Llueven denuncias por robos de vehículos
y autopartes dentro de la pensión
La madrugada del 30 de
noviembre Carlos tuvo un accidente vial. Su automóvil Jetta GLI fue impactado
por el boulevard Rolando Arjona. No hubo lesiones reportadas, pero su unidad
fue llevada al corralón debido a que las partes del accidente no llegaron a un
acuerdo.
Ya el 24 de enero, Carlos
acudió al corralón para inspeccionar las condiciones de su automóvil, el cual
según el inventario número 249477, contaba únicamente con golpes en el costado
del copiloto. Lo demás, en perfecto estado y todo en regla.
Ubicado sobre el libramiento
de la autopista Benito Juárez (Costerita) en el poste 1220 poniente, el
corralón es propiedad de Ricardo Laura Garzón, y provee del servicio de pensión
al Ayuntamiento de Culiacán desde enero de 2004, mediante un contrato de
concesión por 20 años.
Sin embargo, Carlos encontró
su auto desmantelado. Embancado sobre unos ladrillos, las cuatro llantas
removidas así como la extra, la guantera y la batería, el carro deportivo quedó
reducido a un cascarón.
Y junto a su caso, decenas de
ciudadanos reclaman a la comuna por justicia. Nadie en el corralón les ha dado
respuesta. Hay casos de robo total de su unidad, en su mayoría motocicletas,
según denunció el regidor por el Partido Sinaloense (PAS) Alejo Valenzuela.
“Hemos estado denunciando
públicamente el tema del corralón. La gente iba al corralón y no los atendían,
hemos canalizado más de 25 gentes. Al que no le han robado una moto le han
robado o desmantelado su vehículo”.
En el caso del vehículo de
Carlos, ya existe una denuncia ante el Ministerio Público en la Unidad
Especializada de Delitos Patrimoniales, pero nadie le ha dado respuesta. Existe
también una querella ante el departamento jurídico del Ayuntamiento de Culiacán
con fecha del 31 de enero, dirigida a Javier Corral Escoboza.
Además, el Regidor por el PAS
señala que el Ayuntamiento no recibe dinero alguno producto de este convenio.
CONTRATO. De Concesión.
No es la primera vez
Hace un año, el luchador
social Salomón Morárrez, líder de la Oficina del Pueblo, realizó un plantón en
las instalaciones del corralón por supuestas irregularidades. En ese entonces
acompañó a un hombre cuya unidad fue retenida. Ahí pudo constatar por vez
primera el estado de la pensión, con hoyancos en las mallas perimetrales y
otras irregularidades.
Posteriormente, acompañado de
Ernesto Saldaña García, del Colectivo ProDefensa del Patrimonio Público,
hicieron denuncia pública durante el acto de toma de protesta de Jesús Valdés
al inicio de su administración.
Ambos activistas coinciden en
que es un contrato que bien puede rescindirse, y que además, debería ejercerse
alguna sanción al empresario Ricardo Laura Garzón. Y tanto Saldaña como Salomón
explican que eso viene estipulado en el convenio de concesión. Las violaciones
al mismo son claras.
Saldaña García incluso pone
en evidencia que los costos de la actual pensión son mayores a los
implementados en ciudades como Guadalajara y Hermosillo.
Pero la bomba estalló durante
la última sesión de Cabildo que presidió Jesús Valdés Palazuelos, el miércoles
24 de enero. Al recinto se dieron cita al menos una decena de afectados. Todos
pedían que la comuna les ayudara con las autoridades que custodian el corralón.
La cláusula quinta del
contrato entre el Ayuntamiento de Culiacán y Ricardo Laura Garzón, señala que
el concesionario se obliga a prestar servicio de manera adecuada, regular y
uniforme, con la finalidad de garantizar la plena seguridad de los vehículos
que se depositen y guarden en las instalaciones. Y en el caso de Carlos, esta
cláusula no fue respetada.
Tampoco la décima, la cual
señala que el concesionario será responsable del faltante de cualquier parte o
accesorio, así como del daño causado a los vehículos durante su custodia. En
esos casos estará obligado a repararlos a satisfacción del usuario.
Y Jesús Valdés dejó el cargo.
Él había heredado alrededor de 300 casos legales y por eso se analizaba a
conciencia la disolución del contrato. No quieren más problemas legales. Pero
su licencia definitiva fue aprobada ese mismo miércoles 24 y la herencia del
caso es ahora para Francisco Antonio Castañeda Verduzco.
En su primera entrevista como
alcalde interino, Castañeda Verduzco responde a la pregunta de si van a
quitarle la concesión al empresario Ricardo Laura: “Bueno, esa es una decisión
del Cabildo, obviamente hay un contrato de por medio y todavía faltan varios
años para que se termine”.
—Pero está incumpliendo el
concesionario.
—Claro, se tiene que hacer la
evaluación, y en base a eso, poder, en un momento dado quitarle el contrato,
pero como hay una concesión de por medio, no puedes ser arbitrario.
Y mientras el Cabildo de
Culiacán delibera por una decisión, el contrato de concesión es claro en su
cláusula sexta, en donde se explica en cinco incisos las causas de recisión del
mismo. El segundo indica que podrá cancelarse cuando “el Concesionario no
realice la prestación del servicio de manera adecuada, regular y uniforme”.
Artículo publicado el 4 de febrero de 2018 en la
edición 784 del semanario Ríodoce.
(RIODOCE/ AARÓN IBARRA/ 6 FEBRERO, 2018)
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