Empresarios y artistas buscan establecer
sus viviendas de descanso en Salazar, un poblado del Estado de México donde
abundan las historias de despojo, pero también de lucha comunal.
La geografía privilegiada que
tiene la comunidad de Salazar en Lerma, Estado de México, fue un lujo natural
para sus habitantes hasta hace tres años, cuando la codicia inmobiliaria se
fijó en las tierras de un pueblo rodeado por una amplia zona boscosa,
delimitada por un parque nacional, una laguna, la vía del extinto ferrocarril y
la carretera México-Toluca.
Hoy, las tierras ancestrales
que conforman el poblado de Salazar albergan dos realidades opuestas y una
disputa legal por la ocupación de 217 hectáreas de bosques y parcelas
agrícolas, litigio que sostienen con la comunidad de San Mateo Atarasquillo
desde 1947.
Una realidad son los ocho
comuneros que fueron detenidos y encarcelados desde el 31 de agosto de 2017,
acusados de los delitos de robo con violencia, privación ilegal de la libertad
y lesiones por defender un terreno que se localiza junto al panteón de Salazar,
que se habría vendido de forma presuntamente ilegal a un grupo de particulares
en el año 2015.
La otra cara de la moneda son
los ranchos hípicos y fincas de descanso de grandes empresarios, como el dueño
de Grupo Carso, Carlos Slim; el Consejero de Grupo Grisi, Carlos Alberto Grisi
Mariscal; el Director de Grupo Comercial Chedraui, Federico Carlos Fernández
Senderos, y uno de los dos accionistas de Grupo Corrado, Ricardo Nizri Guasp.
Grupo Corrado es una compañía
contratista de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y del
Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. Nizri funge como su representante
legal en la mayor parte de las licitaciones.
También figuran como
propietarios de grandes extensiones de bosque acaudalados integrantes de la
clase política mexicana, como el senador con licencia del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero Morales, cuyo rancho fue
evidenciado por el diario Reforma en una investigación especial publicada este
jueves.
Con una extensión de una
hectárea y un costo de ocho millones de pesos, el rancho de Escudero goza de un
camino empedrado para conectar con la carretera Salazar-Huixquilucan y
vigilancia las 24 horas del día, según pudo constatar Reforma.
Otro de los nuevos residentes
de la comunidad es León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del coordinador del
bloque PT- Morena en el Senado, Manuel Bartlett Díaz. Bartlett Junior adquirió
un terreno de más de una hectárea y al momento de recibir su certificado
parcelario, el hijo del senador proporcionó como su domicilio un inmueble
ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo en la
Ciudad de México.
Germán Rojas Nava, integrante
de la Comisión Agraria de Salazar, asegura que existen más personas
involucradas en la compra y venta de predios que históricamente pertenecen a su
comunidad, entre los que menciona a la actriz Yolanda Andrade y al empresario José
Luis Vaca Bonilla, mismo que en septiembre de 2017 obtuvo un permiso del
ayuntamiento de Lerma para bardear un terreno de tres mil metros cuadrados en
la zona que Salazar disputa con San Mateo Atarasquillo.
“Sabemos de un señor que se
llama José Luis Bonilla Vaca que ha revendido muchas hectáreas, también sabemos
de Yolanda Andrade con su fundación ‘EsTuDía’ porque la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya le había concedido todos los
permisos para el cambio de uso de suelo”, explicó.
Suplente en la Comisión
Agraria, Francisco Ceballos, señala que los certificados parcelarios que
amparan las supuestas propiedades de Carlos Alberto Grisi, Federico Carlos
Fernández, León Manuel Bartlett y Ricardo Nizri Guasp, se otorgaron de forma
irregular, puesto que ese tipo de documentos sólo se pueden otorgar a los
propios comuneros.
Agrega que esos títulos
parcelarios fueron expedidos a nombre de la comunidad La Cima San Mateo
Atarasquillo, pero sostiene que se trata de terrenos ubicados dentro de Salazar
y que se trata de ventas ilegales, aprovechándose de la buena fe de los
compradores.
Otros presuntos compradores,
señala Ceballos, son la conductora de televisión Montserrat Oliver, un hijo del
cantante de Vicente Fernández y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean,
aunque en estos casos no cuentan con ningún tipo de documento para comprobarlo.
Por otro lado, el abogado
Mario Alberto de León Venegas, quien se ostenta como representante legal de un
grupo de 18 a 20 compradores cuyos nombres se reserva, sostiene que sus
clientes adquirieron de forma legal, puesto que la comunidad de La Cima de San
Mateo ganó en definitiva el conflicto agrario y se le reconocieron todos los
derechos sobre los terrenos en disputa.
Además, sostiene que entre
sus clientes no se encuentran artistas o grandes empresarios, pero se niega
revelar cualquier nombre, con el argumento de la secrecía profesional. Incluso,
considera que no hay ningún documento que dé la razón a los comuneros de
Salazar, quienes han encontrado referencias de la existencia del poblado y de
sus posibles derechos desde 1550, durante el virreinato.
PRESENCIA EN EL LITIGIO AGRARIO
La recomendación 269/1992
emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indica que el
abogado Mario Alberto de León Venegas participó en el fraude, despojo de tierra
con violencia y venta ilegal de parcelas de San Juan de Ocotán, localidad
indígena ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco.
En la queja se señala que los
documentos utilizados para quitar las tierras a los indígenas fueron
falsificados y avalados con certificaciones y declaraciones falsas. En estos
hechos participaron funcionarios agrarios y el propio abogado Mario Alberto de
León.
En sus conclusiones, se
afirma que el litigante jalisciense y accionista de la empresa
inmobiliaria Arquitectura y Espacios
Beda, creada en Jalisco, se coludió con ex líderes comunales de San Juan de
Ocotán para despojar al resto de los ejidatarios de sus propiedades.
Textual, la recomendación
dirigida al entonces titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Víctor
Cervera Pacheco, señala que del análisis que obra en el expediente se pudieron
detectar “irregularidades cometidas en contra de la Comunidad de San Juan de
Ocotán, Jalisco, por parte de los ex-integrantes de la Mesa Directiva”.
Se nombra a Elías Noguera,
David Olivares, Daniel Anguiano, Rito Ramos, Tereso Díaz Timoteo Jiménez,
Reynaldo Olivares y Cipriano Flores como autoridades responsables de dichas
irregularidades, los cuales fueron auxiliados “por el licenciado Mario Alberto de
León Venegas, quienes realizaron la venta ilegal de parcelas, adjudicación de
las mismas a personas ajenas a la comunidad, explotación indebida de recursos
naturales y mala administración”.
Además, la CNDH afirma que De
León Venegas “se quedó con el sello y material membretado de la comunidad y los
usó en forma indebida y perjudicial para esta última”, puesto que se aprovechó
de la comunidad que representaba para ceder un predio rústico que no era objeto
de transacción alguna y para transferir una “finca” en Guadalajara a una
persona totalmente desconocida para los comuneros de San Juan Ocotán.
Veintidós años después, otra
comunidad de escasos recursos acusa a
Mario Alberto de León Venegas de ser partícipe en el despojo de sus
tierras, pero él argumenta que es el representante legal de la comunidad de La
Cima San Mateo Atarasquillo y no de una compañía inmobiliaria o grupo
empresarial.
(ARISTEGUI NOTICIAS/ JUAN OMAR FIERRO/ MARZO 2, 2018
9:33 AM)
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