Muchas
veces me han preguntado si el crimen de Javier Arturo Valdez Cárdenas fue obra
de los narcopolíticos y siempre he dicho que no, que Javier no investigaba el
perfil de esos políticos que, por cierto, abundan en Sinaloa. Afirmarlo hubiera
sido doloso porque no teníamos elementos sólidos pero, además, porque estábamos
convencidos de que fue perpetrado por el crimen organizado, por uno de los dos
grupos del Cártel de Sinaloa que en esos meses estaban en pugna o por un
tercero interesado en “calentar” la plaza.
Sin
embargo, poco a poco, ante los nulos resultados para castigarlo y más aún, ante
el desinterés por dar con los asesinos y castigarlos, este homicidio se está
configurando como un crimen de la narcopolítica. El delito lo es cuando se
comete, pero se confirma y extiende en la medida en que permanece impune, por
complicidad o por miedo de las autoridades, porque se enturbia y muchas veces a
propósito.
A
Javier Valdez lo mató una de las bandas del narcotráfico, lo seguimos
sosteniendo. Pero ahora, después de cuatro meses sin que se hayan visto
resultados, afirmamos también —y lo hacemos convencidos de que así es— que el
gobierno está siendo cómplice de los asesinos, que los fiscales llegaron al
punto en que ya no quisieron continuar, tal vez por miedo, pero eso no les
quita su calidad de secuaces y colaboradores de los que perpetraron el
homicidio.
Durante
meses los fiscales Juan José Ríos Estavillo, de Sinaloa y Ricardo Sánchez,
titular de la Feadle, nos pidieron paciencia, comprensión ante la delicadeza
del caso y colaboración. Lo hicimos en la medida de nuestras posibilidades.
Pero cuando empezamos a darle vuelta a la tuerca vimos cómo empezaron a
recular. Las comunicaciones se han cortado casi por completo y no vemos interés
de nadie por llegar al final de su encargo de oficio, que es imputar cargos a
los asesinos materiales e intelectuales, poniéndolos a disposición de un juez.
Por
eso no era gratuita la percepción generalizada de que el crimen no se iba a
castigar. Si el 99. 7 por ciento de los crímenes de periodistas en México no se
castigan, ¿por qué el de Javier sí? Lo escuchábamos por todos lados pero nos
negábamos a aceptarlo como algo inminente. El impacto que causó en México y en
el mundo, la actitud del presidente de la república, su convocatoria a los
gobernadores, varios gobiernos de otros países presionando, la súbita
organización de los periodistas de a pie discutiendo a partir de este hecho
sobre sus condiciones de trabajo, el suelo minado que pisan para reportear y
cómo protegerse…
Todo
ello hacía del caso de Javier Valdez algo de urgente prioridad y parecía que se
había planteado como un asunto de estado resolverlo. Pero nos equivocamos. El
gobierno reaccionó simulando una preocupación real pero a la vuelta de las
semanas y los meses nos dimos cuenta que fue solo eso, simulación. Y que si en
algún momento tuvieron la intención de aclarar el crimen, llegaron al punto de
toparse con los intereses criminales que anidan en las estructuras policiacas y
de Gobierno.
Por
eso las preguntas a los fiscales: ¿Cuánto tiempo más van a simular que
investigan? ¿Para eso quería Ríos Estavillo llegar al cargo que ocupa, para que
los niveles de impunidad siguieran igual y para declararse incompetente en un
caso de tan alto impacto? ¿Puede decir Ricardo Sánchez Pérez del Pozo que con
su llegada a la Feadle las agresiones a periodistas sí se castigarán? ¿En qué
quedaron las investigaciones del asesinato de Miroslava Breach, cuando desde el
primer día el propio gobernador dijo que sabía de dónde provenía el crimen? ¿A
qué le apuestan con su silencio cómplice? ¿Y qué respuestas tiene el procurador
general de la república, Raúl Cervantes, que pretende ahora ser el primer
Fiscal del país?
BOLA Y CADENA
LA RESPONSABILIDAD DIRECTA es de ellos, de los tres. Pero hay también
responsabilidades políticas. Está la responsabilidad política del gobernador
Quirino Ordaz Coppel, porque es él el responsable del clima de inseguridad que
priva en la entidad y de que las policías, en vez de trabajar en el cuidado de
los ciudadanos, sirvan para proteger a las bandas criminales. Y está la
responsabilidad del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, que se
comprometió a poner las condiciones necesarias para castigar el crimen y para
proteger a los periodistas, cosa que tampoco está ocurriendo.
SENTIDO CONTRARIO
¿PUEDE EXISTIR MAYOR CINISMO de los criminales que gobiernan en Sinaloa cuando un
laboratorio de drogas sintéticas es instalado en una casa propiedad del
dirigente estatal de partido Movimiento Ciudadano, Mario Imaz? ¿O de que una
bodega de insumos para producir drogas ilegales sea descubierta a media cuadra
de donde vive el mismísimo presidente municipal de Culiacán, Jesús Valdés?
¿Alguien duda, con todo esto, que los que realmente gobiernan en Sinaloa son
ellos y no los que despachan en los palacios?
HUMO NEGRO
EL GENERAL COMANDANTE DE LA TERCERA Región militar, Juan Ernesto Bernal Reyes, no es un
político ¿qué necesidad tiene de meterse en problemas diciendo disparates y
defendiendo lo indefendible? Eso que se lo deje a Quirino Ordaz, o al alcalde
de Concordia. Decir que el ataque en Santa Lucía y La Capilla, del municipio
serrano, donde murió acribillado un hombre y se incendiaron casas y vehículos,
es un hecho aislado, es cerrar los ojos ante la realidad y pretender hablar
frente a un público idiota. Y más echarle la culpa a los medios de prensa por
la percepción de inseguridad que existe en la gente. Él es un hombre de armas,
y nadie lo mandó acá para que defendiera políticos.
Twitter:
@ismael_riodoce
(RIODOCE/ COLUMNA “ALTARES Y SÓTANOS” DE
ISMAEL BOJÓRQUEZ/ 17 SEPTIEMBRE, 2017)
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