Tan solo en 2017, la Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos TDT documenta más de 30 homicidios y ocho
desapariciones de activistas. Amenazas, detenciones arbitrarias, exceso en el
uso de la fuerza, hostigamiento, vigilancia intimidatoria y violaciones al
derecho de acceso a la justicia, son otros tipos de agresiones. En cuanto a la
impunidad de estos ataques, el Padre Alejandro Solalinde asegura que el
problema no es de leyes, sino que las autoridades no las aplican
Más de seis meses han
transcurrido desde que los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres fueron
asesinados, sin que sus crímenes se hayan aclarado. Eran indígenas y defensores
de derechos humanos en la comunidad huichol (wixárika) de Jalisco. Así como
ellos, más de un centenar de activistas de todo el país han muerto de forma
violenta en la actual administración federal.
Hasta principios de
septiembre de 2017, las organizaciones civiles que forman parte de la Red TDT,
informaron que durante lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto,
106 activistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados; sin embargo,
a decir del sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, luchador por la
libertad, la cifra ya aumentó a 110 en los últimos días.
Las mayores atrocidades
cometidas contra activistas se han acumulado
durante el último sexenio, que ha sido cuando más sacerdotes, periodistas,
migrantes y protectores de derechos humanos han sido privados de la vida.
Además de que esos mismos sectores fueron blanco ilícito de espionaje
gubernamental.
Para el Padre Solalinde, la
situación de los derechos humanos en México es muy ambivalente: “Por un lado,
se proclaman claramente. Tenemos buenas leyes en derechos humanos, con reformas
constitucionales como la de 2011, pero por otro lado, no se cumplen. El
problema es que en México las leyes se tienen, pero no se cumplen”, expresó en
entrevista con ZETA.
El reproche social de la
comunidad internacional no se ha hecho esperar. “Basta ver la respuesta que da
el Comité de la ONU de trabajadores internacionales de Ginebra, Suiza, a
México, en el tercer informe del examen periódico, para darse cuenta de cómo la
ONU sigue reiterando a México lo que no ha cumplido”, asevera el clérigo.
La figura de Solalinde Guerra
se ha convertido en el estandarte de lucha de migrantes, tanto mexicanos como
centroamericanos, de las clases desprotegidas y más castigadas económicamente.
Ha conseguido que su voz y la de sus hermanos, en tránsito hacia el norte, se
escuche con fuerza y trascienda fronteras.
“Son 110 los defensores y
defensoras de derechos humanos que han asesinado, recientemente las personas
que asesinaron en Baja California Sur, la persecución que se ha hecho de los
ombudsman en diferentes estados del país, la vida amenazada también de
activistas. Periodistas ya ni se diga, hombres y mujeres que han sido
asesinados por todos lados, pero sobre todo en Veracruz”, advierte el hombre de
sotana blanca y cruz de madera en el pecho.
El 31 de marzo del año en
curso, al dar respuesta al informe anual de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), Peña Nieto reiteró la arenga que ha usado a lo largo del
sexenio: reconocer que existen deficiencias en la protección de derechos
humanos en el país, pero afirmó que la responsabilidad de protegerlos es de
todos, no solo de su gobierno.
El mandatario destacó que las
agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas son una afrenta a la
sociedad, por lo que es necesario fortalecer los instrumentos de protección en
el ámbito federal y local.
Como ha sido costumbre, hace
ocho meses Peña Nieto de nuevo optó por el discurso que sigue sin respaldarse
con acciones o resultados de investigaciones concretas: “Es inaceptable que una
persona sea atacada por proteger a personas o por hacer uso de su libertad de
expresión, un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos, es
una afrenta a la sociedad en su conjunto. Ante esta realidad debemos hacer una
revisión del diseño y operación de los mecanismos del Estado mexicano para la
protección y defensores de los derechos humanos”.
IMPUNIDAD COMO MARCA DE LA CASA
A las semanas de tal
declaración, se registró el asesinato de los hermanos Vázquez Torres, quienes
además de liderar a los wixárikas en la zona norte de Jalisco, colaboraban con
las autoridades como peritos traductores y se les consideraba defensores de los
derechos naturales del hombre y de la mujer.
El 20 de mayo, primero fue
baleado Miguel por un comando armado en el pueblo de Kuruxi Manuwe, en San
Sebastián Teponahuaxtlán y, cuando recibía atención médica en un centro de
salud, los sicarios volvieron para matar a su hermano. Ambos perecieron.
Los agresores fueron
identificados como pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en
ese entonces al servicio del ex fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia “El
Diablo”, quien presuntamente pretendía desplazar a las comunidades indígenas de
tierras localizadas en Huamijic y Puente de Camotlán, en el municipio de La
Yesca, y beneficiar a pequeños propietarios mestizos. Los Vázquez lograron
legalmente la recuperación de diversos predios en la Sierra de Pajaritos. Hasta
el momento no hay detenidos en el asunto.
En Sinaloa, a finales de
junio se registraron agresiones y amenazas hacia diversos custodios del penal
de Aguaruto, quienes se manifestaban pacíficamente por sus malas condiciones
laborales y las presiones de que eran objeto tras la fuga del presunto
narcotraficante Juan José Esparragoza Monzón “El Negro”, tres meses atrás.
Las intimidaciones se
extendieron hacia personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en
Culiacán. Se identificó a servidores de la Secretaría de Seguridad Pública como
los emisarios del mensaje y la CNDH hizo un pronunciamiento enérgico para
exigir garantías necesarias para el personal sinaloense.
En el informe septembrino de
la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos
para Todas y Todos” se anunció que, durante los primeros siete meses del año,
por lo menos 30 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, en
tanto que ocho estaban desaparecidos, con independencia de otros tipos de
agresiones, como amenazas, detenciones arbitrarias, exceso en el uso de la
fuerza, hostigamiento, vigilancia intimidatoria, violaciones al derecho de
acceso a la justicia, allanamientos ilegales, violaciones al derecho a la honra
y la reputación. Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y Guerrero, los estados con
mayor número de vejaciones.
Nuevamente se cuestionó a
México en los foros internacionales, lo que motivó la reiterada respuesta del
Gobierno Federal con la cantaleta de que la administración expresaba “su más
amplia voluntad y capacidad para atender los desafíos en la materia, en un
marco de cooperación” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También refrendó su política de apertura y colaboración con organizaciones de
la sociedad civil y organismos internacionales, para los casos denunciados
públicamente de espionaje a activistas y periodistas incómodos para las
autoridades.
En ese contexto llegó el 20
de noviembre, cuando criminales decidieron matar a otro defensor de derechos
humanos, esta vez de la esfera gubernamental, así que el ataque se dio por
primera vez directamente contra el Estado mexicano. Por la noche, en la ciudad
de La Paz, fue asesinado a balazos el presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho junto con
su hijo Fernando. Su esposa Silvia Lucero y su hija Silvia María resultaron
heridas, pero viven para contarlo.
El hecho fue condenado por el
presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y por el relator especial
sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la Naciones Unidas,
Michel Forst, quien solicitó al gobierno de México implementar mecanismos para
personas defensoras de derechos humanos en riesgo, e hizo un llamado a las
autoridades estatales y federales a garantizar que la investigación sea
exhaustiva y los responsables sean llevados ante la justicia.
En medio de una cadena de
condenas por el homicidio, González Pérez informó de las amenazas que existen actualmente en contra de
defensores públicos de derechos humanos de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas.
Luego la impunidad se
continuó hilvanando, dos días más tarde, en Guadalajara, uno de los auxiliares
adscrito a la Cuarta Visitaduría de la CEDHJ, fue privado de la libertad cuando
llegaba durante la mañana a su trabajo. El funcionario conducía un Jeep de color
rojo que fue interceptado por al menos dos sujetos armados, quienes incluso
dispararon al aire para amedrentar a su víctima y se lo llevaron en un
automotor tipo taxi. Al día siguiente, el servidor público fue liberado sano y
salvo.
La Fiscalía General de
Jalisco no abundó en detalles de la libertad de la víctima, como tampoco lo
hizo el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, quien aseguró a los
medios de comunicación que no se reforzaría la seguridad personal ni para sus
subalternos:
“Para defensoras y defensores
de derechos humanos existen protocolos especializados que se activan cuando
existe algún tipo de amenaza, nosotros en este momento no tenemos elementos
para considerar una amenaza contra el trabajo de la institución”.
Para concluir, el Padre
Alejandro Solalinde destacó para este Semanario que lo importante “ya no son
las recomendaciones, que sí hay nuevas, sino las reiteraciones, porque se le
sigue juntando un periodo y otro periodo al gobierno de México porque no las
cumple. Entonces, sigue siendo un gobierno totalmente incongruente en cuestión
de derechos humanos y políticas públicas, como las de migrantes. Entonces,
tenemos las leyes, pero de nada sirve, si como en el caso que más conozco,
tenemos un instituto criminal de migración que se encarga de hacer todo lo
contrario. De nada sirve tener la Ley, si tenemos una contraley en la misma Ley
secundaria o el reglamento. No se puede así”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /LUIS CARLOS SÁINZ /LUNES, 11 DICIEMBRE, 2017
07:00 PM)
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