El Gobierno de México calcula que al
menos 10 mil millones de dólares se lavan cada año en el país, aunque podrían
ser en realidad hasta 50 mil millones de dólares, de acuerdo con la firma TM
Sourcing. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP registra que entre
2012 y 2016, los reportes de operaciones inusuales y preocupantes se
triplicaron y duplicaron, respectivamente.
Sin embargo, las sentencias obtenidas
sólo por la PGR por este delito son mínimas: en 2016, sólo tres de las 98
averiguaciones previas consignadas fueron sentenciadas por un juez, lo que
representa el 0.1 por ciento de las 2 mil 026 averiguaciones previas por
delitos financieros. Un dato más: de julio de 2013 a julio de 2017, las
autoridades sólo han logrado encontrar 60 presuntos casos de lavado de dinero,
según datos del SAT.
¿A qué se debe la falta de resultados en
el combate a este flagelo? Especialistas consultados por SinEmbargo sostienen
que muchos de los sujetos obligados a reportar al SAT las operaciones
sospechosas no lo hacen o lo realizan de manera parcial, a lo que se suma la
falta de capacitación de la PGR para presentar pruebas en contra de los
acusados y la falta de jueces para atender los casos. “Lo que realmente está
haciendo [la autoridad] no es otra cosa sino estar dando golpes de suerte”,
dice Jorge García Villalobos, abogado y socio de Investigaciones Forenses de
Deloitte.
Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Han pasado cuatro años desde que el Ejecutivo federal aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –la denominada “Ley Antilavado”-, sin embargo, en los hechos a quedado a deber ante la falta de capacidad de las autoridades para armar y sostener los casos, sostienen analistas consultados por SinEmbargo.
Los
resultados oficiales lo corroboran. Al cierre del año pasado, sólo el 0.1 por
ciento de las averiguaciones previas por delitos financieros terminaron en una
sentencia penal por parte de un juez. Esto es, 0.8 puntos porcentuales menos
que en 2013, refieren datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Atacar
la estructura financiera de los grupos criminales, han alertado especialistas
en seguridad, es la manera más efectiva de enfrentarlos. México lleva casi 11
años sumido en una guerra declarada en contra de la delincuencia organizada,
con más de 180 mil muertos.
Los
analistas consultados por este medio digital concuerdan en algo: la Ley
Antilavado es un paso hacia delante, pero no está exenta de “lagunas y errores”
que dificultan la entrega de resultados positivos, lo que provoca que la
persecución de operaciones con recursos de procedencia Ilícita “se quede corta
frente al gran fenómeno que esto implica”, como refirió Jorge García
Villalobos, abogado y socio de Investigaciones Forenses de Deloitte.
Hay
dos temas esenciales en materia de prevención e identificación del delito de
blanqueo de dinero. Uno es la capacidad de inteligencia por parte del Gobierno
federal para perseguir el ilícito; y otro es la suficiencia de los ministerios
públicos federales para armar los casos, emitir averiguaciones y turnar el
expediente a los tribunales que sentencian.
En
nuestro país, el Gobierno federal estima que se lavan alrededor de 10 mil
millones de dólares anuales (176.8 mil millones de pesos al año), monto
equivalente al 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) -en la década de
los noventa, el blanqueo de dinero no superaba el 0.5 por ciento del PIB-.
Sin
embargo, no se sabe la cantidad exacta de dinero que se blanquea en México. De
acuerdo con la firma TM Sourcing, que se especializa en el combate al lavado de
dinero, la cifra se dispara hasta los 50 mil millones de dólares (884.7 mil
millones de pesos por año).
A
pesar del nuevo marco legal, de la creación en 2004 de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), y de que la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con tres
unidades para investigar y analizar las operaciones financieras, de julio de
2013 a julio de 2017, las autoridades sólo han logrado encontrar 60 presuntos
casos de lavado de dinero, de acuerdo con los reportes del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
Inclusive,
Alberto Bazbaz Sacal, titular de la UIF, reconoció hace unos meses que en el
último año no pudieron bloquear más que mil millones de pesos entre personas
físicas y morales. Sólo para combatir al crimen organizado -refirió de manera
pública- haría falta que los aseguramientos o bloqueos de recursos de
procedencia ilícita en el sistema financiero alcanzaran al menos los 5 mil
millones de pesos al año.
La
Unidad de Datos de SinEmbargo le solicitó una entrevista al funcionario público,
pero al cierre de esta edición, no se le localizó.
LA LEY Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
Raúl
Cervantes, titular de la PGR y José Antonio Meade, titular de la SHCP. El
dinero sucio fluye. Foto: Cuartodcuro
Cuando
en 2013 se aprobó la Ley Antilavado, el Gobierno federal atendió las
recomendaciones hechas (en 2008) por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),
organismo internacional dedicado al combate del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.
Entre
otras cuestiones, el GAFI señaló que nuestro país carecía de un adecuado marco
normativo antilavado y que la cantidad de acusaciones penales en la materia era
baja.
Con
la Ley Antilavado, la actual administración buscó establecer mecanismos para
detectar los casos de blanqueo, obtener pruebas y bloquear o asegurar los
recursos ilícitos. Y a partir de su entrada en vigor, las personas físicas y
morales (empresas) que realizan alguna de las actividades consideradas como
“vulnerables” -como los servicios crediticios, los juegos y los sorteos, la
comercialización de monedas y metales, las operaciones en aduanas, entre
otros-, tienen la obligación de reportarse ante el SAT, que se encarga de
supervisar y ejecutar la Ley.
El
registro más actual del SAT, mayo de este año, da cuenta de 72 mil 647
actividades vulnerables y 64 mil 468 personas físicas y morales obligadas a
cumplir con la Ley Antilavado. Sin embargo, el 28.2 por ciento de las personas
no cumplieron con las obligaciones de Ley y fueron multadas; y un 23 por ciento
fueron omisos parciales. Esto implica que sólo el 49 por ciento de los sujetos
obligados cumple con la norma. ¿Por qué?
“Más
allá de generar un escenario en donde los sujetos obligados puedan coadyuvar en
la prevención de lavado de dinero, [la Ley] realmente puso a mucha gente en una
situación complicada, porque no sabían cómo atender las obligaciones. A esto
súmale otro factor: muchos abogados y fiscalizas decidieron hacer negocio aún
sin conocer los aspectos más elementales de la adecuada gestión de riesgos en
materia antilavado, y decidieron comenzar a dar consultoría que está totalmente
errada”, explicó Salvador Mejía, director de Asimetrics, firma de consultoría
especializada en prevención de lavado de dinero.
Además,
como consecuencia de la nueva Ley, las instituciones bancarias, de seguros y
fianzas y de fondos del retiro, deben de reportar al Gobierno federal
-supervisadas por la CNBV, CNSF y CONSAR, respectivamente- cualquier actividad
irregular o sospechosa.
Según
Mejía, al obligar al sector económico a detectar operaciones cuestionables, que
nunca “había tenido una obligación como esta, no saben qué hacer”. Ante ello,
dice, el sector contrata consultorías inadecuadas, “o simple y sencillamente
les importa muy poco y cumplen por cumplir”.
En
el caso del sector financiero, el especialista señaló que aunque “está mucho
más fortalecido, es más sencillo mandar reportes que analizar las operaciones”.
Lo
anterior implica que la UIF tenga datos, pero no los datos adecuados para poder
avanzar en el análisis de las redes financieras o de las redes de vínculos.
“Lo
que realmente está haciendo [la autoridad] no es otra cosa sino es estar dando
golpes de suerte. Y obviamente ya están echando a andar una herramienta muy
poderosa que es el bloqueo de cuentas, aunque también, en un debate más
profundo, esto inclusive puede llegar a considerarse que raya en lo
inconstitucional”, explicó el directivo de Asimetrics.
Que
la Unidad de Inteligencia de Hacienda no reciba la información adecuada para
poder realizar una investigación robusta, explicó, limita su capacidad para
presentar casos y sustentarlos de modo adecuado. Y sin pruebas contundentes, el
Ministerio Público Federal no puede fundamentar los casos, de modo que éstos
terminen con una sentencia penal en los tribunales.
“La
UIF se queda corta porque carece de posibilidad de mediar, de negociar,
consignar o de presentar los casos y de litigar los casos. Ellos se vuelven de
una forma coadyuvantes del Ministerio Público en la carpeta de investigación,
si es que encuentran elementos de pruebas suficientes con que iniciar la
carpeta […]. Sí necesitan más atribuciones y recursos financieros pero también
es cierto que su función es únicamente de inteligencia”, señaló Jorge García
Villalobos de Deloitte.
De
2013 a 2016, el número de averiguaciones de la PGR que terminaron en manos de
algún juez y que fueron devueltas por fallas en su integración, aumentó. En
2013, el 17 por ciento eran regresadas. Tres años después, más de la mitad de
las averiguaciones (57 por ciento) fueron devueltas.
Lo
mismo sucede con las carpetas de investigación que la PGR consigna –o que
forman parte de un proceso penal y que llegan a un juez-: mientras que durante
el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la Procuraduría consignó el 39.2 por
ciento de las carpetas iniciadas por lavado de dinero (mil 520), durante la
actual administración sólo ha logrado consignar el 18 por ciento de ellas (mil
955).
LA PGR Y LAS SENTENCIAS
Los
datos oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera refieren que de 2012 a
la fecha, el número de investigaciones aumentó.
De
2012 a 2016, el número de reportes de operaciones inusuales (actividades con
irregularidades) que recibió la SHCP a través de la UIF se triplicó (pasó de 57
mil 263 a 167 mil 860 reportes). Hasta junio de este año, la Secretaría recibió
85 mil 739 reportes. En el caso de las operaciones preocupantes (actividades
que pueden violar la Ley), de 2012 a junio de este año el incremento fue de
casi el doble (de 157 a 286).
Por
su parte, el número de denuncias registradas por la Secretaría de Hacienda tuvo
un incremento del 220 por ciento (de 35 a 112) entre 2012 y 2016. Hasta junio
de 2017, la UIF registró 61 denuncias.
Sólo
los reportes de operaciones relevantes (transacciones que implican riesgo de
lavado) y de operaciones con dólares en efectivo fueron a la baja en ese
periodo de tiempo: 10.2 y 25 por ciento, respectivamente.
A
pesar de que hay más investigación, lo cierto es que hay menos resultados.
“No
necesariamente los ministerios públicos están capacitados para poder demostrar
ante un juez la probable responsabilidad de una persona en el delito contenido”
en la Ley. “Y bajo el nuevo sistema penal acusatorio, van a tener que explicar
de viva voz una red de vínculos”, comentó el directivo de Asimetrics.
En
esto concordó Villalobos de Deloitte, quien aseveró que “a la PGR le falta
recurso tecnológico de punta con la cual puedan hacer sus investigaciones y
analizar el cúmulo de información que se presenta en sistemas financieros y
actividades vulnerables que requieren investigación. Le falta capacitación a su
recurso humano en temas de investigación en este flagelo que es tan complejo; y
un sistema de peritos especializados en todos los temas financieros. Es decir,
el tema financiero enfocado principalmente a la investigación y prevención de
lavado de dinero”.
Al
cierre del año pasado, la PGR recibió 116 mil 589 averiguaciones previas. De
esas, el 1.7 por ciento (2 mil 026) estuvieron relacionadas con delitos en
materia financiera. Sólo el 22 por ciento (444) de los presuntos casos de
delitos financieros fue “despachado”, o bien, terminó en manos de algún juez.
De
las 444 averiguaciones previas despachadas en materia de delitos financieros,
únicamente 98 -el 4.8 por ciento de las 2 mil 026 registradas hasta finales de
2016- fueron consignadas o formaron parte de un proceso penal, refiere la ASF.
Sin
embargo, sólo tres de las 98 averiguaciones previas consignadas fueron
sentenciadas por un juez, lo que representa el 0.1 por ciento de las 2 mil 026
averiguaciones previas por delitos financieros, recibidas por la PGR en 2016.
Aunado
a ello, entre 2013 y 2016, el despacho de averiguaciones previas se redujo en un
37 por ciento (pasó de 706 a 444); las consignaciones aumentaron en un 10.1 por
ciento (de 89 a 98); las sentencias se redujeron en un 85 por ciento (de 20 a 3
en tres años); y las averiguaciones devueltas por los jueces -por falta de
pruebas suficientes- se incrementaron de 17 a 57 por cada 100 casos.
En
consecuencia, la ASF determinó en su revisión de la Cuenta Pública 2016 que la
investigación y persecución de los delitos en materia financiera “fueron
insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos”. Situación que vulnera
al sistema financiero mexicano.
LA INVERSIÓN EN INTELIGENCIA A LA BAJA
Para
este año, la Secretaría de Hacienda destinó 196 millones 129 mil 497 pesos para
la “detección y prevención de ilícitos financieros” a través de la UIF, refiere
el Presupuesto de Egresos de la Federación -el año pasado fue de 202 millones,
es decir, un 3 por ciento más que ahora-.
De
2015 al presente, la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la
PGR, que investiga la información necesaria para dar solución a los presuntos
casos de lavado de dinero, tuvo una reducción en su presupuesto del 42 por
ciento (pasó de 65.2 a 37.9 millones de pesos anuales).
Lo
mismo le sucedió a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda
(UEIORPIFAM) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), misma que se encarga de investigar los casos
de lavado de dinero relacionados con el crimen organizado. La reducción de su
presupuesto fue del 5 por ciento (pasó de 69.3 a 65.8 millones de pesos anuales
entre 2015 y 2017).
(SIN EMBARGO/ EFRÉN FLORES/ SEPTIEMBRE
12, 2017, 12:05 AM)
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