zamora, madre de Hugo Marcelino González, desaparecido el 20 de abril de 2009 en Torreón, Coahuila.

Salazar Zamora expuso que el Papa está obligado a no dejar pasar desapercibida la tragedia de las desapariciones en México, y la negativa a reunirse con los padres de los normalistas le resta esperanza al resto de padres y madres que desde hace siete años luchan por encontrar a sus hijos.

“Para que vea y se dé cuenta de la magnitud de lo que está pasando. Los políticos le van a enseñar lo bonito. Nosotros intentamos de mil modos acercarnos, porque no podemos ir a Roma. Vemos con tristeza que las cosas políticas pesan más que las víctimas”, expuso.

La mujer recordó que durante los siete años de fundada la organización Fundec, ninguna de las madres ha dado con el paradero de sus hijos.

“Si el Estado mexicano no ha podido dar una respuesta a los padres de los 43, que desaparecieron en masa, imagínese a nosotros que son menos visibles que se fueron uno en uno. En lo personal sí me deja un mensaje de desaliento, porque después de seis años que tiene desaparecido mi hijo, en el único que confiamos es en Dios y pues si él [Francisco], que está más cerca de Dios no nos hace caso, ¿para dónde voltea uno?”, dijo.



“ES UNA OBLIGACIÓN”

Clemente Rodríguez, padre del normalista Cristian Alfonso Rodríguez, planteó que hubiera sido un “gran impulso” para el caso de los 43 que el Papa los recibiera.

“Ahora sé que no se va a manifestar en apoyo a los padres, no los que tienen familiares desaparecidos, sé que no lo va hacer. No dirá ‘estoy con los 43’, no lo hará”, opinó.

El padre del normalista desaparecido el 26 de septiembre de 2014, junto con sus otros compañeros, añadió que la visita del Papa Francisco era una buena oportunidad para impulsar la búsqueda de sus hijos y del resto de los miles de desaparecidos.

“Le iba a doler al Gobierno, porque mucha gente conoce al Vaticano, puede presionar. Finalmente él como sacerdote, como ser humano, es su obligación, porque está prestando un servicio a la gente, para que se lleve bien, no haya pleitos entre familias, no haya muertes, ni desaparecidos”, indicó.

Carlos Hermilo Orozco Benítez, tío de tres de los desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, José Benítez de la O, de Bernardo Benítez Arroniz y de Mario Arturo Orozco Sánchez, expresó que el Papa está obligado a reunirse con las víctimas, pues no es suficiente hablar del tema con el Presidente Enrique Peña Nieto.

“La cosa es que si habla, va hablar con las personas principales que están haciendo los levantones. Con el Gobierno. Le van a decir que no pasa nada, que todo está bien. Tendría que haberse reunido con víctimas.

Ayer la organización Amnistía Internacional (AI) consideró, a través de un comunicado, que México, en vísperas de la visita de Francisco, enfrenta una crisis de derechos humanos de proporciones epidémicas.

“Que ha convertido las desapariciones, la tortura y los brutales asesinatos en señas de identidad del país”. “Cuando ponga su pie en Ciudad de México, el papa Francisco se encontrará ante una de las crisis de derechos humanos más alarmantes de América”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“Desde las decenas de miles de personas que han desaparecido hasta el uso generalizado de la tortura y el aumento del número de asesinatos de mujeres, pasando por la absoluta falta de capacidad para investigar los crímenes, los abusos contra los derechos humanos se han convertido en un compendio de México”, dijo.

Amnistía instó al Papa a usar su “poderosa influencia para persuadir al gobierno del presidente Peña Nieto”, a tomar en serio la crisis de derechos humanos combatiendo la impunidad.

“Sólo tomando medidas concretas y firmes para poner a esos criminales ante la justicia comenzará el gobierno mexicano a abordar esta arraigada crisis”, estableció.


(SIN EMBARGO.MX/ Shaila Rosagel febrero 12, 2016         - 09:20h)

EXIGEN APARICIÓN DE 6 JÓVENES DETENIDOS EN NOVIEMBRE POR POLICÍAS DE PUEBLA


PUEBLA, Pue. (apro).- Familiares de seis jóvenes desaparecidos desde noviembre pasado se manifestaron este jueves frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir a las autoridades que den a conocer su paradero.

Los parientes de los jóvenes, presuntamente aprehendidos por elementos de la Policía Ministerial del estado, reconocieron que aquéllos formaban parte de la banda que entró a robar a la casa de un funcionario de la FGE, hecho del que –dijeron– derivó su detención.

Los desaparecidos son: Román Limón Gómez, Marco Antonio Cuautle, Rogelio Rivera Osorio, Luis Ángel Flores, Pedro Negrete Orea y Brayan Gerardo Torres Sandoval, vecinos de la colonia Lomas de San Miguel.

Con cartulinas en mano y mantas con las fotografías impresas de los jóvenes, sus madres, hermanas y tías llegaron esta tarde al edificio de la FGE para exigir que las autoridades avancen en las indagatorias relacionadas con el caso y eviten proteger a los presuntos implicados.

“Si cometieron un delito, lo que queremos es que los pongan a disposición de la autoridad, que paguen conforme a la ley, no se vale que hagan justicia por su propia mano”, dijo Isabel Sandoval, madre de Brayan Gerardo Torres Sandoval, de 17 años.

Jorge Sosa, abogado de los familiares, señaló que han aportado diversos elementos para dar con los posibles responsables o con personas que presuntamente cuentan con información del caso, pero hasta ahora no hay indicios de que la Fiscalía trabaje de “manera transparente y sin encubrir a nadie”.

Hace unos días, apuntó, un joven reveló información que podría explicar la desaparición de los otros seis muchachos tras el robo en el que participaron. El joven fue detenido por la policía y posteriormente liberado.

Esta misma tarde la FGE emitió un comunicado para desmentir información publicada en un periódico local donde se asegura que el asalto que habría motivado la desaparición de los muchachos ocurrió en la casa del fiscal Víctor Carrancá. La dependencia acusó al abogado Sosa de desinformar sobre el caso.

“Ante la desinformación que el litigante ha generado, es preciso aclarar que es falso que exista relación entre algún funcionario de la Fiscalía General del estado de Puebla y la no localización de las personas”, destacó el comunicado.

Asimismo, pidió evitar especulaciones sobre el caso e invitó a quienes tengan “elementos fundamentados que aportar”, que lo hagan por las vías legales, y aseguró que la FGE mantiene diligencias para establecer si existe relación entre los no localizados y las actividades a las que pudiesen dedicarse.

Sostuvo que desde que los familiares denunciaron ante el Ministerio Público la desaparición de los jóvenes se iniciaron los protocolos de búsqueda y localización, y el caso se turnó a la Fiscalía de Atención a Secuestro y Delitos de Alto Impacto, área dependiente de la FGE.


(PROCESO / GABRIELA HERNÁNDEZ/ 11 FEBRERO, 2016)

UNA GUERRA SIN CUARTEL EN EL CORAZÓN DEL TOPO CHICO


Monterrey, Nuevo León.- El penal del Topo Chico, tiene insuficiencia de custodios, hay sobrepoblación y hacinamiento de reos, según reportes oficiales de organismos de derechos humanos.

En una visita en 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabilizó 4 mil 585 reos en la cárcel de Topo Chico, siendo que tiene capacidad para alojar a 3 mil 635 internos.

Un reporte de la Comisión estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) indicó que en 2013 la prisión de Topo Chico tenía una sobrepoblación de 55% en su área varonil, y de 56% en el área femenil.

Otras deficiencias en Topo Chico, detalló la CNDH, están en la prevención y en la atención de incidentes violentos.

Además la Comisión documentó la presencia de cobros por parte de los custodios y de los internos, y la existencia de “áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas, e internos que ejercen violencia sobre el resto de la población”.

Consuelo Morales, de la organización Cadhac, dijo que existen “autogobiernos” e “irregularidades cotidianas”, con presos que imponen sus propias reglas y riesgos de seguridad.

¿DÓNDE ESTABA LA DIRECTORA?

Gregoria Salazar Robles tomó protesta como directora del penal de Topo Chico el 12 de marzo de 2012, nombrada por el entonces gobernador Rodrigo Medina.

Es la segunda mujer en dirigir una cárcel en el estado; antes se desempeñó como subdirectora del
mismo Penal.

En 1994 estuvo al frente de la misma prisión Ninfa Delia Domínguez de los Santos, quien también fue titular de Readaptación Social.

El penal de Topo Chico ha sido escenario de fugas y riñas. El último hecho antes de éste fue el 14 de marzo de 2012, cuando un reo fue asesinado en su celda. (AGENCIAS).

PIDEN SU RENUNCIA

La bancada del PAN en el Congreso exigió la salida de Salazar Robles de la Dirección. Al asegurar que el motín dentro del centro penitenciario es la peor tragedia de los Ceresos de Nuevo León, el diputado Arturo Salinas, coordinador de los panistas en el Congreso exigió al Estado que explique la situación.

“Que el secretario general de Gobierno, Manuel González, separe a la directora del Penal.

“También pedimos al subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, investigue a la directora y demás funcionarios responsables de la seguridad en los penales”, declaró.

El Congreso del Estado solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública una presentación de la estrategia para recuperar la seguridad.

‘TODO ES MUY MALO’

Apenas puede con el peso que en momentos la sofoca. Guadalupe Picazo Torres grita todo lo que puede. Abre todo lo que puede los ojos, para ver si alcanza a ver entre las ventanas del tercer edificio a sus dos hijos, internos desde hace tres años.

No los ve. Su hija hace esfuerzos por seguir gritando cuando ella llora de impotencia. Llegaron ahí a las 10 de la mañana.

Para mediodía había hojeado cuanta lista de muertos y heridos pasaban de mano en mano. José Antonio Arellano Picazo y Vicente Coronado Picazo, sus dos hijos, no aparecían en ellas.

“Allá adentro es otra cosa señor, pero no me haga hablar de más, porque pongo en peligro a mis hijos, usted no sabe, allá a adentro es todo muy malo”, dijo Guadalupe.

Apenas si comió. Así se devolvió a su casa de Villas de San Miguel, en Escobedo. Sin saber de sus hijos. A ver si mañana vuelve. A ver si mañana le llaman. A ver si no están en esas listas que dice, están escondiendo, para que nadie sepa que hubo más muertos.  (JESÚS CASTRO).

DISPAROS ‘EN DEFENSA PROPIA’

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que durante el motín sí hubo un disparo y que fue realizado por uno de los custodios, quien se encontraba en el área de mujeres.

“El Bronco” explicó que la bala fue encontrada en uno de los cuerpos de los reos durante la autopsia.

“Sí hubo disparos, un disparo que fue en defensa de uno de los custodios que estaban en el área de mujeres, esa bala se encontró en el abdomen de uno de los cuerpos al que se le hizo la autopsia”, mencionó.

Agregó que lo primero luego de la riña era recuperar los cuerpos y tomar el control del Penal, lo cual se logró.

Cuestionado si se tenía capacidad de respuesta para enfrentar una situación como un recrudecimiento de violencia, Rodríguez Calderón dijo que el Consejo de Seguridad está en reunión permanente, a fin de fortalecer y reforzar la vigilancia en las zonas en las que pudiera haber conflicto.

Reconoció que hay una sobrepoblación en el penal del Topo Chico, por lo que señaló que es preciso concluir el penal de Mina, además de que “estamos empujando para tener un sistema penitenciario diferente en Nuevo León”. (AGENCIAS).


(ZOCALO/ AGENCIAS/ 12/02/2016 - 03:00 AM)

TOPO CHICO; LA NOCHE QUE SE DESATÓ EL INFIERNO


Monterrey, Nuevo León.- La malla ciclónica que delimita el penal del Topo Chico, al poniente de Monterrey, se convirtió en “el muro de los lamentos”. Unas 50 mujeres con lágrimas tatuadas en las mejillas, treparon para gritar el nombre de sus parientes.

Querían saber si seguían vivos. Querían saber si estaban bien. Querían saber si no les había tocado vivir el infierno que se desató a la medianoche.

“Toñitooooo, Toñitoooo, dime que estás bien Toñitooooo”. Son los gritos ya casi afónicos de una madre  desesperada. Nadie responde. Se llama Eugenia. De vestido largo y blanco, está trepada en la malla ciclónica que antecede al muro de concreto del Penal, desde donde se puede ver el edificio azul de tres pisos donde están los internos. Algunos se asoman por ventanas con barrotes o escalinatas acorazadas.

“¡¡¡Yaiiiiiir, Reyeeeees, Andreeeés, Felipeeeeee, Chivaaa, Roscoooooo!!!”. Gente acompañada de pancartas con nombres de familiares. Buscan a un tal Carrillo Carrizales, a un tal Jesús Ledesma, a un tal Miguel Gaytán, y no paran de gritar. Porque nadie les dice nada, porque no saben de ellos, porque no los dejan entrar a verlos. Porque si entran temen represalias.

Es el “Rosco” quien responde a algunos de ellos.  “Aquí está Felipe, está bien”, contesta. En otras ocasiones los internos que escuchan su nombre sacan playeras para avisar que siguen vivos.

“Es él mamá, es él, es Pancho, ya me contestó, es Pancho”, dice una adolescente de rostro ennegrecido por el polvo y el sol. Uno más que no estuvo en las listas parciales de muertos que circularon todo el día.

ZONA CONFLICTIVA

Las familias se apostaron en la calle Cuautla, de la colonia Nueva Morelos. Es la lateral  del penal del Topo Chico construido en 1943, en una zona entonces apartada de la ciudad, y que ahora fue consumida por la mancha urbana, que desde el 2011 clama sea cambiado a otro lado.

Es una zona conflictiva, con negocios cerrados o banalizados a los lados y casas que ayer lucieron vacías porque sus ocupantes huyeron desde el miércoles, cuando vieron las llamas del motín, los gritos de los internos y la entrada de la Policía y el Ejército.

Por esa misma acera, a unos metros de la malla está la entrada al Penal. Un portón de rejas grises que guardias abren unos cuantos centímetros, lo que les permite la cadena que han fijado para evitar que la muchedumbre se les cuele. Porque desde las 2 de la mañana estaban ahí, esperando respuestas.

Más de 500 personas inundaron el acceso. Lo tenían sitiado. Y alrededor, casi 70 patrullas de diferentes corporaciones, unos 200 elementos de Fuerza Civil y un número similar de soldados, además de los antimotines, se apostaron sobre la avenida Rodrigo Gómez, porque ahí, pegado al Penal, también está el Palacio de Justicia del Estado.

De ahí salió Minerva Martínez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vestida en impecable traje sastre gris, para decir a la prensa, y no a la gente, que ya se estaba dejando entrar a los familiares y que todo estaba controlado. Que darían a conocer las listas de fallecidos, que trasladarían a 72 a otros Ceferesos, y que si querían saber más se apuntaran para indagar.

“Vieja mentirosa, eso está diciendo desde anoche, que nos dé la lista. Queremos saber que está pasando, porque todos estamos adoleciendo aquí por la pérdida de un familiar o de no saber que está sucediendo adentro”, le gritaron, sin que ella hiciera caso. Luego la siguieron exigiéndole respuestas, golpeando el carro al que subió, y en el que escapó rechinando llanta.

FUE HORRIBLE

Pasaba del mediodía y la muchedumbre que abarrotaba la entrada del Penal se fue convirtiendo en tres largas filas que organizaron para dejar entrar a ver a los internos. Una para el área femenil, otra para la varonil, y otra para internos de las Galeras 2 y 3, donde fueron los enfrentamientos.

Los primeros en salir de la visita vertían versiones diferentes. Otras contaban, de oídas, que estaban golpeando a los internos. “No les conviene que entren, porque los están golpeando, ahí está una señora llore y llore en grito”, alertaba una mujer. Otra la desmentía. “No sean mentirosos, están sembrando pánico, mi hermano se ve bien tranquilo, yo lo vi, no los están golpeando”.

Y entonces, para evitar el contacto entre quienes salían con los que entraban, comenzaron a sacar a los familiares por una puerta trasera. Dicen que les advertían no volver, porque hacían tumulto, que mejor se retiraran.

Las filas avanzaban lento. De a cinco en cinco. Entre empujones y exigencias se mantenía la calma, otras arreciaba la desesperación y la gente empujaba el portón que los oficiales contenían amenazando con suspender la visita. “Nomás atrévase, y le tumbamos el Penal”, contestaban.


VINIERON LOS DESMAYOS

Las horas pasaban. Hombres y mujeres con ojos hinchados de llorar deambulando de un lado a otro sin saber nada de sus hijos, de sus hermanos, de sus cuñados, de sus esposos.

Salieron las primeras listas de muertos. Y vinieron los desmayos, los gritos de dolor, las ambulancias ahora trasladando a mujeres que se desvanecían de dolor.

Ojos que veían una y otra vez las listas de 10 en 10 o 20 en 20 que hacían circular las autoridades del Penal y que a veces no coincidían entre sí. Familias que seguían esperando entrada. Dolor que inundó el ambiente porque hubo quienes no pudieron o no quisieron entrar.

Fue jueves. Tocaba día de visita. La vivieron con los nervios y el miedo quemándoles como tizón el alma. Y se fueron con la zozobra de saber si el infierno estaba apagado. Si a la próxima les tocaría a sus hijos. Otros, unas 52 familias, según la primera lista, 49 la que dieron después, ya no volverán. Visitarán panteones en vez del Cereso, tras la noche en que se desató el infierno en el penal del Topo Chico.

HABÍA REOS SIN CABEZA

“Salimos todas. Empezaron a golpear todo, vimos que había humo, se golpeaban unos a otros y vimos cuando muchos ya no tenían cabeza ni pies.

De acuerdo a una de las mujeres que acudió a visitar a su pareja, tras el estallido de la gresca a las 35 mujeres presentes, las habrían encerrado en una oficina, “para que no diéramos información a los medios”.

“Pero vimos todo. Todo se quemó, se quemó la tortillería, los cuartos, colchones, ropa de bebés. Vimos a mujeres sangrando y quemadas con bebés en brazos”. (Agencias)

ORDEN DE EPN VIGILANCIA Y TRASLADO

Aroximadamente a las 19:00 horas de este viernes, elementos de la Policía Federal ingresaron por la puerta de aduana del penal del Topo Chico para tomarlo en resguardo, luego que inició el traslado de 150 reos a distintos centros penitenciarios del país.

Por su parte, elementos del Ejército, Marina, Policía Federal, Fuerza Civil y Policía Ministerial resguardan el exterior de esta cárcel. Durante la madrugada continuó el traslado de los internos. Esto tras la orden dada durante la mañana del viernes por el presidente Enrique Peña Nieto, sobre el apoyo de la Federación para tomar el control del centro carcelario. (Agencias)

EL PESO RECAE EN ANTÚNEZ

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Cuauhtémoc Antúnez es el encargado de los Centros Penitenciarios en Nuevo León.

Es general de división del Estado Mayor y fue asesor en materia de Seguridad en Coahuila, antes de sumarse al Gabinete de Jaime Rodríguez.

En enero de 2015, el gobernador Rubén Moreira Valdez le rindió un homenaje a Antúnez, quien en ese entonces era comandante de la XI Región Militar y se retiraba del servicio activo en el Ejército, luego de más de 46 años. (Agencias)


(ZÓCALO/ JESÚS CASTRO/ 12/02/2016 - 05:00 AM)

EXPLOTA LA ‘BOMBA DE TIEMPO’; ¿SE PUDO EVITAR LA TRAGEDIA?


Monterrey, Nuevo León.- El penal de Topo Chico era un rastro de muertos antes de que llegaran como este jueves por decenas y se acumularan sus cadáveres en el suelo. Con más de siete décadas de operación y completamente rebasado por la violencia, el hacinamiento y la corrupción, el centro penitenciario era una bomba de tiempo donde convivían presas y presos muy peligrosos, niños y hasta con perros, porque donde se guardaban los canes que detectan drogas había también que meter reclusos.

En más de una ocasión se dijo que el estado de Nuevo León planteaba el cierre de su más viejo presidio, por lo que ahora la oposición a Jaime Rodríguez Calderón, el Gobernador del Estado lo acusa de ser ineficiente en el tema de inseguridad.

Topo Chico, como casi todas las cárceles estatales de México, era una ciudad dentro de otra, donde se desarrollaba la misma guerra que al otro lado de los muros: la guerra de los cárteles que son, en muchos casos de facto, los que gobiernan los presidios.
El pasado 27 de septiembre, el líder de una de las organizaciones criminales que ahi opera cayó muerto, apuñalado junto a otros 11 hombres por el filo de la rivalidad y sobre todo por el control del poder, por la supervivencia.

Sus enemigos habían sido encerrados e incluso protegidos en algunas áreas comunes por su peligrosidad. Ese fue el penúltimo “tic tac” del enfrentamiento que se vivía dentro de aquellos viejos muros, en el que los cables de electricidad cuelgan de las paredes y las tuberías destrozadas pasan a la vista entre los pabellones.

Las pésimas condiciones en las que se encontraba el Penal habían sido destapadas por las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos e incluso por un video anónimo, al mismo tiempo que se evidenciaron los lujos con los que vivían algunos reclusos.

El total descontrol del Penal por parte de la Dirección y las autoridades estatales hacía imposible que se pudiera separar a los presos del fuero común con los criminales de alta peligrosidad. Incluso, presos con problemas psiquiátricos convivían con el resto de los encarcelados sin control alguno.

En esta tierra sin ley, los suicidios, asesinatos y hasta el descubrimiento de un túnel de 17 metros forman parte de un negro historial, que bien pudo ser considerado como la advertencia para evitar una explosión de violencia, que se llenaría de sangre, lágrimas y desesperación.

Esta es una herida que pone de manifiesto los vicios que aquejan a México, es el claro reflejo que cobra relevancia justo a un día de que el papa Francisco llegue al país para ver de frente a la bestia del narcotráfico, la corrupción de las autoridades y una desbordada reacción en cadena que pone en vilo a todo el noreste.


(ZÓCALO/ AGENCIAS/ 12/02/2016 - 03:00 AM)