La relación entre México y
Estados Unidos está más deteriorada de lo que parece. Los últimos exabruptos
del Presidente Donald Trump al negarse el Presidente Enrique Peña Nieto a pagar
por el muro fronterizo, son lo de menos, por más sanguíneos que sean. La
relación se siente quebrada al haberse suspendido el intercambio de información
sensible en materia de seguridad, y al cerrarse dentro del gabinete
estadounidense los canales de intercambio en temas altamente delicados para la
seguridad nacional. El gobierno de Peña Nieto inició mal su relación con la
administración de Barack Obama, cuando suspendió la amplia cooperación
alcanzada con el gobierno de Felipe Calderón, y terminará igual o peor con
Trump.
El caso más evidente es la
información que tiene la Casa Blanca sobre la interferencia rusa en el proceso
electoral mexicano, expuesto ante la opinión pública en un discurso del
consejero de Seguridad Nacional de Trump, H.R. McMaster el 15 de diciembre pasado
en la Fundación Jamestown en Washington, donde afirmó: “Estamos viendo que
realmente hay un sofisticado esfuerzo para polarizar en sociedades democráticas
y echar a pelear una con otra a comunidades dentro de esas sociedades. Ya
estamos viendo las primeras señales de ello en la campaña presidencial en
México”.
Públicamente, el Gobierno
mexicano minimizó esos señalamientos y mentir en un principio que no tenía
evidencia alguna de ello. Sin embargo, la reacción privada fue diferente. En
noviembre pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó
a Moscú para reunirse con el canciller ruso Serguéi Lavrov. Oficialmente fue
para revisar el estado de las relaciones bilaterales, y al término de su
encuentro descartaron las versiones sobre la interferencia rusa en las
elecciones presidenciales mexicanas. “El Gobierno mexicano no tiene ninguna
evidencia que valide esta hipótesis”, aseguró Videgaray. Fuentes diplomáticas,
sin embargo, admitieron que el viaje fue preventivo y para buscar abrir canales
de comunicación fluidos con Moscú. Las alertas en el Gobierno mexicano se
habían levantado pese a la postura pública de restarle importancia.
El 31 de enero, los senadores
Marco Rubio, precandidato republicano a la Presidencia, y Bob Menéndez, el
demócrata de mayor rango en el influyente Comité de Relaciones Exteriores del
Senado, le pidieron al secretario de Estado, Rex Tillerson, en vísperas de un
viaje a México y América Latina, que planteara al gobierno mexicano recibir
ayuda estadounidense para salvaguardar su proceso electoral, dado que “los
sistemas electorales débiles pueden ser explotados fácilmente y manipulador por
actores maliciosos como Rusia”. Los senadores dijeron estar “crecientemente
preocupados” por la interferencia rusa en las elecciones mexicanas. El 2 de
febrero, al iniciar su gira por la región, Tillerson urgió al gobierno de Peña
Nieto en la Ciudad de México que estuviera atentos a la interferencia rusa.
El gobierno solicitó a
Tillerson información para sustentar lo que advertían en Washington, y de
acuerdo con fuentes del gobierno federal, lo único que han recibido desde
entonces son evasivas. “No han querido darnos más información de lo que
públicamente han dicho”, dijo una de las fuentes mexicanas. “Nos han dicho que
nos darán información, pero no nos han proporcionado nada”. Ni la Casa Blanca
ni el Departamento de Estado han proporcionado las evidencias que McMaster dijo
tener, a menos que se las hayan proporcionado a Videgaray durante su viaje
reciente a Washington y la información no haya sido compartida más allá del
presidente Peña Nieto. Esta posibilidad, sin embargo, es remota.
La información en poder del
gobierno de Estados Unidos donde aparece México se refiere al Proyecto Lakhta,
desarrollado por la Agencia de Investigación en Internet, con sede en San
Petersburgo, dedicada a la creación de páginas en Facebook para diseminar temas
controversiales que estimularan el encono, utilización de cuentas falsas en las
redes sociales o cuentas apócrifas mediante el robo de identidad. El Proyecto
Lakhta abarcó a 11 naciones, enfocado sobre todo en Estados Unidos, y
recientemente fue puesto al descubierto al ser acusados por el Departamento de
Justicia 13 ciudadanos rusos y 13 empresas de esa nación. En la acusación no se
mencionó a ningún país por nombre salvo a Estados Unidos.
La Agencia de Investigación
en Internet era el corazón de lo que han llamado “la granja de troles”,
descrita ayer en este espacio, donde se mencionó que información en poder del
Instituto Nacional Electoral muestra que en los últimos meses han notado una
actividad extraña procedente de San Petersburgo. Las fuentes del gobierno
mexicano indicaron que sí existen evidencias de injerencia rusa en el proceso
electoral mexicano, pero que esa información aún es precaria, por lo que habían
recurrido al secretario Tillerson para que su país les aportara más información
para construir un andamiaje de blindaje. La respuesta ha sido negativa.
Los servicios de inteligencia
mexicanos han podido detectar desde hace tres años la creación de páginas en
las redes sociales donde se ha venido diseminando en español propaganda rusa y
apologética sobre el Presidente Vladimir Putin. También han aparecido páginas
en Facebook donde se ha estado atacando a candidatos presidenciales, sin
preferencia sobre uno específico, alentando la polarización. Hay una serie de
cuentas en Twitter que se han analizado, pero la capacidad para poder
determinar si son parte de la operación desde San Petersburgo es limitada. El
tiempo está corriendo en la campaña presidencial y el gobierno de Estados
Unidos mantiene la veda de información para México. Los funcionarios peñistas
desconocen las razones de ello, pero sugieren que quizás no quieran compartir
esa información porque pudiera poner en riesgo la identidad de sus informantes,
en Moscú o en México.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
@rivapa
(NOROESTE/ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/
01/03/2018 | 04:02 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario